Informe sobre el Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica.
Por: Equipo de Tierras Cedins
En el mes de junio del presente año se publicó la sexta versión del informe “Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, 2020” del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. En él, se presenta una síntesis de la cuestión agraria en Sudamérica; lo novedoso de esta entrega es la incorporación de la pandemia provocada por el Covid-19 como una variable en el análisis.
Coincidiendo con lo expresado en diferentes análisis del Boletín de Conflictos Territoriales, el informe presenta la preocupación surgida por el aprovechamiento de la emergencia sanitaria para la implementación de proyectos extractivos y de infraestructura, y por ende, la imposibilidad para el sector campesino de acceder a la tierra, que permita la dignificación de la vida y garantice la producción alimentaria local.
Lo que muestra el informe es que el capitalismo centrado en el sector rural de la región no generó mayores cambios en la dinámica que ha presentado en las últimas décadas, pero sí se sirvió de las medidas implementadas por los Estados para controlar el contagio del virus, e impulsar los proyectos extractivos y de infraestructura en la región.
En concreto se muestra que la disputa por los bienes naturales ha ganado mayor centralidad, tanto por los intereses que ve en ellos el modo de producción dominante, como por el sustento vital que significa para las comunidades. En tal sentido es posible categorizar de la siguiente manera los conflictos territoriales suramericanos:
● Megaminería. Dándole continuidad al proyecto extractivo regional y a la profundización del sur global como fuente de materias primas para la economía mundial, se incrementa la explotación de oro, cobre, litio, plata, uranio y vanadio.
Es de resaltar que sin importar la posición política de los gobiernos, estos impulsan la expansión de proyectos mineros, en algunos casos, como en Argentina, desde el Estado central se estimulan proyectos buscando la derogación de leyes provinciales antimegaminería, mientras tanto, se generan asociaciones entre empresas mineras nacionales y multinacionales para impulsar el sector.
Todo ello obliga a señalar, desde el informe, que el Estado argentino prioriza las necesidades hídricas mineras al consumo humano y otras actividades con mayores valores de uso.
Por su parte, el gobierno central de Brasil ha promovido la ocupación de territorios rurales y áreas protegidas para la implementación de proyectos mineros a gran escala desconociendo a las comunidades que habitan estas zonas, incluso convirtiéndolas en enemigo público del país por oponerse a la expansión de la frontera extractiva.
● Explotación de hidrocarburos. Al igual que la extracción minera, la petrolera se ha impulsado bajo la excusa de ser la palanca de la reactivación económica post-Covid.
Así pues, para el caso boliviano, el autodenominado gobierno de transición dio su apoyo al sector generando las facilidades necesarias para la explotación privada de los yacimientos de gas que tiene el país.
De igual forma, en el Perú, como en Colombia, se ha definido que las actividades mineras y de hidrocarburos son “actividades esenciales”, por lo cual tendrán prioridad por sobre otras como la producción de alimentos o el cuidado de la Naturaleza. En tal sentido, estos Estados orientarán sus políticas para que nada frene el extractivismo como política económica.
● Agronegocio. Este sector puede ser el que más se ha visto beneficiado durante la pandemia. Lo que muestra el informe es que se ha expandido en cada uno de los países suramericanos, donde los Estados han jugado un papel determinante para ello.
El informe en cuestión no sólo muestra las facilidades que han tenido las empresas dedicadas al agronegocio para adquirir y explotar tierras con la venia de las instituciones. Para ejemplificar esto último, en Bolivia el gobierno de Jeanine Añez le entregó tierras a empresas privadas y funcionarios públicos pese a que la legislación nacional lo prohíbe; mientras tanto en Brasil se ha legalizado el acaparamiento de tierras de la mano del gobierno Bolsonaro.
Como último ejemplo para este documento, pero no como cierre de lo presentado por el equipo de trabajo del informe, en Argentina el sector agropecuario ha volcado sus esfuerzos a consolidar el agronegocio como la piedra angular para la producción y exportación de materias primas.
Lo anterior se ha traducido en cuatro consecuencias, para mal de la región, a saber:
○ Mayor uso de agrotóxicos que contaminan suelos y cuerpos de agua superficiales y subsuperficiales.
○ Uso creciente de organismos genéticamente modificados que pone en riesgo la cultura de las comunidades rurales.
○ Disminución de la seguridad alimentaria y dependencia del mercado internacional para la compra de alimentos tal como ocurre en Chile y Colombia.
○ Extranjerización de la tierra para el aprovisionamiento de materias primas.
Así mismo, el documento presenta una clara relación del agronegocio con el sector financiero. Este elemento es crucial tenerlo en cuenta para cualquier tipo de análisis, pues el resultado más palpable será el aumento de los precios de la tierra y los alimentos por la especulación en los mercados internacionales.
Las tres grandes categorías anteriores no pueden entenderse de ninguna forma sin la acumulación y ocupación de tierras, en algunos casos comunitarias y públicas, como ocurre en Argentina, con la ocupación de las rondas de las zonas de humedales, en Colombia con tierras colectivas o en Brasil en tierras de comunidades indígenas como se indicó líneas arriba.
Aquello se ha acompañado de la masiva deforestación y la oposición a áreas protegidas, para la liberación de territorio con el fin de su explotación masiva. Como caso de particular interés resaltan las quemas masivas en el Amazonas brasilero, especialmente por el contexto de emergencia climática que vive el planeta.
Este cuadro es cerrado por la escasez hídrica para el consumo humano y la cada vez más baja disponibilidad para las demás actividades humanas, esto ocurre mientras que las grandes reservas de agua son privatizadas, concentradas y sobreexplotadas.
Lo indicado hasta este punto es resultado de un elemento extendido por toda la región: la laxitud de la legislación ambiental se ha convertido en un objetivo para continuar con la expansión capitalista con las menores dificultades posibles, es por esto que se ha buscado modificar la consulta previa y sus alcances, y limitar los alcances de las licencias ambientales.
Así pues, la emergencia sanitaria no alejó de los países sudamericanos el modelo primario exportador generador de profundas desigualdades ecológicas y económicas producidas por conflictos por ocupación y aprovechamiento del territorio. Por el contrario, se gestionó la emergencia a través de la persecución, amedrentamiento e incluso la muerte de quienes se oponen a la expoliación de sus territorios. De tal forma que el homenaje más grande que se les puede dar es construir un campo que dignifique la vida, no sólo la humana, sino la de toda comunidad viva.
Estos pocos párrafos no pretenden ser un resumen ni una síntesis del informe. Al ser ese un documento tan largo, rico y completo, sólo busca ser un pequeño abrebocas que impulse su lectura, discusión, difusión y análisis colectivo.
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