El paro agrario y el pulso territorial
Por: Alejandro Mantilla Q.
Delitos y debates
Jorge Eliecer Gaitán contrastó al país político con el país nacional. Diego Montaña Cuellar hizo la contraposición entre país formal y país real, y Darío Echandía habló de un orangután con sacoleva para describir a la democracia colombiana. Al hablar de Colombia ha sido recurrente el juego de las contraposiciones y las metáforas que reúnen extremos. En las últimas semanas los contrastes vuelven a flote. Mientras en la campaña presidencial los debates fueron reemplazados por las acusaciones mutuas de comisión de delitos, el movimiento campesino, indígena y afro abrió un debate programático sobre la política agraria y el futuro del campo.
La movilización desplegada entre finales de abril e inicios de mayo retomó los esfuerzos de los paros agrarios de 2013, el año de mayor número de protestas y movilizaciones desde 1975 (1). A diferencia del año anterior, las recientes jornadas de protesta tuvieron como eje la agitación de un pliego unificado impulsado por la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, proceso que reúne 12 organizaciones nacionales que, de acuerdo con los datos del gobierno nacional, fueron responsables del 96% de los puntos de movilización (2). El pliego consta de ocho puntos que cuestionan el modelo económico implantado en las últimas décadas, incluyendo un nuevo modelo de ordenamiento territorial, la modificación de la política minera, una reforma agraria integral, la garantía de los derechos humanos, una relación distinta entre campos y ciudades, alternativas a los cultivos de coca, marihuana y amapola, y la solución política al conflicto social y armado con la participación de las organizaciones populares.
En suma, mientras los dos candidatos con mayores opciones para ganar las elecciones se acusan de cometer graves delitos, la política pública del país se debate en las veredas, los resguardos y las carreteras.
La pregunta por la paz territorial
El 13 de marzo del presente año, mientras la Cumbre agraria y otras organizaciones preparaban el paro, el Alto comisionado para la paz y negociador en la Habana Sergio Jaramillo dictó la conferencia “La paz territorial” en la Universidad de Harvard. La conferencia tiene inmensa relevancia para el momento político que vive el país, marcado por la discusión sobre la solución política al conflicto y por el ascenso de las luchas agrarias.
La conferencia de Jaramillo puede resumirse destacando algunas tesis centrales:
1. “Que las guerrillas dejen las armas es por supuesto una condición ineludible de la transición (hacia la paz). Pero no es lo principal. Lo principal es lo que pasa después… Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto”.
2. “En el centro de la visión de la paz del Gobierno hay una preocupación por el territorio, y una preocupación por los derechos. ‘Derechos’, en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto. Pero también en el sentido más amplio de garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio”.
3. “…es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes. ‘Instituciones’ no solo en el sentido de entidades, sino también del conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública… si un país vive un conflicto… es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad”.
4. “Ya hemos logrado (con las FARC-EP) dos acuerdos, que sientan el marco para la implementación de los demás. El primero, en materia de desarrollo rural, busca, como ya dije, transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. Se trata de cerrar la enorme brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que les den un vuelco a las condiciones de vida de la población. El Gobierno no cree que existan “condiciones objetivas” que justifiquen que alguien empuñe un arma contra otro. Pero sí cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca” (3).
Es digno de encomio que el alto comisionado se adhiera a las tesis que el movimiento popular colombiano ha sostenido por largo tiempo: el conflicto armado tiene raíces sociales y políticas originadas por las acciones y las omisiones del Estado colombiano. Por lo anterior, la paz no consiste en el simple silenciamiento de los fusiles por parte de la insurgencia, sino en transformaciones cruciales de la política pública, en especial en lo referido a la política agraria y territorial.
No obstante, la pregunta que marcará buena parte de los debates venideros en Colombia, es cómo se concibe esa paz territorial y cómo se entienden las instituciones necesarias para garantizar tal concepción de la paz. Mientras los economistas neoinstitucionales consideran que las instituciones fuertes son la clave de la reducción de costos de transacción que permiten la estabilidad de las inversiones, el movimiento social tiende a defender una visión de las instituciones ligada a políticas públicas que garanticen derechos sociales con un enfoque de redistribución de la riqueza y satisfacción de necesidades. ‘Paz territorial’, ‘instituciones’ y ‘derechos’ son términos objeto de controversia y de disputa política.
El paro agrario como constructor de paz territorial
Al revisar el pliego presentado por la Cumbre Agraria (4), encontramos que las comunidades movilizadas le apuntan al reordenamiento del territorio, a una nueva política agraria más equitativa y a la garantía de derechos humanos como base de la construcción de paz con justicia social. Así la movilización también le apunta a la construcción de paz territorial.
No obstante, insisto en que el concepto de paz territorial está en disputa, pues las políticas públicas que hoy aplica el gobierno se oponen abiertamente con el marco de política que hoy propone el movimiento campesino movilizado. Un buen ejemplo es la minería; la Cumbre agraria propone una moratoria minera que frene las licencias ambientales, concesiones y títulos mineros mientras se discute de manera democrática la política minera. En contraste, el Estado colombiano ha entregado en concesión alrededor de 40 millones de hectáreas (5), para la gran minería, en un territorio colombiano que tiene una extensión de 114 millones de hectáreas.
Mientras los funcionarios gubernamentales creen que la paz territorial consiste en la generación de ingresos para los habitantes del campo, las personas que se movilizan le apuntan a la paz con respeto de los territorios, incluyendo el respeto al medio ambiente, el mantenimiento de los ecosistemas como fuente de los medios de vida de las comunidades y una política pública redistributiva. Esta oposición será la base de las discusiones venideras en Colombia, pues tanto la economía como la paz dependen de lo que ocurra en el ámbito rural.
Recientemente, en una entrevista con Juan Carlos Iragorri (6), el profesor Bruce Bagley de la Universidad de Miami lanzó una afirmación inquietante: si se firma la paz, los colombianos deben prepararse para un aumento de la violencia. Bagley no incurre en ninguna contradicción, más bien nos alerta de lo que ocurriría si en Colombia se repite el camino recorrido en Guatemala o El Salvador tras los acuerdos de paz, donde el fin de la guerra política dio paso a la violencia de las “maras” ligadas al narcotráfico. Este último punto es crucial, pues como lo ha sostenido el movimiento campesino colombiano, la política pública agraria en Colombia no ha contribuido al combate del narcotráfico, sino a su consolidación, pues la quiebra de la economía campesina ha llevado en muchas regiones se consolide la coca, la marihuana y la amapola, cultivos que sí son rentables aunque sea ilícita su comercialización.
Una manera de evitar el eventual recrudecimiento de la violencia tras unos posibles acuerdos de paz, será respaldar una economía campesina rentable para que no crezcan los cultivos de comercialización ilícita. Tal objetivo no podrá cumplirse con el actual modelo de liberalización comercial y fomento a las inversiones foráneas. Una auténtica paz territorial requiere un modelo económico distinto.
La movilización, lo público y el antagonismo
El Paro agrario 2014 se saldó con una victoria parcial en beneficio de los movilizados. La firma del decreto presidencial 870 “por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria” reconoce la validez de la protesta campesina, recoge las exigencias de avanzar en garantías de derechos humanos para las organizaciones de la Cumbre, e instituye un Fondo para el fortalecimiento de la economía campesina por fuera del Pacto agrario, obligando al gobierno a generar nuevas líneas de política pública.
Por lo anterior, el paro deja dos enseñanzas cruciales. En primer lugar mostró que la movilización puede construir política pública, que los paros y las protestas no son inútiles y que la genuina democracia se construye en las veredas y los resguardos. En segundo término, que la movilización expresa un pulso por el territorio y por lo público que tendrá larga duración. Por lo anterior, el paro no es un proceso acabado que concluya con la firma del mencionado decreto, ni es un simple complemento a los acuerdos de La Habana (7). El pulso por la paz territorial apenas empieza y las disputas por la tierra, el ambiente y la política pública rural serán sus principales expresiones.
Notas
Alejandro Mantilla Q. Filósofo, con estudios en Derecho. Educador e investigador adscrito a la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular – Instituto Nacional Sindical CEDINS, de la cual es su actual Director.
1. Cinep/Programa por la paz, “Informe especial. Luchas sociales en Colombia 2013”, Bogotá, Abril de 2014.
2. El Tiempo, 11 de mayo, “El tortuoso camino hacia el fin del paro”, http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-tortuoso-camino-hacia-el-fin-del-paro/13972619
3. Apartes de la conferencia de Jaramillo fueron publicados por el diario El Tiempo, ver “No va a haber otra oportunidad para la paz: Sergio Jaramillo”, disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13791996.html
4. http://congresodelospueblos.org/index.php/multimedia/documentos/555-pliego-de-exigencias
5. Se habla de cerca de 40 millones de hectáreas al sumar las 19 millones que suman los títulos mineros y las solicitudes vigentes, con las 20 millones de áreas de reserva estratégica minera ubicadas en los departamentos de Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.
6.La entrevista está disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/17/videos/1400281845_030872.html
7. Ver http://lasillavacia.com/historia/la-formula-para-desactivar-el-paro-un-complemento-la-habana-47358
