Por: Natalia Duque*
En el marco del estado de conmoción del Catatumbo, el Gobierno dispuso 330 mil millones de pesos para la erradicación de la coca en esta región. La propuesta no recoge los aprendizajes de anteriores programas y se suma a otras políticas de sustitución y erradicación dispersas entre sí.
“Parece todo lo mismo”, es la expresión de una lideresa del Catatumbo luego de conocer la propuesta de sustitución de cultivos que socializó el Gobierno el 14 de febrero a través de un decreto “excepcional”. Este decreto hace parte de la serie expedida en el marco del estado de conmoción que inició el 24 de enero de este año, luego de que se agudizaran los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc en esta región.
La Dirección de Sustitución de Cultivos, liderada por Gloria Miranda, explicó en el segundo consejo de ministros televisado, que acabar con la economía de la coca en el Catatumbo sería una prioridad para transitar hacia la paz. Pero, para los campesinos de esa región, ese discurso es vacío y repetido.
Durante el primer año de Gobierno de Gustavo Petro, el Catatumbo fue el laboratorio perfecto para proyectar sus políticas de paz. Una región estigmatizada que se ha convertido también en un importante enclave cocalero en donde está Tibú, el municipio con mayor concentración de estos cultivos en el país (22 mil hectáreas).
De hecho, en diciembre de 2022 se realizó la primera asamblea cocalera en El Tarra, el corazón del Catatumbo. Allí las organizaciones campesinas expresaron su preocupación frente a un programa de erradicación (PNIS) que no funcionó e informaron sobre la recién llegada hambruna que se estaba expandiendo por cuenta de la crisis de la coca. Esta fue la primera región del país donde dejaron de comprar coca, a mediados del 2022.
“Pareciera como si nada de eso hubiera pasado”, cuenta la misma lideresa cuya identidad prefiere mantener anónima. Su frustración se debe a que, a pesar de que este Gobierno ha tenido un diagnóstico que incluso ha sido facilitado por las organizaciones campesinas, no lo ha tenido en cuenta. Esto se evidencia en la propuesta de RenHacemos Catatumbo, el programa de sustitución que presentó Miranda en febrero.
La propuesta tiene dos líneas. La primera corresponde a un pago de un salario mínimo durante doce meses, “el cual estará condicionado a la eliminación de raíz de los cultivos de uso ilícito”, aseguró la directora. La segunda es el establecimiento de una línea productiva, es decir, de un proyecto que debería garantizar la estabilización de otra actividad productiva lícita como el cultivo de caña, cacao, café, yuca, maíz, aguacate o piscicultura.
De entrada, parece un dejavú. El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos (PNIS) que inició en 2017 y que no cumplió su propósito de cambiar la economía de las 99 mil familias que se inscribieron, tenía una proyección de ejecución similar: pagos mensuales por erradicación, un proyecto de ciclo corto y otro de ciclo largo. Las fallas de este programa están sobrediagnósticadas, pues distintos centros académicos como el Cesed de la Universidad de los Andes han evaluado los resultados y hecho recomendaciones para futuros iniciativas que pretendan sustituir la economía de la coca.
Lo cierto es que el programa RenHacemos es una propuesta muy parecida al PNIS. Algo importante es que no acata la gradualidad, unas de las principales críticas que tanto comunidades cocaleras como academia le hicieron a este último, sino que se guía por una visión tradicional que condiciona los pagos para la supervivencia de las familias a la erradicación total e inmediata de la coca.
De hecho, hay un enredo institucional, pues la convocatoria para las familias en el Catatumbo está abierta hasta el 30 de abril, según la página habilitada para inscripciones, pero en los términos de referencia aparece como requisito para la postulación la eliminación de “la totalidad del área de los cultivos de uso ilícito en los predios inscritos” una vez finalizado el estado de conmoción interior; es decir, el 24 de abril.
En ese caso, ¿habría familias que tendrían que erradicar los cultivos, su único sustento, sin la garantía de ser después aceptadas en el programa? Aún para las que se inscribieron con anticipación, desde el 13 de febrero que empezó la primera fecha de apertura de la convocatoria, habrían tenido que arrancar las matas en tiempo récord (un mes y medio) y en pleno contexto de militarización y enfrentamientos para cumplir con el requisito.
Por otro lado, la misma página de la Dirección de Sustitución, tiene otra opción de inscripción para Argelia (Cauca), el otro laboratorio de experimentación de la política de drogas que ha tenido este Gobierno. Aquí la propuesta inicial, que muy seguramente respondió a una improvisación por parte del Gobierno, fue comprar directamente la coca a los campesinos.
Aunque la compra estatal de la coca ha funcionado en otros países como Bolivia, Colombia tiene un contexto radicalmente distinto y el presidente Petro, el mismo que anunció esta idea, no aportó más claridades: ¿Qué haría el Estado con la coca comprada? ¿Quién la procesaría? ¿Cómo se comercializarían los productos derivados?
Las propuestas desarticuladas del Catatumbo y el Cañón del Micay en Argelia son la evidencia de un gobierno que ha sido incapaz de poner en marcha una política de drogas integral a partir de los insumos que recogió en las asambleas cocaleras en El Tarra y en el Pacífico.
Y aunque este Gobierno destaca como logro un mejor desempeño en la interdicción, el aumento de los cultivos de coca a 253 mil hectáreas, según el último informe de la UNODC, podría traer consecuencias para Colombia en términos de apoyo estadounidense. De hecho, el informe de la Estrategia Internacional para el control de Estupefacientes, publicado por el Departamento de Estado de ese país, insta a un mayor compromiso del Gobierno colombiano para disminuir los cultivos.
Como en Colombia la guerra contra las drogas se ha mantenido bajo los criterios de dependencia con Estados Unidos, incluso durante este Gobierno, esta crítica podría traer consigo la descertificación; es decir, una disminución significativa de los recursos estadounidenses que ingresan al país. Para evitar este escenario, parece que se plantean las propuestas de sustitución apresuradas y poco sustentadas como la del Catatumbo y Argelia.
Analistas como María Alejandra Vélez, ex directora del Cesed, han mencionado que este tipo de políticas que priorizan unas regiones y otras no (en el caso de RenHacemos son cuatro municipios del Catatumbo -Sardinata, Tibú, El Tarra y Convención- y uno en el Cauca), podrían desencadenar un efecto globo, que es el desplazamiento de cultivos hacia otros lugares no priorizados.
“La paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de coca de erradicar el cultivo”, dijo Petro en su segundo consejo de ministros televisado. Y aunque sí es necesario priorizar la evaluación del papel que ha tenido la economía de las drogas en los conflictos y la perpetuación de la desigualdad, también se hace urgente aprender de lo que no ha funcionado y escuchar lo que la academia y las mismas comunidades ya le han dicho.
La paz con fumigación y erradicación no es posible, pero tampoco lo es con una miscelánea de propuestas que no se articulan entre sí, descontextualizadas y que siguen priorizando la reducción de oferta de la materia prima, pero desconociendo las condiciones estructurales que hacen que la gente en el campo siga sembrando coca.
*Periodista con enfoque en política de drogas, candidata a magíster en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia.
