¿Atrapados y sin salida?

Por: accionlegitima@gmail.com

El máximo valor atribuido a la seguridad en la sociedad, y que anima y legitima la movilización contrainsurgente, se sustenta en la identificación de diversas amenazas, esto es, en una interpretación social de los peligros y miedos de la sociedad en un contexto histórico. Dichas amenazas están encarnadas en “figuras del miedo”, que a su vez son producto de representaciones colectivas sobre grupos sociales basadas en el prejuicio. De un lado, se tienen las organizaciones insurgentes y como extensión, por concurrencia contingente, las expresiones de oposición política y reivindicación social; y del otro, están la criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones, la criminalidad no organizada, personas de conductas socialmente no aceptadas. (Orden Contrainsurgente y dominación, Vilma Liliana Franco).

El 11 de junio, varias personas armadas fueron vistas haciendo patrullajes por las calles de Siloé en Cali, Valle del Cauca. Vestidos de civil, con capuchas y fusiles, apuntan a las ventanas de las casas intimidando a los vecinos.

Entre el 7 y el 8 de junio, por las calles del municipio de Facatativá, en la sabana de Bogotá, Cundinamarca, circuló un panfleto de las “águilas Negras- Bloque de emergencia Cundinamarca”, quienes a “nombre de la restauración moral y la defensa de las instituciones” amenazaron a varios defensores de derechos humanos. También, fueron recurrentes las informaciones sobre “civiles” que disparan indiscriminadamente a las multitudes en Cali y Bucaramanga.

Estos hechos, sintomáticos por demás, refuerzan la idea de la persistencia en las ciudades de estructuras armadas de origen contrainsurgente que son “activadas” cuando surge la “amenaza”, reiterando que en tiempos de “normalidad” desarrollan tareas de atesoramiento y control social en favor de sus “patrones” o beneficiarios. En coyunturas como las de hoy, entran en la lógica de la “restauración” del ejercicio del poder.

Es bien sabido, que la violencia urbana en Colombia se caracteriza por la presencia de una gran variedad de grupos armados. Insurgencia, paramilitares, narcos, delincuencia barrial cooptada, han establecido su poder en los barrios populares de las grandes ciudades. Por épocas, unos más fuertes que otros.

El avance paramilitar y el de las bandas del narcomenudeo ha sido reforzado por una prolongada indiferencia de las autoridades y en muchos casos apoyados por agentes Estatales con o sin uniforme que suministran recursos y contactos. (ver sentencia justicia y paz condena del “Iguano”. https://bit.ly/3iOO3gv).

De otra parte está la postura del gobierno, quien de manera tozuda se mantiene en estigmatización y la criminalización histórica de la protesta social y el NEGACIONISMO de las condiciones miserables en las que se encuentra la población. El gobierno Duque como anteriores gobiernos argumenta que “El tal paro no existe”…”lo que hay es vandalismo”, y señala a los Jóvenes marchantes como el “nuevo enemigo interno”.

Estos factores mezclados, son fuente de violaciones a los Derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. De allí la preocupación: parar como sea el paro, con autismo, a punta de bolillo, agua, gases y revolver, más los tiroteos de los “civiles” y los patrullajes paramilitares, de entrada, generan un ambiente de zozobra y terror.

Pareciera que una vez bajen las movilizaciones, la estrategia para recuperar la “normalidad del territorio”, se fundamentará en la “administración del miedo” vieja práctica muy efectiva para algunos, una tragedia para otros muchos.

En esta nueva etapa, se comienza con los discursos sobre la seguridad, se aumenta la presencia policial y militar y se evidencia un regreso a tiempos que se suponían ya superados, tiempos en que los derechos se relativizan -incluso la libertad personal-, estimulando el autoritarismo en todos los niveles de la administración.

Se apela como argumento central a la “legítima defensa”, en un esfuerzo por vincular a la mayoría de la población en la cruzada contra el nuevo “enemigo interno”, que puede ser cualquiera, quien por sospecha o por señalamiento, es inculpado de marchante o ex- marchante y en consecuencia un “vándalo”.

Con el discurso del miedo, se articulan esfuerzos políticos, militares, judiciales y sociales para contener la indignación juvenil. Se justifica la agresión indiscriminada, que comienza en el tintero, pasa por el uso de las armas “no-letales” del ESMAD, continúa con la judicialización indiscriminada y arbitraria y termina con el homicidio selectivo y la desaparición forzada, a manos de “desconocidos o indeterminados”; sin descontar que hayan episodios de tortura y violencia sexual.

La “normalidad” desde esta perspectiva implica el ejercicio selectivo de la violencia y todo aquello dirigido a restaurar la “maltrecha” dominación, vigilando, sancionando y sometiendo individual o colectivamente a los responsables del agravio.

Pero a pesar de este panorama, el Movimiento Social continúa proponiendo y moviéndose para superar la adversidad. Comprende, que la conquista de los derechos -incluidas las libertades públicas propias de la democracia- en la historia de Colombia, como en la del resto de la humanidad, son ricas en narrativa y caracterizadas por reconocer que la historia de los derechos la escribe con determinación el pueblo con su decisiva participación, en defensa, exigibilidad y creación del nuevo derecho como base del fortalecimiento de los derechos humanos, soporte de la convivencia y la paz. Es cuestión de humanidad, no de cálculo político.