Criminalidad Empresa-Estado: alianza eficiente para el despojo en Colombia

Tal vez una de las ganancias de la prédica de los sectores de poder hegemonizado en Colombia al estimular una presión de odio contra el acuerdo de Paz alcanzado entre las FARC-EP y el Estado fue el de mover la voluntad de la población para votar el no al a paz en el referendo de octubre de 2016. El objetivo de fondo fue el de limitar el alcance de la verdad y la justicia, generando así un entorno protector para los empresarios, políticos, militares de alto nivel y a extranjeros responsables de despojo, violencia y dolor; proteger de fondo, un modelo económico de muerte (Mesa Duque & Insuasty Rodríguez, 2021) que hoy pervive y se expande.

Luego de la firma del acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado (2016) quedaron activos factores y actores reales de poder protegidos por la impunidad; factores y actores que poco a poco, desde su influencia en el ejecutivo, el legislativo, sectores del poder judicial, el poder militar y el control de los medios de comunicación masiva, aceitaron la maquinaria de guerra que hoy tiene sumido al país en una espiral de viejas y nuevas violencias en los territorios productivos y/o con promesa productiva.

Lo cierto es que el país aún no ha profundizado en una Verdad que toque a los grandes responsables, los peces gordos del mundo político, empresarial nacional e internacional (terceros civiles) responsables del reciclaje permanente de la guerra, esos que mantienen y se benefician del estatus quo y que ahora también enrutan baterías en contra de los intentos de avanzar en algunas reformas necesarias que, de manera insistente, promueve el Gobierno de Gustavo Petro; pequeños ajustes a una cerrada estructura normativa, institucional, cultural y hasta de creencias que les ha permitido, a un grupo muy reducido de personas, mantener sus elevados privilegios.

El libro: “Élites, poder y principios de dominación en Colombia (1991-2022): Orígenes, perfiles y recuento histórico”, concluye: “1281 personas que pertenecen a la élite colombiana, en las últimas tres décadas, el 0.02% de la población, han dirigido el rumbo del Estado y la Economía en Colombia” (Pearce & Velasco Montoya, 2023).

Ahora bien, las sentencias de Restitución de Tierras (entre otras) vienen dejando en evidencia un modus operandi que devela cómo élites locales, regionales, nacionales e internacionales han aumentados su poder y riqueza gracias a la guerra en tanto les ha permitido acumular tierra y capital, irrumpiendo en los territorios bajo discursos de progreso que, ante la resistencia de las comunidades, son impuestos por vía de la violencia.

Como prueba de ello, la Fundación Forjando Futuros (FFF) señala en un reciente informe (2023) que el total de fallos, en el marco de la Restitución de Tierras, en contra de empresas despojadoras desde 2012 es de 435 sentencias.

Haciendo seguimiento a los registros por año, el primer lugar lo ocupa el año 2018, en el que hubo 108 fallos y le sigue el año 2022 sumó un total de 72 fallos que obligan a las empresas a devolver tierras (Fundación Forjando Futuros, 2023). Una cifra que llega a constituirse en la segunda más alta de la historia desde la implementación de la Ley 1448 conocida como Ley de víctimas. Estos fallos obligan a empresas a restituir tierras y, específicamente para el año 2022, 15 empresas aparecieron por primera vez en el escenario, en el caso de entidades financieras que son obligados a cancelar títulos hipotecarios, cinco bancos que ya habían sido sancionados en años anteriores repiten y otros cinco bancos fueron obligados a cumplir con esta sanción.

Entre las entidades financieras que en el año 2022 fueron obligadas a cancelar títulos hipotecarios y que repiten condena, están:

Se resalta entre las empresas obligadas a restituir, se encuentran Agropecuaria Cuba S.A.S., Sociedad Pegados Restrepo y CIA S.C.A, Inversiones Silva Silva y CIA S.A.S., Inmobiliaria Santander, Agropecuaria Santander, Financiera Santander, Constructora Santander, Agropecuaria Cesar, Inmobiliaria Cordoba, Agropecuaria Bolívar, la Multinacional Drummond LTDA, Fondo Ganadero de Córdoba, Bananera la Florida, Todo Tiempo S.A.S., Inversiones JAIPERA.

En el caso de la poderosa y enlodada Multinacional del Carbón La Drummond, aparte de ser condenada a restituir tierras, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a las directivas de la empresa a rendir cuentas por el asesinato de tres importantes sindicalistas de Sintramienergética, entre ellos el caso de Gustavo Soler (presidente del sindicato en 2001) que según declaraciones de un Jefe Ex Paramilitar Jairo Jesús Charris, “los máximos responsables de estos crímenes señalan al presidente de la multinacional para la época, Augusto Jiménez Mejía, al dueño de Drummond Gary Drummond y al expresidente mundial Mike Tracy” (WRadio, 2023) .

Antes del año 2022 ya habían sido condenadas grandes empresas bananeras, la cementera Argos del poderoso Grupo Empresarial Antioqueño al igual que Bancolombia condenada a cancelar hipotecas, la sociedad Las Palmas LTDA, Palmas de Bajirá, Palmagan S.A. y las empresas mineras Continental Gold Limited y Anglo Gold Ashanti, entre otras (El Universal, 2016).

En cuanto a las víctimas, estas fueron en su gran mayoría campesinos que poseían predios con poca extensión de tierra. En cuanto a los victimarios, se registra que en el 75% de los casos fueron Grupos paramilitares, 15% Guerrilla y 6% por enfrentamientos.

Es de anotar que la Agencia de Restitución de Tierras (ART), entidad creada gracias a la ley de víctimas 1448 en el 2011 y que empezó a funcionar en el 2012, se propuso como su objetivo central restituir 300 mil predios, 10 años después (2023) solo ha cumplido un poco más de 4% de dicho objetivo (Fundación Forjando Futuros, 2023).

Los obstáculos para su real cumplimiento son múltiples, pero el central es la falta de una clara intención política por hacerla cumplir por parte de los gobiernos de turno y, por el contrario, se han ideado una serie de dispositivos administrativos y de trámites a los que se suman obstáculos judiciales para evitar a toda costa que la restitución sea efectiva. El gobierno actual de Gustavo Petro ha puesto su mirada en este asunto, tomando decisiones que poco a poco han permitido ir enfrentando y saldando obstáculos acumulados.

Ganadería, agroindustria, minería y sector financiero son señaladas de beneficiarse de la guerra en Colombia. Detrás se va delineando todo un entramado institucional en contubernio, puestos al servicio de este genocidio y despojo continuado: sectores de la justicia, militares, políticos; todo un entramado de Criminalidad-Empresa y Estado, una perversa alianza de altísimo impacto.

No obstante, la Verdad emerge lentamente. A nuestro entender, faltó contundencia en este sentido en el informe de la Comisión de la Verdad.

Hébert Veloza García, alias “H.H.”, líder paramilitar acogido a la Ley de Justicia y Paz y extraditado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, según el mismo HH, con el fin de esconder la Verdad, quien ahora de regreso a Colombia ya cumplida su condena en EEUU pide pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmando que aún queda mucha verdad por decir, esa que permitirá entender el regreso de la violencia armada territorial; afirma que este despojo fue posible gracias al apoyo de la Fuerza Pública, el Estado y los empresarios, y que para pasar la página todos los actores deben comparecer ante la justicia, grande personajes de la política y poderosos empresarios nacionales y extranjeros que aún hoy siguen activos en sus actividades económicas, pero también en sus alianzas macabras para evitar que la justicia real obre.

Algunas ideas a modo de conclusiones parciales.

Se evidencia todo un entramado criminal institucionalizado y protegido por el mismo Estado, una realidad que opera como motor que acelera el ritmo pendular de todo un modelo de copamiento y transformación territorial violenta en las regiones estratégicas con capacidad productiva.

Es esta, una lógica, dinámica y realidad que ahora se mueve en medio de un contexto de crisis global donde el modelo extractivo se profundiza, incluso, con discurso verde.

En el contexto de la Paz Total se deberá profundizar los procesos de justicia y verdad que permitan detener este constante giro pendular de una guerra que solo beneficia a pocas familias y grupos económicos.

El sector organizativo social, popular, étnico y la academia comprometida y militante, han de activar sus procesos de construcción de conocimiento, de formación, sensibilización en estos términos, develar, comunicar y profundizar en esa dinámica de una verdad liberadora, emancipadora, que permita comprender qué paso y por qué sigue pasando, para desactivar esos motores incasables que viven de reciclar las guerras para mantener sus privilegios.