Las agresiones contra el Paro Nacional por parte del Estado continúan.
Comunicado público
Las organizaciones sociales, populares y comunitarias, personas y entidades abajo firmantes, rechazamos las sistemáticas agresiones contra la población que, pacífica y dignamente, se ha manifestado en las diferentes jornadas que se han adelantado en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril. Denunciamos el asesinato, la arbitrariedad, los señalamientos, la persecución y judicialización que se viene presentando en varios territorios del Valle del Cauca y, que, tras los hechos de ayer, dejan 18 manifestantes detenidos, que se suman a los que se han presentado en los últimos tres meses.
Estos hechos ocurren en un contexto de profunda crisis de derechos humanos y creciente persecución por parte del gobierno de Iván Duque: Las detenciones a líderes y jóvenes en Barranquilla, en Bucaramanga y en el sur del Huila, el asesinato de manifestantes en la ciudad de Cali y del líder comunal Oswaldo Pérez.
Los hechos:
El día 30 de julio de 2021, desde muy tempranas horas, organismos oficiales del Estado, en especial agentes de la SIJIN, realizaron de forma arbitraria allanamientos en los municipios de Bugalagrande, Andalucía y en la ciudad de Cali, tras de los cuales fueron detenidos de manera irregular 18 personas que responden a los nombres de Cristian David Granada Sánchez; Epifanío Domínguez Bolaños; Héctor Fabio Peña Cardona; Jhon David Castilla; Jhon Fredy Caicedo; Jhonatan Sabogal; Jorge Luis Gordillo; Jorge Miguel Vásquez; Juan Sebastián Aguirre Ospina; Kafina Reyes Varela; Miguel Ángel González Vélez; Pedro Pablo Mesa; Víctor Tascón; Walter Pachea; Jerlinson González; Álvaro José Ramos y Brendy Daniela Idrobo.
La gran mayoría de estas personas son habitantes de Bugalagrande, jóvenes, desempleados, trabajadores independientes o corteros de caña, también se encuentran afiliados al Sindicato de Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – Sinaltrainal -. Los cargos que le son imputados a las personas detenidas son secuestro simple, tortura y hurto calificado, en supuestos hechos presentados durante las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.
Durante el procedimiento arbitrario de los allanamientos, se causaron cuantiosos daños materiales a los inmuebles y enseres donde residen las personas detenidas, así como amedrantamientos y agresiones psicológicas a sus familias y allegados.
En la audiencia de legalización de allanamientos y capturas, realizada en el comando de la policía de Tuluá desde primeras horas de la mañana de hoy, 31 de julio de 2021, se han presentado situaciones arbitrarias que expresan la falta de independencia y objetividad del aparato administrador de justicia, así como las garantías procesales de las personas detenidas: siendo las 11:50 a.m. la jueza encargada del procedimiento judicial decide suspender la audiencia, obligó a salir a las y los abogados apoderados y defensores de los imputados, quienes hacen presencia física y remota en dicho trámite judicial, todo bajo el argumento de tratar temas de reserva con la Procuraduría y la Fiscalía, lo que a todas luces es una violación flagrante al debido proceso. Luego de 20 minutos, es decir a las 12:10, por solicitud de la misma jueza se invitó a retornar al recinto nuevamente las y los abogados para reiniciar la audiencia.
Solicitudes:
Exigimos al Estado colombiano que cese la persecución y las sistemáticas agresiones contra la población que se ha manifestado de forma pacífica, digna y permanente desde el pasado 28 de abril; que frene el asesinato de los liderazgos que defienden los territorios y sus comunidades; y que no judicialice a quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta social.
Llamamos a las organizaciones de la comunidad internacional para que continúen informando lo que sucede en el país y sus regiones, denuncien las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional, departamental y local, y exijan al Estado colombiano que se respete el ejercicio libre y soberano del derecho a la protesta social. En este caso en particular, para que se garantice el respeto a la vida e integridad de las personas detenidas, así como el debido proceso y las garantías judiciales, contemplados en el marco normativo nacional e internacional.
Firman:
Alianza Suroeste
Apoyo Familiar
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica – ANUEE
Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo
Ciudad en Movimiento
Colectivo Audiovisual Icaroscopio
Colectivo de Arte Raíces
Colectivo La Voz del Anáhuac
Colectivo Ramona
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz – USO
Comité de Control Social
Comuna Quilombo
Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana – CONJUPAM
Congreso de los Pueblos
Congreso de los Pueblos Europa
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación – CNTE
CORPHUS
Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo
Corporación cultural Don Mirócletes
Corporación Justicia y Dignidad
Corporación SURCOS
CORSEDI Capítulo Pereira
Denuncia
Escuela Política Feminista Travesías por la Paz
Facultad de Educación – UNICATOLICA
Federación Universitaria Nacional – FUN Comisiones
Fundación de Derechos Humanos PASOS
Fundación Tradición Oral
FUNTRAMIEXCO
Instituto Nacional Sindical – CEDINS
Maestros Bogotá
Mesa Organizaciones Sociales Defensoras DDHH de Risaralda
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibío
Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil – MTST
Movimiento Mujeres por la Vida de Popayán
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
Movimiento Social Discapacidad Colombia – Mosodic
Mujeres por la Vida Cauca
NOMADESC
Nueva Central de Trabajadores de México – NCT-MEX
Observatorio de los Derechos Humanos del Centro del Valle
Observatorio Realidades Sociales – Cali
Periferia
Polo Democrático Alternativo – Caldas
Red de Derechos Humanos 28A
Red de la Diversidad – Bolivia
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER
Sección 9 Democrática – CNTE
Sindicato Mexicano de Electricistas – SME
USO Barranca
Wayna Tambo Bolivia
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