Ituango, las comunidades resisten al extractivismo y la violencia.

Freddy Díaz – Cedins

Ituango es estratégico en muchos sentidos. Su cercanía con el Nudo de Paramillo garantiza un fácil acceso a múltiples zonas del país, por lo que, quien controle el municipio, cuenta con una retaguardia que le permitiría incursionar en el Chocó, Urabá, Sur de Bolívar, y en departamentos de la costa atlántica. Adicionalmente, sus bienes naturales han hecho de las labores extractivas, especialmente la minería, una fuente de ingresos y actividad económica tradicional de la región, lo que se ha traducido en la concentración de proyectos mineros a distintas escalas en el territorio durante los últimos años.

Lo anterior, de alguna manera permite entender por qué ha sido uno de los muchos territorios en disputa y de confrontación militar entre diferentes agrupamientos armados. Históricamente fue un territorio controlado por los frentes 16 y 38 de las extintas Farc-Ep, donde, en su disputa por el control territorial con el Estado, los paramilitares y otras fuerzas, se produjo un contexto para la realización de ataques, masacres, secuestros, asesinatos selectivos, siembra de minas antipersonales y otras acciones, que afectaron y siguen afectando la vida de las comunidades(1).

Así mismo, relativamente de forma reciente, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) han hecho presencia y control territorial sobre la zona con el fin de dominar los cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico, que atraviesan por el municipio. Por esa misma razón las disidencias de las ex-Farc han pretendido retomar la zona y ejercer nuevamente su poder militar sobre las comunidades y los bienes naturales de la región, escalando nuevamente el conflicto. Ello ha provocado más y mayores desplazamientos masivos afectando a más de 4.000 personas de cerca de 30 veredas (France24, 2020) por los enfrentamientos entre las Agc y las disidencias de los frentes 5, 18 y 36.

Igualmente, la vulneración de derechos humanos durante el gobierno de Iván Duque se ha concentrado de manera importante en las personas en proceso de reincorporación, y en los líderes y lideresas sociales. Así, el 15 de julio de 2020 se registró el primer desplazamiento de los firmantes que se encontraban en el ETCR (2) Román Ruíz hacia el municipio vecino de Mutatá, en el Urabá antioqueño. A este hecho le siguió un segundo desplazamiento ocurrido el pasado 10 de abril de 2021, cuando once familias de excombatientes se desplazaron al casco urbano debido a las faltas de garantías para su vida y para la continuación de su proceso de reincorporación por las reiteradas amenazas de las disidencias de las Farc y las AGC.

Por otra parte, desde la firma del Acuerdo Final de Paz, entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep, han sido asesinados 99 líderes y lideresas sociales en Antioquia, ocho de ellos en Ituango. En el mismo periodo han sido asesinadas 27 personas en proceso de reincorporación; diez de esos crímenes se cometieron en el municipio en cuestión (PARES, 2021).

Sin embargo, aunque los y las excombatientes se han convertido sistemáticamente en víctimas de violaciones de derechos, no son las únicas afectadas. Solo en los últimos cuatro meses se registraron amenazas e intimidaciones contra la población campesina de la región, afectando a cerca de 300 personas quienes tuvieron que abandonar sus tierras y animales ante las agresiones de distintos grupos armados. (Infobae, 2021).

Los pobladores de Ituango han debido someterse históricamente al abandono de sus propiedades para salvaguardar sus vidas. Muestra de ello es que el pasado 15 de febrero de 2021, cerca de 1.028 personas se desplazaron desde diferentes veredas. La magnitud de esta afectación aumenta ante los testimonios de pobladores quienes denuncian haber sido desplazados del territorio cuatro, cinco o hasta seis veces desde el año 2016.

Pese a que los conflictos en torno al control de la minería ilegal y otras rentas de
economías ilícitas son los principales causantes de esta crisis humanitaria, organizaciones sociales y líderes y defensores de derecho humanos también han manifestado amenazas e intimidaciones por parte de la hidroeléctrica Hidroituango, contra la cual los habitantes locales se han manifestado en múltiples ocasiones denunciando los perjuicios ambientales y en la calidad de vida que el proyecto ha generado. (Sputnik, 2021)

Ante estos hechos, la respuesta institucional ha sido el aumento del pie de fuerza y una campaña que impulsa las “devoluciones voluntarias” de los pobladores afectados (France24, 2020), con lo cual se dejan de lado las obligaciones del Estado en la garantía de derechos básicos a la ciudadanía al no atender las amenazas que generaron en primera medida el desplazamiento y al no brindar garantías que salvaguarden la vida y la dignidad de las personas.

Esta postura guerrerista, que deja de lado las necesidades de las comunidades y desconoce todas las obligaciones humanitarias de las instituciones gubernamentales, se torna peor si se tiene en cuenta que desde el 24 de enero de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta AT 004-20, en donde anunciaba el riesgo de seguridad que vivían algunas de las veredas que hoy se encuentran totalmente deshabitadas ante los desplazamientos que iniciaron el pasado mes de julio. Dicho documento hacía recomendaciones a instituciones del orden local y nacional, enfatizando su obligación es hacer presencia en el municipio y de garantizar la seguridad de la población. A estas alertas se sumaron las denuncias de las organizaciones sociales en las que se advertía el incremento de las disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias desde el año 2020.

La situación de desplazamientos se ve incrementada por la falta de cumplimiento del PNIS (3) y el subsecuente mantenimiento de los cultivos de hoja de coca en el municipio que aún se le considera un elemento “desestabilizador” del orden social en el territorio. En este sentido las autoridades locales y departamentales han declarado que se busca entrar al corregimiento El Aro con proyectos de café y plátano para sustituir los cultivos de uso ilícito que existe allí todavía y conseguir que a diciembre de 2021 el territorio esté libre de hoja de coca (Teleantioquia, 2021).

Sin embargo, el último informe de Monitoreo de la UNODC (4) a corte de julio de 2021 señala que en el norte de Antioquia se evidencia un incremento de los cultivos de coca en lo que correspondería a la zona del bajo cauca antioqueño, de la cual hace parte Ituango. (UNODC, 2021, pág. 28). Esta situación, junto al aumento en la tasa de resiembra reportado por el secretario general de las Naciones Unidas para territorios que incluyen a Antioquia (El Nuevo Siglo, 2021) demuestra la necesidad de entender el contexto de Ituango en el marco de una realidad subregional en tanto que lo que ocurra en los municipios aledaños genera un impacto directo en la situación local.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, pese a la reducción en el área de cultivos, organismos internacionales denuncian que Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína a nivel mundial, lo cual señalaría un aumento en la capacidad de producción del estupefaciente. (Swissinfo, 2021) Esto no es un dato menor si se considera que los actores armados ilegales que se disputan las economías ilícitas en Ituango se interesan en el narcotráfico y el control de los cultivos de coca.

Minería y restitución: La espada de Damocles que cuelga sobre Ituango

Como se indicaba líneas atrás, los cultivos de uso ilícito y todo el proyecto económico transnacional y político nacional que le rodea es un factor determinante para ganar una visión más amplia de la realidad del territorio, pero sin lugar a dudas, sería un análisis de contexto incompleto si no se incorpora a él la disputa por la tierra y otros bienes naturales con los que cuenta.

Como ha sido el común denominador en el país, el proyecto paramilitar se vendió al país como uno contrainsurgente, escondiendo el interés real por el cual fue concebido e implementado: el sustento de un proyecto económico sostenido por la violencia y el despojo de la vida, la cultura y los bienes naturales, despojo que posteriormente apalancó un proyecto político. Bajo esa premisa es posible indicar que los intereses que se ubican en Ituango y sus alrededores sobrepasan los ligados al narcotráfico y el control del eslabón de la hoja de coca.

Actualmente existen 326 procesos de reclamación de tierras en Ituango (Caracol Radio, 2021), lo que permite traer a colación dos debates:

El primero es que pretender entender los conflictos socioambientales en particular, pero los sociales en general, especialmente en el sector rural del país, sin tener en cuenta las conflictividades asociadas a la tierra y las territorialidades, cercena de tajo los análisis y así mismo las posibles alternativas que se construyan.
En ese sentido, es imposible entender la explotación industrial de la naturaleza sin incorporar el despojo de tierras como variable.

El segundo es que se hace necesario recordar que desde hace más de una década existen en diferentes regiones del país, entre ellas Antioquia, grupos armados denominados “ejércitos anti-restitución” (El tiempo, 2012) que persiguen, amenazan y asesinan a quienes busquen recuperar las tierras de las cuales fueron expulsados. Según algunos reclamantes de tierra este grupo armado no son las Agc, pero sí está conformado por ex-paramilitares (Pacifista, 2019). De tal forma se debe indicar que además de las Agc y de las disidencias de las Farc-Ep, en Ituango y sus alrededores hacen presencia “Los Pachelly”, “Los Caparrapos” y “Los Urabeños”. Cabe señalar que este último grupo ya ha sido acusado previamente de asesinar reclamantes de tierra (HRW, 2013) y de amenazar en el Urabá antioqueño a quienes buscan regresar a sus territorios.

Así pues, se puede intuir que algunos de estos grupos podrían estar detrás de algunos desplazamientos y hostigamientos con el fin de que se desista de los procesos de verdad y restitución.

Sobre Ituango hay muchos intereses mineros, algunos provenientes de ampliaciones a minas en el departamento de Córdoba y otros con exclusividad en el municipio. Dichos intereses se centran especialmente, de acuerdo al Sistema Geológico Colombiano (ver mapa 1) en la explotación de níquel, carbón y oro.

Mapa 1.Minerales de interés en Colombia

Coincidencialmente, sobre algunas veredas del municipio que han vivido recientes procesos de desplazamientos masivos, se han presentado solicitudes de títulos de explotación, sumados a los ya existentes, por parte de empresas como Minerales de Córdoba (Kavilando, 2020), tal es el caso de Santa Lucía, donde se ubicaba el ETCR; lo cual no sería nada nuevo sino una tendencia regional, pues meses antes de los desplazamientos en Ituango se presentó el mismo hecho en veredas de Tarazá y Cáceres vecinas a Ituango y sobre las que también hay intereses extractivos (ver mapa No. 2) (Ibidem).

Mapa 2. Intereses mineros en veredas de Ituango con desplazamiento forzado

Así pues, se hace muy evidente que los desplazamientos en el municipio van mucho más allá de controlar cultivos y rutas del narcotráfico. Queda una vez más demostrado que tras la explotación de la naturaleza y la expoliación sociocultural hay un modelo económico y político que desprecia la vida, y que le apuesta a controlar el territorio como garantía de la acumulación de capital.

Notas:

(1) El municipio de Ituango es reconocido por las masacres cometidas por actores paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997 respectivamente; sobre estos hechos se ha establecido la responsabilidad del Estado mediante las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas entre el año 2009 y el año 2013. De igual forma, en medio de la disputa territorial que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emprendieron con los frentes de las FARC-EP asentados allí, se cometió la masacre de los corregimientos El Cedral y Quebrada del Medio en octubre del año 2000. Como ha demostrado la Corte IDH, estos hechos fueron seguidos de torturas, destrucción y saqueo de viviendas, y casos de desplazamientos masivos. (CEJIL, s.f)
A ello le siguió un resurgir de los hechos de violencia en 2019 tras la firma del Acuerdo Final de Paz ante el sistemático incumplimiento de lo pactado, pues como han denunciado los habitantes del municipio, a partir de entonces se ha vivido un rearme en la región junto a la proliferación de grupos armados, los desplazamientos, los reclutamientos forzados de niñas, niños y adolescentes, y la violencia letal. (Verdad Abierta, 2019)

(2) Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, surgidos del acuerdo entre el gobierno nacional y las Farc.

(3) Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

(4) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Referencias

Caracol Radio (19 de junio de 2021). Restitución de tierras llega a Ituango y Anorí. Obtenido de: https://caracol.com.co/emisora/2021/06/19/medellin/1624097196_225951.html

CEJIL. (s.f). Masacres en Ituango. Obtenido de CEJIL: https://summa.cejil.org/es/entity/dskjgrmnn48wipb9

Eje 21. (21 de mayo de 2021). RTVC inaugura seis nuevas Emisoras de Paz. Obtenido de Eje 21: https://www.eje21.com.co/2021/05/rtvc-inaugura-seis-nuevas-emisoras-de-paz/

El Nuevo Siglo. (6 de abril de 2021). ONU: resiembra de cultivos de coca ha crecido del 0,2 % al 0,8 %. Obtenido de El Nuevo Siglo: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-06-2021-onu-resiembra-de-cultivos-de-coca-ha-crecido-del-02-al-08

El Tiempo. (9 de junio de 2012). Así opera el ‘ejército’ contra la restitución de tierras. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11933320

France24. (30 de julio de 2020). Colombia vive el desplazamiento forzoso de más de 4.000 personas bajo amenaza de grupos armados. Obtenido de France24: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210730-colombia-desplazamiento-forzado-ituango-conflicto

Humans Right Watch. (2013). El Riesgo de Volver a Casa.

Kavilando. (2020). Ituango, codiciado por los mineros. Obtenido de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/7526-ituango-codiciado-por-los-mineros

Infobae. (10 de abril de 2021). Excombatientes de las FARC que permanecían en el ETCR de Ituango, Antioquia, se desplazaron por falta de garantías. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/10/excombatientes-de-las-farc-que-permanecian-en-el-etcr-de-ituango-antioquia-se-desplazaron-por-falta-de-garantias/

Pacifista. (16 de abril de 2019). ¿Existe en Colombia un Ejército Anti Restitución de tierras?. Obtenido de: https://pacifista.tv/notas/existe-colombia-ejercito-anti-restitucion-tierras-despjo-paramilitares/

PARES. (2021). Sistema de Información SIPARES. Obtenido de PARES: https://sipares.pares.com.co/dinamicas_seguridad

Sputnik. (28 de julio de 2021). El desplazamiento de Ituango refleja la encrucijada de la “nueva” violencia en Colombia. Obtenido de Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-desplazamiento-de-ituango-refleja-la-encrucijada-de-la-nueva-violencia-en-colombia-1114580991.html

Swissinfo. (9 de junio de 2021). Colombia reduce cultivos ilegales pero sigue siendo el mayor productor de cocaína. Obtenido de Swissinfo: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-reduce-cultivos-ilegales-pero-sigue-siendo-el-mayor-productor-de-coca%C3%ADna/46692532

Teleantioquia. (31 de julio de 2021). Antes de 2022 se erradicarían todas las hectáreas de coca. Obtenido de Teleantioquia: https://www.teleantioquia.co/noticias/antes-de-2022-se-erradicarian-todas-las-hectareas-de-coca/

UNODC. (julio de 2021). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Monitoreo/INFORME_MONITOREO_SIMCI_2020_WEB.pdf

Verdad Abierta. (13 de junio de 2019). Se esfuma la esperanza de paz en Ituango. Obtenido de Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/se-esfuma-la-esperanza-de-paz-en-ituango/