La Audiencia Ambiental del Sur muestra la injusticia social y ambiental que sufren tres millones de personas en Bogotá

Ocho organizaciones ambientalistas, juveniles y de derechos humanos convocaron el domingo 12 de junio la Audiencia Ambiental Popular del Sur de Bogotá. El propósito de la misma, según sus organizadores, era evidenciar la situación de injusticia social y ambiental que vive este amplio territorio de la ciudad que alberga más de tres millones de habitantes.

A pesar de la seriedad de los temas a tratar, el ambiente fue festivo y los olores y colores de una feria se combinaron con la música, los malabares y pequeños actos de teatro realizados por sus jóvenes participantes.

Al momento de analizar los problemas varias jóvenes y algunos muchachos tomaron la palabra y señalaron con claridad que el sur de Bogotá soporta una gran carga ambiental ya que «es en el sur donde se botan las basuras, de donde se extraen los materiales de construcción, se extrae el agua y ahora se pretende que vivan más de 250.000 personas más en condiciones poco dignas».

Juana Godoy, una de las organizadoras, expresó que el enfoque de la justicia ambiental «busca develar situaciones que se presentan como naturales, pero que obedecen a intereses de los dueños del capital, los cuales imponen un modelo de ciudad». De igual forma, expresó que con el sur de Bogotá, la ciudad tiene una inmensa deuda social y ambiental que «sólo se podrá pagar si se cambia el enfoque de desarrollo y se asume a las personas como sujetos de derechos».

Las consignas se agitaron durante varios segundos y la gente elevaba su voz para hacerse escuchar: «¡Párese duro por el territorio! ¡Párese duro por la calidad de vida en el sur!». De forma simultánea se empezó a distribuir tinto y agua de panela con papayuela que calentaron el frío auditorio del Colegio Paulo Freire, lugar donde se realizó la audiencia en la localidad de Usme.

Así fueron pasando los voceros de las organizaciones convocantes aportando nuevos elementos de análisis de la injusticia ambiental y social que vive el sur, al tiempo que funcionarios de algunas instituciones distritales y nacionales escuchaban expectantes esperando el momento en que tendrían que responder las preguntas y debates planteados por las organizaciones sociales.

Entre los datos importantes que se aportaron vale la pena destacar lo expresado por Diego García que señaló que los planes existentes hacia Usme llevarán a ese territorio a su total urbanización y comparó la situación de la localidad y de la cuenca del río Tunjuelo como un burro al cual se le recarga y se le exige sin ningún tipo de equilibrio y compensación: «Esto lo saben los campesinos —dijo— que al cargar el animal hay que saber lo que puede soportar y que no se le pueden echar cargas de un solo lado».

Otros voceros y voceras hablaron de la importancia de la ruralidad en el sur como abastecedora de alimentos y de agua y denunciaron la llamada “Operación Nuevo Usme” que busca imponer un ambicioso plan de vivienda sin tener en cuenta los límites ambientales ni la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, demandaron la suspensión definitiva de la explotación minera a cielo abierto por parte de las empresas Holcim, Cemex y Fundación San Antonio, empresas acusadas de modificar el lecho del río Tunjuelo, disminuir su cauce y afectar sus acuíferos y aguas subterráneas. Finalmente exigieron el cierre del botadero de basuras de Doña Juana por ser causante de graves enfermedades y deterioro de la calidad de vida de miles de personas.

Durante un breve receso se hizo un homenaje a Sandra Viviana Cuellar, joven ambientalista desaparecida desde febrero de este año en la ciudad de Cali (Valle de Cauca), se proyectaron fotografías suyas y se escuchó un rap creado para animar su búsqueda.

Ausencia institucional

Los funcionarios que asistieron no lograron dar respuestas concretas a las demandas de las organizaciones comunitarias. En general todos argumentaron falta de competencia para los temas planteados o bien se escudaron en la existencia de un entramado institucional «donde todo ya está dicho», remitiendo a las comunidades a otras instancias o a esperar nuevas piezas jurídicas y legislativas.

A la poca capacidad de los funcionarios enviados a la Audiencia para tomar decisiones, se agregó entonces un discurso ambiguo y lleno de excusas por no poder responder las preguntas. La representante de la Secretaría de Hacienda dijo que su dependencia se dedicaba sólo a distribuir las partidas de acuerdo a los proyectos inscritos, el de la empresa del Acueducto leyó comentarios generales sobre los distintos departamentos y las funciones que cumplen y los de Ingeominas se limitaron a decir que han vigilado que la normatividad para la explotación minera se cumpla, excluyéndose de opinar sobre temas tan importantes como la responsabilidad social, ambiental y civil de la expresas implicadas.

Como se ha visto en otros espacios como estos, las instituciones gubernamentales llegan sin preparación, con poca documentación y con una actitud esquiva que no ayuda a profundizar en los problemas. 

«Se seguirá en la brega»

Ya rondando las dos de la tarde y con un auditorio a medio llenar, se leyó la declaración de la Audiencia y se dejó abierto el debate, el cual las organizaciones y comunidades aseguraron que seguirán profundizando. La veeduría de la Audiencia por parte de Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, alentó a hacer mayores esfuerzos de articulación para la lucha y por la justicia ambiental. En los pasillos varios jóvenes coincidieron en afirmar que este fue sólo un paso y que «se seguirá en la brega» ya que «la lucha por la dignidad no empieza ni termina aquí». Y así, mientras un grupo de jóvenes se congregaban alrededor de un improvisado rap, las gentes se dispersaron por los barrios de este sur con la esperanza en los ojos de que se ha dado un pequeño paso por hacerse ver y sentir y que ese «¡Párese duro!» apenas comienza.

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