Putumayo, un territorio en constante crisis

Lina Gaitán – Equipo de Tierras Cedins.

Desde el 24 de noviembre de 2016 hasta finales del mes de julio de 2021 han sido asesinados 35 líderes y lideresas sociales en el departamento de Putumayo, y 16 personas en proceso de reincorporación. La mayoría de estos hechos se han concentrado en los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán, convirtiéndose en dos de los 25 municipios que concentran los hechos de violencia contra estas poblaciones (Actualidad RT, 2021). Adicionalmente, estos municipios concentran la presencia de distintos actores armados, así como diversos intereses económicos, todos ellos de carácter extractivista tanto legal como ilegal.

Un proyecto social truncado por intereses económicos

En este departamento han tenido presencia las empresas petroleras Ecopetrol, Amerisur y Vetra(1). Las dinámicas económicas que ha generado el boom petrolero iniciado desde 1990 en la región permitieron la conformación y organización de sindicatos que propenden por la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, la dependencia a esta economía ha generado diferencias entre los pobladores, dividiéndolos entre quienes están a favor de los empleos generados por estas empresas, y quienes las confrontan mediante la defensa de los derechos ambientales y territoriales.

A esas diferencias entre los habitantes, ocasionadas por el sentir respecto a las actividades petroleras, se suman los procesos de violación de derechos humanos hacia la ciudadanía, y la disputa por el territorio entre la comunidad y las empresas petroleras. Uno de los casos que expuso esa disputa fue la propuesta de creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (en adelante ZRCPA), ya que los territorios que los campesinos deseaban incluir en esta zona se superponían con el área de exploración petrolera de Ecopetrol en la cuenca del río San Juan. (CNMH, 2015, pág. 163). Las luchas por estas tierras han trascendido hasta la actualidad, pues las amenazas e intimidaciones contra quienes defiende la conformación de la ZRCPA son una constante, tal como evidencia el caso de la lideresa Jani Silva(2) (Justicia y Paz Colombia, 2021(b)). De igual forma, los intereses extractivistas petroleros y de control territorial vienen generando violencia, que muchas veces se expresa como asesinato de líderes sociales, como ocurrió en el caso del dirigente del Coordinador Nacional Agrario Marco Rivadeneira, en el 2020 en Puerto Asís.

La presencia de actores económicos cuyos intereses son opuestos a la conservación y protección del territorio abanderados por los habitantes, se suma a la relación entre las empresas extractivas y actores armados ilegales. Así, desde el año 2020, se ha denunciado la existencia de vínculos entre la empresa Amerisur y el grupo autodenominado Comandos de la Frontera. (Justicia y Paz Colombia, 2020)

Dentro de los actores que tienen presencia en el territorio desde el año 2017 se identifica a los grupos disidentes de los antiguos Frentes Primero y 48 de las extintas FARC-EP, estructuras narcotraficantes como La Constru, y a bandas locales como Los Escorpiones, Las Mafias, Los Azules y Los Bonitos. Actualmente estos actores han constituido dos grandes bloques: aquel conocido como Comandos de la Frontera en el que confluyen disidentes del Frente 48, La Constru, y múltiples bandas delincuenciales; el otro es conocido como el Frente Carolina Ramírez y está constituido principalmente por disidentes del Frente Primero, comandado por Gentil Duarte desde Guaviare. Este grupo se ha caracterizado por mantener una identidad guerrillera y regirse por estatutos, tal como lo hacía la guerrilla de las FARC-EP, por lo que se identifica que aún conservan parte de la línea política que promovía esta organización (Mi Putumayo, 2021(b))

Quienes habitan la región explican el interés de los grupos irregulares en el departamento por sus características biogeografícas, ya que los canales fluviales conectan distintos lugares dispersos y posibilitan el tráfico de todo tipo de productos hacia las rutas fronterizas con el Pacífico, a través del río putumayo vía Ecuador, y con Brasil por el río Caquetá (Mi Putumayo, 2021(a)). Si a esa facilidad en la movilidad se le suma la complicidad con quienes determinan el rumbo económico de la región, se entiende porqué los actores irregulares son quienes controlan el departamento.

Junto a los conflictos por el uso del suelo y el control territorial, actualmente han resurgido formas de apropiación de tierra mediante procesos de ocupación de los predios que habían sido despojados por los actores armados, o que pasaban a ser abandonados ante el actuar de éstos, en la década de los años 90. A las denuncias de vínculos entre el sector económico y grupos irregulares, se suman las denuncias públicas emitidas por líderes y lideresas de la región sobre la compra ilegal de tierras en la ZRCPA (Justicia y Paz Colombia, 2020). De esta manera, ya sea mediante amenazas o compras que también se ven acompañadas de intimidaciones, se atenta contra el proyecto colectivo de asegurar un territorio en el que los campesinos y campesinas puedan producir y vivir de manera autosustentable, garantizando para sí mismos condiciones de vida digna.

Una guerra enquistada en la tierra

Otro de los fenómenos que parece no querer abandonar el territorio es el reclutamiento forzado niñas, niños y adolescentes. La reconfiguración de control territorial derivado al desarme de las FARC-EP tras el proceso de paz y la creación del grupo Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez ha fortalecido esta dinámica para engrosar las filas de los actores en disputa, y para garantizar manos que cumplan con las tareas de las economías ilegales. Sin embargo, el reclutamiento es favorecido por las escasas oportunidades educativas y laborales con que cuentan los jóvenes del departamento, tal como señalan habitantes del municipio Valle del Guamuez. (Mi Putumayo, 2021(d))

Además de lo anterior, en el Putumayo se han perpetuado las problemáticas y disputas atadas a los cultivos de uso ilícito ante el actuar desacertado del actual gobierno que ha optado por la sustitución forzada y el incumplimiento sistemático del rograma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS.

Cuantitativamente, el panorama de sustitución parece ser favorable en el departamento, pues el más reciente informe de la UNODC sobre el estado de la implementación de dicho plan; a corte de julio de 2021, señala que, para diciembre de 2020, el número total de familias inscritas al PNIS en el Putumayo representaba el 20,5% de los participantes en todo el país. De igual manera, el número de hectáreas erradicadas voluntariamente y verificadas por esa entidad en el territorio era el 26,3% del total nacional. (UNODC, 2021)

Sin embargo, en contraposición a las cifras gubernamentales y de entidades internacionales, las organizaciones sociales visibilizan fallas o vacíos en la implementación del PNIS. Así, desde inicios de 2021 se han denunciado las violaciones de derechos humanos en el marco de las jornadas de erradicación forzada que han sido impulsadas por el gabinete de Iván Duque. (Justicia y Paz Colombia, 2021(a)). Como antecedente de este panorama, a finales de 2020 Dejusticia expuso el caso de doce familias de Puerto Asís, en Putumayo, y de Ipiales, Nariño, que fueron suspendidas o excluidas de este programa, quedando en una condición de vulnerabilidad extrema. (Dejusticia, 2020)

El pasado mes de abril se reactivó la discusión sobre las fumigaciones con glifosato ante la proclamación del Decreto 380 con el que se crea un marco normativo “especial, independiente y autónomo” para reanudar estas actividades en el país (El Espectador, 2021). Con esta acción se deja a los y las campesinas que dependen del cultivo de la hoja de coca sin opciones para sostenerse en el territorio ante la falta de apoyos y fomentos para la producción agropecuaria en la región.

Esta actividad ha brindado un sustento económico tan importante en el departamento, que en el año 2017 mujeres cultivadoras de coca se reunieron en Puerto Asís exigiendo su reconocimiento como “cultivadoras, recolectoras y realizadoras de otras actividades asociadas a la economía de la hoja de coca” (Animal Político, 2021). Esto señala que la propia implementación del PNIS requería que el enfoque diferencial fuera un componente transversal del proceso, para garantizar la satisfacción de las necesidades específicas de todas las personas que dependen de las actividades relacionadas con este cultivo. Ante su incumplimiento y las jornadas de erradicación forzada, se deben encender las alarmas sobre las afectaciones diferenciales que esas acciones puedan generar en el territorio.

Adicionalmente, la estrategia de las fumigaciones -que al día de hoy no se ha descartado-, no sólo afectaría a los y las cultivadoras de coca, sino también a todos los pobladores en general, pues como han asegurado las comunidades desde hace años, el agro tóxico no distingue entre una mata de plátano o palmito y una de coca. Así, la incertidumbre ante las estrategias estatales para hacer frente a la resiembra de este producto se ha apoderado del campesinado en general, entre quienes se cuentan varias víctimas de la violencia que han luchado por regresar y mantenerse en el territorio. (Mi Putumayo, 2021(b))

La resistencia desde la movilización: otro escenario de vulneración

Ante esta situación de vulneración e invisibilización por parte de los actores institucionales y los grupos armados, las comunidades se han mantenido activas en el ejercicio de la protesta y la movilización social. Esta tradición de movilización en el Putumayo ha estado atada desde la década de los 70’s a la demanda de infraestructura y servicios sociales al Estado, el respeto hacia quienes tienen en el cultivo de la hoja de coca su única manera de subsistencia -lo que explica el crecimiento en la resiembra de hectáreas de hoja de coca en la región reportada por la ONU (La Nación, 2021)-, y la exigencia por el respeto de los derechos humanos para la comunidad en general.

En el paro de abril de 2021, campesinos y campesinas pertenecientes a Asocpuertoasis – CNA salieron a las calles contra las fumigaciones aéreas con glifosato. Así mismo, los pobladores han defendido la autonomía y libre determinación sobre el uso del territorio mediante procesos colectivos regionales y nacionales como lo hace la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). Pero también se han levantado por la exigencia del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y la protección de quienes ejercen liderazgos sociales en el departamento, lo que se contrarresta con la postura militarista del Estado, que solo hace presencia en el territorio con agentes de la Fuerza Pública. Sin embargo, estas vocerías se ven silenciadas a un ritmo acelerado con el paso del tiempo ante el temor de ser las próximas víctimas mortales de los actores armados.

Un sector cuyas necesidades han sido desatendidas históricamente por el Estado y que continuamente se ha organizado para exigir sus derechos está conformado por los pueblos indígenas de Putumayo. Uno de ellos es el pueblo Awá, que se organizó mediante la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo, ACIPAP, desde donde han denunciado las constantes violaciones a sus derechos de la libre determinación territorial en medio de los procesos de erradicación, ya que han sido reiterativos los episodios de confrontación con la Fuerza Pública dado que los agentes estatales ingresan a los territorios colectivos sin el consentimiento de las autoridades ancestrales. (Rebelión, 2021)

Junto a la defensa de los territorios colectivos, los integrantes de pueblos indígenas también se organizaron para participar del Paro Nacional convocado desde el pasado 28 de abril, pese al clima de zozobra y violencia que se vive en el departamento. Sin embargo, en los escenarios de movilización también se han visto gravemente vulnerados. Un ejemplo de ello es el asesinato del joven Jordany Estrella Rosero, cometido el 31 de mayo de este año por integrantes de la unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional cuando arremetieron contra manifestantes que se encontraban en una vía de Villagarzón.

Los testimonios de la comunidad aseguran que la respuesta violenta por parte de la Policía se debió a que ellos se tomaron una perforación petrolífera de la compañía canadiense Gran Tierra Energy, lo que contrasta con las versiones oficiales de la institución según las cuales la acción se justificó porque habían recibido información de que los manifestantes querían tomarse instalaciones policiales. (France 24, 2021)

Ante los escenarios y adversidades que atraviesa el departamento, el cumplimiento del Acuerdo firmado en noviembre de 2016 solo se ha hecho sentir en la región mediante acciones como las emisoras de paz, impulsadas por la radio y televisión estatal RTVC (Mi Putumayo, 2021(c)). Estas iniciativas, si bien apuntan a reconstruir y subsanar el tejido social fracturado por las décadas de conflicto, son insuficientes en un escenario en el que los actores armados proliferan y la ausencia del Estado acrecienta la sensación de zozobra de quienes habitan el territorio. Mientras el actuar estatal y gubernamental priorice los intereses económicos, haciéndose de la vista gorda ante las permanentes vulneraciones de los derechos humanos contra la ciudadanía en general, solo se estará reafirmando que las comunidades viven bajo un régimen narco paramilitar en el que todo ejercicio y proyecto de un modelo de vida diferente será silenciado mediante la violencia.

Notas

(1) Ecopetrol es la primera compañía de petróleo de Colombia. Creada en 1951, luego de varias luchas obreras. Sus antecedentes datan de 1905, cuando se firmó la Concesión de Mares para la exploración de 512.000 hectáreas en la región del Magdalena Medio. Esta compañía, constituida bajo la forma de sociedad anónima y economía mixta, está vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
Amerisur Exploración Colombia Limitada es una filial de la petrolera británica Amerisur Resources, establecida en el año 2006. Con una amplia cartera de activos en Colombia y Paraguay, esta empresa cuenta con 13 bloques en el departamento de Putumayo, los cuales en total ocupan 983.988 hectáreas; de estos 3 se encuentran dentro de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica RCPA. Para enero de 2020, la empresa fue comparada en su totalidad por GEOPARK Limited por lo que en el territorio es identificada con ambos nombres.
Por su parte, el Consorcio Vetra C&C es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, constituida en el año 2003 con presencia en Putumayo y Casanare. Sus principales socios son Inveravante y NEW VEG Shareholders S de R.L.
Desde el año 2012 se han presentado denuncias en contra de Amerisur y Vetra debido al desconocimiento de la figura de la ZRCPA, así como por promover la militarización y violaciones de derechos que han desencadenado en el departamento. Estos hechos han sido denunciados sistemáticamente por las organizaciones sociales, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

(2) Jani Rita Silva Rengifo es cofundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), organización que desde 2008 ha protegido al medio ambiente y los derechos territoriales de quienes viven en la ZRCPA. Su trabajo la ha llevado a enfrentarse a empresas petroleras desde 2009, por lo que ha recibido constantes amenazas de muerte en su contra; la mas reciente de ellas se registró el pasado 22 de abril, y a causa de ella tuvo que desplazarse de su lugar de residencia ubicado en Puerto Asís.

Referencias

*Actualidad.rt. (21 de abril de 2021). Los 5 puntos pendientes de Colombia para frenar el incremento de la violencia en el país. Obtenido de Actualidad.rt: https://actualidad.rt.com/actualidad/389990-cinco-puntos-pendientes-colombia-violencia
*Animal Político. (25 de mayo de 2021). ¿Qué sabemos –y por qué deberíamos saber más– sobre las mujeres que cultivan coca en Colombia? Obtenido de El Dispensario. Diálogo sobre drogas.: https://www.animalpolitico.com/el-dispensario-dialogo-sobre-drogas/que-sabemos-y-por-que-deberiamos-saber-mas-sobre-las-mujeres-que-cultivan-coca-en-colombia/
*CNMH. (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
*Dejusticia. (4 de marzo de 2020). Demandamos a la Consejería Presidencial por excluir a 12 familias del Programa de Sustitución de Cultivos. Obtenido de Dejusticia: https://www.dejusticia.org/campesinos-excluidos-del-pnis-en-putumayo-y-narino/
*El Espectador. (20 de abril de 2021). (Análisis) Reanudar la fumigación vuelve a dejar a los campesinos sin opciones. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/politica/analisis-reanudar-la-fumigacion-vuelve-a-dejar-a-los-campesinos-sin-opciones-article/
*France 24. (27 de junio de 2021). Rostros del sur: vida y luchas de indígenas y campesinos en Colombia. Obtenido de France 24: https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20210627-indigenas-campesinos-colombia-paro-nacional-conflicto
*Justicia y Paz Colombia. (23 de diciembre de 2020). Petrolera habría pagado a grupo armado para asegurar su operación extractiva. Obtenido de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: https://www.justiciaypazcolombia.com/petrolera-habria-pagado-a-grupo-armado-para-asegurar-su-operacion-extractiva/
*Justicia y Paz Colombia. (24 de abril de 2021(a)). Niña y campesino heridos en procesos de erradicación forzada en territorio de la ZRCPA. Obtenido de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: https://www.justiciaypazcolombia.com/nina-y-campesino-heridos-en-procesos-de-erradicacion-forzada-en-territorio-de-la-zrcpa/
*Justicia y Paz Colombia. (25 de abril de 2021(b)). Nuevas amenazas contra la integridad de lideresa Jani Silva. Obtenido de Justicia y Paz Colombia:
https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevas-amenazas-contra-la-integridad-de-lideresa-jani-silva/
*La Nación. (6 de abril de 2021). ONU: resiembra de cultivos de coca ha crecido del 0,2 % al 0,8 %. Obtenido de La Nación: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-06-2021-onu-resiembra-de-cultivos-de-coca-ha-crecido-del-02-al-08
*Mi Putumayo. (27 de abril de 2021(a)). Putumayo en medio del fuego cruzado. Obtenido de Mi Putumayo: https://miputumayo.com.co/2021/04/27/putumayo-en-medio-del-fuego-cruzado/
*Mi Putumayo. (4 de mayo de 2021(b)). El miedo a la revictimización retorna al corazón de campesinos en Putumayo. Obtenido de Mi Putumayo: https://miputumayo.com.co/2021/05/04/el-miedo-a-la-revictimizacion-retorna-al-corazon-de-campesinos-en-putumayo/
*Mi Putumayo. (15 de mayo de 2021(c)). Este 21 de mayo RTVC inaugura seis nuevas Emisoras de Paz. Obtenido de Mi Putumayo: https://miputumayo.com.co/2021/05/15/este-21-de-mayo-rtvc-inaugura-seis-nuevas-emisoras-de-paz/
*Mi Putumayo. (7 de junio de 2021(d)). A El Placer lo persigue nuevamente la violencia. Obtenido de Mi Putumayo: https://miputumayo.com.co/2021/06/07/a-el-placer-lo-persigue-nuevamente-la-violencia/
*Rebelión. (18 de junio de 2021). Amenazada la pervivencia del pueblo Awá en Katsa Su en medio de un conflicto armado y socioambiental. Obtenido de Rebelión: https://rebelion.org/amenazada-la-pervivencia-del-pueblo-awa-en-katsa-su-en-medio-de-un-conflicto-armado-y-socio-ambiental/
*UNODC. (24 de febrero de 2021). Informe No. 23. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. Monitoreo a la implementación del Plan de Atneicón Inmediata – componente familiar. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC): https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Abril/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._20.pdf