El levantamiento popular del 28A en Colombia: entre significaciones políticas e históricas.

Por: Jymy Forero Hidalgo
Docente universitario e investigador social independiente

“El movimiento popular con su dignidad rebelde ya ha realizado una transformación significativa y se ha ganado un lugar en la otra Colombia posible que está emergiendo. Ha sembrado y regado la semilla de la esperanza!!”

1. Claves estructurales y coyunturales para comprender el actual levantamiento popular.

El levantamiento popular iniciado a partir del 28A en Colombia que protagoniza una ciudadanía múltiple y diversa se enmarca en coordenadas recientes y en otras de mediana duración. De un lado, se constituyen en factores coyunturales la exacerbación de una crisis social producto de la pandemia del Covid-19 que llevó a presentar deterioros considerables en todos los ámbitos de la vida social, sumado a un rechazo creciente y generalizado al gobierno de Duque por su torpeza en el manejo de la pandemia, por su cinismo en materia de protección a líderes sociales y de incumplimiento de los compromisos con el variado movimiento social, y por su ‘caradura’ en el manejo de la política fiscal que le llevó a proponer, a consta de los sectores de menores ingresos, reformas lesivas como la tributaria, de salud y pensional que desencadenaron el estallido popular. Un elemento adicional que enmarca esta coyuntura es el acenso de la lucha social a nivel latinoamericano y mundial. Entonces, este levantamiento, cualificado por los resortes de la pandemia, es la continuidad del malestar y levantamiento expresado desde el 21N de 2019 en Colombia, y se constituye como el principal obstáculo del proyecto dominante de país.

De otro lado, como factores estructurales aparecen el modelo y proyecto de nación impulsado e implementado desde hace 30 años en Colombia basado en la doctrina neoliberal -con nefastos índices en el bienestar social- que confluye en la actualidad con una crisis multidimensional global, presente antes de la pandemia pero agudizada por ésta, de quiebres e inestabilidades en el régimen de acumulación y en la reproducción del sistema capitalista mundial. Crisis de múltiples dimensiones, proporciones y consecuencias, que es al mismo tiempo económica, sanitaria, ambiental, financiera y social, y que compromete la existencia de las diferentes formas de vida en el planeta. Un modelo aplicado en toda la América Latina basado en el monopolio, la concentración de la riqueza, la financiarización de la vida, la mercantilización de los derechos y la gestión de la vida y de la muerte; modelo que a todas luces ha hecho agua y que es inviable a pesar del llamado de los mentores del Foro de Davos a “reiniciar el capitalismo”.

Ampliando la mirada, el panorama político en la región ha lidiado con los factores estructurales antes mencionados, desde Chile a Ecuador, de Colombia a Argentina pasando por Bolivia y Perú, y ha reflejado en los últimos años de manera diversa, ya sea mediante la movilización social, ya mediante los procesos electorales, o mediante juntos, una realidad insoslayable: el modelo de acumulación capitalista neoliberal y financiero ha profundizado los niveles de iniquidad e injusticia social haciendo más evidente sociedades profundamente desiguales, sociedades donde coexisten, acuñando la retorica gaitanista, un ‘país nacional’ profundo junto a una élite o ‘país político’ privilegiado. Las clases dominantes para conjurar la crisis y establecer el disciplinamiento social han acudido a exacerbar el autoritarismo, el racismo, la xenofonia, la aporofobia, la segregación, y en no pocos casos la mentalidad fascista.

2. El ‘sentido común’ se ha venido transformando.

En el caso colombiano, hace 20 años el uribismo era una alternativa para muchos en el país, la situación de crisis económico-social, de negociación fallida con la insurgencia y el rechazo institucional que reinaba en ese tiempo dieron gran aprobación y respaldo al proyecto uribista que prometió derrotar a la insurgencia en el campo de batalla y superar la corrupción. Los resultados iniciales en materia contrainsurgente y de crecimiento económico, con muchos costos humanos y sociales, parecían embriagar a la élite -que recobraba sus tasas de ganancia- y a una parte de la sociedad que percibía no sólo una aparente mayor seguridad sino que el país estaba blindado contra la crisis que vivía el mundo, así que aparentemente la crisis era cosa del pasado ,y por tanto, era menester dar continuidad en el asiento presidencial a esa figura mesianica-carismática.

Pese al interés de Uribe en un tercer mandato, no obstante, una élite financiera nacional, multilatina y trasnacional junto con la Casa Blanca, consideraron que el proyecto neoliberal podía continuar sin Uribe. Pronto los efectos de la crisis del 2008 llegaron a Colombia, la caída del precio de las materias primas en el contexto internacional resintieron la economía y una nueva pugna entre élites se afianzó en torno al control del Estado, la profundización del modelo y las embrionarias negociaciones de paz. Ese fue el contexto del primer gran auge del movimiento popular en el nuevo milenio, el renacer de la iniciativa popular, que con el pasar de los años se iría haciendo mas vigoroso marcando un nuevo periodo de la lucha política y de clases a nivel nacional.

Digámoslo claro, el uribismo representaba el cambio, ante muchos, en el manejo de la crisis de entonces, hoy a diferencia de ayer, representa la continuidad de una crisis aún más profunda, que las élites mismas han generado. En consecuencia, amplios sectores sociales y populares reclaman un cambio de rumbo, están hastiados de lo mismo, de la corrupción, del mal gobierno y de la injusticia. Dicho de otro modo, ante la incertidumbre la gente prefiere el cambio, ante la estabilidad la gente prefiere la continuidad. 20 años después de la emergencia del uribismo el país es otro, en el que confluye una crisis mulditimensional a nivel global con una crisis interna de agotamiento del modelo económico neoliberal y del proyecto político uribista. Lo que no significa que dicho proyecto adolezca de bases sociales y económicas importantes, que una parte de la sociedad sea conservadora y con mentalidad de derecha; el triunfo del No en el plebiscito por la paz en 2016 y la elección de Duque en 2018, no solo le dieron un nuevo aire al uribismo sino que demostraron que mantenía una base significativa y un nivel de aceptación popular, en declive, pero lo mantenía, amén del mantenimiento de poderes regionales, ilegales y la alianza con sectores de las clases dominantes.

3. El gobierno de Duque da tratamiento de guerra a la protesta social.

La rebeldía y la dignidad tienen un alto costo para el pueblo. Las clases dominantes criollas han reaccionado con toda alevosía haciendo uso de todas sus estrategias de poder ante el reclamo popular por sus derechos y el avance de sus luchas. Días antes del 28 de abril el gobierno nacional, los sectores monopólicos privados y algunos gobiernos locales realizaron recurrentes llamados desde sus agencias y consorcios mediáticos, conminando a los organizadores del Paro Nacional para evitar que salieran aduciendo el temor por la propagación de la epidemia, a lo cual se sumó el día previo a la realización del paro, el intento desmovilizador del fallo de una magistrada del Tribunal de Cundinamarca, que ordenaba suspender las marchas(1). Sin embargo, pese a los infructuosos esfuerzos desmovilizadores, las manifestaciones se produjeron el 28A de manera masiva y creativa tomándose las calles, parques, monumentos, barrios, estaciones de transporte y avenidas, desde tempranas horas del día hasta altas horas de la noche. Con el pasar de los días fue ampliándose la participación de la ciudadanía, los reclamos, las consignas y también la represión. En los primeros días más de 600 municipios de Colombia -de los 1100- hacían parte del festival de dignidad y rebeldía que recorría al país. Las protestas desde un inicio fueron territorializadas en las grandes ciudades; Cali ha tenido más de 33 puntos de bloqueo y movilización y en ciudades como Bogotá, Pereira, Ibagué, Medellín y Neiva se registraron múltiples puntos de concentración. A partir del 1 de mayo, las embajadas, consulados, avenidas principales y plazas centrales al rededor del mundo, fueron también el punto de concentración de miles de colombianos que apoyaban el paro y rechazaban la brutalidad policial.

Ante el avance del entusiasmo popular por desarrollar el Paro Nacional, mezcla de malestar popular acumulado y clamor de justicia social, el régimen de Duque fue escalando el nivel de coerción. El 1 de mayo, luego de 3 días de movilizaciones, y con un saldo ya de 9 asesinatos a mano de la fuerza pública, el presidente Duque invocando el Articulo 130 de la ley 1801 anunció al país la declaración de “Asistencia Militar” entendida como “el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”(2).

A partir del 2 de mayo, esa decisión significó mayor disposición en las calles de fuerza pública, ESMAD y militares (del Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea), usando armas letales, armas de guerra como helicópteros Blach hawk”, estableciendo toques de queda, implementando el cierre de ciudades, afectación de las comunicaciones, cortes de energía, corte de suministros de alimentos, medicinas y combustible para las y los ciudadanos como ha ocurrido en Cali. Toda una maquinaria letal y desestablizadora propia de una guerra internacional que los medios oficiales silenciaron de manera cómplice, siendo principalmente las redes sociales las que registraban los abusos de la Fuerza Pública.

Azuzados y animados por los trinos del jefe de Duque -que además de incitar a la declaratoria de “Conmoción Interior”, clamaban por el uso de armas de la fuerza publica para defender la vida y propiedad de la gente de bien y el exterminio de los manifestantes-, el accionar coercitivo y criminal de la policía y los militares fue complementado con la estrategia estatal de armar civiles (asesinos a sueldo de las fuerzas del Estado) para abrir fuego en medio de las manifestaciones como se documenta para el caso de Cali en múltiples videos y denuncias(3), y de organizar las “camisas blancas” en Cali y Popayán para enfrentar gente contra gente al mejor estilo de las escuadras antiobreras conocidas como las “camisas negras” en el caso del Partido Fascista de Mussolini, las “camisas pardas” del Partido Nacionalsocialista de Hitler, o las “camisas azules” falangistas.

Entre 2 de mayo el 13 de mayo, las cifras de represión se multiplicaron por cinco. Varias entidades y ONGs como la Defensoría del Pueblo, Tembores, Human Rights International y la “Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas” han hecho seguimiento, y según ésta ultima, el gobierno de Duque es responsable de al menos 50 homicidios, 1330 heridos (1040 civiles y 290 policías), 1430 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 35 víctimas de agresión en sus ojos y más de una centena de ciudadanos desaparecidos(4). Cifras aterradoras, que develan una orgía patriarcal y perversa propia de las guerras de exterminio.

Lo que ha hecho el régimen de Duque -en tan sólo 16 días- es una masacre contra su pueblo, la más grande represión durante la pandemia a nivel mundial si se le compara en proporción de días, homicidios y violaciones a los derechos humanos con lo ocurrido en USA (mayo 2020), Perú (noviembre de 2020), Colombia (septiembre 2020), Chile (octubre, 2019). A pesar de esto las calles siguen repletas de rebeldía popular. Cada nuevo muerto, cada violación, cada herido, y cada sufrimiento de las manifestantes y sus familias es una roca que pesa en la caída de su régimen, en el hundimiento del modelo que defiende y en su juicio internacional.

La dignidad y la inconformidad social del pueblo prevaleció sobre el temor a la pandemia, la represión y la crisis social, es decir, pudo más la indignación y el temor que produjeron las reformas del gobierno en amplios sectores sociales que les llevo a tomarse las calles retando el contagio del virus, la intimidación institucional y por supuesto, las balas y el terror desatado en manos del Estado.

4. Ciclos de la protesta popular reciente y la configuración del sujeto social-popular del cambio

En América Latina, luego del ataque y desarme ideológico y organizativo al movimiento obrero y popular que representó la implementación del proyecto neoliberal a finales de los 80 e inicios de los 90, tuvo que pasar una década para la recomposición y renovación del sujeto popular, dándose las primeras muestras de recomposición con la emergencia del neozapatismo en México, el movimiento indigenista andino, el movimiento piquetero en la Argentina, entre otros. Así, en las últimas dos décadas hemos asistido al ascenso de la lucha social y la configuración de un nuevo proyecto popular alternativo en la región. El caso de Colombia va a tardar una década más, sólo hasta el despliegue de las mingas indígenas a partir de 2008 y la aparición en el escenario público del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica en 2010, año del bicentenario de la república, empieza ha configurarse un sujeto popular diverso que repunta y va tomando la iniciativa política progresivamente.

Sin embargo, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) va constituir la primera gran movilización nacional en 2011 integrada por estudiantes de las instituciones de educación superior (IES) que convocó a amplios sectores de la sociedad y, tras semanas de contundentes movilizaciones, terminó con un gran triunfo social: el retiro ante el Congreso por parte del gobierno de turno de la “propuesta de reforma a la ley 30 de educación superior” que tenía un claro enfoque mercatilizador sobre la educación pública superior. El Paro Nacional Agrario dos años después levantó las banderas en contra del TLC y reclamó atención para el agro, impulsado por diversos sectores productores entre los que se destacaban los paperos, los cañeros, los lecheros, los paneleros, entre otros. La famosa frase que acuñara el presidente Santos, “ese tal paro no existe”, se convirtió en su contra y una multitud en las ciudades llenó las calles en solidaridad de las y los campesinos. Esta gran movilización culminó con la instalación de mesas que se fueron desgastando tanto con el paso del tiempo como por la ausencia de voluntad política gubernamental.

Lo sucedido a partir del 21N de 2019 y el 21A en 2021 son levantamientos populares, convocados por las organizaciones políticas, sociales y gremiales que hacen parte del Comité Nacional de Paro CNP, pero también autoconvocados por una ciudadanía diversa y beligerante que no confluye en el CNP, donde el movimiento juvenil, el movimiento femenino, las expresiones territoriales, el movimiento artístico y cultural, han jugado un papel protagónico y que configuran al menos tres vertientes del nuevo sujeto social-popular del cambio.

Entre estas últimas y las primeras expresiones de movilización nacional han ocurrido otras de significativa importancia. Las mingas indígenas de 2011, 2014, 2017, y 2019 han tenido la invaluable contribución de mostrar ejemplarmente al resto de la sociedad un camino colectivo de lucha, de persistencia y de construcción de autonomía al igual que los movimientos cívicos de Buenaventura reclamando democracia e impulsados por trabajadores portuarios, artistas, consejos comunitarios, desempleados, mototaxistas, entre otros. Las ejemplares luchas del magisterio en 2019 y, durante la pandemia, la movilización que se conoció bajo el nombre de los ‘trapos rojos’ como forma de acción solidaria comunitaria por la exigencia de “renta básica” para soportar los efectos sociales de la pandemia, y luego, las protestas contra la brutalidad policial y el asesinato de líderes/as sociales durante septiembre de 2020, protagonizadas principalmente por jóvenes de las ciudades y el movimiento feminista, complementan el cuadro.

Como vemos, un sujeto popular alternativo y diverso, mezcla de tradiciones clásicas de la izquierda con corrientes renovadas de resistencia se fue configurando en este camino de la lucha política, un sujeto alternativo organizado y no organizado, y unos ciclos de protesta sectorizada, que oscilaba entre lo local-regional a lo nacional, dieron como resultado ganancias sociales que luego se perdían para volverlas a pelear, o terminaban en su defecto, en mesas técnicas de negociación y acuerdos con el gobierno que nunca se cumplieron. Sólo a partir de las luchas que marca el 21N y que se reiteran el 28A se logra unir en una misma lucha la diversidad de demandas y reivindicaciones de los diferentes sectores sociales, políticos, gremiales y territoriales, cada vez con un carácter menos reivindicativo y más político, cuestionando el modelo económico y político -no sólo el régimen-, el tipo de democracia, y pensando la posibilidad de construir un proyecto político popular propio, autónomo e independiente del proyecto de las clases dominantes.

5. La cultura de la rebeldía y la movilización como forma de propiciar la acción política.

Las transformaciones en el terreno de la política y de la cultura no sólo pasan por el plano institucional. Son muy valiosos los logros políticos alcanzados hasta ahora: haber tumbado la reforma tributaria, presionar la renuncia del Ministro de Hacienda Carrasquilla y dejar sin legitimidad la reforma a la salud, pero a todas luces, este movimiento tiene para ir más allá. La última década, y en particular las movilizaciones y levantamientos populares ocurridos en Colombia desde noviembre de 2019, han impulsado y representado una transformación en el plano de la cultura, una democratización en el terreno de las ideas y las practicas políticas subalternas. Es un momento de irrupción de un protagonismo popular que encuentra en la manifestación, en la calle, una manera de expresar y de apropiar la realidad social, las aspiraciones y reivindicaciones comunes y diversas, donde se discuten en asambleas populares los complejos y múltiples problemas nacionales. Ha significado un deslindamiento y ruptura con una hegemonía popular conservadora, que se desenvuelve entre la pasividad y espera de la solución venida de algún caudillo o mesías, o en el peor de los casos, entre la defensa activa del orden establecido. Es una disputa de un movimiento popular diverso, multiclasista y multisectorial en un ambiente movilizador popular que ubica en la lucha masiva, amplia e incluso radicalizada la forma de incidir y participar políticamente en los asuntos públicos y de la nación.

¿Hacia dónde?

El reto y desafío que se ha abierto en los últimos años para el campo popular sugiere hacer confluir y encontrar en una misma apuesta programática y organizativa las tres vertientes amplias que constituyen hoy el sujeto social-popular del cambio. Éstas podrían caracterizarse de la siguiente manera: (a) Un movimiento popular organizado cuya composición reviste expresiones históricas de partidos, movimientos políticos, organizaciones sociales y gremiales (obreras, funcionarios públicos, estudiantiles, campesinos) y organizaciones territoriales que, una parte significativa confluye en el CNP; (b) un movimiento renovado y organizado más allá de lo partidario, expresado en colectivas feministas, de género, ambientales, juveniles, culturales, organizaciones afros, étnicas, digitales, primera línea; (c) un amplio movimiento ciudadano no organizado localizado territorialmente que se ha movilizado de manera solidaria con las luchas desde 2011 y más activamente desde 2019.

Un proyecto común que recoja las aspiraciones, reivindicaciones, repertorios y necesidades de cada vertiente podría trabajar en dirección de 4 elementos iniciales: i) desmilitarización de los territorios, fin de la criminalización de la protesta, del genocidio a líderes populares y sanción a todas las violencias basadas en género; ii) ejercicio de la autonomía política, económica, cultural y de autoprotección; iii) renta básica, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud e impuesto ecológico a las empresas; iv) democratización de la sociedad.

Hoy el diverso sujeto social y popular ha abierto un horizonte democratizador y debe esforzarse por asumir y mantener su independencia política y programática, y de acuerdo a sus maneras de dialogo y conexión con el conjunto de la sociedad tendrá posibilidades de consolidarse y mantenerse en el tiempo más allá de la coyuntura electoral que se avecina en 2022. El movimiento popular con su dignidad rebelde ya ha realizado una transformación significativa y se ha ganado un lugar en la otra Colombia posible que está emergiendo. Ha sembrado y regado la semilla de la esperanza, esparciéndose por el continente y el mundo.

Notas:

(1) “Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender las marchas de esta semana”. El Tiempo, 27-04-2021.
(2) ¿Qué significa la asistencia militar en las ciudades y cómo funciona? El Tiempo 02-05-2021.
(3) Circulados por las redes sociales y subido a las plataformas de ddhh
(4) https://defenderlalibertad.com/