#Coyuntura. Movimientos sociales: acción, atomización, autonomía, cooptación
Tercera y última parte del análisis de coyuntura II semestre de 2022, desarrollado por los equipos de Kavilando: Alfonso Insuasty Rodríguez, Eulalia Borja, Yani Vallejo Duque, Daniel Ruiz Bracamonte; Ciam: Brenda Milena Perdomo Rodríguez, David Felipe Céspedes Rodríguez; y Cedins: Luis Alfredo Burbano Narváez, Santiago Salinas Miranda
La pandemia del Covid-19 agudizó las condiciones adversas para los despojados del mundo y también profundizó la atomización de los movimientos sociales que, posteriormente al aislamiento, se configuraron mayoritariamente a través de las agendas de las llamadas nuevas subjetividades, aglutinadas alrededor de consignas liberales, lo que significa que las tendencias revolucionarias o radicales hoy son minoría dentro de los movimientos.
El papel de los movimientos sociales en dicha disputa, carece de un grado de organización que permita consolidar apuestas de largo aliento, no hay una articulación real y una organización fuerte que así lo permitan. El carácter desarticulado y atomizado del movimiento social no permite que, incluso con victorias electorales, las tensiones se nivelen en favor de las apuestas populares.
Las tensiones para el movimiento social ocurren en varios frentes. No se trata solo de la permanente tensión en la disputa institucional o la tensión al interior del movimiento social entre los diferentes sentidos y concepciones de los actores allí articulados, también pasa por enfrentar a los contradictores que avanzan rápidamente en agendas políticas para el desmonte de los derechos en toda escala.
Ejemplo de esta realidad es el retroceso en la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en materia del derecho al aborto que fue calificado por el movimiento feminista como un fallo de 3 a 6 líneas con un contenido puramente ideológico (Gordon, Hung, Greig y Pagliarini, 2022), significando una victoria real y narrativa para los antiderechos. Este episodio ocurre luego de una desgastante carrera electoral en la que Joe Biden salió victorioso, en gran medida, como parte del castigo a los antiderechos. A esa complejidad nos referimos.
Vale la pena mencionar que luchas históricas como las de los pueblos originarios y las naciones que se disputan proyectos propios (Palestina, Kurdistán, los saharauis, el pueblo armenio con sus particularidades) que aún resisten en sus territorios en guerras asimétricas impulsadas por distintos bandos de la hegemonía capitalista en disputa. Estas peleas de largo aliento son una expresión particular que tiene picos en la coyuntura, como ocurrió recientemente con el tema saharaui, a propósito del reconocimiento del gobierno español de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental.
La crisis climática también es un vector relevante que ha permitido aglutinar a movimientos sociales del mundo. Tal es el caso de las movilizaciones que han tenido lugar en Pakistán como resultado de lo que algunos medios y académicos han llamado “apartheid climático” pues es responsable de tan solo el 1% de la emisión de gases de efecto invernadero, pero ocupa el octavo lugar en riesgo climático (ALAI, 2022). Pakistán asiste a una ola de lluvias incontrolable, que sume a la nación en una hambruna que no parece tener solución en el corto plazo, pues sus campos están bajo el agua, cientos de personas han quedado sin hogar y muchas personas han muerto o desaparecido. Además, las presiones del Fondo Monetario Internacional para que el Estado asuma con austeridad el momento, han empujado a las fuerzas alternativas como el Partido Mazdoor Kisan a organizar las indignaciones para salir a las calles.
América Latina: Expectativa en medio de la crisis
Asistimos en Nuestra América a una nueva trayectoria del péndulo político. Venimos de un corto ciclo de gobiernos de derechas neoliberales muy rapaces con las finanzas públicas, antiderechos, conservadores y violentos. Sin embargo, el péndulo ya no se mueve con fuerza hacia los bordes, oscila en un lapso más corto y por lo tanto todo ocurre más rápido: El tiempo se agota y las alternativas se limitan.
Sin embargo, vale la pena mantener en foco que el cierre del último ciclo progresista en América Latina fue resultado de golpes de todo tipo, suaves y duros, todos parte de los planes imperiales para la región ejecutados de diferentes maneras, pero en los que el papel de la OEA ha sido determinante (Romano y García Fernández, 2022).
Esta situación pone a los movimientos sociales en lógica de reacomodamiento permanente, lo que sin duda implica retos que se deben asumir en medio de problemas estructurales que pasan por las guerras ideológicas de los gobiernos en su contra, la militarización de la región y el colapso climático. Hoy asistimos a gobiernos de izquierda moderada, liberal o progresista en varios países, siendo la punta de lanza de este nuevo momento el de Boric en Chile y el de Petro en Colombia.
En esos dos casos, los pueblos originarios (en Colombia, también, el campesinado), las expresiones juveniles insurreccionales y los feminismos no han dudado en mantener sus formas de presión activadas, para conseguir avances reales o por lo menos frenar los retrocesos que implica la avanzada neoliberal que, si bien no es responsabilidad de los recién posesionados gobiernos, no parece tener en el corto plazo un desmonte radical, situación entendible pero cuestionable en todos los casos.
El sentir de las juventudes, en el contexto global en el que se desenvuelven, agota las sensaciones de esperanza en la posibilidad de un futuro en el que se pueda vivir con dignidad. La crisis climática, la avanzada de la ultraderecha global y la inminente crisis que se viene para la economía mundial, y con más fuerza a los países periféricos, ponen un plano de incertidumbre y la posibilidad de un ‘no futuro’ para las nuevas generaciones. Sin embargo, esta tiene una doble desenvolvimiento, en tanto esta sensación aviva las chispas insurreccionales de las juventudes, en especial las pertenecientes a sectores populares. Como se ha visto en los procesos de movilización de muchos países en la última década—véase Chile, Colombia, Puerto Rico, entre otros—, las juventudes son quienes están a la vanguardia de las formas de acción y de la disputa por el sentido social con las clases y sectores dominantes. En la juventud está el potencial revolucionario del movimiento de hoy.
Un revés importante para los movimientos de Chile fue la victoria del “Rechazo” al texto de la Constitución que desmontaría la heredada de la dictadura. Aunque fue un golpe inesperado para Boric, quienes realmente perdieron fueron las organizaciones sociales que empujaron desde todos los niveles, no solo el proceso constituyente, sino la campaña del “Apruebo”. Este hecho deja sobre la mesa la pregunta por el sujeto neoliberal, que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, pero está harto de las instituciones, una suerte de persona apolítica resultado de 30 largos años de neoliberalismo (Kogan Valderrama, 2022).
Son también las organizaciones sociales y populares de Brasil las que empujaron el proceso electoral de esa nación y serán quienes deberán cargar con el desgaste y la tensión permanente tras las elecciones. En el sentido del péndulo, Lula ha tenido que ubicar su discurso en un lugar mucho más moderado, pero sigue teniendo el respaldo de organizaciones históricas como el MST, cuyo representante en la coordinación de la campaña, Joao Paulo Rodrigues, indicó que “La principal tarea del MST en este próximo período es, en primer lugar, la organización de la base de los “sin tierra”. No podemos perder el foco. La organización de los “sin tierra” en este próximo período pasa por ayudar a organizar a las familias de las tomas, que luchan por la tierra y la reforma agraria” (ALAI, 2022).
Argentina avanza rápidamente a la crisis económica, mientras el gobierno de Alberto Fernández consolida una reestructuración regresiva que tiene gestos muy contundentes, como la presencia en Washington de su ministro de Economía. Sergio Massa. Fernández ha hecho un acuerdo con el FMI que le implicó negociaciones con empresarios de la minería, especialmente del litio y del agronegocio de la soja. Mientras avanza la subordinación, el fanatismo político provocó un atentado a Cristina Fernández, que motivó a las organizaciones sociales a salir a las calles en su defensa.
En México y Centroamérica, la agenda de los movimientos hoy está profundamente ligada a la crisis migratoria. Las violencias estatales y paraestatales que deben atravesar las personas migrantes son una bomba de tiempo. Y es que las desigualdades, la pobreza y la violencia social, la crisis institucional, la crisis climática, han agudizado la ola migratoria que ha sido tratada por los gobiernos de la región, específicamente las caravanas migratorias, con represión (Ferolla, 2022).
Por otro lado, los movimientos sociales, populares, campesinos y de pueblos indígenas, aglutinados en dos alianzas, la del Pueblo Unidos por la Vida, y la Nacional por los Derechos de los Pueblos, y los pueblos indígenas de Panamá, protagonizaron recientemente movilizaciones que llevaron a la instalación de una mesa de diálogo cuyo tema central es la necesidad de cambios en el modelo económico.
La integración regional en lógica popular ha sido encabezada y sostenida por los Movimientos Sociales hacia el ALBA que, como el proceso mismo de integración de los estados, se debate entre flujos y reflujos. Hoy puede decirse que enfrenta un punto bajo y que se sostiene en medio de la dispersión de las agendas, pero que tiene un momento de oportunidad. Este escenario debe ser visto y tomado con mayor importancia por plataformas y movimientos que, a pesar de encontrarse dispersos, deben situar la perspectiva de la articulación como forma posible para sostenerse y avanzar.
Colombia: Tensión entre hegemonía y autonomía
Para entender el panorama de los movimientos sociales, se debe precisar la diferencia entre movimiento social y movimiento popular, para así asimilar su relación con la clase social. En especial en el análisis de la situación de Colombia, identificar plenamente el movimiento popular nos permitirá entenderlo en un contexto de transformación social y política: “Los movimientos sociales son acciones colectivas organizadas y normativamente dirigidas, en virtud de las cuales actores de clase luchan por la dirección de la historicidad. (campo cultural o simbólico)” (Múnera, 1993). En la existencia de los movimientos sociales está implícita la existencia de un conflicto con centralidad social: es este conflicto el que produce una acción colectiva, que está condicionada por la posición del sujeto en las relaciones de producción (relación con la naturaleza) y en la relación dominación-subordinación política y cultura.
En este sentido,
“El movimiento popular es un tipo particular de movimiento social que consiste en la articulación de las acciones colectivas e individuales de las clases populares, dirigidas a buscar el control o la orientación de campos sociales en conflicto con las clases y sectores dominantes” (Múnera, 1993).
El sentido de la acción del movimiento popular se crea por las relaciones internas y externas de las clases populares, así este se conforma de manera prioritaria pero no exclusiva por actores de clase, y aunque la posición de los agentes no determine el sentido del movimiento (porque es una síntesis) sí condiciona la gama de posibilidades de sentido y acción. El conflicto en el que se introducen las clases populares por el control de los diferentes campos sociales en favor del pueblo y las clases subordinadas también es atravesado y mediado por el control y orientación del Estado, por lo cual se hace necesaria la actuación en el campo institucional.
Con esta claridad en mente, tenemos que Colombia por primera vez se incrusta en la lógica del péndulo en armonía con otros países de la región, un hecho inédito en más de 200 años. La coalición de gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, se compone de diferentes sectores ubicados en un amplio espectro político, que va desde de la oligarquía liberal —con Roy Barreras como máximo representante—, pasando por el autodenominado centro en cuyas matices caben decenas de agrupaciones políticas progresistas, socialdemócratas y liberales, hasta sectores compuestos por sectores populares que actúan en el movimiento social y popular en Colombia, y que comprenden la necesidad de una apuesta electoral dentro de su múltiples formas de acción. Estos últimos ven en Francia Márquez una oportunidad de materializar transformaciones estructurales desde el Estado (política institucional).
Dentro de estas líneas gruesas se encuentran un sinnúmero de matices políticas que irán decantando un camino en la silenciosa disputa que se germina progresivamente al interior del Pacto Histórico. Será conveniente entender cuál es el papel del movimiento social y, específicamente del movimiento popular en el proceso de transformación política que vive el país, desde la construcción de poder popular hasta la participación en el Estado.
La vieja idea de que “la historia tiende a repetirse” no puede ser descartada. Los movimientos deben racionalizar las experiencias de los gobiernos progresistas en otros países de América Latina. Lo primero es tener presente la posibilidad de que los liderazgos y las personas cualificadas al interior del movimiento social y popular sean cooptados por la institucionalidad, y respondan a la demanda de personas que tengan procesos a sus espaldas que permitan poner dichos acumulados al servicio de instituciones estatales (Solano, 2022). Esto puede tener dos desenlaces: el primero, es que esos acumulados sirvan para alcanzar un avance, en clave de reformas, hacia algunas transformaciones sociales; y el segundo es que el movimiento pierda dichos acumulados y fortalezas cuando se agoten en las trabas burocráticas de cualquier reforma estructural.
Preocupan los mensajes mixtos del presidente Petro quien, mientras pronuncia históricos discursos en la Organización de Naciones Unidas sobre la fallida guerra contra las drogas, abre las puerta al Comando Sur a través de la invitación a defender con la fuerza militar estadounidense la conservación de la Amazonía (Noyola, 2022); también es el caso de la Reforma Agraria o de la necesaria y urgente amnistía a los presos de la protesta social.
El bloque popular deberá ser consciente de la necesidad de saber tensionar lo que Modonesi (2010) denomina las estrategias de autonomía, reconociendo su papel como actores subalternos cuya forma de acción debe tener un margen de independencia del gobierno, con las estrategias de hegemonía necesarias para tener un ejercicio de poder institucional adecuado que permita un escenario favorable al movimiento social y popular para entender algunas situaciones que enfrentará el bloque popular en este gobierno.
La disputa del movimiento social y popular no es solo en las calles, sino que el plano de la institucionalidad abre una gama de opciones para en enfrentamiento por el control del sentido social, los modelos de acumulación, formación y cultural. Tanto el movimiento social como el popular deben salir fortalecidos, de cara a lo que se tenga que enfrentar en el siguiente periodo presidencial respecto a las reformas estructurales, que seguramente quedarán pendientes de este gobierno debido al limitado margen de acción de los actores populares respecto a otros sectores con más recursos de poder al interior del gobierno y el Congreso. Tensionar hacia alguno de los dos lados terminará en un reflujo para el movimiento social y popular, por lo que mantener esa estabilidad será un objetivo estratégico primordial en estos cuatro años.
La composición del actual movimiento social y popular en Colombia, nos llama a una discusión sobre las nuevas subjetividades que lo conforman; este es un movimiento que ha cambiado en el tiempo y que se caracteriza, a diferencia de lo que conocíamos hasta la primera década del presente siglo, por ser difuso, atomizado y que fácilmente se aglutina alrededor de consignas liberales. Se configuran movimientos cada vez más espontáneos y menos conscientes en clave organizativa. Sin embargo, esto no desconoce el potencial revolucionario al interior de estas nuevas subjetividades, pero si nos hace un llamado a la necesidad de ese tránsito de lo espontáneo a la conciencia (Modonesi, 2010). Se debe tener en cuenta también que las tendencias revolucionarias o radicales no son mayoría al interior del movimiento social y deberán ser fortalecidas, atendiendo al escenario favorable que se puede obtener de la participación popular en la toma de decisiones del plano institucional, sabemos que ese escenario no es un fin en sí mismo.
La victoria del gobierno alternativo no representó un paso mecánico de las luchas y demandas del movimiento social y popular encarnadas en los estallidos sociales de 2019, 2020 y 2021 a la institucionalidad del Estado. Por esta razón, se deberá actuar con cautela frente a las acciones del ejecutivo, entre otras razones por lo que se mencionaba anteriormente referente a la fuerte influencia que están teniendo sectores del santismo en el Pacto Histórico, así como las presiones ejercidas por otros sectores políticos y gremiales que atan las manos de sectores del movimiento social al interior del gobierno. Ejemplo de esto son las cuestionables decisiones que se han tomado con respecto a los movimientos indígenas de liberación de tierras a lo largo del país. A ese panorama se suma la amenaza en los territorios que representa la reorganización de los “ciudadanos de bien” en tenebrosas caravanas de la muerte que los medios de comunicación —descaradamente, porque es visible que hombres armados integran sus filas—, llaman “movilizaciones pacíficas de ganaderos” y que pone el toque de principio de realidad a las expectativas de los movimientos que siguen poniendo muertos.
El pulso empezará a darse en las calles y al interior de las instituciones del Gobierno. Ya hemos pasado por intentos de instrumentalización de la derecha a movilizaciones legítimas para consolidar lo que se conoce como una “insurrección de la burguesía” con el caso de la represa El Guavio (Infobae, 2022), siendo siempre el control sobre la energía eléctrica una forma de presión que ya parece de manual para las oligarquías del continente. También el uribismo materializó movilizaciones el 26 de septiembre, demostrando la apuesta aún debil de la derecha en las calles, contra las reformas del gobierno entrante, mientras los sectores que defienden la paz salieron timidamente el 2 de octubre a movilizaciones en defensa de la “Paz Total”. Las marchas a favor del gobierno del cambio destacaron por su debilidad, muestra de lo inoportuna de estas convocatorias, pues el gobierno aún no puede mostrar grandes realizaciones.
Este escenario de la paz total, desde la perspectiva de los diálogos regionales, pueden traer ventanas de oportunidades para la participación del movimiento social y popular en uno de los campos sociales en disputa. Dado el carácter presuntamente vinculante de dichos diálogos, los movimientos tendrán otra forma de acción para hacerse partícipes de la construcción de la sociedad. Sin embargo, en términos de la Paz Total del nuevo gobierno, será necesario tener presente las particularidades económicas y políticas que derivaron en la participación de actores armados en el plano nacional, para no confundir la negociación con grupos de corte político con meras agrupaciones narcotraficantes o criminales. La paz total no es introducir a todos los actores armados en la misma bolsa con el único fin pacificador, sino que tendrá que articular las demandas y los sentidos de los actores sociales para que, actuando sobre las causas estructurales del conflicto con participación popular, podamos hablar de un fin del conflicto o una paz total. El escenario más claro de construcción de paz es, hasta ahora, la mesa del gobierno con el Eln, pero el camino apenas comienza a ser recorrido.
Perspectivas posibles
En el mejor escenario, el movimiento social logra asumir su papel histórico en la defensa de la vida, lo que implica pensarse la posibilidad de tensionar las fuerzas en las instituciones cuando haya victorias electorales para el bloque popular, a la vez que afronta el avance de las fuerzas conservadoras a todo nivel, en articulación con las instituciones estatales. Esto aplica para la realidad global, regional y nacional. El pulso en favor de las clases subalternas y populares debe darse en el plano institucional y en las calles de forma equivalente. Estos escenarios de acción configuran los frentes en los cuales el movimiento social y el movimiento popular deberán tener un plan de acción estratégico de cara a las prospectivas ecomómicas, políticas y sociales del país y la región.
No obstante, puede ocurrir que los movimientos asuman una separación tajante del Estado, asumiendo con ello un margen de maniobra y negociación más limitado en medio de lo que podemos aseverar es un momento de oportunidad, tensiones creativas y relaciones complejas.
La amenaza del exterminio y la ocupación sigue latente y toma cada vez más fuerza y, en el peor de los escenarios posibles, puede consolidarse la amenaza paramilitar en los campos, apoyada por expresiones “ciudadanas” de movilización para desestabilizar al gobierno de Colombia, permitiendo con ello la entrada más contundente de fuerzas militares imperiales para contener y estabilizar al continente.
En cualquiera de los casos, los retos para el bloque popular son variopintos, complejos y le implicarán mantener las integraciones existentes, la capacidad de negociación y de mantenerse en las calles en todos los rincones del mundo como único freno al colapso de la vida.
Vacío narrativo y nuevos enemigos absolutos
Nadie entra en una sala saludando y agitando un sable. No obstante, ese es el privilegio de dos fenómenos comunicativos opuestos: los textos de discusión académica y los mensajes de redes sociales, éstos últimos, vehículos de importantes cargas simbólicas y de sentido.
Las colombianas y colombianos venimos afrontando un cambio en la cultura y en las posturas ideológicas. Esta coyuntura, que une el levantamiento popular de 2021 y el triunfo electoral del Pacto Histórico, sería incomprensible si no se ancla en la explicación de esos cambios. Las posturas ideológicas de las clases y sus expresiones políticas, se vuelven cada vez más radicales, al tiempo que el gobierno de centro trata de posicionar un discurso de reconciliación y paz total.
La ideología, en la tradición marxista, goza de dos dimensiones: una primera cargada de un sentido negativo en el que se asume como la falsificación de la realidad, y una segunda que, a pesar de que se quiera tildar de neutral, la entiende imbuida y por lo tanto dependiente de las relaciones sociales. Reconociendo la ideología más allá de ser una forma de mirar el mundo, para considerarla como la mirada misma, debe ser comprendida en su asiento material, reconociendo su capacidad de producir concepciones y vivencias concretas de acuerdo al sistema de ideas que la alientan. Entonces la pregunta por el momento cultural e ideológico de la sociedad colombiana se puede intentar responder a partir de los reflejos de una mirada cambiante, que se traduce en algunas prácticas e instituciones que podríamos catalogar como nodales del estado de cosas actual, una especie de puntos que encausan los relatos de la vivencia coyuntural.
La configuración de la modernidad capitalista en el sur global está guiada, sin lugar a dudas, por las practicas coloniales, que a su vez se cimientan con un profundo andamiaje racista que permite estructurar a los pueblos del sur como un objeto de valorización, sin la necesidad de cobijar con las garantías elementales con que el norte global cubre a la clase que vive del trabajo.La lucha de clases en el sur se alimenta, entonces, no solo de las contradicciones capital – trabajo, sino que genera sujetos que intentan subvertir la relación planteada desde el norte global en clave anticolonial.
La simplificación de las subjetividades creadas por el imperialismo y su institución colonial ha anidado desde hace más de 200 años en la sociedad, lo que explica el racismo que destilan sectores de las clases populares. Sin embargo, las coyunturas políticas de los últimos años vuelven estas estructuras inestables; los paros, luchas nacionales, mingas y la disputa electoral, permiten un reencuentro de las clases subalternas, pulverizando los modelos teóricos de dominación y fragmentación ideológica imperialista y colonial. En la calle, la carretera o en las elecciones, los pobres, mestizos, negros o indios se entienden iguales.
Lo simbólico empieza a jugar un papel determinante en esta coyuntura, más allá de su asignación secundaria y contingente. Una de las características de este proceso ha sido el intento sostenido por fijar los símbolos dominantes. Desde el poder real, este intento se da en Colombia a partir del genocidio —de forma concreta, de prácticas sociales genocidas—, que apuntan a formas de sometimiento y orden social a partir del exterminio físico y simbólico de las subjetividades y colectividades disonantes.
Desde esta perspectiva, el asesinato sistemático y masivo no es un momento histórico, sino un círculo vicioso que se mueve conforme al modo de producción; así, el genocidio indígena de los siglos pasados se suma al genocidio de los negros y negras, al de integrantes de las asociaciones sindicales que precedió las transformaciones sectoriales normativas, del mismo modo que el desplazamiento y el despojo de tierras antecedió el asentamiento de la agroindustria latifundista, o el asesinato de estudiantes las reformas educativas modernizantes. En síntesis, el parto de Colombia a la modernización se dio con baños de sangre. Esto es importante en la comprensión de este momento ideológico, pues la continuidad de un genocidio requiere fuertes narrativas que permitan perpetuarlo sin reacción social generalizada.
Los últimos diez años han sido testigos de una serie de cismas en la narrativa de la violencia que han resquebrajado la tranquilidad dominante con la que de forma amplia se había asentado la aceptación de este modelo de genocidio continuado. El proceso de paz con la insurgencia de las FARC tuvo un efecto colateral relevante, desde la perspectiva de este análisis, en las narrativas del conflicto, puesto que la explicación de los males de la nación durante las últimas décadas y la idea de un mal absoluto y un enemigo público a derrotar, se hizo obsoleta. Pese a los esfuerzos del establecimiento, no resultó fácil reemplazar o trasladar el origen de todos los males hacia el ELN, ni a la pléyade de conflictos y actores que inciden en el orden público.
Con la desaparición de las FARC se podría decir que no se alcanza una mayoría de edad en la comprensión del conflicto y queda un vacío en la narrativa de la conflictividad social, construida entre los asesores de los EEUU y los diseñadores de las operaciones ideológicas de las fuerzas armadas colombianas, que aún no encuentran en quién hacer el depósito de ser el mal absoluto, hoy disputado por varios candidatos: la corrupción, el narcotráfico, el ELN, Francia, Petro o el nuevo gobierno. Este vacío en la narrativa de los males de un país y de un enemigo supremo es al tiempo una posibilidad creativa, para volver a representar simbólicamente los conflictos sociales y una fuente de nuevas conflictividades. Por lo pronto, el régimen de dominación, que actúa con o sin gobierno, exprime a través de la JEP algunas gotas del mal total: uno a uno los antiguos comandantes de las FARC asumen las culpas de la degradación del conflicto, sin que el contendor, al que combatieron durante más de 50 años aparezca en el horizonte.
Otro efecto colateral, con pronóstico reservado en su resultado final, es la transformación en cantidad y contenido que pueda tener el ejército nacional: los ejércitos son ante todo maquinarias ideológicas, instituciones desde las cuales se lee el mundo y se enseña a leer el mundo y actuar en clave de amenaza y neutralización. En el ejército colombiano se representa la sociedad en jerarquías y se segmenta y acostumbra a la administración de privilegios, en función de clase, género y raza.
La fractura de ambos referentes funcionales para la generación de sentido, se da a partir de la desaparición de un enemigo de cualidades ambivalentes, ya que podía ser interpretado en el sentido romano, esto es un enemigo a eliminar físicamente, y el enemicus, como un enemigo que dinamiza lo político, un contendor necesario, que hay que construir.
Ambas formas se encuentran ausentes de encarnación en el discurso actual, sintonizando con la crisis económica y social derivada de la pandemia del COVID 19, que exacerbó esta crisis de sentido al exhibir públicamente las grietas del sistema político y económico, al tiempo que confrontaba las presiones de realización individual con las posibilidades materiales y económicas de los agentes.
Esta combinación de circunstancias minó gravemente la legitimidad de la represión, desnudándola como practica genocida, que siempre había sido aplicada sin posibilidad del recurso de huida o refugio fue divulgada como una respuesta a un mal subyacente de carácter insurgente, que luego recibió el mote de terrorista.
Aquí cobra sentido la semiótica de la resistencia subversiva. Todas las formas que implican un lenguaje subalterno de resistencia de los pueblos se convirtieron en recurso de los manifestantes. Al mismo tiempo, la institución militar y policial había bajado sus tasas de incorporación y el imaginario de autoridad no gozaba de la amplitud suficiente para poder denominarse como un imaginario colectivo aceptable. La marcha, el bloqueo, el incendio, se viralizaron, alimentándose de ejemplos de todo el mundo: del Hong Kong ocupy, a la quema de la comisaria de Minneapolis, pasando por las líneas de muchachos que resistían en Chile.
La manifestación, en su forma de levantamiento e insumisión, se mostró impermeable a la teorización que la encasilló como espontaneísmo, pero se politizó e ideologizó de forma rápida, planteando y reconociendo una condición de opresión y una forma de respuesta vivencial: la acción en la calle.
El debilitamiento incidental del discurso del enemigo interno, propiciado por los acuerdos de paz, obligó —puesto que la concepción y el discurso del establecimiento seguían intactos—, a trasladarlo hacia los jóvenes movilizados y hacia liderazgos sociales en las regiones. Aunque la respuesta social no ha sido contundente, es evidente que la capacidad legitimadora del discurso, necesaria para ejercer la violencia, se encuentra menguada.
En este contexto las elecciones oficiaron como cauce de la insatisfacción, un camino conocido y hegemonizado por el régimen, pero cuyas tendencias de favorabilidad hacia el Pacto Histórico debieron ser toleradas, mientras se llena el vacío narrativo dejado por la ausencia de un componente estructurante de la vida simbólica nacional: el mal absoluto encarnado en las FARC.
En síntesis, Colombia pasa por un momento de recomposición de sus elementos ideológicos desbalanceados, al tiempo que las mentalidades y la cultura van cambiando, a veces de forma lenta y otras a saltos. Con la derrota electoral del uribismo se genera, para el campo hegemónico, una ausencia de paradigma sobre la explicación del estado de cosas, siendo es un terreno fértil para cualquier apuesta creativa y dónde el narcotráfico o la corrupción comienzan a emerger como tropos dominantes de la explicación de la conflictividad de todo orden en el país. Desde el gobierno del cambio, en contraposición, se arriesga una construcción aún gelatinosa y ambigua a través de la paz total y la reconciliación, lugar en el que las clases dominantes pueden dormir tranquilas, pues no hay asomo de justicia o verdad. El acuerdo entre FEDEGAN y el gobierno tiene una carga simbólica contundente y negativa para las clases populares, que ven como los despojadores y agenciadores de la violencia venden una porción de sus propiedades mal habidas ¿a cambio de impunidad?
Bibliografía
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