Coyuntura (agosto – octubre de 2023) La Amazonía sin rumbo y bajo fuego
Ecos de la Cumbre de presidentes
Por Santiago Salinas y Mateo Córdoba
La Amazonía es la piedra angular de la vida en América Latina. Su importancia ecológica podría valorarse en términos de disponibilidad de agua, servicios forestales de captura de carbono, riqueza de especies de flora y fauna, ser el hogar de diversos pueblos indígenas cuya existencia está directamente relacionada con el equilibrio ecológico y los ciclos biológicos de la selva, entre otros. Eje de la vida y epicentro de conflictos asociados a modelos de desarrollo y economías legales e ilegales cuya renta está en la depredación de áreas de alto valor ambiental.
La deforestación es una herida abierta en el corazón del Amazonas. En las últimas dos décadas Latinoamérica perdió 55 millones de hectáreas de bosques, según los últimos informes (Silveira et al., 2022). Buena parte de esas hectáreas hoy son pastos para ganadería, monocultivos o algún borde urbano que nunca estuvo planeado. Se menciona mucho al Amazonas, y llueven recursos para su protección, pero, por desgracia, pasaron algunos gobiernos que se sentaron a ver como la selva ardía, después de encender el fuego, entre los cuales se incluye Jair Bolsonaro en Brasil, Guillermo Lasso en Ecuador e Iván Duque en Colombia.
Como es sabido, las fronteras nacionales nunca se han trazado en virtud de la conectividad entre los ecosistemas sino que, al contrario, ha parcelado regiones ambientales cuya conservación ha quedado a la deriva de la voluntad propia de cada gobierno a un lado de la frontera. Para este caso, son ocho (8) países involucrados territorialmente con el rosario de ecosistemas amazónicos y que, al compartir una estructura ecológica de tal magnitud, dependen entre sí de la voluntad de cada uno para conservar la diversidad biológica y cultural que inunda a esta región.[1] Con este panorama, en los años setenta se perfiló una instancia de cooperación en la cual trazar una ruta común entre estos países reconociendo que las escalas nacionales de las políticas ambientales era insuficiente para atender las amenazas a las que se enfrenta el Amazonas, y a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) se inició un camino que, después de más de cuarenta años, sigue inconcluso.
En agosto del 2023 se volvió a reunir, después de 14 años, la Cumbre de presidentes del OTCA en donde una vez más ha quedado sin respuesta la incógnita sobre la posibilidad de compartir un diagnóstico y un plan para el Amazonas entre gobiernos populares –como Lula en Brasil, Arce en Bolivia o Petro en Colombia– y gobiernos neoliberales –como Lasso en Ecuador o Boluarte en Perú–. Eso quizás se explique por la representación que cada gobierno hace del bioma amazónico. Para un gobierno como el de Bolsonaro, el Amazonas brasilero era la fuente de recursos maderables más grande del mundo y eso definió su gestión (Deutsch & Fletcher, 2022). En contraste, para un gobierno como el de Evo Morales, este era territorio indígena y pulmón del mundo (Gautreau & Bruslé, 2019). Y, en sintonía con cada una de esas nociones, el Amazonas sigue sin tener una hoja de ruta común e integral. Con el triunfo de Lula en Brasil y Petro en Colombia se abre una vez más la puerta a un modelo de gestión ambiental conjunto para el Amazonas, pero también la posibilidad de un nuevo fallido intento ante el saboteo de las mafias regionales, los intereses privados, los gobiernos negacionistas del cambio climático y la intromisión de Estados Unidos.
Mapa político
La correlación política de fuerzas en el Amazonas nos pone ante un panorama retador. Sin profundizar demasiado en las características propias de cada gobierno, podríamos decir que la ecuación es la siguiente:
Guyana tiene un gobierno considerado de centro-izquierda liderado por el presidente Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo Cívico (PPPC). Surinam es gobernado por el liberal Chan Santokhi, cuyo partido, el Partido de la Reforma Progresista (VHP) se ha declarado defensor de los intereses específicos de la población de origen indio en el país. Brasil se encuentra en un nuevo gobierno de Lula Da Silva que da muestras de renovación en su discurso frente a los conflictos del mundo, pero que a la vez se muestra tolerante con las mega inversiones capitalistas en el país. El gobierno en Bolivia lo lidera Luis Arce tras la retomar la senda democrática luego del golpe de la derecha boliviana que resultaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. Arce y morales integran el partido ‘Movimiento al Socialismo’ (MAS), aunque recientemente se ha presentado una fractura entre ambos liderazgos.
Ecuador eligió recientemente a Daniel Noboa como presidente para terminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Heredero de una de las familias más ricas de Ecuador y líder del naciente partido neoliberal Acción Democrática Nacional. En Perú la situación es crítica ante la traición de la presidente Dina Boluarte al programa de gobierno con que ganó siendo la fórmula vicepresidencial de Pedro Castillo. Boluarte ha confeccionado un gobierno represor y neoliberal de la mano con la vieja clase política del Perú. En Venezuela el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro cuenta con una estabilidad relativa y se enfrenta a un proceso electoral programado para el 2024. Y finalmente, en Colombia avanza un gobierno progresista liderado por un Gustavo Petro reforzado en la gramática ecologista.
En resumen, ocho países, cinco gobiernos progresistas, tres gobiernos reaccionarios, y una tensión sobre el lugar que tienen los ecosistemas y los pueblos amazónicos en la integración regional. Sin embargo, a la luz de la historia, la fórmula no ha sido tan sencilla como que los gobiernos de la derecha han depredado al Amazonas mientras los gobiernos progresistas lo han restaurado. El caso más destacado fue la actitud que tuvo el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador, liderado por Rafael Correa, frente a la selva amazónica y los movimientos ecologistas que se movilizaban por su protección. A pesar de haber declarado una intención concreta de mantener la integridad de los ecosistemas en el Parque Nacional Yasuní, Correa terminó cediendo a la tentación de extraer petróleo en el corazón de la selva, desatando no sólo una guerra entre comunidades indígenas, sino traicionando claramente los mandatos que su propio gobierno elevó a nivel constitucional en materia de derechos de la naturaleza y el Buen Vivir.
Una correlación de fuerzas de mayoría progresista es útil para el Amazonas y el éxito de la OTCA. Sin embargo, hasta ahora esa correlación no se ha traducido en un modelo regional de gestión ambiental. Esto, entre otras, por la fuerte influencia que ejercen actores como el Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que sigue pretendiendo conducir las políticas ambientales en el Amazonas bajo una aparente cooperación militar que, en todo caso, siempre ha operado en detrimento de la soberanía de los países latinoamericanos y los ecosistemas. A esto le sumamos la política contradictoria de brazos abiertos que líderes como Gustavo Petro han puesto en marcha al invitar a U.S.A a conformar una ‘Fuerza Militar Especial para el Amazonas’, aun cuando el Comando Sur ha declarado sin tapujos que su interés en el despliegue militar en áreas de interés ambiental en Latinoamérica corresponde estrictamente a los recursos que podrían alimentar la economía norteamericana como “el triángulo del litio, los recursos petroleros y el 31% del agua dulce del mundo”.[2]
Visiones encontradas
La cumbre de presidentes del OTCA concluyó sin una ruta común para el Amazonas, con la ausencia de los presidentes de Venezuela, Ecuador y Surinam. La mayoría progresista en la correlación de fuerzas para la región amazónica no se ha correspondido con una eventual coincidencia para enfrentar amenazas como la deforestación, el extractivismo legal, las economías ilegales o la pérdida acelerada de biodiversidad. Por ejemplo, mientras el gobierno de Gustavo Petro, en virtud de una mencionada lucha contra la deforestación, celebraba el aporte de USA a la militarización del Amazonas a través de una donación de helicópteros UH-60 para la policía de Colombia,[3] Luis Arce (presidente de Bolivia) durante la cumbre de Belem declaraba su explícito rechazo a la militarización imperialista de la región, cuya avanzada se presenta en formas de ONG con un aparente trabajo ambiental.
En materia de deforestación, ha sido imposible que la declaración de la Cumbre terminara en algo distinto a frases vagas, menciones inconexas al ‘desarrollo sostenible’ y la agenda 2030. No se ha pactado ninguna meta concreta para enfrentar este flagelo, con la particular prevención del gobierno boliviano que ha planteado su recelo para hablar de cero deforestación ante “las limitaciones para poder cumplirlas”. Por otro lado, respecto a la extracción minera y de hidrocarburos para el Amazonas, el gobierno de Gustavo Petro se ha quedado prácticamente solo en la idea de una moratoria regional, frente a las dudas de Brasil, Venezuela o Surinam, cuyas reservas petroleras y la búsqueda de nuevos yacimientos en los márgenes de la selva determinan la cautela con la que rehúyen a un acuerdo en este sentido.
Otro punto de desacuerdo, pero que ha quedado consignado en la declaración, ha sido en torno a la financiación del Norte global para un programa ambicioso de restauración amazónica. Al respecto Lula Da Silva ha sido insistente, incluso proponiendo la cifra de cien mil millones de dólares al año en cooperación ambiental para el Amazonas. Allí ha sido muy crítico Gustavo Petro aclarando que, a su juicio, “Pedir que nos den dinero no es suficiente. Esta es una forma retórica del Norte de decir que está haciendo algo. Si valoramos la Amazonía, vale mucho más. No es con un regalo del Norte que vamos a hacer esto”. Dina Boluarte, presidente de Perú, ha restringido sus intervenciones a proponer una estrategia transnacional de marketing entre todos los países para promover el desarrollo sostenible en el Amazonas.
Finalmente, la declaración que resultó de esta cumbre de presidentes ha terminado en fraseología ambiental y ninguna ruta concreta.[4] En el fondo, se trata de debates que, aunque tienen que ver con la correlación fuerzas regional, se explican más por la adhesión de la gran mayoría de gobierno progresistas y populares al consenso extractivista en América Latina. Y frente a ello, son los movimientos sociales los que siguen presionando para apurar el paso por el bien del Amazonas y sus pueblos indígenas. Muestra de ello fue su proactividad en grupos de trabajo y espacios de protesta justo en los días anteriores a una Cumbre de Presidentes del Tratado Amazónico, histórica en tanto hace 14 años no se daba, y que se ha quedado corta de visión, al menos por el momento.
[1] Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Surinam, Venezuela y Guayana.
[2] “Estados Unidos ni disimula sus intereses en América Latina”. Pagina 12. 23 de enero de 2023. Ver en: https://www.pagina12.com.ar/517903-litio-petroleo-y-agua-dulce-estados-unidos-ni-disimula-sus-i
[3] Ver en: https://x.com/LuisGMurillo/status/1718043950261358647?s=20
[4] Declaración Presidencial con ocasión de la Cumbre Amazónica – IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica. Ver en: https://petro.presidencia.gov.co/Documents/230809-Declaracion-Presidencial-con-ocasion-de-la-Cumbre-Amazonica.pdf
Referencias
Deutsch, S., & Fletcher, R. (2022). The ‘Bolsonaro bridge’: Violence, visibility, and the 2019 Amazon fires. Environmental Science & Policy, 132, 60-68. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.02.012
Gautreau, P., & Bruslé, L. P. (2019). Forest management in Bolivia under Evo Morales: The challenges of post-neoliberalism. Political Geography, 68, 110-121. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.12.003
Silveira, M. V. F., Silva-Junior, C. H. L., Anderson, L. O., & Aragão, L. E. O. C. (2022). Amazon fires in the 21st century: The year of 2020 in evidence. Global Ecology and Biogeography, 31(10), 2026-2040. https://doi.org/10.1111/geb.13577
