Equipo Cedins – BioRegión
“Quiero solamente exhortar a los estudiantes a que ellos tomen contacto con las auténticas fuentes de información para determinar cuál es el momento, cuál es su responsabilidad, y cuál tendrá que ser en consecuencia la respuesta necesaria” (Camilo Torres Restrepo, 1965)
El movimiento estudiantil colombiano se remonta a los inicios del siglo XX y, desde entonces, ha estado presente en múltiples movimientos políticos de la nación. Ha sido un espacio de encuentro de mayorías principalmente juveniles que, al tener el acceso al conocimiento, han cuestionado las hegemonías y, debido a sus orígenes sociales, se han vinculado a las luchas populares. Tanto colegios como universidades han sido centros de debate y organización política al comprender la necesidad de transformar las condiciones del pueblo colombiano.
Para las primeras décadas del siglo XX, se dieron encuentros estudiantiles que, luego de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, se oponían al silencio colonial de las aulas y a la reproducción del pensamiento conservador y eurocéntrico en los claustros. En esta época propusieron la autonomía, la libertad de cátedra, la diversidad del pensamiento, la educación como derecho y, por lo tanto, su gratuidad y la participación estudiantil en la dirección de las instituciones. El nacimiento de las primeras federaciones estudiantiles y la realización de varios congresos nacionales llevaron a figuras liberales a desafiar la hegemonía conservadora que gobernaba el país. En varias declaratorias, el movimiento respondió a la represión y a las imposiciones clericales con una posición beligerante que levantaba las banderas del laicisimo y la autonomía, incluso declararon el derecho sagrado a la insurrección en 1924 durante el Congreso de Ibagué.
Ya para finalizar la segunda década del siglo, en 1929, las mujeres se organizaban por el derecho a educarse en las universidades y, además, se crea la Asociación Nacional de Estudiantes, la cual salió a las calles a movilizarse en contra de la corrupción estatal y fue fuertemente reprimida por la Policía Nacional que, el 8 de junio, asesinó al estudiante Gonzalo Bravo Pérez de la Universidad Nacional. La fuerza pública de la época no solo atacó las marchas estudiantiles, sino que fue la misma que perpetró la Masacre de las Bananeras y reprimió las nacientes luchas obreras.
Para 1930, llega al gobierno el liberalismo y se fundan movimientos políticos de izquierda como el Partido Comunista que cuenta con la Liga de la Juventud Comunista Colombiana con influencia en claustros universitarios. A pesar de las promesas de este nuevo gobierno y de la ampliación de la Universidad Nacional, no se solucionan las exigencias del movimiento estudiantil en torno a la alfabetización, la secularización y la organización del sistema educativo. Por lo tanto, en 1938, se declara la huelga desde los estudiantes de educación básica y, luego, se unen los estudiantes universitarios; se exigía rebaja en las matrículas, creación del servicio de salud, libertad de cátedra, transporte escolar, restaurantes y librerías con precios bajos (Moreno-Martínez, 2009).
En 1948, en pleno Bogotazo, los estudiantes secundarios y universitarios se unieron de forma espontánea a las protestas que se dieron en el país. La radicalización de muchos jóvenes llevó a su participación en movimientos insurgentes, principalmente, liberales. En las universidades públicas se enfrentaba el retorno del conservadurismo con discursos revolucionarios que fueron señalados por la Iglesia y el gobierno conservador.
Con el ascenso de la dictadura militar de Rojas Pinilla, los estudiantes universitarios convocaron a protestas el 8 de junio de 1954, las cuales no solo fueron fuertemente reprimidas, sino que dejaron como saldo el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo al interior de la Universidad Nacional. Al convocar nuevamente movilizaciones en rechazo a este asesinato, los estudiantes se encontraron con una violenta respuesta del Batallón Colombia que masacró a 13 estudiantes en el centro de Bogotá el 9 de junio. Ante esta arremetida, la respuesta fue la creación de la Federación de Estudiantes Colombianos, de corte liberal, que asumió una voz de crítica que articuló el descontento civil y, por ende, fue un actor clave en la lucha contra la dictadura.
El movimiento estudiantil de mediados del siglo ya no solo luchaba por reformas educativas, sino que eran parte clave de la resistencia civil en contra del autoritarismo estatal. Ante esto, se criminalizó a los estudiantes y se los catalogó como amenaza insurgente. Con este panorama y ante una América Latina donde triunfaban las revoluciones como la Revolución Cubana de 1959, se crean nuevas agrupaciones como el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino MOEC-7 de enero, donde se marcaba el vínculo necesario entre la clase popular y los estudiantes.
La diversificación de la educación secundaria con la creación de los Institutos Nacionales de Educación Media (INEM) posibilitó un desarrollo de nuevas ideas y de pensamientos críticos desde estos claustros, la llegada de muchas mujeres a estos espacios abrió el camino para su participación en la sociedad y en la política y rompió con la educación colonial y eclesial que muchas de ellas continuaban recibiendo en las instituciones femeninas dirigidas por comunidades católicas. Las universidades vivían el auge de los movimientos y de nuevas tendencias que venían de diversos lugares del mundo, entre ellos Cuba, Nicaragua, la URSS y China. Para 1963, se consolida la Federación Universitaria Nacional (FUN) donde se buscaba que los universitarios tuvieran injerencia política y fueran actores revolucionarios con impacto más allá de las aulas. La vinculación de miles de estudiantes a movimientos barriales y comunitarios mantenía un vínculo estrecho entre las instituciones educativas y los barrios y veredas. No obstante, la represión estatal continuaba con los allanamientos a los campus, el ingreso del Ejército Nacional a las universidades y una violenta respuesta a las movilizaciones. Las condiciones económicas y sociales del país después de las guerras bipartidistas eran críticas y se unían a una economía global marcada por la Guerra Fría. La desigualdad se acrecentaba en tanto miles de desplazados llegaban a las zonas periféricas de las ciudades y se engrosaban los cordones de miseria.
En 1966, la muerte del sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien había sido párroco de la Universidad Nacional y fundador de la Facultad de Sociología, impactó en el movimiento estudiantil, quienes vieron en él un ejemplo del compromiso de vida y lucha revolucionaria. Ante la radicalización del movimiento estudiantil, el gobierno respondió con la declaración de ilegalidad de la FUN y la persecución a los estudiantes críticos.
En febrero de 1971, en la Universidad del Valle, se convocó a la movilización por la autonomía universitaria y por una biblioteca donde hubiera bibliografía en español, dado que las donaciones extranjeras llegaban en inglés y no constituían material de consulta real para los estudiantes. La marcha fue reprimida y hubo decenas de heridos y varios estudiantes asesinados. Las demás universidades del país se solidarizaron y realizaron un encuentro nacional en marzo donde propusieron el Programa Mínimo. El movimiento estudiantil de la época con un claro carácter clasista buscaba el fortalecimiento del sistema educativo nacional y la llegada de la educación a todas las regiones del país. El gobierno del Frente Nacional respondió violentamente y persiguió al movimiento.
Para los años 80, con la arremetida del paramilitarismo, el narcotráfico y la represión sistemática del Estado, el movimiento estudiantil transitó de las exigencias revolucionarias hacia la resistencia pragmática, redefiniendo sus banderas en torno a los Derechos Humanos, la financiación estatal y la protección de la vida y la integridad física de los estudiantes. En 1983 son asesinados y desaparecidos varios estudiantes de las universidades Nacional y Distrital en Bogotá, entre ellos los Hermanos Sanjuán y el año siguiente, el 16 de mayo, fuerzas de seguridad y policial del estado ingresarán a la Universidad Nacional asesinando a varios estudiantes y deteniendo arbitrariamente a más de 100 personas.
Hacia 1987 hay un reimpulso del movimiento estudiantil, en el marco de las convergencias sociales y políticas de ese tiempo, y se realiza el Encuentro Nacional Estudiantil Chucho Peña.
El asedio violento generado por la exacerbación de la doctrina del Enemigo Interno obligó al movimiento a reorganizarse y miles de estudiantes tuvieron que recurrir al exilio o a la clandestinidad. Ya en 1990, la crisis se reflejó en la institucionalización del movimiento estudiantil que se unió a los reclamos por la reforma y la Séptima Papeleta que llevó a la Asamblea Constituyente. Lo anterior se reflejó en el nuevo marco legal (Ley 30 de 1992) y la imposición de la lógica del mercado en la educación. La desfinanciación de las universidades públicas, la tecnificación de los sujetos y la formación de mano de obra para el mercado internacional remplazaron al pensamiento crítico y a la formación de ciudadanía. El aumento de instituciones privadas en la educación básica y universitaria fortaleció el modelo de negocio y las escuelas públicas desfinanciadas desmejoraron en su calidad, empezando por la educación básica y media.
El auge del paramilitarismo en los años 90 y su fortalecimiento durante los años 2000 llevaron a acrecentar la crisis del movimiento estudiantil que vivió el asesinato de muchos de sus liderazgos y la persecución y criminalización de otros de sus miembros. El encarcelamiento de estudiantes aumentó tanto como el exilio y llevó a una ruptura histórica en el movimiento que buscó resistir a la primera década del siglo XXI.
Para el año 2011, una nueva lucha de los estudiantes en contra de la Reforma a la Ley 30 llevó a la consolidación del movimiento nacional, a masivas movilizaciones y a la organización en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes MANE, la cual si bien logró el archivo del proyecto de ley no pudo elaborar una propuesta propia y terminó en la desarticulación ocasionada por débiles liderazgos y una ruptura con las bases estudiantiles.
Para el año 2018, una nueva organización nacional, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior- UNEES, sale a las calles en la lucha por la financiación de la educación superior pública y se llevan a cabo múltiples encuentros nacionales donde se discuten las necesidades de las instituciones de educación superior. En este momento, los estudiantes de secundaria se encuentran aislados del movimiento estudiantil y no se logra la articulación ni integración de este nivel a las nuevas luchas, existe una crisis política y social que convierte a los estudiantes de bachillerato y media en sujetos acríticos y sin organizaciones que les permita cuestionar sus condiciones actuales.
Finalmente, desde el 2019 el movimiento estudiantil de manera espontánea sale a las calles y se une a las movilizaciones populares que confluyen en el Estallido Social del 2021, en el marco del cual los estudiantes de educación superior luchan por la matrícula cero como política que posibilite el acceso de las clases populares a las instituciones y que aporte como medida de apoyo a las familias en el marco de la pandemia internacional del Covid-19. A pesar de la represión estatal, miles de estudiantes se articulan a los movimientos barriales del Paro Nacional del 2021 y se unen a las comunidades que exigen condiciones de vida digna. No obstante, al momento de retornar a las aulas de forma presencial, se evidencia una nueva ruptura del movimiento estudiantil, el cual se muestra desarticulado, desorganizado y con múltiples dificultades para retomar dinámicas propias.
Ante esta situación y frente al actual avance de la ultraderecha en el país, es necesario que los estudiantes de los diversos niveles educativos se organicen y se articulen para hacerle frente a políticas que les arrebatan los derechos conquistados durante más de un siglo de luchas y protestas. El acceso al conocimiento y a la formación como sujetos críticos no debe enfocarse en el ascenso social y económico, sino que debería posibilitar una transformación social donde la educación fuera un derecho básico para toda la población y no un privilegio para unos cuantos.
