El macroproyecto Aeropuerto el Dorado y sus impactos en la comunidad
Todos los sectores poblacionales que rodean el Aeropuerto Internacional El Dorado son espacios comunitarios construidos por los diferentes grupos sociales que se han desarrollado a través del tiempo siguiendo sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades. Por ello, para sus habitantes, este territorio significa mucho más que un espacio físico disponible para cualquier clase de construcciones o megaproyectos.
Cualquier transformación impuesta sobre el territorio habitado por estas comunidades implica afectar su contorno urbano, social, económico y de convivencia. Tal es el caso del Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado, que forma parte de los procesos de ordenamiento económico de la ciudad. Esta es una propuesta de privatización de la infraestructura vial estratégica para la nación por la vía de modernización de infraestructura en concesión. Bajo esta modalidad el concesionario paga a la nación un canon fijo anual de sus ganancias, independientemente de la actividad aeroportuaria, en tanto que los aumentos en los ingresos por cuenta del comercio, o los derivados del aumento del tráfico aéreo no serían objeto de ganancia por parte de la autoridad estatal, sino de estos entes privados.
Según dicho proyecto, las localidades aledañas al aeropuerto contarán con áreas de renovación urbana y cambios de uso del suelo -de residencial a comercial e industrial- para construir allí bodegas y talleres que prestarán servicios al aeropuerto. Sin embargo, los propietarios de los predios ubicados en estas zonas pagarán la altísima valorización que se les impone, beneficiándose finalmente las grandes empresas que compran a muy bajos precios estas propiedades, lo que a todas luces resulta injusto, por cuanto serán estos mismos contribuyentes quienes sean desplazados de su territorio por razones de “mejoramiento para la ciudad”.
El Macroproyecto Urbano-regional del Aeropuerto (MURA), con la formulación de diferentes fases de construcción y desarrollo, presenta nuevas obras de ingeniería para su expansión, además de la construcción de nuevas pistas y en general de una novedosa infraestructura, que van a impactar de distintas formas la zona circunvecina; su implementación genera desplazamiento de la población, tránsito de carga pesada por vías aledañas, impacto ambiental de distinto tipo (ruido, residuos sólidos, aguas residuales, daño a los humedales) entre otras, lo cual exige que los pobladores tengan claro conocimiento previo de las mismas, así como espacios y mecanismos locales de organización, que les permita emprender acciones para la defensa de sus derechos, en distintos momentos de debate y capacitación, como es la Mesa aeroportuaria.
Es claro que las obras de desarrollo de cualquier ciudad devienen en una transformación del territorio y por ende en una afectación de las comunidades que las habitan por ser éstas las que concretan sus derechos en titularidades, patrimonios, acceso a oportunidades y en la garantía de una vida digna y saludable en sus barrios o localidades. De esta manera, no se trata solo de adelantar planes o proyectos de gran envergadura que se dediquen con exclusividad a embellecer la ciudad, acrecentar capitales o a integrar a Bogotá en proyectos regionales de carácter internacional; se trata de consolidar territorios aeroportuarios incluyentes, que tengan en cuenta los procesos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos del entorno, comprometidos con la construcción social de los mismos, en un modelo sustentable y sostenible.
Es inadmisible para las comunidades que han desarrollado sus relaciones sociales, familiares y demás en estos territorios, que se dediquen exclusivamente a producir materias primas, bienes y servicios, si no existen unas condiciones de vida digna para sus pobladores, una especial atención al medio ambiente, así como la inclusión de las aspiraciones de sus habitantes respecto de lo que quieren hacer del territorio que han construido a través del tiempo con mucho esfuerzo. La Mesa Aeroportuaria ha identificado aspectos importantes en los cuales se ha iniciado la discusión para lograr construir propuestas que a diferencia de las que plantea el sector privado y el Estado, pueda lograr un mejor estar para las comunidades.
En lo relativo al componente económico, los diferentes documentos técnicos de soporte plantean la necesidad de “la conformación de una gran plataforma para la exportación, aprovechando la ubicación del aeropuerto el Dorado, que agrupe actividades del sector terciario y secundario con capacidad de insertarse de manera competitiva en el merca do mundial; con una infraestructura moderna, usos del suelo para actividades especializadas, sistema de movilidad y transporte e incentivos que permitan a las industrias, empresas y comercializadoras reducir los costos de producción, comercialización, optimizar los flujos de mercancías y logística, para poder llegar con mejores precios y calidad al mercado internacional”.
Esta visión, centrada en el desarrollo económico, se basa en la premisa de que éste trae consigo procesos de filtración de bienestar y externalidades positivas para la población. Aún así, esta teoría no se ha comprobado en la práctica sin la decisiva regulación por parte del Estado y la comunidad.
Ante tales propuestas, los habitantes se plantean muchos interrogantes:
¿De qué manera el desarrollo del Macroproyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad?
¿Contribuye el Macro-proyecto a disminuir las asimetrías existentes en términos de segregación espacial, localización de actividades económicas, o por el contrario las profundiza?
Estas y muchas otras preguntas han comenzado a discutirse con los habitantes, con miras a la construcción de una propuesta coherente, que parta de las comunidades y tenga como destino el interés de las mismas.