La inequidad detrás del velo: discursos de paridad y representatividad en el gobierno de Iván Duque
Equipo de Tierras – Cedins –
Quienes se dedican a la historia como pasatiempo o como profesión suelen señalar que, para entender el lugar en el que nos encontramos, es necesario dar un vistazo al lugar de dónde venimos. Esta idea brinda grandes luces al hacer un análisis de las políticas y posturas de los dos años de gobierno de Iván Duque en lo referente a las agendas de mujeres, género y sexualidad. El reaccionismo y retardarismo que vivenciamos hoy en día cobra sentido si recapitulamos las discusiones que se tenían acerca de los temas de género y mujeres al final del gobierno de Juan Manuel Santos. No podemos permitirnos olvidar que el discurso de la ideología de género no sólo tuvo un gran peso en la definición de la política educativa de ese entonces, sino que jugó un papel indispensable en la campaña del plebiscito en el que se rechazaron los Acuerdos de Paz formulados en la Habana a octubre de 2016, y que llevó a una modificación de los mismos.
Si un discurso de este tipo fue capaz de generar modificaciones al documento que serviría como hoja de ruta para el devenir nacional, tras acordar el cese negociado de la guerra entre los actores armados legales y una de las guerrillas más viejas de Latinoamérica, ¿qué otros efectos podrían tener? El panorama anti derecho sobre el que advierten académicas y activistas en la actualidad da mucho que pensar.
Desde el inicio de su gestión este gobierno ha demostrado que reduce la equidad de género a la paridad ‘representativa´, y el uso de las comillas responde a que el gobierno de mujeres hacendadas, que defiende los intereses de terratenientes y empresarios enriquecidos con el dolor y las vulneraciones a las poblaciones más empobrecidas de este país, no podrá ser nunca representativo de toda la sociedad colombiana. La política de paridad de Iván Duque de la que tanto se ufanan (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2018) ha posibilitado que las desigualdades, inequidades e injusticias sociales que vivimos las mujeres sean cubiertas por un velo bajo el discurso de que hay mayor número de mujeres en la política.
Este discurso se basa en que hay más mujeres en cargos públicos, lo cual no se puede negar, y por ende asume que las posturas de las mujeres pueden ser oídas en escenarios de deliberación y decisión pública. En lo que se equivocan es en equiparar una idea con otra: pensar que una mujer, por el solo hecho de ser mujer, garantiza la defensa de los derechos de las mujeres y puede aportar de manera constructiva y crítica a los debates públicos, ha invisibilizado el mantenimiento de posturas retardatarias en lo referente a los derechos de las mujeres. Un claro ejemplo de ello es que la vicepresidencia hoy sea ocupada por Martha Lucía Ramírez, quien en el pasado mes de julio propuso el servicio militar para mujeres como una solución viable ante las violaciones y agresiones sexuales cometidas por miembros del Ejército Nacional contra la población civil (El Tiempo, 2020). Las situaciones que se citan a continuación demuestran cómo esa política de paridad, no sólo ha frenado el avance de derechos para las mujeres y poblaciones con identidades de género diversas en Colombia, sino que también implica un retroceso en los derechos obtenidos tras décadas de lucha aparentando el cumplimiento de estándares internacionales de equidad de género.
¿Cuáles son mujeres a las que se representa y protege en este gobierno? Si se revisa la página de la Presidencia de la República sobre la Política Pública de Equidad de Género, ninguno de los ejes esenciales habla sobre las mujeres rurales y campesinas (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2018). Esta política hace énfasis en el empoderamiento económico y reduce la disminución de inequidades que se padecen socialmente por condiciones de género, al aumento de la capacidad adquisitiva de las mujeres, sin reconocer los ejercicios de liderazgos y protección que ellas ejercen en los territorios, las lleva a ser parte fundamental de sus comunidades. Aunque dicha política propone líneas de trabajo ambiciosas, no se expone claramente la manera cómo se llevarán a cabo, y refuerza la idea de que las violencias que padecemos las mujeres se solucionarán en gran medida con la creación de escenarios de generación de ingresos y empleabilidad, sin cuestionar el propio sistema de producción y explotación que vulnera a las mujeres en los territorios.
Bajo esta premisa, de que mayor participación en el mercado laboral, significa mayor equidad y representativa, se destaca la creación del Fondo Empodera, destinado a proyectos de emprendimiento que promuevan la equidad de género, y un programa de emprendimiento femenino de mujeres víctimas del conflicto en etapa temprana que busca “beneficiar 1.200 Mujeres rurales sobrevivientes de la violencia vinculándolas en procesos de desarrollo rural integral (capital semilla, infraestructura productiva, educación financiera, asociatividad, empoderamiento político)” (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2018). Sobre estas propuestas puede decirse que, mientras la primera no garantiza la participación laboral de las mujeres ni un ambiente laboral equitativo, la segunda promueve una vinculación a entidades bancarias que conllevan al endeudamiento mediante el cual muchas personas han sido despojadas de sus tierras en el país.
En cuanto a los espacios de representación para mujeres campesinas, de comunidades ancestrales, palenqueras, afrocolombianas, raizales y ROM, el gobierno actual instaló el 16 de enero de 2019 la Alta Instancia de Género de Gobierno, para dar funcionamiento a la Comisión Intersectorial para la Incorporación del Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sin embargo, además de su instalación, no existen noticias referentes a esta instancia (Presidencia de la República de Colombia, 2019). Este panorama se ensombrece aún más si se tiene en cuenta que en lo referente al acceso y tenencia de la tierra, el enfoque de género ha sido inexistente durante el gobierno de Duque.
A los cuestionamientos que surgen sobre los espacios de representatividad actuales que se han alcanzado tras luchas y reivindicaciones, al compararlos con las poblaciones a las que contempla, se suman las dudas acerca de los intereses que se están defendiendo en dichas esferas. Este es el caso de la Comisión para la Equidad de la Mujer, a la que recientemente renunció la senadora Victoria Sandino después de que la mesa directiva de esta entidad quedase conformada, según sus términos, por “corrientes conservadoras y fundamentalistas que desdibujan el propósito de alcanzar la ciudadanía plena para las mujeres” (Caracol Radio, 2020), lo cual se comprueba por el hecho de que es presidida por Nora María García Burgos, miembro del Partido Conservador, y por Irma Luz Herrera Rodríguez, del partido MIRA. En ese sentido cabe señalar que de sus doce integrantes, solo una, María Ángela Robledo, hace parte de la bancada alternativa (Secretaria del Senado, n.f.).
Otro ejemplo de la manera en que esa representatividad está significando retrocesos en las políticas, proyectos y programas que propenden o se vinculan con los Derechos Humanos de las mujeres y de la población en general es el nombramiento de la senadora Paloma Valencia como presidenta del Consejo Nacional de Paz (El Tiempo, 2020). El que esta instancia sea presidida por una persona que en múltiples ocasiones ha manifestado estar en total desacuerdo con lo pactado en la Habana y ha impulsado propuestas que buscan destruir esa paz pactada, como sus constantes propuestas de reforma a la Justicia Especial para la Paz –JEP, no solo es un agravio a todas las comunidades y personas que han propendido con sus labores y sus vidas por la construcción de una vida digna y con goce de derechos, sino que es una burla al propio sistema de representatividad: al proponer una sola mujer como representante de la institucionalidad en esa instancia, obligó a los y las senadoras a votar por ella para garantizar la cuota de género en ese espacio.
Pese a que organismos internacionales como la ONU Mujeres reconocían al año 2018 que Colombia había dado pasos importantes hacia un progreso significativo de leyes que promoviesen la igualdad de género y garantizaran los Derechos Humanos de las mujeres (ONU Mujeres Colombia, n.f.), el panorama actual dista de este diagnóstico con propuestas del tipo de dar un beneficio económico a las mujeres para que no aborten, exigir el concepto del hombre para poder abortar y la reciente apelación de la sentencia emitida el pasado 02 de marzo en la que se ratificaron las tres causales en que se permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE en Colombia.
Este tipo de propuestas no solo develan el fortalecimiento de discursos fundamentalistas y radicalistas en el escenario de lo público y la política en la vida nacional, al venir de partidos cristianos como Colombia Justa-Libres y del partido Centro Democrático, sino que también ubican a las mujeres como un otro que llega a ser un enemigo público al que se somete y juzga socialmente. Se nos reduce al rol de reproductoras de la vida biológica tratándonos como úteros y se abre el camino para que sean terceros quienes decidan sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Bajo discursos populistas de la defensa de la vida que articulan estas propuestas y proyectos contra la eutanasia, se impulsan procesos regresivos mientras se bombardea a las niñas, niños y adolescentes, mientras las Fuerzas Militares asesinan a las y los campesinos en los territorios y abusan sexualmente de las mujeres más vulnerables, y mientras seguimos contabilizando los feminicidios y transfeminicidios en el territorio nacional.
Tampoco puede perderse de vista la manera en que se instrumentalizan estos discursos de defensa de los derechos de las mujeres para proponer modificaciones de talla mayor al régimen político en el país, pues uno de los argumentos de Rosario Guerra, quien radicó el proyecto para que sea obligatorio el concepto del padre a la hora de abortar, es que la Corte no debería opinar sobre el tema sino que debería ser el Congreso la instancia que legisle al respecto (El Tiempo, 2020). Esa propuesta no es menor si se tiene en cuenta que, tanto en el Congreso, como en la Cámara de Representantes, el partido de gobierno representa un porcentaje significativo, lo que daría pie a grandes contra reformas.
Ahora bien, pese a que la presidencia menciona una articulación con la Policía Nacional para hacer frente a las violencias contras las mujeres durante la cuarentena con el fortalecimiento de la Línea 155 y el monitoreo de esta información mediante el Observatorio de Asuntos de Género (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2018), aun cuando una supusiera que la contratación de personal es suficiente y que esos espacios cuentan con personas capacitadas para atender y acompañar a quienes padecen estas agresiones, las trabas burocráticas y judiciales representadas en los escasos procesos que fallan a favor de las mujeres evidencian que dicho fortalecimiento no es suficiente. Contrario a esa estimación de estar trabajando para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, el respaldo al accionar de las Fuerzas Militares por parte del gobierno actual, y en particular de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, demuestra que en lugar de pensarse un replanteamiento de la estructura y doctrina militar que da lugar a esas violencias y las reproduce, se sigue pensando en la ‘paridad’ como solución a las situaciones de violencia, inequidad e inseguridad que vivimos las mujeres.
La política de gobierno actual que propende por una supuesta representación, invisibiliza las realidades de las mujeres que habitan los territorios más azotados por el conflicto armado, que ejercen su ciudadanía desde lugares políticos distintos a los discursos dominantes o que viven, se relacionan y habitan el mundo de formas distintas a aquellas mujeres que están en el poder. Esta representatividad ha generado que las mujeres que ocupan cargos públicos emulen las formas de gobierno masculinizadas y patriarcales, con estructuras verticales y jerárquicas en las que cada vez es más evidente la ausencia de un reconocimiento de las otras personas, y un planteamiento y ejecución de formas de cuidado efectivas. Las gestiones de Nancy Patricia Gutiérrez y Alicia Arango Olmos como ministras del Interior, Elsa Noguera y Claudia López dan muestra de ello.
Como menciona la ONU en múltiples comunicados, Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos y derechos de las mujeres, lo que obliga a los gobiernos locales, regionales y al gobierno nacional a garantizar la custodia de dichos derechos. Pese a que el Estado tiene hoy y siempre la responsabilidad de dar cumplimiento a los convenios que ratifica, y ese deber jamás debe ser negado, éste también es un compromiso social en el cual el papel de las organizaciones sociales y comunitarias es indispensable; estos espacios, junto a las formas de gobierno populares y alternativas que representan, están llamados a superar ese falso velo de la paridad y de la representación.
Trabajos citados
Caracol Radio. (29 de Julio de 2020). Victoria Sandino anuncia su renuncia a Comisión de la Mujer. Caracol Radio.
El Tiempo. (07 de Junio de 2020). Polémica por nombramiento de senadora Paloma Valencia en CNP. El Tiempo.
El Tiempo. (21 de Julio de 2020). Proponen que para abortar sea obligatorio el concepto del padre. El Tiempo.
El Tiempo. (26 de Julio de 2020). Vicepresidencia se refiere a servicio militar obligatorio para mujeres. El Tiempo.
ONU Mujeres Colombia. (n.f.). La mujeres en Colombia. Situación de los derechos de las mujeres en Colombia. Recuperado el 14 de Agosto de 2020, de La mujeres en Colombia. Situación de los derechos de las mujeres en Colombia: https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
Presidencia de la República de Colombia. (16 de Enero de 2019). Gobierno instala la Alta Instancia de Género para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Recuperado el 15 de Agosto de 2020, de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190116-Gobierno-instala-la-Alta-Instancia-de-Genero-para-hacer-efectivos-los-derechos-de-las-mujeres.aspx
Secretaria del Senado. (n.f.). Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Recuperado el 14 de Agosto de 2020, de http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/comision-legal-para-la-equidad-de-la-mujer
Vicepresidencia de la República de Colombia. (2018). Equidad para las mujeres. Recuperado el 15 de Agosto de 2020, de Equidad para las mujeres: https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Bloques%20Tematicos/Equidad/Equidad.html
Este artículo hace parte del Boletín de Conflictos Territoriales, que puedes leer en: BoletínCT6
