Asesinato de líderes, cultivos y control territorial

Luego del asesinato de Marco Rivadeneira en el departamento del Putumayo, el exterminio sistemático a líderes y lideresas sociales en el suroccidente del país no se ha detenido, en medio del aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19. Tampoco han cesado las soluciones represivas, como la erradicación forzada y la militarización con aumento del pie de fuerza en otros territorios del país con presencia de cultivos de uso ilícito (CUI), dejando como saldo graves violaciones a los DDHH y asesinatos a campesinos cultivadores de coca y comunidades étnicas.

En el boletín de marzo se informó que 11 líderes/as fueron asesinadas y 3 agredidos. Transcurrido un mes, esta cifra ha aumentado de manera crítica, alcanzando los 394 (1) asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz, 8 de ellos perpetrados en abril (hasta 26 de este mes):

1. Hamilton Gasca Ortega, miembro de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte -Asintracampic, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- Fensuagro, asesinado el 3 de abril en la vereda La Consolata, municipio de Piamonte (Cauca).
2. Teodomiro Sotelo Anacona, miembro del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay del Proceso de Comunidades Negras-PCN y del Coordinador Nacional Nacional Agrario CNA, fue asesinado el 17 de abril en la vereda Betania del corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo (Cauca).
3. Mario Chilhueso, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP, asesinado el 19 de abril en la vereda Los Robles del municipio de Buenos Aires, norte del departamento del Cauca, región del Naya.
4. Hugo de Jesús Giraldo López, defensor de los derechos de las víctimas y reclamante de tierras, miembro de ASTCAP y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), asesinado el 22 de abril en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.
5. Jesús Albeiro Riascos y 6. Sabino Angulo, miembros del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y líderes de la vereda Agua Clara, fueron retirados a la fuerza de una asamblea comunitaria, donde precisamente se discutía la situación de riesgo de la comunidad; llegaron disidencias de las FARC quienes ordenaron sacarlos para luego asesinarlas a pocos metros del lugar, ubicado en el corregimiento de San Juan de Micay, zona limítrofe entre los municipios de Argelia, López y El Tambo.
6. Alejandro Llinás, fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo, en zona rural de Santa Marta, asesinado el 23 de abril; en días anteriores había denunciado la re activación paramilitar en el sector.
7. Floro Samboní Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, asesinado el 25 de abril en el corregimiento Llacuanas, municipio de Almaguer (Cauca).

Como se ve en el anterior recuento, la región del suroccidente, en particular el departamento del Cauca, fue el foco de victimización de líderes/as en el mes de abril. Esta situación no se distancia de la dinámica de violencia sostenida en el departamento desde la firma del Acuerdo de Paz, en donde 1 de cada 5 asesinatos de líderes/as se han perpetuado en este territorio (2).

La crisis social y humanitaria en el departamento del Cauca, puede abordarse teniendo en cuenta tres elementos. El primero de ellos, es la condición geoestratégica del territorio en donde se encuentran estas comunidades, en relación con la disputa por el control de las economías asociadas al procesamiento de cultivos de uso ilícito y, la presencia meramente militar del Estado que se muestra incapaz para resolver las necesidades y complejidades del territorio, lo cual ha permitido el fortalecimiento de actores armados asociados al narcotráfico, grupos paramilitares o cárteles transnacionales.

Este mes en la cordillera caucana se centralizaron estas disputas, siendo los territorios con mayores afectaciones San Juan de Micay, Huisitó y Playa Rica en el municipio de El Tambo y el Plateado, La Emboscada y Santa Clara en el municipio de Argelia, ubicados en zonas de la cordillera occidental que comunican con el litoral pacífico caucano y valle caucano, con el departamento de Nariño y con el centro del departamento.

De manera especial, se alerta sobre la situación social y humanitaria de las comunidades de la cordillera caucana que hacen parte de las siguientes subregiones:

• El Cañón del Micay que comprende los municipios de Argelia y El Tambo
• Región del Naya que conecta el Norte del Cauca con el Pacífico.
• La Bota Caucana en donde comienza la Cuenca Amazónica en el municipio de Piamonte.

En todos ellos, es común la incapacidad y/o falta de voluntad gubernamental de implementar los Acuerdos de La Habana y llevar a buen término los pactos, en el marco de la implementación del PNIS, y el punto 1 (uno) sobre reforma rural agraria integral. Frente a estas situaciones se despliega el acumulado organizativo de las organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas que han exigido soluciones para resolver los inconvenientes de la implementación y han construido procesos alternativos de transformación territorial para las comunidades con presencia de cultivos de uso ilícito.

Este es el caso de los miembros del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay, quienes desde el año 2018 han impulsado una mesa diálogo con el Gobierno Nacional para concertar entre las comunidades y las instituciones, mecanismos para la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, así como la implementación de mecanismos de acompañamiento para la protección de la vida de las comunidades y la puesta en marcha de proyectos productivos alternativos. Espacio en donde el Gobierno no ha tenido la voluntad política de avanzar.

Otro factor a tener en cuenta es el accionar de las fuerzas militares, la presencia histórica del ELN y la permanencia de estructuras de las antiguas FARC-EP (re armados o que no se desmovilizaron), así como la presencia de paramilitares y cárteles transnacionales que ponen en riesgo permanente a las comunidades.

En este punto se quiere llamar la atención sobre los presuntos responsables de los asesinatos de líderes/as y desplazamiento masivos forzados en país, distinguiendo algunas particularidades de los grupos que hacen llamar disidencias, las cuales pueden clasificarse en 3:

1. Las denominadas como Nueva Marquetalia: dicho grupo se apartó de la línea política adoptada por el partido FARC y volvió a la lucha armada «para reemprender un proyecto insurgente con motivaciones políticas», al mando de Iván Márquez, Hernán Darío Velázquez “El Paisa”, Jesús Santrich y Henry Castellanos Garzón “Romaña”. De este grupo no se ha conocido mayor actividad de guerra, pero a mediados de abril circularon por los municipios de Argelia y El Tambo comunicados de la columna Jacobo Arenas pertenecientes a la Nueva Marquetalia, donde declaran la guerra a otras disidencias de las Farc.
2. Frente Primero y Séptimo de las FARC: este grupo tiene como territorialidad de operaciones los departamentos de Guaviare, Vichada, Guainía, Putumayo y Meta y según expresiones de habitantes de esta región, siguen dedicados a la promoción de cultivos de uso ilícito y al control del narcotráfico hacia Brasil. De este actor no es fácil de identificar un proyecto político, pese a encarnar un discurso revolucionario.
3. El Frente Carlos Patiño FARC-EP: este grupo ha difundido en las comunidades que tiene como objetivo “retomar” los territorios históricamente controlados por las FARC y acabar con el ELN y las organizaciones comunitarias que hay en el lugar. Se presume que el interés de fondo es asegurar el control de las rutas de narcotráfico del cañón del Micay y los departamentos de Nariño y Putumayo. Dicho frente ha estado vinculado a cárteles mexicanos como el de Sinaloa, infundiendo temor por medio de amenazas, asesinatos a líderes/as y desplazamientos forzados. Se oponen expresamente a la sustitución voluntaria y la implementación del Acuerdo de Paz, “su naturaleza, sus nexos y prácticas políticas los articula a una estrategia paramilitar” .

Antes de la llegada de los cultivos de coca en los años 90, la economía de estos territorios se basaba en cultivos de pancoger, cultivos de caña panelera, arroz secano, café y ganadería doble propósito. Estos, a excepción del café, se comercializaban en el mismo territorio y muy poco salía de la zona por las difíciles condiciones de transporte. Con los cultivos de coca y el abandono sistemático del Estado, la economía local de los corregimientos mencionados depende en un 98% de los ingresos provenientes de cultivos y procesamiento de coca.

Superar esta realidad, restituir los procesos sociales y comunitarios basados en la confianza, la solidaridad, la vida y la legalidad, es la apuesta de las comunidades que hoy exigen territorios libres de violencia, con condiciones dignas para la vida, con acceso a educación y salud como derechos fundamentales.

Es por eso, que hoy, se exige que el Estado cumpla con su deber, garantice la vida y el bienestar para los territorios y las comunidades, para lo cual es fundamental se desarrolle la implementación de lo acordado en La Habana, así como en la construcción de alternativas que logren resolver lo no tratado en el marco de estos acuerdos, entre ellas, la propuesta comunitaria para la transformación territorial de los municipios de El Tambo y Argelia, la cual es muestra de la voluntad política de las organizaciones sociales y comunitaria de la cordillera caucana.

Referencias:

(1) Según cifras la Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, 24 de noviembre de 2016 al 24 de abril de 2020.

(2) El departamento del Cauca es el más victimizado con 88 asesinatos (22% del total nacional), seguido por Antioquia con 55 (14%) y Norte de Santander con 30 (7.7%). Disponible en: https://pares.com.co/2020/04/25/epidemia-de-asesinatos-a-lideres-tiene-su-epicentro-en-el-cauca/

(3) https://www.contagioradio.com/tres-diferencias-entre-disidencias-de-farc-recorriendo-las-guerras-en-colombia/?fbclid=IwAR3FuDtg2zXjDv0kajeWoQplcN-wj_psluu-iLlCABW_O0gqBI7Y_5mUDZI