Ciudades en Crisis: un análisis, desde la perspectiva urbana, del Gobierno Duque 2018-2020*
Semillero Ciudadanía, Territorio y Transformación Social – Universidad del Rosario y Equipo de Ciudad – CEDINS
Colombia no ha estado exenta de la tendencia creciente hacia la urbanización, debido en gran medida, a los procesos violentos y acelerados de migración campo ciudad. Este fenómeno conduce a que en los espacios urbanos exista una gran densidad poblacional, lo cual a su vez implica desafíos en materia de gestión pública. El presente texto analiza la gestión del gobierno de Iván Duque entre 2018 y 2020, en torno a medidas económicas en pandemia, política de vivienda y movilización ciudadana en las ciudades y áreas metropolitanas.
Medidas Económicas en Pandemia
Con respecto a la fuerza de trabajo de las ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, en julio de 2020 la tasa de desempleo fue del 24,7%, con respecto a 10,3% en 2019 y 10,1% en 2018, lo cual implica que ha habido un aumento en el desempleo de 14,6% desde 2018. Así mismo, la tasa de ocupación fue 45,7%, con respecto al 59,5% en 2019 y 60,3% en 2018. (DANE, 2020, p.4), (DANE, 2018, p.4). El panorama presentado es alarmante por cuanto la cifra de desempleo es sin precedentes. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) más antigua a la que se tiene acceso es la del 2009, en la cual se puede apreciar que el desempleo para las ciudades y áreas metropolitanas fue del 12,4%, una diferencia de 12,3 puntos porcentuales con respecto a la cifra actual (DANE, 2018, p.1), demostrando un retroceso en la reducción paulatina de la tasa de desempleo. Esto se aduce a las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por la Presidencia de la República con el propósito de desacelerar el crecimiento en el contagio del virus SARS-Cov-2 (COVID-19) (Decreto 457, 2020), generando así una contracción económica que ha afectado a la población colombiana, pues el desempleo implica un descenso en los ingresos por hogar y a su vez, como consecuencia, que las necesidades básicas de gran parte de la población estén insatisfechas.
Ante esta situación es pertinente evaluar las medidas tomadas por el ejecutivo con el propósito de determinar si han coadyuvado al bienestar de los ciudadanos. En marzo de2020 el gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias por medio de los fondos de ahorro y pensiones (Decreto 444, 2020), lo cual es considerada una medida arbitraria y en contra del Estado de derecho, por cuanto aún a pesar de que no utilizaron los fondos de desarrollo (cómo quiso justificar el gobierno por medio del Ministerio de Hacienda), por ley estos recursos no son fondos de la nación, sino que pertenecen a las entidades territoriales, para lo cual se debe previamente concertar con los alcaldes y gobernadores. Toda vez que las últimas reformas tributarias no crearon impuestos territoriales nuevos y el Banco de la República aumentó el cupo de operaciones de liquidez a 23,5 billones de pesos (Banco de la República, 2020), el gobierno nacional tomó los recursos territoriales, vulnerando los artículos 287 y 294 de la Constitución Política de Colombia (Const,. 1991). Si bien el decreto fue declarado exequible, es una medida políticamente riesgosa por cuanto compromete los recursos para el funcionamiento de los municipios y gobernaciones.
El gobierno emprendió un programa llamado Ingreso Solidario, con el propósito de ayudar económicamente a los hogares más afectados por el aislamiento obligatorio, del cual se han beneficiado 2. 616 . 744 hogares (Decreto Legislativo 518, 2020). Sin embargo, el gobierno ha tomado otras medidas, que en el marco de la crisis económica y social producto de la pandemia se consideran indeseables para la reactivación económica y van en contravía del principio de soberanía popular. En abril del 2020, la Policía entregó un contrato por 9.000 millones de pesos para adquirir 23 camionetas blindadas para el Presidente de la República (Las Dos Orillas, 2020). Se hizo uso de recursos del Fondo de Paz para publicidad y perfilamientos del gobierno de Iván Duque por 3.350 millones de pesos (Semana, 2020), y se intentó realizar un préstamo multimillonario a Avianca por US$370 millones (Forbes, 2020).
La Política urbana de Duque centrada en la producción de vivienda y la acumulación por despojo
La dinámica económica y el comportamiento del capital en las ciudades responde al proyecto de clase de la burguesía mundial que viene afianzando la globalización neoliberal, a través de un modelo de ciudad que busca configurar distintas escalas territoriales bajo criterios de competitividad, con el fin de articularse a los mercados globales. Esto viene incrementando la hiperurbanización (Davis, 2014) hacia donde la realidad colombiana pareciera estar encaminándose, con la expulsión de la gente que llega a las ciudades, la aparición repentina de barrios informales completos, la degradación de los bienes naturales, el aumento del empleo informal y la feminización de la pobreza urbana.
La relación existente entre ese modelo neoliberal de ciudad y las crisis del capital se viene fortaleciendo en la medida que la ciudad sigue produciendo espacio y capital fijo, a través de la estrategia de la acumulación por despojo consistente en ajustes espacio-temporales generados por la sobreproducción de capital que busca ser reinvertido mediante la expansión o la reorganización de las ciudades (Harvey citado en Acosta, 2017, p. 74). De ahí que la atención a las crisis económicas mundiales, especialmente del capital financiero, se realicen por medio de la inversión en capital inmobiliario y la construcción de infraestructura, como motores de crecimiento y más recientemente, de reactivación económica.
El camino labrado por los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) al gobierno Duque en materia de ordenamiento territorial, en favor de esta superación de crisis económica, se caracterizó por hacer acuerdos neo corporativistas en los que el Estado estimuló a grupos económicos y sectores gremiales como CAMACOL (Alfonso, 2018), a que gestionaran políticas de vivienda y de desarrollo urbano que ha devenido en una relativa disminución del déficit cuantitativo de vivienda pero aumento en el déficit cualitativo, y una importante producción de suelo urbanizable. Esto ha sido posible gracias al amparo de la Ley 388 de 1997 en la que prevalecen las competencias del gobierno nacional sobre las competencias y autonomía municipales, por lo que en los procesos de expansión y renovación urbana de los últimos años han contado con los instrumentos jurídicos para dar continuidad al proyecto de ciudad neoliberal basado en la depredación de la naturaleza, la privatización y mercantilización de la tierra.
Este énfasis en la producción de vivienda continúa presente en las metas del Plan Nacional de Desarrollo con programas como Mi Casa Ya, Casa Digna Vida Digna y Semillero de Propietarios con un objetivo, a 2022, de un millón de hogares con acceso a crédito hipotecario que incentive la compra de vivienda nueva, lo cual, como se lee, no garantiza el acceso a la vivienda, sino a una deuda casi vitalicia. Además, se plantean medidas como un sistema único de información (Giraldo, 2019) que, en la práctica, le permitirá al nivel central nacional, controlar las actuaciones urbanísticas de cada municipio, lo cual debe verse a la luz de los acuerdos neo corporativistas que benefician al sector privado. Hay que tener en cuenta que en el marco de la acumulación por despojo que se lleva a cabo en las ciudades colombianas, el cumplimiento parcial o total de las metas de estos programas está siendo posible por la avanzada del extractivismo urbano reflejado en la renovación y solicitud de licencias de explotación de materiales de construcción por parte de grandes constructoras (Amarilo SAS), grupos empresariales (Julio Mario Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo) y multinacionales (CEMEX, Holcim).
Por otra parte, es conocida la relación que existe entre los procesos de expansión y renovación urbana con la violencia para despojar a las poblaciones urbanas o campesinas con el fin de llevar a cabo megaproyectos que son estratégicos para la conexión regional y la conformación de centralidades que obedecen a vocaciones económicas de carácter competitivo. Es el caso del Plan Jarillón de Cali, colindante con la ciudadela Llano Verde, en donde las violencias criminales son funcionales a ese megaproyecto que requiere que en el mediano plazo sean expropiados territorios como esa urbanización en la que habitaban los cinco jóvenes asesinados en el cañaduzal el 11 de agosto de 2020 (Renacientes, 2020). Estrategias estatales y paraestatales que siembran miedo, con el fin de generar desplazamiento y revictimización provocando la gentrificación de sectores aledaños a los proyectos.
Pero lo anterior no ha sido suficiente para este Gobierno. En medio de la pandemia por el COVID-19, Duque y el Ministro de Vivienda (exvicepresidente de Asobancaria) anunciaron el proyecto de Decreto que regulará la hipoteca inversa y la renta vitalicia inmobiliaria. Basándose en la Constitución Política y los derechos de la población de la tercera edad y el acceso a la vivienda (MinVivienda, 2020), este gobierno pretendería no solo favorecer al sector financiero con procesos de construcción de vivienda nueva, sino con la expropiación de las viviendas usadas, patrimonio familiar, por parte de los bancos, fondos de inversión, y aseguradoras. De esta forma, queriendo acaparar la formalización del mercado de vivienda, supuestamente a través de la “inclusión financiera de los hogares y atendiendo necesidades de liquidez”, que solo responden a la insuficiencia de la política pensional y la disminución de los derechos de los y las trabajadoras.
En conclusión, la política del Gobierno Duque para las ciudades no supera el interés focalizado en la vivienda y su relación con el sector inmobiliario y financiero, como estrategia de acumulación de capital, y la salida a las crisis financieras globales. La acumulación por despojo llevada a cabo a través de procesos de expansión y renovación urbana se dirige a la producción de valor, a través de la desposesión de bienes naturales, fuerza de trabajo, privatización de instituciones públicas, endeudamiento, que se sirven de presiones de actores públicos y privados, y mecanismos violentos estatales y paraestatales.
Aunque el panorama confirme que la acumulación por despojo es una de las bases de política urbana del actual gobierno, los procesos de resistencia y construcción de alternativas de ciudad continúan con las luchas históricas por la defensa del territorio urbano, y urbano rural, poniendo en evidencia las contradicciones del modelo de ciudad vigente. Estas luchas abarcan saberes y conocimientos propios de habitantes tradicionales que contribuyen a la contención de la expansión urbana, o a la apropiación social del patrimonio cultural que retrase y haga oposición al desplazamiento intraurbano; luchas jurídicas y propuestas de relación campo-ciudad que contemplen el abastecimiento agroalimentario, el ordenamiento territorial basado en el ecologismo popular y la participación directa sobre sus barrios, comunas y localidades.
Movilización ciudadana: Estigmatización de la protesta social
Los movimientos sociales suelen estar asociados con aperturas democráticas y consolidación de procesos democráticos. En este sentido, el acuerdo de paz significó una ampliación de la democracia, que dio lugar a que estos movimientos pasarán a tener un rol más visible, frecuente y participativo. En este contexto, a enero de 2020, de 533 días de mandato de Iván Duque, en más de la mitad se han realizado movilizaciones sociales (Torres, 2020). Las ciudades han sido el principal escenario de estas múltiples protestas durante los primeros dos años de gobierno, algunas de ellas: el paro nacional universitario de 2018, el paro nacional de 2019 y la ola de protestas contra el abuso policial tras el asesinato de Javier Ordoñez en manos de la policía en septiembre de 2020.
A lo largo de estos dos años desde el gobierno nacional se ha tomado una posición de rechazo y estigma a las demandas de estos movimientos sociales, y se ha tendido a responder con desinterés y represión. Por ejemplo, en 2018 el entonces ministro de defensa, Guillermo Botero, equiparó la protesta social en Nariño con la criminalidad, y bajo esta afirmación justificaba la propuesta de regular las manifestaciones en el país (Semana, 2018). Durante este mismo año se convocó el paro nacional universitario entre el 10 de octubre y el 16 de diciembre, en el que se solicitaron más recursos para la educación pública, la cual atravesaba una crisis de financiación. Se logra un acuerdo el 14 de diciembre, después de 66 días de paro, en los que las denuncias por violaciones de derechos por parte del ESMAD se hicieron presentes. Por ejemplo, el caso del estudiante Esteban Mosquera que perdió un ojo a causa de la respuesta violenta de la fuerza pública, y que se suma a una cifra de 96 heridos en Popayán durante el paro (Contagio Radio, 2018).
A finales de 2019 se convoca un paro nacional por parte de las centrales obreras en protesta por una reforma pensional y laboral que se vislumbraba, pero rápidamente la movilización del 21 de noviembre se convirtió en el espacio de liberación de un malestar social creciente a la que se le sumaron demandas por el incumplimiento del acuerdo pactado en 2018 para los recursos a la educación superior, el poco compromiso del gobierno con el acuerdo de paz, el asesinato a líderes y lideresas sociales, en contra de la corrupción y en defensa del derecho a la protesta. Esta última se suma como una de las grandes demandas después de que las manifestaciones pacíficas del 23 de noviembre fueran disueltas por el ESMAD, y se conociera el asesinato de uno de los jóvenes manifestantes, Dilan Cruz, a causa de un proyectil disparado por el escuadrón antidisturbios ( González, 2019).
Después de las masivas protestas pacíficas del 21 de noviembre en las principales ciudades del país, se presentaron hechos aislados de violencia y confrontación con las fuerzas de seguridad, especialmente en Bogotá y Cali. Estos hechos dieron paso a que la respuesta del presidente Duque estuviese enfocada en los actos violentos y no en las demandas mismas y el contenido de la protesta social, convirtiendo así la protesta social y el malestar de la ciudadanía en un tema de orden público, tomando un discurso enfocado en el vandalismo. Si bien no descalificó la protesta pacífica, tampoco brindó respuestas ni se refirió a lo que los manifestantes demandaban. Además, durante este año el gobierno nuevamente muestra la intención de regular la protesta por medio de una ley estatutaria, apoyada por la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez (Valenzuela, 2019). Asimismo, el partido de gobierno difundió la idea de que las protestas eran promovidas por el anarquismo internacional, el Foro de Sao Paulo y grupos violentos de izquierda.
Por otro lado, previo a este paro, se llevaron a cabo allanamientos “legales” en Bogotá, Cali y Medellín para amedrentar a organizaciones sociales de izquierda y medios de comunicación alternativos y críticos. Se vio también en días previos al 21 de noviembre grupos de militares haciendo acompañamiento a las labores de la policía, pese que el gobierno negó que hubiese un proceso de militarización (Abitbol, 2019).
Las masivas movilizaciones del año pasado (2019) se vieron interrumpidas por la pandemia del Covid-19. A pesar de esto, tras meses de confinamiento, reviven con fuerza las protestas en Colombia a causa del asesinato de Javier Ordoñez estando en custodia policial. Las principales movilizaciones se dieron en la capital, Bogotá, en Medellín, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pereira, y Cúcuta. En esta ocasión, la protesta tomó un tinte violento que ha sido síntoma del descontento que existe con la policía y la impunidad contra los casos de abuso de la autoridad, pero detrás hay una indignación más grande por demandas sociales insatisfechas y problemas sociales que se han recrudecido por la pandemia como la violencia y el acceso desigual a la educación.
En Bogotá, tras dos días de violentas protestas (8 y 9 de septiembre) en contra del abuso policial, hubo múltiples denuncias de abuso de la fuerza por parte de agentes de la policía y el empleo de armas de fuego contra los manifestantes, dejando alrededor de 13 muertos, más de 400 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. Como respuesta, el Ministerio de Defensa reforzó el pie de fuerza de Bogotá con 1.600 policías y 300 soldados del ejército (Loaiza, 2020).
Bajo el discurso del gobierno de enfrentar a los vándalos, se legitiman erróneamente acciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes y se reduce la protesta social a un tema de orden público. Estas han sido respuestas y actos de las fuerzas policiales que no han hecho sino incrementar aún más la indignación de los manifestantes. Si bien en este último mes la protesta social ha sido violenta, ha habido también una criminalización y estigmatización de esta bajo la premisa de que ha sido infiltrada y está manejada por guerrilleros que cometen actos vandálicos. Este es un discurso de décadas en la historia colombiana, en el que la protesta social es considerada un instrumento de la izquierda radical y guerrillera. Un discurso que volvemos a ver en 2019 con las acusaciones de la interferencia del Foro de Sao Paulo y en 2020 con las declaraciones del Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre un plan premeditado del ELN y disidencias de las FARC, detrás de la destrucción de los CAI en Bogotá. De esta forma, se vincula y reduce la protesta social a una simple herramienta de la insurgencia armada, evitando dar respuesta a las demandas sociales de una población civil indignada.
Durante los dos primeros años del gobierno Duque la ciudadanía ha encontrado un presidente incapaz de comprender las exigencias y demandas sociales de varios sectores de la población, al mismo tiempo que muestra poca voluntad política para buscar soluciones. La gestión ha estado marcada por una mala lectura de la realidad social y política, junto con un recrudecimiento de la violencia estatal que intenta apaciguar de manera errónea el descontento social militarizando la ciudad. Será pertinente de cara al futuro que los movimientos sociales sigan profundizando y alentando a la participación ciudadana para poner dentro de la agenda las demandas y reformas estructurales que requiere el país.
*Este artículo hace parte del Boletín de conflictos territoriales #7
Referencias:
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