Denuncia de la violación de Derechos Humanos en el municipio de Chimichagua, Cesar
“Son la semilla que hará florecer la tierra liberada”
Hacemos un llamado de urgencia y solidaridad a las organizaciones hermanas del nivel nacional e internacional ante el inminente desalojo y ocurrencia de violaciones de los Derechos Humanos a manos de la Fuerza Pública y grupos de seguridad privada contra las comunidades campesinas que se encuentran en el municipio de Chimichagua en el sur del departamento del Cesar en los predios conocidos como La Oficina, Vida Tranquila y el Mamón. Además, le exigimos al gobierno colombiano que lleve a la práctica el carácter popular con el que se autodenomina, que respete y garantice la vida de las comunidades y las organizaciones que se encuentran luchando por la tierra en todo el país.
Denunciamos que, en el contexto de rearme de grupos paramilitares tras el llamado de sectores de hacendados y terratenientes de todo el país, la Fuerza Pública ha radicalizado el accionar contra comunidades indígenas y campesinas en función de intereses y capitales privados. Esta situación ha sido utilizada públicamente por los distintos medios de comunicación del país para justificar una arremetida violenta contra el pueblo que ha sido históricamente desplazado, estigmatizado y condenado a la miseria del despojo. Configurando un ataque sistemático contra los y las campesinas, las organizaciones y los procesos organizativos que se encuentran en lucha por la defensa del territorio y la pervivencia con vida digna como parte del derecho legítimo de tenencia histórica y ancestral de la tierra o como respuesta justa a la ausente política de restitución de predios despojados por empresarios y paramilitares en la región.
El problema de la tierra en el sur del Cesar puede ser comprendido como herencia de la presencia histórica de clanes familiares que han promovido la creación de grupos como las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar y la incursión del Bloque Central Bolívar y el Frente Héctor Julio Peinado Becerra a finales de la década del noventa; agrupaciones que son responsables de masacres, desplazamientos, amenazas, desapariciones forzadas, despojo de tierras y son génesis de los grupos paramilitares que hoy hacen presencia en esta región.
Las violencias del presente hacen parte del continuum de violencia que vive el sur del César desde la década de los ochenta. Esta región ha sido epicentro de la confluencia entre grupos paramilitares, Fuerza Pública, narcotraficantes, empresarios, terratenientes y hacendados que con el beneplácito de grupos políticos han promovido la creación de ejércitos paraestatales y han impuesto una estructura de tenencia de la tierra basada en la expropiación y la acumulación en función del capital.
La inminente incursión de la Fuerza Pública y de grupos de seguridad privada a los predios La Oficina, Vida Tranquila y el Mamón, bajo un procedimiento ordenado irregularmente por el Secretario de Gobierno de Chimichagua, profundiza el problema histórico de la tierra, afecta a las comunidades y privilegia los intereses del capital privado sobre la vida de las familias asentadas en esta zona.
Esta situación ocurre en el contexto de convocatoria de la Audiencia Pública de Tierras, en San Martín sur del Cesar, por parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador campesino Robert Daza, convocada el 3 de octubre de 2022 con el objetivo de caracterizar los problemas asociados a la disputa por la propiedad de predios, el acceso y la tenencia a la tierra. Por lo que el movimiento de la Fuerza Pública, el cerco y alistamiento de la incursión violenta a los predios de los campesinos constituye una afrenta contra la intención de diálogo de las comunidades y el espíritu de convivencia y paz de las familias que están asentadas en estos lugares.
La concentración de más de 200 miembros operativos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la llegada de camionetas, tanquetas y el sobrevuelo de helicópteros sobre los predios y los lugares de asentamiento campesino, constituye una violación a los Derechos Humanos en relación al confinamiento y restricción de la movilidad de las 204 familias que desde hace 10 años llevan trabajando, cuidando y defendiendo los predios de los que dependen económicamente. La magnitud del operativo militar revive violentos sucesos de los tiempos del paramilitarismo en los años 90 y condena a las familias a la violencia y la miseria.
Aunque exigimos la atención inmediata por parte de las instituciones del Estado para garantizar la protección de la vida de las familias campesinas de los predios La Oficina, Vida Tranquila y el Mamón. Reconocemos que la movilización general del pueblo colombiano es la manera más efectiva para proteger a las comunidades y sus territorios. Por lo que, ante esta situación, insistimos en el llamado a la solidaridad, la visibilidad y la denuncia de la situación que vive el sur del Cesar.
Reconocemos como legitima la acción organizada del campesinado en el sur del Cesar y todo el país. La lucha por el acceso y la tenencia de la tierra es un imperativo para la construcción de condiciones de vida digna para Colombia.
Nuestros campesinos y campesinas que defienden el territorio son la semilla que hará florecer la tierra liberada de donde brotará la cosecha del nuevo amanecer con vida digna y justicia social. La lucha de las familias de los predios La Oficina, Vida Tranquila y el Mamón encarnan el espíritu y la memoria de luchadores históricos como Teófilo Acuña y Jorge Tafur, asesinados por el paramilitarismo en esta misma región.
Por la defensa de la vida,
Por la Tierra,
Por la Reforma Agraria,
¡Por la Vida Digna!
Suscriben:
Corporación para la educación y la Investigación Popular – Instituto Nacional Sindical CEDINS
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos
Asociación Nacional de Pensionados Petroleros del sector energético en Colombia ANDEPETROL
Corporación Compromiso
