Notas de coyuntura (Parte II) América Latina y Colombia: entre el imperialismo y la clave progresista.
Estas notas para el análisis de coyuntura son el resultado del trabajo conjunto de Kavilando, Ciam y Cedins.
América Latina vive la tensión generada por el ataque constante de EE.UU a Cuba, Nicaragua y Venezuela, como objetivos en su plan de mano dura. Tratar de ganar el voto latino en el marco de las legislativas podría acentuar esta situación.
Contra Cuba arrecia la estrategia de mano dura y de nuevos intentos de desestabilización, que se soportan en las difíciles condiciones de vida de una parte de la población, en medio del bloqueo económico. Al mismo tiempo se permite una avanzada mercenaria desde Colombia al gobierno de Haití que terminó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Militares en retiro entrenados gracias al Plan Colombia por EE.UU, son la cantera ideal para el mercado de seguridad, tipo mercenarios, para apoyar los intereses corporativos y políticos de EE.UU.
Colombia es el único país latinoamericano socio de la OTAN y alfil de Estados Unidos, así que juega a fondo en materializar la política de intervención imperialista, ya sea de forma legal o ilegal, generando inestabilidad, situación que le ubica como un peligro constante para una región que empieza un nuevo ciclo de gobiernos progresistas.
El gobierno de Venezuela se adjudica una nueva victoria ante los múltiples intentos de intervenciones militares mercenarias, ante el debilitamiento del bloqueo y el fracaso de una oposición altamente corrupta. El fracaso de la estrategia de desestabilización ha hecho girar la política de EE.UU abriendo una ruta de doble rasero: agresión y por otra parte el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición en la ciudad de México. De lograrse acuerdos permitirán retomar control sobre empresas, las reservas de oro, entre otros logros que potenciarán la economía en el país. Hay que esperar que pasa en dicha negociación y qué le toca ceder a Venezuela en materia de acceso a recursos para empresas que favorezcan a los EE.UU como parte de la negociación. El diálogo real es entre el Gobierno Bolivariano y Estados Unidos que son los que mueven y sostienen una oposición ya débil sin ninguna credibilidad y con bajo impacto electoral. En esta tensión negociadora el gobierno colombiano también sale mal librado, ya que se ha “quemado” al implementar una política de desestabilización y agresión.
El narcotráfico sigue cumpliendo un papel de factor de poder transnacional y debe entenderse tanto como un negocio capitalista global, así como una dinámica extractiva. Juega como aliado oculto y vergonzante de los intereses de EE.UU y los intereses corporativos.
Es un fenómeno extendido en los territorios colombianos, donde confluyen intereses corporativos legales tanto mineros como de agricultura industrial y ganadería a gran escala; alianza perversa que avanza y va marcando la dinámica del conflicto y la planeación de dichos territorios codiciados; todos se benefician, aunque parezcan actuar separados.
Nuevo ciclo progresista
América Latina vive un giro hacia un nuevo período de gobiernos progresistas que tendrán que asumir retos grandes en medio de la pandemia y a la vez entrampados en instituciones y leyes dadas para la acumulación del capital y el beneficio de multinacionales y grandes conglomerados nacionales. Sus márgenes de acción serán limitadas en tiempos y herramientas normativas e institucionales para lograr los cambios que necesita y espera la sociedad, y que tengan en cuenta las condiciones del medio ambiente. Los aprendizajes del pasado ciclo progresista deberán pesar en este nuevo momento.
Los pueblos que constituyen el Estado Plurinacional de Bolivia son un ejemplo de capacidad y fuerza popular con identidad propia y fuerza organizativa, logrando revertir el golpe de Estado y retomar el control del Gobierno. El MAS ahora impulsa la idea y necesidad de crear o retomar bloques regionales políticos y económicos, un vacío que se formó al cerrarse el ciclo anterior con el desmonte parcial de la institucionalidad de integración impulsada por Hugo Chávez.
En Chile, en el diciembre pasado, unas elecciones presidenciales trascendentales sorprendieron al resultar como ganador un joven hijo del movimiento estudiantil que en 2011 salió a las calles contra una de las reformas educativas más regresivas para el país. Gabriel Boric, candidato de un frente político de centroizquierda, logró duplicar su votación entre la primera vuelta (noviembre de 2021) y la segunda en la que obtuvo el 55% de los votos. La victoria se da tras el estallido social de 2019, la victoria del plebiscito que ha dado lugar a un proceso constituyente para reformar la constitución de la dictadura. El telón de fondo de esa victoria es una gran y diversa fuerza popular en las calles que logra iniciar un proceso de transición y superación de los gobiernos de derecha neoliberal. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el triunfo de Boric, dejan a los chilenos y chilenas en una ruta de mayor soberanía, recuperación de la democracia y redistribución de la riqueza social. Sin embargo, los movimientos populares tienen retos importantes como el de no dejar decaer la lucha social o dejarse institucionalizar. La perspectiva será el fortalecimiento y articulación popular de mediano y largo plazo.
Perú tendrá que superar los intentos de generar ingobernabilidad y polarización por parte de la derecha, y con un congreso no alineado lograr las transformaciones sociales que esperan del nuevo gobierno de Pedro Castillo.
Todo indica que Brasil transitaría hacia un nuevo periodo progresista, nuevamente, con Ignacio Lula Da Silva a la cabeza, lo que definitivamente cambiaría la dinámica regional dado el peso económico de este país en el contexto global. Los movimientos sociales tienen el reto de aprender de los gobiernos anteriores de Lula, y no bajar la dinámica de exigibilidad y lucha en la calle.
México está entre la espada y la pared; vive la tensión e ingobernabilidad que produce el narcotráfico, y por otro lado la presión de los intereses de corporaciones multinacionales en sus territorios, y más ahora que se sabe de las grandes reservas de Litio, además de sus reservas de petróleo. Aun teniendo un gobierno de corte progresista, las lógicas de la economía neoliberal y corporativista se imponen, dado el sometimiento político y militar frente a los EE.UU.
Colombia: paro nacional y la crisis del uribismo.
El modelo colombiano, ese vínculo entre Empresas, paramilitarismo, mafias y clanes políticos, para el control territorial y del Estado con fines de acumulación de capital ha sido exitoso y se está exportando.
Se trata de un modelo articulado al control geopolítico regional, en la vía de generar inestabilidad, creando las condiciones para el flujo de grandes capitales legales e ilegales hacia paraísos fiscales, y como sustento financiero de las fuerzas de choque militar de alto impacto ilegales, tipo paramilitar o mercenarios. Este modelo es muy útil para EE.UU, porque le permite una entrada permanente de divisas, pero se traduce en un juego muy volátil que atiza los conflictos socio ambientales, políticos y sociales.
El factor Afgano podría tal vez generar presión para un posible cambio en la estrategia de lucha contra las drogas de parte de EE.UU, girando hacia una postura más tendiente a la legalización. Otra ruta será la de mantener el negocio y al tiempo la guerra contra las drogas como motor de inestabilidad regional, regulando el fortalecimiento de redes transnacionales mafiosas en regiones estratégicas y en zonas de carga mineral importante.
Es en este marco que las elecciones de este 2022 en Colombia, tanto legislativas como presidenciales, cobran especial interés en un movimiento pendular: por un lado el giro regional hacia el progresismo y por otro, la profunda crisis de EE.UU perdiendo hegemonía global a manos del bloque Rusia-China. La disputa regional está viva y mueve hilos de poder y negociaciones cifradas, movidas globales que tendrán fuerte incidencia local y territorial.
La crisis en el modelo colombiano especialmente el electoral, ha hecho que sea necesario confluir mediante alianzas o coaliciones, en donde se enmarcan casi todos los movimientos políticos del país. A grandes rasgos, al igual que en la contienda electoral de 2018, hay tres corrientes traducidas en estas coaliciones: la derecha gamonalista, terrateniente y mafiosa, el autodenominado centro y el progresismo; sin embargo, en esta oportunidad hay un sector de “independientes” de derecha, que tiene figuras como Rodolfo Hernández, quién también responde a intereses de grandes grupos de poder en el país, pero se apropia de discursos dada su falta de criterio.
La derecha en Colombia se fragmenta, el uribismo se agota como fórmula usada por la oligarquía y potencias globales como la Unión Europea, quienes ven en el uribismo un problema para sus intereses, y mejor se alinean con el santismo o la Coalición de la Esperanza. El proyecto político del mantenimiento del modelo neoliberal, el narcotráfico y la guerra no es suficiente para cohesionar electoralmente a los sectores de la derecha mafiosa y paramilitar.
Para el Senado cada partido tendrá su lista por separado, pero es sabido que la coalición de gobierno que actualmente opera en el Congreso se recoge en el Equipo por Colombia y el Centro Democrático. Para la contienda presidencial, tanto el Centro Democrático como varios miembros del Equipo por Colombia -que reúne las corrientes conservadoras-, decidieron que no habrá una coalición entre ambos sectores, decisión apenas obvia en tanto el sector político que no se desmarque del uribismo cargará a cuesta su ilegitimidad que ya alcanza el 71% después de un gobierno altamente desaprobado. Para Uribe es importante que esta unión no se dé en tanto puede influir en ambas candidaturas en una eventual segunda vuelta.
De todos modos, el uribismo no ha muerto a pesar de estar muy debilitado como se puede ver en la configuración de su lista al senado -en la que se la jugaron por impulsar a la cabeza a un “joven” como Miguel Uribe Turbay- que no genera muchas sorpresas, y demuestra que el desmarque del Equipo por Colombia con respecto al uribismo es por no cargar el peso de ilegitimidad, más no porque no representen los mismos intereses, clanes y negocios. Por esto, los sectores democráticos y populares mantendrán esfuerzos en hundir definitivamente al uribismo y confrontar la apariencia alternativa que, en la misma ruta de las derechas globales, transita el Centro Democrático.
De no ganar la presidencia, el uribismo y los sectores de derecha tienen al menos tres elementos a su favor. En primer lugar, lograron tener un amplio control institucional incluyendo hasta la Registraduría, pasando por Contraloría, Banco de la República, Fiscalía, Procuraduría, entre otras instituciones de gran peso en la democracia fallida del país; en segundo lugar, la crisis que se profundizó con el aumento de la deuda pública la asumirá con mayor certeza el gobierno entrante; y, por último, seguirán controlando gran parte de las empresas de la comunicación hegemónica. Con esto serán una oposición con poder.
Al fragmentarse el unanimismo hasta ahora existente, las fracciones oligárquicas lideradas por el expresidente Santos y sectores liberales, parecen tomar la iniciativa. Continúan con un distanciamiento radical con el uribismo, sin embargo, se consideran diferencias de forma en tanto ambas corrientes defienden un modelo neoliberal, en detrimento de las clases populares.
Presentar una alternativa al modelo y tener ambición de transformación no es algo que se le dé a la coalición Centro Esperanza. Allí confluyen personajes de la oligarquía y la burguesía nacional con sectores autodenominados alternativos como ciertos sectores del Partido Verde. Sin embargo, la mayor transformación propuesta de estos sectores, es un capitalismo más verde pero igual de regresivo.
La sombrilla que agrupa a estos sectores es autodenominarse como el centro en el espectro político. Esta corriente existe únicamente en lo discursivo porque en el plano material defiende todo el modelo económico y político dictado por los intereses de Estados Unidos y el capitalismo global. Su principal base se encuentra en un discurso moldeable que se apropia de consignas sociales y populares con fines electorales.
Bajo la lógica del tecnocratismo y el fin de las ideologías, este sector centra el ejercicio del poder en el mero hacer de la gestión pública, sin tener una lectura radical de las problemáticas sociales, políticas y económicas del país; en esto se asemejan con la derecha pura del Equipo por Colombia. En un escenario de agudización de las contradicciones de clase que atraviesa el país actualmente a causa de la pandemia y el resultado de un gobierno de derecha, reflejado en los altos índices de desigualdad y los levantamientos populares más recientes, la apuesta política del autodenominado centro no parece ser una opción viable. Es por esto que no hay aún un candidato presidencial que se muestre fuerte para la disputa presidencial.
La coherencia política no es algo que caracterice a quienes confluyen en esta coalición. Se encuentran sectores que ante la opinión pública fueron oposición, pero actualmente comparten proyecto de país, por ejemplo, el Partido Verde y Dignidad que presentan su apuesta política de la mano del Santismo. Esta coalición tiene un gran sustento comunicativo de grandes empresas como Caracol, El Espectador y Blu radio que tienen una postura cercana al liberalismo y a Santos.
La apuesta del Pacto Histórico (PH) es ganar en proceso de unidad en la dispersa izquierda y los sectores de centro en Colombia con el fin de conquistar la presidencia en primera vuelta, y mayorías relativas en el congreso. Al interior del PH existen tensiones permanentes por formas antidemocráticas, por expresiones de una cultura política clientelar, patriarcal y caudillista, que se manifiesta en las actuaciones de Gustavo Petro y sus aliados. Hechos como abrir las puertas para que personajes de la política tradicional entren al Pacto o la definición de tener una lista cerrada para el senado han generado debates y malestares al interior. Petro, desde una lectura pragmática, está dispuesto a hacer las alianzas necesarias para conseguir la presidencia en 2022. Si bien es sabido que la apuesta del Pacto no es homogéneamente de izquierda, más bien progresista, no es común en Colombia ver líderes de la oposición dialogando con grandes empresarios o caciques electorales que representan una amenaza a su proyecto político. El resultado puede ser que se bloquee la posibilidad de abordar desde el gobierno transformaciones de fondo, como la superación de la desigualdad y la violencia.
Existe una tendencia muy importante dentro del PH que le apuesta a fortalecer el liderazgo de Francia Márquez, que encarna banderas y formas más populares. No obstante, está claro que se trata de una minoría en la colectividad. La consulta interna será muy importante para situar los alcances de dicha tensión.
Conquistar el gobierno será importante, pero no suficiente para impulsar cambios de fondo, pues el poder de los gremios operará como factor de contra reforma, que solo podrá ser removido nuevamente con los pueblos en las calles. Las lecciones del paro del 28 de abril están aún por ser aprehendidas, pero sin lugar a dudas se ha producido un cambio en las mentalidades y culturas políticas de un sector importante de las clases populares, que deben ser bastión en el escenario de la disputa electoral, sin sumar mecánicamente gente en las calles con votos.
Las luchas populares se dejan ver como momentos de fuerza y presencia de insatisfacciones, pero aún con carencias en articulaciones fuertes y agendas comunes y capacidad organizativa de nuevo orden, en términos de generar transformaciones necesarias.
A la casta militar colombiana, tradicionalmente adepta a la derecha más pura encarnada en el uribismo y una de las más violentas del continente, le sale un actor que cobra especial importancia política: Veteranos por Colombia, militares que se juntan para rescatar el Honor Militar perdido, la lealtad constitucional y hacen frente a un sector infranqueable y sumiso a la derecha mafiosa. Este actor puede generar contrapoder y contra discurso de especial importancia; de hecho están participando en las movilizaciones sociales, acompañando a los jóvenes de Primeras Líneas y en el Pacto Histórico. De ampliarse este sector puede significar un importante respaldo a un gobierno del Pacto Histórico, cuyos electores dudan de cuál sería el nivel de obediencia de la cúpula militar en un eventual gobierno de Gustavo Petro.
El sector de la comunicación e información popular y digital ha ganado espacios importantes en las redes sociales. En medio de las movilizaciones logró aportar un punto de vista desde el lugar de los hechos que, para las personas movilizadas, significó corroborar que los medios hegemónicos dejan fuera de sus agendas los hechos noticiosos desfavorables a los gobiernos de turno. Así mismo, demostraron que las plataformas están alineadas con los intereses de clase de quienes detentan el poder, no en vano asistimos a hechos gravísimos de censura en el marco del Paro Nacional como los apagones de internet en los territorios donde la movilización era la más álgida o la negativa de Instagram de publicar denuncias o transmisiones en directo de las confrontaciones entre los pueblos movilizados y el ESMAD. Los medios alternativos y populares gozan de mayor legitimidad que antes y las redes sociales como vehículo para conectar con las audiencias es una realidad que requiere mayor atención y despliegue por parte del bloque popular.
Es importante el espacio que está generando un sector de la iglesia que renueva la doctrina social y el compromiso con los pobres y centra su mirada en el cuidado serio y fundamentado del planeta como un cuestionamiento al poder y su lógica y además creando un movimiento global para pensar otra economía posible: “la economía de Francisco”.
Los sindicatos han avanzado en una presión legislativa interesante, pero se han ido desconectando de las calles como ejercicio de lucha, generando divisiones y debilitando una fuerza ganada en el paro del 2019 y del 28A 2021. Tienen el reto de entender a la nueva clase trabajadora, informal y precarizada, que está luchando. También habría que comprender esas otras formas de acción política y brindar sus experiencias y recursos para asumir nuevas escuelas para jóvenes urbanos, entender que la lógica urbana exige otras maneras de lucha y presión como la digitalidad.
Finalmente hay que decir que la guerra y la paz siguen en la agenda social y política del país, pues el acuerdo entre el Estado y las Farc fue incumplido, al tiempo que nuevas estructuras surgieron de las guerrillas desmovilizadas y nuevas fuerzas paramilitares copan territorios. La guerra en lugar de disminuir se multiplica y escala.
“Casi 5 millones de colombianos siguen desplazados, según el IDMC (Centro de monitoreo del desplazamiento interno). El Gobierno de Colombia ha reconocido el desplazamiento interno de más de 8 millones de personas.
Cerca de 110.00 personas han sido desplazadas o confinadas por el conflicto armado sólo en 2021, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). En los primeros nueve meses de 2021, se registraron 188 ataques mensuales contra civiles, según la OCHA. Esto supone seis ataques diarios contra civiles.
Colombia sigue estando en el top 10 de los países con más bajas y accidentes por minas antipersona, y es el país donde más activistas ambientales son asesinados en todo el mundo.
El Consejo Noruego para los Refugiados NRC, ha asistido a casi 150.000 personas afectadas por el conflicto en lo que va de 2021” (Consejo Noruego para los Refugiados, 2021).
La paz, sigue estando ausente.
