El árbol de las manzanas podridas
Por: Juan Manuel González*
Tras los sucesos de violencia sexual que se han registrado en los últimos días por parte de uniformados del Ejército Nacional, el comandante de esta fuerza militar le informó a la revista Semana que, en total, 118 uniformados están relacionados con este tipo de delitos, de los cuales 45 son militares que ya fueron retirados de la institución y otros 73 están siendo investigados. (SEMANA.COM, 2020)
El oficial ha sido enfático, en señalar que “ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, argumentando que, desde hace varios años, desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares, se han impartido los instrumentos de política pública sobre los derechos de las mujeres, niños y adolescentes; sumado a las “políticas de género para prevenir en el interior de la institución la violencia sexual”. El general además reiteró “que son casos individuales”. (EL TIEMPO.COM, 2020)
Criminales acogidos por la institución militar
El lunes 27 de agosto de 2012, la Fiscalía General de la Nación informaba que, “las pruebas y los testimonios categóricos de investigadores, peritos y especialistas, permitieron al Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá, emitir sentido de fallo condenatorio para Raúl Muñoz Linares, subteniente (r) del Ejército Nacional, hallado responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con acceso carnal violento en concurso homogéneo”. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2010, día en que el Subteniente Muñoz Linares accedió de forma violenta a Yenny Torres Jaimes, de 14 años, a quien ultimó junto con sus hermanos Jimmy Ferney y Jefferson Giovany, de 6 y 9 años, en zona rural de Tame (Arauca), zona donde las víctimas vivían con su padre. Linares ultrajó a los niños, incluso después de muertos, lo que fue probado en la audiencia de juicio oral con los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses. (FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, 2012)
Frente a este lamentable episodio, las Fuerzas Armadas […]dieron sendas ruedas de prensa para informar a la opinión y una vez se dieron cuenta de que todo apuntaba a que había sido un desadaptado del Ejército, le pidieron perdón al padre de los niños por el infortunio de haber acogido dentro de la institución a un criminal capaz de hacer semejante daño. (SEMANA.COM, 2018)
Un mayor premiado cuenta su historia y su odio
Cuando en 2006 llegó a comandar una fuerza élite del ejército colombiano contra el secuestro, el mayor Gustavo Soto siguió la directriz de matar civiles “instigado”, según él, por un alto mando que le exigía resultados. Confiesa que premió a sus tropas por matar a civiles que se hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes. Pero aclara: “No fui yo el que inicié eso (…), los soldados sabían cómo presentar las muertes, cómo hacerlo”. (EL TIEMPO.COM, 2020)
Agrega el oficial, “ya en la operación, se cogía a la persona, en una captura, pero la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate”, detalla Soto en entrevista con la AFP. el oficial en retiro sostiene que presenció una ejecución y, en otras, facilitó las armas que los militares ponían en manos de los muertos. “El dinero que yo debí haber utilizado (…) en buscar a las personas secuestradas me tocó utilizarlo para comprar armas y pagar a muchos reclutadores” de civiles, que fueron conducidos a la muerte con engaños de un “trabajito”. (EL TIEMPO.COM, 2020)
En todos estos casos -y en otros- tanto el gobierno Frente Nacionalista, como sus militares subalternos, han sostenido que son “casos individuales” producto de las “manzanas podridas”. Sin embargo, los ataques a la población civil se repiten una y otra vez. A juicio de algunos analistas, esta situación se mantendrá en el tiempo en razón al paradigma de “seguridad” que interiorizó el gobierno y sus fuerzas militares desde antes, durante y después de la seguridad democrática.
Es un hecho que, desde los corredores de Palacio y los cuarteles a partir de 1998, pasando por los ocho años de la seguridad democrática, y el Gobierno de la “paz estable y duradera”, se viene librando una “nueva guerra” fundada en nuevas amenazas para la seguridad, que se presenta tras la derrota del comunismo y las Farc y que se relacionan con el deterioro ambiental, el terrorismo internacional, el contrabando de armas y el narcotráfico, situaciones que afectan por igual la seguridad. Materializando el libreto, a manera de ejemplo, en una de las incursiones del Ejército en zonas cocaleras en defensa de la seguridad, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega informaba:
“Asonada que al parecer pretendía someter y secuestrar a algunos de los militares, como mecanismo para impedir la erradicación manual de cultivos de coca, los pobladores de la región adelantaron esta acción hacia las tropas, bajo la presión ejercida por alias Maneto y el sujeto Jesús Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r)”, reportó el brigadier General Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega”. (RCN.COM, 2020)
Señalar para matar
Esta declaración, como muchas otras, tuvo como eje transversal el señalamiento y la estigmatización de la población civil. A estos campesinos, mediante el estigma, utilizado como un arma de guerra, y de las peores, se les señala como narcotraficantes y secuestradores, como agresores y enemigos de las tropas, buscando que el destinatario -entre ellos la opinión publica y la tropa- asuman el mensaje sin ningún tipo de análisis, como una potente inyección de odio que “llega inmediatamente bajo la piel y paraliza el cerebro” (GARCÍA, 2012). Lo paradójico es que como en esta y muchas oportunidades, el propio Estado ha reconocido que estas declaraciones son la fuente de violaciones a los DDHH.
“El señalamiento es la fuente de la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos […]El patrón estructural y reiterado que se ha acreditado ante la Corte consiste en que se les señala individual y colectivamente, de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores del grupo armado opuesto o de la Fuerza Pública. […]Estos señalamientos con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como “falsos positivos” reportados por ciertos integrantes de la Fuerza Pública – es decir, desapariciones de individuos indígenas que son retenidos por grupos armados y posteriormente se reportan, en forma infundada, como guerrilleros dados de baja en combate por algún integrante de la Fuerza Pública.” (CORTE CONSTITUCIONAL , 2009)
En Colombia poblaciones enteras han sido señaladas y estigmatizadas. Masacres, asesinatos selectivos, y otras formas de violencia se cometen basándose en estos señalamientos. Un elemento que refleja la violencia ejercida sobre las poblaciones estigmatizadas son los delitos ejemplarizantes, que, como las masacres, aterrorizaron a regiones enteras produciendo desplazamientos masivos. (RUTAS DEL CONFLICTO, 2020)
El señalamiento y la estigmatización como base de la estrategia de seguridad descansa en dos pilares fundamentales: mantiene la idea de que el enemigo no es solamente quien empuña las armas, sino quien vive en el territorio, quien está incorporado a economías ilegales y quien piensa diferente. El segundo, la administración del miedo: El miedo que se propaga deliberadamente, mediante panfletos, homicidios ejemplarizantes, violencia sexual, y es aprovechado para gobernar. El uso del miedo como mecanismo para conseguir la seguridad repercute en grandes fallas institucionales a partir de discursos institucionalizados basados, por ejemplo, en que la pobreza, el desempleo y el consumo de drogas están ligados a la criminalidad. Con estos mensajes de odio, cualquier acción desplegada a someter y humillar al potencial enemigo, es realizable.
En este contexto, las nuevas guerras llevan a los territorios la violencia sexual -como instrumento de terror- en contra de las mujeres, sus compañeros, niños y niñas y la comunidad en general, como parte de una estrategia de intimidación, de sometimiento y control territorial. Los aberrantes hechos que tendrían un alto contenido ejemplarizante, que nos obligan a pronunciarnos, están acompañados de otras practicas que por el momento pasan de “agache”:
“La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2015) ha señalado en varias ocasiones a través de sus informes anuales que la militarización de las regiones por parte de la fuerza pública ha representado el incremento de casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, en particular de indígenas y afro, bajo la modalidad de “enamoramiento” como una estrategia bélica de obtención de información y como relación de ventaja donde los militares tienen respaldo en las armas para apropiar y aprovecharse del cuerpo de las mujeres (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2015, página 74)”. (CNMH, 2020)
Para los casos de las niñas Embera y Nukak Maku, además de buscar el enjuiciamiento riguroso de los responsables directos, les corresponde a los representantes de las victimas evitar -como ha ocurrido en los múltiples juicios en contra de militares- que la verdad se sepulte con una temprana aceptación de cargos. Es necesario tener presente en estos juicios, que la violencia sexual en contra de las mujeres está anclada a las estigmatizaciones de las nuevas guerras, que señalan a las mujeres y sus comunidades como presuntas colaboradoras de narcotraficantes, secuestradores y traficantes de armas y en consecuencia las convierte en objetivo militar.
Sin ocultar el gran escepticismo que produce el sistema penal colombiano por sus altos niveles de impunidad, el trabajo que viene no solo consiste en atribuir responsabilidades e imponer sanciones. Es preciso buscar la verdad plena sobre lo ocurrido, para garantizar la no repetición, esclareciendo las condiciones que posibilitaron las atrocidades, la cadena de mando y sus órdenes.
Para finalizar, hay 118 uniformados vinculados con delitos sexuales, un número importante que, como hecho indicador, sugiere que por lo visto no son casualidades. El árbol está podrido y también sus frutos. Y mientras el pueblo siga siendo considerado el enemigo, estas violaciones a los derechos humanos continuarán repitiéndose.
* Educador popular y colaborador de CEDINS.
Referencias:
CNMH. (2020). La guerra inscrita en el cuerpo. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Historica.
CORTE CONSTITUCIONAL . (2009). AUTO 004-. Bogotá: Corte Constitucional.
EL TIEMPO.COM. (01 de julio de 2020). Ejército: 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores. EL TIEMPO , págs. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/ejercito-118-investigaciones-abiertas-por-abuso-sexual-de-menores-513060.
EL TIEMPO.COM. (17 de mayo de 2020). Falsos positivos: crudos testimonios ante la JEP. EL TIEMPO , págs. https://www.eltiempo.com/colombia/falsos-positivos-dos-crudos-testimonios-ante-la-jep-496344.
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. (27 de 08 de 2012). Sentido de fallo condenatorio para Muñoz Linares por homicidio de niños de Tame (Arauca). págs. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/sentido-de-fallo-condenatorio-para-munoz-linares-por-homicidio-de-ninos-de-tame-arauca/.
GARCÍA, Antonio. (2012). ESTIGMATIZADOS. https://www.arcoiris.com.co/2012/04/estigmatizados/.
PALOU, Juan Carlos. (2016). Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial. Bogotá.: Fundación Ideas para la Paz.
RCN.COM. (2020). Enfrentamientos entre campesinos y el Ejército en el sur del Meta . https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/enfrentamientos-entre-campesinos-y-el-ejercito-en-el-sur-del-meta: RCN.
RUTAS DEL CONFLICTO. (2020). En colombia existen pueblos paramilitares o guerrilleros? https://rutasdelconflicto.com/especiales/estigma_grupo_armado/index.html: rutas del conflicto.
SEMANA.COM. (2018). El militar que asesinó con machete a tres niños y pide ser admitido en la JEP. SEMANA , https://www.semana.com/nacion/articulo/el-militar-que-asesino-con-machete-a-tres-ninos-y-pide-ser-admitido-en-la-jep/589019.
SEMANA.COM. (2020). En cuatro años, 118 militares han sido relacionados con abusos sexuales. Semana , https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/en-cuatro-anos-118-militares-han-sido-relacionados-con-abusos-sexuales/683192.
