Doctrina de seguridad y militarización de nuestras sociedades
David Barrios Rodríguez
Instituto de Investigaciones Económicas-Facultad de Filosofía y Letras-UNAM-México
I
Transformación en la noción sobre la seguridad
Las últimas décadas en América Latina han sido el escenario de mutaciones profundas en lo que se refiere a las modalidades de control y disciplinamiento social. Siendo una problemática intrínsecamente asociada con la vida urbana, el siglo XXI señala un cambio de paradigma que está relacionado con que, desde fines del siglo pasado, la mayor parte de la población planetaria habita en ciudades, tendencia en la que, por ahora, América Latina y el Caribe son la cabeza de playa. La generalización de la presencia militar en espacios urbanos tiene en nuestros países una inusitada relevancia y de esta se obtienen aprendizajes para su empleo en otras ciudades de la región y el mundo. Por lo pronto se trata de la porción del planeta más urbanizada con el 80 por ciento de su población habitando en espacios citadinos, una tendencia que con carácter irreversible seguirá su curso sobre ciudades del continente africano y asiático (ONU-Habitat,2012).
Para comprender el recorrido de las problemáticas asociadas con la seguridad y la militarización es necesario establecer una cierta reconstrucción del proceso de redefinición de las amenazas y peligros sociales. En esta transformación fueron actualizados, por un lado, los contenidos de la acepción invocada en los años de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS), que identificaba como enemigo social al comunismo y que en específico lo asociaba con sindicatos, movimientos estudiantiles, así como con organizaciones político-militares que aparecieron en distintos países de la región. Por el otro, aquel sentido construido a partir de la década de los años ochenta que definió la inseguridad a partir de los ataques a la propiedad privada en la que se incluye a la vida misma (robos, secuestros extorsivos, asesinatos) y que cobró inusitada centralidad en nuestras sociedades, proceso estrechamente relacionado con la urbanización regional (Barrios, 2017).
A partir del cambio de siglo a estas definiciones se agregaron problemáticas que han tenido mucha relevancia porque han permitido apuntalar el autoritarismo y los mecanismos de control social. Algunas de ellas gozan de gran consenso, como es el caso del “terrorismo islámico”, la delincuencia o el “crimen organizado”; mientras que otras como la migración o la movilización social en sus distintas vertientes, ganan terreno, lo que pone de manifiesto aspectos de la polarización y las contradicciones propias de los tiempos que corren.
Es posible ubicar algunos elementos dinamizadores en este proceso. Por un lado, el impacto de sucesivas crisis económicas a partir de la década de los años ochenta, junto con ciclos, también reiterados, de migración masiva hacia las ciudades, lo que tiene como trasfondo la puesta en marcha de las políticas neoliberales. En términos exógenos y con un peso mayor en la conformación de la problemática asociada a los tráficos ilícitos, la “asignación” en la división internacional del trabajo de nuestra región como encargada de abastecer a las sociedades de Europa Occidental y Norteamérica de estimulantes ilegales.
Como consecuencia de este proceso, resulta común a los países del área, sin distinciones programáticas, una agenda política basada en la coerción, misma que se refuerza por la conversión de la “seguridad” en fuente de capital y disputa electoral, en un marco en que las fronteras ideológicas entre los deslegitimados contendientes en los sistemas de partidos del área han tendido a diluirse. Desde los distintos niveles de gobierno, la demanda social construida en torno a la seguridad ha provocado la proliferación de operativos, dispositivos y manejo de cifras en torno a la problemática. Desde entonces resultan recurrentes alocuciones gubernamentales que hacen referencia a operaciones, cruzadas o campañas contra la delincuencia; así como la creación de instancias de coordinación en la materia entre autoridades y actores privados, como agrupaciones de empresarios, medios de comunicación, entre otros.
En materia de políticas públicas de seguridad, se posicionó un “sentido común” respecto a la necesidad de colocar cámaras de vigilancia en espacios públicos, la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos (eufemismo utilizado para su militarización), la implementación de la llamada “tolerancia cero”, así como de paquetes de reformas judiciales punitivistas. A la postre esto redundó en un tratamiento crecientemente bélico de estas problemáticas, a través de la militarización de las policías, o bien, de la delegación en las Fuerzas Armadas de las tareas de combate al narcotráfico, como ha ocurrido en Colombia, México, Brasil y el Triángulo Norte de Centroamérica. Un conjunto de medidas que se inscribieron, en un primer momento, dentro de las estrategias de “mano dura” en el tratamiento del delito, que como resultado del proceso de exclusión que caracteriza al área, han apuntado a la criminalización y judicialización de la pobreza y de la juventud. Como ocurre con jóvenes de sectores populares quienes resultan sospechosos por “portación de rostro”, características fenotípicas o estéticas, lo que conduce a que sean sometidos a requisas, detenciones temporales, arrestos, golpizas o a ser asesinados. De manera más reciente, la dinámica de nuestros países y en particular las cifras de violencia cuantificable, como son las tasas de asesinato por cada cien mil habitantes, y sus componentes etarios, de género y clase, permiten establecer que la problemática ha evolucionado hacia procesos de exterminio de sectores poblacionales.
En relación a ello tampoco debemos omitir que las poblaciones de nuestras ciudades y países desarrollan sus vidas bajo fuego cruzado, ya que también actores armados que no pertenecen formalmente a la institucionalidad hacen parte de la cotidianidad de los espacios en los que habitan. Existen ejemplos en América Latina donde grupos armados pertenecientes a las estructuras de la economía criminal controlan segmentos del territorio y poblaciones y tienden a reproducir la lógica de los Estados en lo que refiere a la definición de enemigos. Al controlar vías de comunicación, establecer fronteras (tanto físicas como simbólicas), disputar el monopolio del uso de la violencia o directamente detentarlo, les permite comenzar a recaudar impuestos, establecer regulaciones económicas, sistemas de justicia y castigos propios. De manera más profunda remite a un constructo simbólico masculino y patriarcal.
Para poder aterrizar estos planteamientos es necesario trasladarnos a la escala de análisis más próxima a la vida de las y los habitantes: la militarización social.
II
Militarización social en ciudades latinoamericanas
La militarización abordada en términos estrictamente conceptuales refiere a una atribución estatal consistente en el acto de privilegiar el componente militar para conseguir la recuperación del espacio público o bien para salvaguardar condiciones mínimas de seguridad (Moloeznik, 2009). En un registro similar se ha aludido a “…el proceso de adopción de modelos, conceptos, doctrinas, procedimientos y personal militar en actividades de naturaleza civil, entre ellas la seguridad pública” (Cerqueira, 1998, traducción propia). En Relaciones Internacionales y disciplinas abocadas al estudio de las formas de conflicto y mediación, contempla la medición del gasto en armamento, el porcentaje o cantidad de personal de los estados dedicado a labores militares o el incremento y sofisticación de la infraestructura y avituallamiento militar.
En virtud de las características que comportan estos fenómenos en la región, consideramos que es necesario repensar las modalidades que tienen en nuestros países. En primer lugar, incorporando las expresiones de violencia armada organizada (Barrios, 2020) y que en ocasiones remite a formas actuales de guerra urbana. En contextos regionales como Brasil, Jamaica, Haití, Triángulo Norte de Centroamérica, Colombia o México una combinación entre el proceso de militarización de las policías y de las estrategias para contrarrestar la comisión de delitos patrimoniales, o al llamado “crimen organizado” y el fortalecimiento de las estructuras armadas de este último, han producido la conformación de espacios donde la población experimenta una “guerra sentida” pero con componentes a todas luces reales (Lopes de Souza, 2008). En relación a ello deseamos poner de relieve que las urbes se han convertido en el principal teatro de operaciones militares de la actualidad, de lo que se desprende que tanto la doctrina militar como nuestro imaginario contemporáneo incorpore estos escenarios y sean considerados estratégicos. América Latina y el Caribe ha sido el escenario de la realización de operaciones militares abiertas de gran envergadura resultando significativas tres experiencias y de las cuales se hace apología como paradigmas de “pacificación” a exportar a otros países del continente. Destaca el componente contrainsurgente de la política conocida como Seguridad Democrática, impulsada por Álvaro Uribe Vélez y que fuera lanzada en Medellín con la Operación Orión en octubre de 2002. Esta se saldó con asesinatos, desplazamiento forzado, la conversión de una parte de la Comuna 13 en una gigantesca fosa clandestina (La Escombrera) y la instalación de un poder dual en la ciudad a través de la colocación de posiciones fortificadas (Centros de Atención Inmediata periféricos), acompañada por la instauración del control paramilitar en sus comunas. En segundo lugar traemos a cuenta la conformación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) (2004-2017). En Puerto Príncipe y sus zonas consideradas especialmente peligrosas (Cité du Soleil, Cité Militaire y Bel Air) desde el año 2004 fue desplegado el Batalhão Brasileiro de Operação de Paz no Haiti (BRABATT/ MINUSTAH), el que a través de la implantación de bases militares llevó a cabo el patrullaje ostensivo de distintas áreas de la ciudad. Esta experiencia sirvió para poner a prueba la militarización de la vida cotidiana urbana como un proyecto a largo plazo, en donde se podían combinar operaciones bélicas “clásicas” con las acciones civiles o de “ayuda humanitaria”. Finalmente, pero de la mayor trascendencia, destaca la militarización observada dentro del ciclo de mega eventos en Río de Janeiro (2007-2016). En este periodo resalta la conversión de la población de las favelas de la ciudad en enemigo y objetivo militar. Por la escala y duración del proceso fueron utilizados elementos doctrinarios, así como mecanismos antropométricos, de vigilancia, patrullaje y militarización del espacio público. La instalación de 38 bases policiaco-militares, conocidas como Unidades de Policía Pacificadora (UPP), fue posible gracias a operativos de guerra urbana en los que participaron miles de soldados, marinos, equipos de operaciones especiales, entre otras corporaciones. La ocupación militar de los complejos de favelas de Alemão (Operação Arcanjo) y Maré (Operação São Francisco) implicó el mayor despliegue por parte de las Fuerzas Armadas de ese país desde el siglo XIX, lo que resulta un signo elocuente de las transformaciones en las formas de hacer la guerra en la actualidad.
El tratamiento crecientemente bélico que han recibido tanto las formas de conflictividad social, como de manera más general, la vida en las ciudades, comporta también un cierto desdoblamiento, ya que no sólo involucra a los aparatos coercitivos de los estados, sino que también incluye la disputa por los barrios de nuestras ciudades por parte de actores armados no estatales.
Para aproximarnos a la escala cotidiana, pensemos en lo que ocurre en distintas ciudades de nuestra región. Observamos la generalización de tareas de inteligencia que tiene lugar entre la población civil y que hacen parte de las disputas territoriales entre las estructuras abocadas a los tráficos ilícitos. Desde hace años este tipo de funciones han adoptado mayor relevancia entre los actores en contienda, incorporando inclusive en cada contexto nombres diversos: halcones (México), olheiros (Brasil), campaneros (Colombia), banderas (Honduras, El Salvador y Guatemala). En todos los casos estas tareas son realizadas por personas cuyo fenotipo, apariencia o condición no resulte sospechosa, es decir, que no corresponda con el estereotipo creado en cada contexto de acuerdo a criterios de género, etarios o raciales. Es por ello que infantes, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad, o que desarrollen algún tipo de actividad cotidiana en el espacio público son reclutadas para observar movimientos y presencia de amenazas, ya sean estas por parte de las fuerzas del Estado o de grupos considerados rivales. Sin embargo, queremos insistir en que la disposición de este tipo de mecanismos apunta de manera más general a profundizar las formas de control, instalando con ello una lógica de introyección de sentidos bélicos en la sociedad.
De esta manera, la vida de nuestros barrios se encuentra entre cercos, tanto las poblaciones como los espacios que habitan, lo cual no sólo remite a la presencia de actores armados, sino a la disputa que existe y que tiene objetivos de expoliación y control social, a partir de la militarización de la sociedad, lo que ocurre en el sentido más amplio y profundo.
Fuentes consultadas
Barrios, Rodríguez, D. 2017 “Trayectorias contemporáneas del miedo en América Latina”, Les Cahiers ALHIM (Amérique Latine Histoire et Mémoire) (París: ALHIM) N° 34.
——————- 2020 “La vida entre cercos: militarización social en América Latina en el Siglo XXI”, Tesis de Doctorado (Ciudad de México:PPELA-Universidad Nacional Autónoma de México).
Cerqueira, C. M. N. 1998 Do patrulhamento ao policiamento comunitário (Freitas Bastos).
Davis, D. E., & Reyes, Ó. L. 2007 El factor Giuliani: delincuenda, la” cero tolerancia” en el trabajo policiaco y la transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México. Estudios sociológicos, 639-681.
Souza, M. J. L. 2008. Fobópole: o medo generalizado e a militarização da questão urbana (Bertrand Brasil).
Moloeznik, M.P. 2009 “Principales efectos de la militarización del combate al narcotráfico en México” Renglones (Tlaquepaque: ITESO) núm.61
ONU-Habitat 2012 Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana (São Paulo).
Wilson, J. y Kelling, G. 1982 “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety.” Atlantic Monthly no.249.
