Elementos para entender lo que ocurre en la cordillera caucana

Este artículo hace parte del Boletín de Conflictos Territoriales No.5, que será publicado próximamente.

El incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz firmados con las FARC-EP en la Habana, la ausencia de voluntad política para darle continuidad a los escenarios de exploración y negociación con el ELN, una creciente política cívico-militar para enfrentar el problema de la producción de coca, marihuana y amapola, así como la injerencia norteamericana para reformar y orientar la política antidrogas del país, han configurado un escenario desalentador para las comunidades y los territorios. En la actualidad, el gobierno Duque está implementando una serie de estrategias, tipo laboratorio, para reorientar los esfuerzos institucionales en los territorios campesinos con presencia de cultivos de uso ilícito. Estas apuestas gubernamentales han dejado una estela de desplazamiento, despojo, asesinatos y amenazas contra las comunidades, como en el caso del cañón del Micay entre los municipios de El Tambo y Argelia en el departamento del Cauca.

Desde enero del 2020, el Ejército inició una arremetida contra las comunidades negras que habitan este territorio. A finales de ese mes, se reportaba una acción militar en contra del frente José María Becerra del ELN donde, según las comunidades, varios campesinos y miembros de los territorios colectivos fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Para estas comunidades estas operaciones son parte de la llegada del proyecto de explotación energética en el marco del plan de Electrificación de la Costa Pacífica. Por su parte, la avanzada militar contra la guerrilla ha sido utilizada estratégicamente por la disidencia denominada Carlos Patiño, que desde el municipio de Argelia inició su recorrido por los corregimientos de El Plateado, Honduras, San Juan del Mechengue y La Honduras, quitándole territorio de incidencia al ELN e imponiendo un orden social en función de los intereses del narcotráfico. Por otro lado, los carteles mexicanos han venido consolidando su presencia territorial mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con la disidencia (Semana.com, 10 de abril 2020).

El desarrollo del conflicto armado a distintas escalas y la conjugación de diversos intereses sobre el cañón del Micay ha llegado a su punto máximo entre los meses de abril y mayo de 2020. Mientras el país se enfrenta al avance de la pandemia generada por el COVID-19 y desde la Presidencia de la República se decretan diariamente políticas oportunistas que enriquecen a los grandes capitales, las comunidades negras de la cordillera caucana enfrentan la avanzada de grupos armados ante la incapacidad y la complicidad gubernamental. A continuación, se presentan algunos elementos que permiten entender lo que está ocurriendo en este territorio.

1. ZONAS GEOGRÁFICAS ESTRATÉGICAS Y DE BIODIVERSIDAD

El cañón del río Micay, es una zona geográfica de alto interés estratégicos por su ubicación geográfica, su conexión entre el océano y la media montaña de la cordillera caucana y su alta biodiversidad. El Río Micay se abre paso entre los municipios de Argelia y El Tambo y desemboca en el océano Pacífico en territorios del municipio de Timbiquí. Por su alta capacidad hidrográfica, este territorio se encuentra proyectado desde finales de la década de los noventa como parte de los bienes estratégicos de la nación. Así lo anunciaba una nota de El Tiempo, del 19 de junio de 1998: “con el objetivo de llevar energía eléctrica a las zonas de Cauca que no están intercomunicadas con el Sistema Eléctrico Nacional, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel) está realizando inversiones por 7.740 millones de pesos en dos pequeñas centrales hidroeléctricas” aunque estos planes no prosperaron y tuvieron que ser cancelados en el año 2000, el proyecto sigue vigente.

Desde el gobierno Santos se retomaron las intenciones de construcción de la hidroeléctrica en López de Micay. De acuerdo con lo registrado el nuevo liberal , la obra proyectada en 1998 contemplaba la construcción de infraestructura para la generación de más de 700 kilovatios. En la cartografía se estima que la segunda generadora de energía estaría ubicada en Guapi y tendría la capacidad de generar 16.000 kilovatios, aproximadamente. Ambas hidroeléctricas se desarrollarían en el marco de “el plan de Electrificación de la Costa Pacífica”, entregado durante el segundo gobierno Santos.

Este proyecto tomó relevancia en el marco de la crisis generada por el colapso de Hidroituango en 2018. De acuerdo con Portafolio.co, en el “Registro de Proyectos Vigentes (RPV) de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), están en lista 8 proyectos, los cuales giran por encima de los 200 megavatios (Mw) de capacidad instalada, y con los cuales se garantizaría la confiabilidad en el abastecimiento entre el 2021 y el 2022” (Portafolio.co, 21 de mayo 2018). En este contexto y de acuerdo con el RPV, de los ocho complejos hidroeléctricos proyectados para Colombia el que más capacidad ofrecería al SIN es el de Micay, con 800 Mw y estaría ubicado en el municipio de Argelia, en la zona del cañón del río Micay.

El avance de este proyecto ha significado la aparición de grupos armados que han actuado contra las comunidades y se han posicionado en la región con la intención de generar desplazamientos forzados masivos con la intención de despojar y desterrar a las comunidades para facilitar la ejecución del proyecto. Así lo ha denunciado el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y el Proceso de Comunidades Negras. También ElEspectador.com registró el atentado de que fue víctima la líder Clemencia Carabalí mientras asistía a una reunión con líderes del departamento del Cauca “que se oponían a la llegada de maquinaria para proyectos hidroeléctricos” (ElEspectador.com, 6 de enero 2020).

Ahora bien, de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Minas, en el municipio de López de Micay se encuentran actualmente activos una serie de títulos mineros para la explotación. Esto aumenta la capacidad de especulación sobre los territorios colectivos de comunidades negras que se encuentran en esta parte del departamento y genera la llegada masiva de agentes externos al territorio.

2. PANORAMA DE LA POLÍTICA SOBRE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

Durante el gobierno de Iván Duque se ha pretendido el establecimiento de un imaginario de legalidad basado en la imposición de un orden jurídico punitivo como base de un nuevo pacto social e institucional para reformular los avances alcanzados por los acuerdos de La Habana, así como ha utilizado la salida militar como única opción ante el aumento de las demandas sociales. Esto, en medio de un ascenso paulatino de las acciones armadas de control territorial en el marco de una nueva versión de la seguridad democrática, lo que ha generado el aumento de la crisis social y humanitaria en el país, sin contar los estragos que viene dejando la pandemia del COVID-19 a su paso.

En lo que tiene que ver con la propuesta para el tratamiento del problema de drogas en el país, el gobierno Duque está ejecutando la estrategia “ABC Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el problema de drogas” que, aunque da continuidad al Plan Nacional Integral de Sustitución -PNIS- sin incluir más acuerdos o familias a su ejecución, encarna un espíritu represivo, militarista y de persecución contra los cultivadores de hoja de coca. El enfoque de la Ruta Futuro profundiza la erradicación forzada, contempla la aspersión química como eje central de la acción gubernamental y limita cualquier escenario de diálogo para la resolución del problema. Esta estrategia ha representado un retroceso significativo en la política nacional y ha tenido impactos directos sobre los territorios, agudizando los conflictos socioambientales, aumentando el conflicto armado en las regiones y profundizando la brecha de desigualdad socioeconómica.

El argumento institucional para poner en marcha la estrategia Ruta Futuro, tiene que ver con la variación porcentual de cultivos de coca en los últimos años; según el Observatorio de Drogas de Colombia (O.D.C) del Ministerio de Justicia, entre el 2009 y el 2018 el país enfrentó un aumento superior al 40% de hectáreas cultivadas con coca en el país; el último año con registro de cifras en el ODC es 2018 con un total de 169.018,19 has, los departamentos con más áreas cultivadas son: Norte de Santander, Putumayo y Cauca.

En lo que tiene que ver con la cordillera caucana, de acuerdo con esta información, entre el 2016 y el 2018, el municipio de Argelia tuvo un aumento porcentual del 17,44% de áreas cultivadas con hoja de coca; por su parte El Tambo registró un 8,03%. En este mismo periodo de tiempo el departamento del Cauca tuvo un aumento del 6.75% (aunque esta cifra puede presentar subregistro porque durante el 2017 el ODC no realizó registro en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio).

Para el gobierno Duque, esta variación porcentual de las áreas cultivadas es producto del proceso de paz con las FARC y los incipientes alcances con la mesa de negociación con el ELN. Para Duque y su bancada, los acuerdos sobre la Reforma Rural Integral -RRI- y sobre el tratamiento diferencial al problema de drogas a través del Plan Nacional Integral de Sustitución -PNIS , fueron un argumento ideológico para reducir la capacidad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y permitió el fortalecimiento de estructuras ilegales asociadas a las distintas cadenas del narcotráfico, por lo que ha impulsado una arremetida militar contra los territorios donde hay presencia de cultivos de uso ilícito.

Entre los argumentos para justificar la radicalización de la lucha contra las cadenas de producción del narcotráfico, no se contempla el incumplimiento del gobierno ni la falta de garantías institucionales para el desarrollo de los procesos de participación comunitaria en los ejercicios de sustitución de cultivos. De acuerdo con el informe número seis sobre el estado de la sustitución de cultivos ilícitos realizado por la Fundación Ideas para la Paz (2019), del total de 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria, un total de 99.097 (76%) han sido incluidas en el PNIS de los cuales 82.249 son reconocidos como cultivadores y no cultivadores y 16.848 como recolectores .

Tras casi tres años de aplicación del PNIS , el programa no logró la inclusión de todos los acuerdos firmados, aproximadamente el 24% de las familias no ha sido incluida y se encuentran en un limbo legal por la negativa del gobierno Duque de incluir nuevos acuerdos al programa. Del total de familias incluidas, tan sólo el 58% han tenido el primer pago por efecto de la erradicación voluntaria, 34% han sido beneficiarias de procesos de asistencia técnica, 14% han adelantado procesos de seguridad alimentaria y el 13% de familias han sido suspendidas por un supuesto incumplimiento a los acuerdos. Esto quiere decir que el avance de la ejecución del programa no ha superado el 40% y que, de acuerdo con los cronogramas de aplicación, será imposible cumplir las tareas restantes en el tiempo estimado.

Además, el plan de inversión presentado en el marco del PND no da un respaldo institucional claro a la ejecución del programa y de 1,6 billones de pesos que se necesitan para desarrollar el 76% de los acuerdos incluidos en el PNIS, solamente hay razón de 1 billón; esta ausencia de voluntad institucional, acompañada del anuncio del regreso de medidas represivas para los cultivadores y la incapacidad del Estado para proteger a los líderes de la sustitución, ha complejizado el panorama local y ha permitido el fortalecimiento de actores armados que están anclados a las distintas cadenas de producción del narcotráfico.

Ante la incapacidad gubernamental para atender los distintos problemas sociales de la cordillera y el incumplimiento sistemático a los acuerdos de La Habana. Las organizaciones campesinas y las comunidades han puesto en marcha, desde el 2018, una propuesta política para la transformación de los territorios campesinos con presencia de cultivos de uso ilícito en los municipios de Argelia y El Tambo. Esta propuesta campesina tiene un alcance de 6.314 hectáreas e incluye un total de 2.640 de esta región. Esta iniciativa fue objeto de discusión entre el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y el gobierno nacional en cabeza de la Alta Consejería para la Estabilización. A estas alturas la institucionalidad no ha dado respuestas efectivas para atender las exigencias de las comunidades y, por el contrario, ha fortalecido la estrategia de lobby político para iniciar fumigaciones sobre los territorios campesinos.

En este mismo escenario, la Alta Consejería para la Estabilización ha dado lineamientos para que se incluyan proyectos de inversión en la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial vía PDET (zona Alto Patía y Norte del Cauca, ver mapa), pero ante la situación generada por el COVID-19 las autoridades locales y regionales no han podido definir partidas presupuestales para la ejecución de estos recursos. Además, estas orientaciones hacen que la responsabilidad del problema recaiga en los alcaldes y los municipios y el gobierno central se desentiende de su labor.

Por otra parte, el fortalecimiento de propuestas políticas alternativas para la transformación de las economías basadas en la producción, transformación y comercialización de la hoja de coca ha puesto a las comunidades en el ojo de la acción armada de los grupos que fundan su accionar en el narcotráfico, léase disidencias y carteles transnacionales, y que están interesados en la imposición de un orden social basado en la acumulación y reproducción del capital, el sometimiento de los campesinos a la explotación de mano de obra forzada, desvalorización de la vida y pérdida sistemática de derechos sociales y comunitarios.

3. SITUACIÓN DE LAS Y LOS LÍDERES SOCIALES

La incursión de las disidencias a la región del Micay hace recordar los repertorios de violencia utilizados por los paramilitares en el Sur de Bolívar. Los asesinatos selectivos, los castigos públicos, el hurto y la apropiación indebida de bienes de las organizaciones o comunidades se constituyen en una estrategia de tierra arrasada. La finalidad de estas acciones militares está en la generación de desplazamientos masivos que tiene como objetivo la ruptura del tejido social y la fractura de los procesos organizativos, además la declaratoria de objetivo militar a los principales liderazgos de la región busca reducir la capacidad de denuncia y visibilización de la situación por parte de las comunidades. Esto en últimas, se constituye en un proceso de exterminio del movimiento social y de posicionamiento territorial para la imposición de un modelo económico, político y social en función de intereses privados ya sea asociados al narcotráfico o asociados a la implementación de megaproyectos de explotación de la naturaleza.

El Equipo de Tierras de Cedins informó que durante el mes de marzo los grupos armados asesinaron 11 líderes/as sociales y otros 3 fueron agredidos. En abril, esta cifra descendió a 8 casos la mayoría registrados contra firmantes de los Acuerdos de Paz, que acumulan un total de 394 víctimas. Todos los casos ocurrieron en territorios donde se conjugan intereses asociados al control territorial para el control de cultivos de uso ilícito y las distintas cadenas de transformación de la hoja de coca o para la explotación de la naturaleza.

▪ Hamilton Gasca Ortega, miembro de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte -Asintracampic, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- Fensuagro, asesinado el 3 de abril en la vereda La Consolata, municipio de Piamonte (Cauca).

▪ Teodomiro Sotelo Anacona, miembro del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay del Proceso de Comunidades Negras-PCN y del Coordinador Nacional Nacional Agrario CNA, fue asesinado el 17 de abril en la vereda Betania del corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo (Cauca).

▪ Mario Chilhueso, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-, asesinado el 19 de abril en la vereda Los Robles del municipio de Buenos Aires, norte del departamento del Cauca, región del Naya.

▪ Hugo de Jesús Giraldo López, defensor de los derechos de las víctimas y reclamante de tierras, miembro de ASTCAP y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), asesinado el 22 de abril en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

▪ Jesús Albeiro Riascos y Sabino Ángulo, miembros del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y líderes de la vereda Agua Clara, fueron retirados a la fuerza de una asamblea comunitaria, donde precisamente se discutía la situación de riesgo de la comunidad; llegaron disidencias de las FARC quienes ordenaron sacarlos para luego asesinarlas a pocos metros del lugar, ubicado en el corregimiento de San Juan de Micay, zona limítrofe entre los municipios de Argelia, López y El Tambo.

▪ Floro Samboní Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, asesinado el 25 de abril en el corregimiento Llacuanas, municipio de Almaguer (Cauca) .

Como se ve en el anterior recuento, la región del suroccidente, en particular el departamento del Cauca fue el foco de victimización de líderes/as en el mes de abril. Esta situación no se distancia de la dinámica de violencia sostenida en el departamento desde la firma del Acuerdo de Paz, en donde 1 de cada 5 asesinatos de líderes/as se han perpetuado en este territorio.

Notas
(1) https://elnuevoliberal.com/hidroelectricas-en-el-cauca-una-expectativa-para-el-departamento/
(2) El gobierno de Duque ha dado continuidad al programa, pero ha rechazado la posibilidad de nuevas vinculaciones.
(3) Abril 2019.
(4) Que cuentan con una línea de atención diferencial.
(5) Información sustraída del informe número seis sobre el estado de la política de sustitución de cultivos del gobierno Duque, primer semestre del 2019. No hay información más actualizada.
(6) El registro de los hechos fue presentado en el segundo boletín del Observatorio de Conflictos Territoriales de Cedinsl, 1 de mayo de 2020.