De las AUC al EGC: reposicionamiento, copamiento social y territorial

Foto: Hispanos Press

Ana María Gallego – Cedins

Introducción

En la coyuntura aún tiene centralidad la ambiciosa meta gubernamental de lograr la paz total en Colombia, y es necesario preguntarnos por uno de los actores del conflicto en específico: el Clan del Golfo, rebautizado hoy como “Ejército Gaitanista de Colombia”. En el panorama se lo puede ver con un gran crecimiento y con perspectivas de expansión territorial en el corto plazo.

El Clan del Golfo es una estructura narco paramilitar que mantiene vigente la doctrina del enemigo interno; su accionar ha tomado otros tintes que lo diferencian de sus antecesoras las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, probablemente a causa de tratar de transformar su imagen ante la opinión pública, presentándose como un actor político del conflicto. Sin embargo, sigue siendo evidente su enorme capacidad para causar daño con su accionar militar contrainsurgente y la persecución al movimiento social debido a la penetración que ha desarrollado en los territorios donde hace presencia.

Siendo entonces el Clan del Golfo el grupo armado que más debe preocupar al gobierno nacional, si su intención es labrar el camino para la paz en Colombia, resulta confuso o paradójico que no haya ni medidas militares efectivas para frenar su expansión, ni acercamientos concretos para intentar negociaciones de paz, como si se ha hecho con facciones paramilitares de la costa caribe. En general los gobiernos no han cumplido con uno de los acuerdos firmados con las FARC-EP: desmontar el paramilitarismo . Frente a este panorama es importante cuestionarnos si esta vez cumplirá el Estado su compromiso de enfrentar el paramilitarismo y ¿es realmente posible hablar de paz si no se desmonta el Clan del Golfo?

Antecedentes

El paramilitarismo en nuestro país tiene un largo trasegar, que se ha adaptado con éxito a cada momento histórico; esto debido a la estrecha relación que ha sostenido con las élites y el actuar militar conjunto con la fuerza pública. En otros, como el actual, se le agrega un cambio de estrategia, dándole peso a la penetración social que le ha permitido injerencia en el poder local, es decir, tiene cooptadas desde la fuerza pública que patrulla en el territorio hasta las mismas alcaldías . Sea de un modo u otro el paramilitarismo es una dinámica que se mantiene actuante en nuestra realidad nacional y que a pesar de las intenciones del presidente de alcanzar una “paz total” con todos los grupos armados existentes, no parece tener muestras de que vaya a desaparecer pronto, sino todo lo contrario.

El paramilitarismo existe desde la persecución de liberales y comunistas en la mitad del siglo XX por aquellos grupos conocidos como los “chulavitas” o los “pájaros”, extendiéndose a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- a inicios de la década de los noventa, para finalmente unirse en una federación llamada Autodefensas Unidas de Colombia de la cual, tras su desmovilización, surgen el Clan del Golfo y otros grupos menores.

Referirnos a los antecedentes del Clan del Golfo, es a su vez revisitar la historia de como nacieron y se desmovilizaron las AUC, pues de allí surgieron un grupo de comandantes que posteriormente lo conformarían y dirigirían. En los siguientes términos fue explicado por Elizabeth Dickinson en su texto “La incógnita de la paz: ¿Qué hacer con los Gaitanistas?”

“Los orígenes de los gaitanistas se remontan a un movimiento disidente de la antigua insurgencia de izquierda conocida como el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se negó a hacer parte de un programa de desmovilización en 1991 en Córdoba, un departamento del norte de Colombia. Alegando temores por su seguridad personal, estos guerrilleros permanecieron en armas hasta 1996, cuando llegaron a un acuerdo con unas nacientes “autodefensas” locales como forma de protegerse. Los disidentes del EPL depusieron sus armas en un acto público, pero en realidad se unieron a las filas de una fuerza paramilitar que se estaba gestando bajo los auspicios de una acaudalada familia de terratenientes, los Castaño. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, junto con otros autoproclamados líderes, emergieron como jefes de este grupo paramilitar en la década de 1990, el cual más tarde pasó a ser conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia.” (Dickinson, 2024, pág 4)

La creación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, como se nombró este agrupamiento, se desencadenó por la insatisfacción que dejó en los mandos medios y ex combatientes de las AUC el proceso de San José de Ralito en el año 2006, tal como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica:

“En efecto, en esa temprana aparición de los grupos posdesmovilización se ha destacado el papel que jugaron los mandos medios Estos conocían las rutas, los contactos, las dinámicas de los negocios ilegales y, además, eran conscientes de que sus jefes tenían las manos amarradas y se dirigían a la extradición: la lógica fue simple a ¡rey muerto rey puesto!, es decir, la lealtad para con sus jefes fue quebrada por la codicia”. (CNMH,2017,84).

Una reintegración económica y social limitada y una creciente inseguridad derivada del asesinato de excombatientes motivó a que Vicente Castaño hiciera un llamado generalizado a retomar las armas, este proceso se dio bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, Alias “Don Mario” tras la desaparición de Vicente pocos días después de ese llamado.

Sin embargo, las AGC no fueron el único grupo surgido tras la desmovilización de las AUC. Las negociaciones de Ralito habían dejado profundas fracturas en este grupo armado por las desconfianzas surgidas en la tropa y los mandos medios frente a un proceso que no ofreció incentivos económicos a los combatientes para que abandonaran el negocio del narcotráfico. Por otra parte, las élites siguieron patrocinando la seguridad privada, que enganchó a varios de los desmovilizados. Por tanto, durante la primera época de conformación de los Grupos Armados Pos Desarme -GAPD – que duraría entre 2006 y 2010, hubo una notable proliferación de estos grupos que solo se vería aplacada entre el 2011 y 2015 cuando las disputas de poder se redujeron a grupos de alcance nacional como: Los rastrojos, Los Urabeños o Clan del Golfo, los paisas y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia – ERPAC- (CNMH, 2017).

Retomando específicamente la creación del Clan del Golfo, que se empezó a llamar AGC, el proceso fue encabezado por Don Mario, quien convoco a 26 mandos medios de las AUC para que a su vez emprendieran la tarea de reclutar antiguos paramilitares, recibiendo en su mayoría respuestas positivas de aproximadamente 12.000 hombres interesados. Su surgimiento se dio gracias al aporte de empresarios y terratenientes que pagaron los salarios de aquellos que se habían incorporado mientras en clan lograba establecerse.

A lo anterior, cabe añadirle que:

“El nuevo grupo armado se autodenominó Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre que afirmaba la identidad de sus miembros como antiguos paramilitares y evocaba a Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial del partido Liberal cuyo asesinato en 1948 desencadenó una guerra con el partido Conservador. Los Gaitanistas adoptaron los antiguos estatutos de las AUC, pero dicen que decidieron modificar dos elementos. En primer lugar, alegando su decepción por la desmovilización paramilitar y su desconfianza en el Estado colombiano, afirman haber decidido abstenerse de firmar contratos con el sector público, a pesar de que éstos habían sido una importante fuente de ingresos para los paramilitares antes de la desmovilización. En segundo lugar, dicen haberse comprometido a poner fin a la común práctica paramilitar de asumir que todos los civiles en áreas controladas por las FARC u otras insurgencias eran simpatizantes del enemigo, “justificando” así la violencia indiscriminada”. (Dickinson, 2024, 6)

Ahora, la historia frente a la denominación de este grupo armado, el cual ha generado numerosas confusiones, fue narrada por su abogado, Ricardo Giraldo, para el medio “DNews”: el Clan del Golfo, según Giraldo, es un nombre dado por la inteligencia militar, no por ellos mismos. De hecho, fueron llamados inicialmente los Urabeños por su nacimiento en la región del Urabá antioqueño y chocoano, denominación que fue cuestionada por la comunidad que habitaba la zona, debido a la estigmatización que generaba. Posteriormente se les empezó a identificar como el clan Úsuga debido a que sus primeros comandantes fueron los hermanos Úsuga David, pero como en el anterior caso, se dieron diversas confusiones derivadas de este nombre, con otras personas que portaban el mismo apellido por lo que se le solicitó a la inteligencia militar dejar de llamarlos de este modo.

Finalmente, se les da denominación del Clan del Golfo, por su ubicación en los golfos de Urabá y Morrosquillo, en la costa atlántica colombiana. Vale anotar que esta denominación nunca ha sido aceptada por este grupo e insisten en que desde su creación se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o como recientemente se han denominado Ejército Gaitanista de Colombia. (Giraldo, 2023, 3:21)

¿Bacrim o paramilitarismo?

La desmovilización de las AUC y la posterior aparición de los GAPD inició un debate que, en medios periodísticos y académicos, no se ha saldado hasta el día de hoy: ¿cuál es la naturaleza de estos grupos, son una nueva generación paramilitar? Hay quienes afirman que el paramilitarismo encontró su fin a partir del 2006, incluso el mismo Ejército Gaitanista de Colombia en comunicado publicado en la red social X el día 13 de junio del 2024 afirmó que el paramilitarismo había cesado:

“El paramilitarismo en Colombia tal y como se conoció a finales del siglo pasado y comienzos de este, terminó con la desmovilización de las AUC, proceso que tuvo su fin en el año 2006. Un proceso de paz fallido como ese, como además han sido la inmensa mayoría de los que en el país se han adelantado, originó el rearme de muchos excombatientes en defensa de su vida y su tranquilidad, pero eso no nos hace herederos del paramilitarismo o de ser neoparamilitares como algunos se atreven a afirmar… Las pruebas son muchas para afirmar que el EGC no se reduce a la óptica de un fenómeno paramilitar, para empezar ningún otro grupo armado ha sido perseguido por las fuerzas de seguridad del estado con la saña que lo ha hecho contra el EGC… Como lo hemos sostenido en muchas ocasiones no existe ningún grado de colaboración coordinación o entendimiento del EGC con las fuerzas militares. El tan cacareado “desmonte del paramilitarismo” no es más que una consigna hueca sin contenido al que agitan como bandera muchas fuerzas de izquierda en el país.”(EGC, 2024)

Sin embargo, es evidente que el entendimiento del paramilitarismo que han hecho algunos académicos y el mismo EGC, se reduce a la literalidad de la palabra paramilitar, como aquel grupo armado que realiza su accionar de forma paralela a la fuerza pública; pero tantos años de conflicto armado nos han enseñado que este fenómeno trasciende de esa definición, y que realmente se trata de una incursión militar prosistémica, ejecutada por amplios sectores de las elites para asegurar su permanencia como agente dominante en los campos económico, político y social. Al respecto el Centro Nacional de Memoria Historia en su informe “Grupos armados posdemovilización 2006-2015” ha expresado:

“Las discusiones dadas por los mismos Gaitanistas sobre si son o no paramilitares se ven saldadas recientemente por Zelik (2015), y reitera la discusión sobre el fenómeno paramilitar en relación con el grado de autonomía que tiene o no frente al Estado. La tesis fundamental que defiende este autor es que el paramilitarismo fue una estrategia violenta, de carácter ilegal promovida por el Estado, para concluir que el paramilitarismo “representó un híbrido entre: 1) una estructura paralela tercerizada o externalizada con la que el Estado, fiel a las estrategias asimétricas modernas, trata de reducir los costos políticos de la contrainsurgencia; 2) un ejército privado al servicio de amplios sectores del gran empresariado, los terratenientes y la clase política; y 3) una estructura criminal organizada que persigue fines económicos propios”.

“De otro lado, Koessl (2015) propone de manera alternativa que, más que la consabida discusión sobre si los grupos paramilitares fueron creados o no por el Estado, es mejor caracterizar el paramilitarismo como un agente de la estructuración de los campos político, económico y social, que ha servido para garantizar la reproducción de los agentes dominantes en esos campos” (CNMH,2017, pág. 30).

Ahora, frente a la relación de estos con las fuerzas militares, y el Estado en general afirma:

Las relaciones entre el paramilitarismo y el Estado han sido paradójicas y en algunas etapas —como en la actual de los GAPD— antagónicas: “Conquistan un territorio porque el Estado es muy débil, pero posteriormente hacen lo posible para que el Estado no ingrese en el lugar conquistado, en territorios donde se pueden obtener grandes beneficios políticos y económicos a través del narcotráfico, el aceite de palma, etc.”

Sin embargo, la aplicación de la doctrina contrainsurgente, por parte de un agente tercerizado, tiene su precio, que es, por una parte, la distribución de rentas legales e ilegales y por otro los costos políticos cuando se descubren las alianzas, apoyos y acuerdos.

Entonces, podemos ver que la connivencia o actuación conjunta con la fuerza pública es un factor determinante en momentos concretos de las operaciones contrainsurgentes, pero en otras ocasiones las fuerzas militares gubernamentales se pueden ver obligadas a combatir a sus agentes. Eso sí, vale la pena recordar que la confrontación armada que sostiene el Clan del Golfo con la fuerza pública es una directriz nacional, porque a nivel local la capacidad de penetración social que tiene este grupo ha implicado la capacidad de cooperar con la Fuerza Pública, por tanto, la separación que se tiene con el Ejército no es tan tajante como lo afirman los voceros del Clan.

Dejando esto de lado, lo resaltable del Clan del Golfo para calificarlo como un grupo paramilitar es, como se mencionó anteriormente, su postura prosistema, dispuesta a defender los intereses de las élites y tratar de ser parte de ellas. Así mismo, continúa sosteniendo la doctrina de enemigo interno contra las manifestaciones populares que puedan asociar a un pensamiento crítico, subversivo o rebelde.

Es por esto que

“existe similitud en sus acciones y la repercusión que estas tienen en la población civil, aunque en menor medida en el caso de las Bacrim en comparación con las AUC. Entre estas se encuentran asesinatos, amenazas y desplazamientos a líderes, cam¬pesinos e indígenas, así como a defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, reclamantes de tierras, entre otros” (Hernández et. al, 2018, pág. 9).

Frente a hechos violatorios a los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación atribuye la mayoría de su autoría al Clan del Golfo siendo las principales víctimas miembros de juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, movimientos ambientales, movimientos políticos, líderes sindicales, reclamantes de tierras y líderes sociales (FGN,2018), lo que haría evidente que el actuar de este grupo sí está orientado por la doctrina del enemigo interno que también tuvieron las AUC, aunque insistan en desmarcarse de ellas.

Han sido numerosas las veces que ha intentado desligarse de estos hechos, afirmando que han sido tomados como chivos expiatorios de la incapacidad del Estado para la protección del movimiento social, también discursivamente tienen una tendencia a negar la autoría de las acciones militares contra la fuerza pública. Desde el análisis del discurso se puede percibir que la finalidad del Clan del Golfo es controvertir a sus opositores buscando la pérdida de credibilidad de estos, que a su vez les ayude para posicionarse como un actor político, por eso desde sus discursos no se verá con facilidad la adopción de una política contrainsurgente. Un antecedente de este viraje es lo que también ocurrió con las AUC antes de su proceso de paz, donde precisamente buscaron ser reconocidos como actores políticos dentro del conflicto armado. En 2002, al iniciarse las negociaciones con el Gobierno, las AUC dieron un giro a su discurso contrainsurgente, “el cual se expresó en dos aspectos: una disminución en el número de referencias a los grupos guerrilleros y un cambio en la manera en que estos fueron tratados, pues se les hizo extensiva la invitación al diálogo e incluso se les reconoció por su acción bélica en la historia colombiana.”

Las AUC pasaron de un discurso esencialmente “contrainsurgente”, entre 1998 y 2002, a uno “reivindicativo”, entre 2003 y 2006. Con el fin de transformar su discurso y “adaptarlo a la coyuntura nacional, de manera que aparecieran ante la opinión pública ya no como héroes guerreros sino como actores sociales, y posteriormente como pacifistas defensores de la reconciliación nacional y el perdón”. (Angarita et al., 2015).

Han sido precisamente estas posturas ambiguas discursivamente las que han generado que se omita la posibilidad de clasificar al EGC como un grupo paramilitar con objetivo contrainsurgente por parte de algunos académicos; sin embargo estas dudas se verían despejadas por el comunicado emitido el día 25 de febrero del año en curso, donde el recién denominado EGC manifestaría que su enemigo no es el Estado sino los grupos subversivos:

“El Ejército Gaitanista de Colombia como organización político militar reiteramos nuestra voluntad de paz pese a la confrontación en medio del conflicto. Nuestro accionar no va dirigido contra las fuerzas del Estado sino contra el accionar guerrillero que sigue avanzando en nuestro país… Invitamos al pueblo colombiano a unirnos en esta lucha Gaitanista antisubversiva por una madre patria para todos” (EGC,2024).

Los planes de expansión del Clan del Golfo están dirigidos a copar las zonas donde actualmente tiene control el ELN, sus incursiones han generado crisis humanitarias tanto por las confrontaciones armadas, como por los ataques a lo que consideran la base social de la organización insurgente en el Sur de Bolívar y el Bajo Calima en el departamento del Chocó. Frente a la doctrina contrainsurgente que sostienen el Clan del Golfo, sumada a la capacidad de penetración social que han desarrollado, resulta evidente el riesgo que representa para las comunidades de estas zonas, como se puedo observar con los asesinatos y desplazamientos en el Sur de Bolívar.

Ver: https://cedins.org/index.php/2024/06/13/geopolitica-de-la-guerra-en-el-magdalena-medio-y-el-sur-de-bolivar/

El desmonte del paramilitarismo: un penoso incumplimiento

Es reduccionista limitar el conflicto actual de Colombia a los incumplimientos hechos al acuerdo de paz del año 2016, pero lo cierto es que durante ese proceso el país tuvo la oportunidad de pavimentar el camino hacia un desescalamiento del conflicto al menos en su versión armada. Una de estas oportunidades llegaba con la implementación del punto 3.4 denominado: “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Otra parte del acuerdo de paz que quedó en letra muerta que fue la dispuesta en este punto, fue la creación de la ley 1908 de 2019 durante el periodo de Fiscal General de Néstor Humberto Martínez que supuestamente era para combatir a los GAOs, Grupos Armados Organizados. A la fecha ningún grupo armado se ha sometido bajo esta norma, sino que irónicamente terminó siendo usada para permitir la ampliación de términos de investigación y juzgamiento de aquellos acusados a pertenecer a redes de apoyo a grupos subversivos.

Lo cierto es que no solo se incumplió la promesa de luchar contra las organizaciones herederas del paramilitarismo tras el acuerdo de paz con las FARC-EP, sino que fue este proceso el que les permitió su mayor expansión tras copar las zonas que la antigua guerrilla había desocupado, ante la mirada indiferente y/o cómplice de los gobiernos. El Clan del Golfo ha tenido un crecimiento exponencial durante este periodo, calculado por INDEPAZ en un 58%, convirtiéndose en la primera fuerza militar no legal del país, con presencia en un tercio del territorio nacional, en departamentos como: Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, entre otros. Con un aproximado de más de 13.000 hombres en armas (Indepaz,2024)

Actualmente se han evidenciado más planes de expansión del Clan del Golfo tendientes a controlar territorios que aparentemente aún no están bajo su mando, de esto pueden dar cuenta

Las revelaciones de los últimos días sobre el plan de expansión del EGC en el Oriente Antioqueño, (que) ya no son rumores de cantina, sino con la incautación de un arsenal con fusiles de asalto de última generación, las capturas de personajes bastante conocidos por su accionar delincuencial en el territorio y las declaraciones públicas de un General de la República confirmando la existencia de informes de inteligencia que dan cuenta de un «plan de expansión del Clan del Golfo en el Oriente Antioqueño» que han prendido las alarmas en diferentes sectores sociales sobre la posibilidad de que esta región repita la historia de dolor y muerte de hace apenas dos décadas.

Lo segundo que es necesario anotar es qué: en el Oriente Antioqueño, fruto de ese desentendimiento estatal, los ilegales lograron construir una de las economías ilegales más sofisticadas del país. En las periferias de las zonas bosques, páramos y aguas se extraen miles de gramos de oro cada mes y se raspan toneladas de hoja de coca cada año, que son transformadas en miles de kilos de cocaína… Tal vez por eso al Oriente Antioqueño, diferentes analistas de seguridad del país lo han denominado el «paraíso ilegal de Colombia» (Castaño, 2024).

Por otro lado, en las ciudades o territorios donde no hacen presencia directa lo hacen a través de la subcontratación de estructuras delincuenciales locales para que se encarguen de negocios como el microtráfico o la extorsión. Esto se conoció a partir del informe elaborado por el defensor del pueblo Carlos Camargo en el año 2023.

En Bogotá hace presencia el Clan del Golfo en distintas localidades, específicamente en Usaquén, en las localidades del oriente, y también en Ciudad Bolívar, bajo la tercerización. Encontramos que tienen bandas de crimen organizado, bandas barriales como Los Boyacos, que operativizan y tercerizan todo el accionar criminal del Clan del Golfo en la capital de la República (Gallo, 2023).

Paz Total

Desde la campaña presidencial de Gustavo Petro, una de sus propuestas más llamativas y controversiales fue la de lograr dialogar la paz con el ELN y con todos los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales vigentes en el país.

Para el Clan del Golfo, esta propuesta también resulto sumamente atractiva, tanto que estuvieron inmersos en un cese al fuego con el Gobierno Nacional, que acabo solo tres meses después, al ser acusados por el presidente Petro de estar detrás del paro minero. Ahora las negociaciones han quedado en un limbo y el Clan del Golfo acusa a la oficina del Alto Comisionado para la Paz de no querer negociar con ellos debido a que tiene una mayor afinidad ideológica con las guerrillas. Lo cierto es que actualmente no es posible hablar de paz total sin tener presente que en el corto y mediano plazo se tendrán que tomar acciones tendientes a desmontar el Clan del Golfo:

Los muy reales obstáculos para entablar un diálogo con los gaitanistas tienen importantes ramificaciones para el gobierno. Mientras se mantengan firmemente al margen de las conversaciones de “Paz Total”, los gaitanistas pueden arruinar la perspectiva de acuerdos con otros grupos armados. El temor a que estos se apoderen de territorios o ataquen a los combatientes de otros grupos permea estas otras negociaciones, y probablemente sea suficiente para impedir que otras organizaciones se desarmen. (Dickinson, 2024, pág.17)

Una dura realidad para el discurso y la intención de la paz total es que este gobierno no tiene mucho que ofrecer a una estructura con ingresos millonarios de las economías legales e ilegales y que a su vez sigue cumpliendo un papel central en la estrategia contrainsurgente; los estrategas militares del Estado no estarán dispuestos a que se les quite tan útil herramienta.

Un camino posible es con un acuerdo sobre justicia, un escenario de justicia transicional puede permitirles, al menos a la cúpula y algunos mandos medios, legalizar parte de sus riquezas a cambio de verdad.

Esto despierta una incógnita enorme, por cuanto está bien que podrían crearse otras condiciones para que la figura del sometimiento a la justicia sea mas asequible y de hecho eso se esta buscando con la reforma a la ley de justicia y paz (Dickinson,2024); incluso en el marco de una negociación podrían negociarse tratamientos penales diferenciados con penas restaurativas si la pretensión de los mandos del Clan del Golfo es no pagar penas privativas de la libertad; nada en el Derecho Internacional Humanitario ni en el marco jurídico para la paz lo prohíbe, pero sería un nuevo golpe a las víctimas.

Frente a esas salidas, la única limitante que tendrían es la de tener oportunidades de participación política en un futuro, por cuanto solo pueden acceder a estas las personas que han sido condenadas por delitos políticos o conexos a estos. La ambición de tener favorecimiento político podría ser, más que una exigencia de los mandos militares de esta estructura, una ambición de los poderes económicos y políticos que los respaldan, pensando ya en futuras contiendas electorales.

Referencias

Angarita, P. E., Gallo, H., Jiménez, B. I., Londoño, H., Londoño-Medina, D., Mesa, J. A., … & Ruíz, A. M. (2015). La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano. Medellín, Colombia: Sílaba.

Hernandez Díaz, J,C. & Echeverri Martínez, L,M. (2018). “El Clan del golfo”: ¿el nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada?. El Ágora USB, 18(2). 512-526. DOI: http://dx.doi.org/10.21500/16578031.3363

Dickinson, E (2024) La incognita de la paz total: ¿qué hacer con los gaitanistas? Informe sobre América Latina N° 105. International Crisis Group.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Grupos Armados Posdesmovilización (2006- 2015). Trayectorias, rupturas y continuidades, CNMH, Bogotá.

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ (2024) El contexto de la paz total.

Castaño, Oscar (2024) Oro y Cocaína sostienen expansión militar ilegal en el oriente antioqueño. Disponible en:
https://orienteseperiodismodeopinion.com/editorial-oro-y-cocaina-sostienen-expansion-militar-ilegal-en-el-oriente-antioqueno/

Gallo Daniela (2023) Advierten presencia del Clan del Golfo en Bogotá: microtráfico y extorsión, entre las actividades con las que operan. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2023/03/25/advierten-presencia-del-clan-del-golfo-en-bogota-microtrafico-y-extorsion-entre-las-actividades-con-las-que-operan/