Páramos, más allá de la minería y el petróleo
Por Freddy Díaz – Equipo de Tierras CEDINS
Ante el hecho de que Colombia tiene el 49% de los páramos a nivel mundial (1), distribuidos en 36 complejos ubicados especialmente en las cordilleras central y oriental, el país tiene la obligación de conservar estos ecosistemas, entendiéndolos como bien común para el beneficio de los colombianos y colombianas y de la humanidad. Aunque la legislación ambiental los protege, otra es la realidad.
Desde que en el 2001, a través de la ley 685 de 2001 la minería se consideró como de utilidad pública en interés social; exceptuando a los Parque Nacionales Naturales, ningún territorio quedó a salvo de que allí se desarrollaran actividades extractivas. Fue así como las 2’906.137 hectáreas de zona de páramo se convirtieron en zona de interés para empresas extractivas; de esta forma, en los dos gobiernos de Uribe y en lo transcurrido de los dos de Santos, se entregaron en total 473 títulos, de los cuales 284 están en explotación, 136 en exploración y montaje y 53 en exploración (2); sumado a lo anterior, en 11.000 hectáreas de estos ecosistemas se desarrollan 4 proyectos petroleros (3).
Lo que está en juego son los denominados servicios ambientales que ofrecen los páramos al país, que se pueden resumir como la protección de la biodiversidad, entendida como 3.379 especies de plantas, 70 especies de mamíferos, 154 especies de aves, 90 especies de anfibios, además de su alta capacidad para retener carbono, esto fundamentalmente por sus suelos, vegetación y las turberas que se forman allí; por último, la regulación hídrica, ya que es gracias a esta capacidad que más del 70% del agua que llega a las ciudades proviene de estos ecosistemas (4). Es decir el futuro de los bienes comunes y la vida de la gente que los habita, es lo que se debate, aunque la condición de estos no sólo dependían, ni dependen, de la extracción minero – energética.
Este tal vez haya sido el debate ambiental más importante de los últimos años en el país, pero sólo se centró en una de las realidades que se configuran dentro de los páramos. Tal vez por la magnitud y los impactos negativos de la industria minero – energética se olvidó, o se relegó para después, la discusión referida a las demás actividades que se desarrollan en estos ecosistemas.
Del total de hectáreas de páramo en el país, entre 500.000 y 600.000 han sido intervenidas por actividades agrarias, concentrándose en papa, cebolla larga, arveja y zanahoria (5). De igual forma la presencia de ganado en estas zonas contribuye al daño de la flora de los páramos a igual que el de su suelo. Sumado a esto, la ganadería es una importante fuente de dióxido de carbono; en respuesta a esto se produjo la ley 1450 del 2011, que prohibía toda clase de actividad al interior de las zonas de páramo.
Pero lo anterior necesita matizarse. Es claro que ninguna de estas actividades podrían desarrollarse sin gente, especialmente las agropecuarias, gente que considera el páramo como su territorio, con todo lo que esto implica, gente que en algunos casos no hacía parte de estos territorios, sino que debieron llegar allí por razones tan diversas como la violencia, la acumulación de tierras, la ampliación de la frontera extractiva y del agronegocio, e incluso el calentamiento global, todo lo anterior redunda en menores áreas para el cultivo campesino y pérdidas de sus medios de vida en tierras y territorios adecuados y fértiles.
Ahora bien, es una realidad inapelable que hay habitantes en los páramos, habitantes que necesitan de los bienes comunes que ofrece la naturaleza para vivir, pero también es un hecho muy claro que los páramos son totalmente necesarios, especialmente en un escenario de cambio climático. También es un hecho que estos ecosistemas deben ser delimitados para saber qué es páramo y qué no lo es. Si esto no se define bien, la puerta queda abierta para explotar estos ecosistemas y es una tarea que tiene pendiente el Estado; el único que se ha delimitado hasta ahora es el Páramo de Santurbán, la cuestión es, ¿cómo delimitar los páramos teniendo en cuenta a quiénes viven allí?, quizá un elemento que sea necesario para esta tarea, es considerar a los paramunos como parte del ecosistema, y no sólo como personas no deseadas, y además tener en cuenta la dimensión social de la sostenibilidad que han construido quienes viven allí. ¿La compensación por conservación serviría para la protección de los ecosistemas?, quizá, siempre y cuando la compensación se haga con recursos públicos y no con recursos privados que busquen compensar daños en otros ecosistemas, ¿y la reconversión productiva?, también quizá funcione, pero debe darse en un decisión consensuada con la población y que garantice un nivel de vida igual o mejor a la que tienen.
La discusión está abierta y no será fácil lograr acuerdos que beneficien a la mayoría, es necesario reconocer todas las realidades que vive el país y continuar defendiendo los ecosistemas, pero sin olvidar que en ellos viven personas y dependen de estos; por ahora, hay que celebrar la pequeña victoria contra las empresas extractivas y contra el sistema económico que las sustenta.
Notas:
(1) Cabrera, M. y W. Ramirez (Eds). 2014. Restauración ecológica de los páramos de Colombia. Transformación y herramientas para su conservación. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D.C. Colombia. 296 pp.
(2) El gobierno deberá suspender 473 títulos mineros en páramos. El colombiano. 10 de Febrero de 2016
(3) El campo colombiano logra frenar la explotación minera en los páramos. El país. 11 de Febrero de 2016
(4) El Gran Libro de los Páramos. Instituto Alexander Von Humboldt. 2011
(5) Áreas de páramos afectados por cultivos y cría de ganado. La Opinión. 12 de febrero de 2016