Punto Ciego
Por: Santiago Salinas
La justicia,como la la música, debe responder en los tiempos precisos para ser tal. Aquello que se orienta como lo justo, no puede ser otra cosa que aquello que responde a los valores de su tiempo. Así, la tutela judicial y efectiva debe considerar la temporalidad para acotar su actuar simbólico completamente y producir una asignación de derecho o responsabilidad, por lo cual debe ser oportuna, con la capacidad de resolver problemas vigentes y situaciones presentes, a riesgo de frustrarse en su propia finalidad.
La imposición de medida de aseguramiento en contra de Jhon Jairo Velásquez alias Popeye, por el asesinato de Guillermo Cano director del espectador, 33 años atrás, debe concitar nuestra atención sobre los tiempos judiciales. No es pues un capricho efectista que desprecia el cold case en favor de la producción acelerada de fallos como si se tratara de una maquila jurídica. Es más bien la conciencia de que los tiempos que orientan las escalas de valores vigentes, producen sus verdades propias, relevantes a su época y necesarias para estructurar un relato social.
Son precisamente estas escalas de valores, las de cada tiempo, la que nos permite establecer un juicio de reproche y orientar a través del que hacer judicial un quehacer social más extenso. No se trata desde este punto de vista, del sancionar como acto demandable, si no del reprochar la acción y las circunstancias que la proveen. Es también esa temporalidad la que tiene la entidad de producir una verdad pertinente, un relato social de lo que esta ocurriendo, como forma de encausar y confinar la conflictividad social.
El caso de Popeye, como todos los casos que se usan de ejemplo, solo sirven para sustentar aquello que se busca argumentar. La premisa es simple: los tiempos excesivamente largos de esclarecimiento, se distancian del sentimiento de justicia en tanto no se entienden como tal y dejan de ser del interés general para reducirse a la esfera de los afectados. Los fallos pierden potencia social, la verdad se diluye entre lo impertinente para este tiempo, la desmemoria y lo anecdótico.
Dentro del sin número de casos de resolución tardía hay un grupo que por su extensa duración destaca entre los demás: los denominados crímenes de estado, teniendo estos una naturaleza especial. En una selección arbitraria de 12 casos que han logrado un fallo, se muestra que el tiempo promedio de resolución son 23 años! La pregunta sobre la pertinencia de las verdades que allí se cuentan se hace vigente pues muchos de los grandes nombres de la época, sentenciados como culpables, hoy no nos dicen nada; muchos de los responsables han muerto y el cambio de nombre de las instituciones diluyen el relato.
Este patrón de dilación exacerbada, relata no solo una especial dificultad para investigar estos casos, si no que enuncia un sistema de encubrimientos, pues en cada expediente hay, cuando menos, entre 17 y 30 remisiones de fiscales a fiscales, en aquellos que existe involucramiento de aforados se plantean sistemáticamente los conflictos de jurisdicción y en algunos consta la sobrecarga laboral en contra de los investigadores que apoyan los casos, aunado a la falta de garantías para ejercer su labor.
Esta experiencia, poderosamente indiciaria de un actuar sistemático en contra de organizaciones sociales de oposición, donde se presentan robustas estrategias de encubrimiento, deberían llevar a una política de abordaje diferenciado para tratar los casos, en los que por la peculiaridad del grupo de adscripción de la víctima surgiera la hipótesis de que victimario podría ser el Estado. De forma concreta debería existir una estrategia para abordar las investigaciones del asesinato sistemático de líderes sociales, étnicos y comunitarios que contemple a los actores estatales como autor material o determinador.
Sin embargo, no ocurre así y las directrices del principal órgano encargado del esclarecimiento judicial y la ejecución de la política criminal pareciera no percatarse del asunto. La Fiscalía General de la Nación, ha contado más con el ímpetu y compromiso de algunos investigadores que con el compromiso institucional. Las declaraciones dadas al público por parte del director de la entidad pareciera desconocer el acumulado histórico investigativo cuando se presentan, por un lado, con la recurrente negación de la sistematicidad y por otro con las versiones triviales en torno a los móviles de los homicidios en contra de los lideres sociales.
Estas declaraciones solo encajan en un mecanismo adicional de ocultamiento, que buscan disminuir el impacto de las noticias sobre la opinión pública, así como las declaraciones en contrapunteo al momento de que algún líder social, sindical o político sufre un atentado. Las declaraciones se presentan de forma acelerada por parte de algún miembro de la fuerza pública, y se caracterizan por el señalamiento de una hipótesis diferente a la enunciada por el líder social. Este actuar sistemático que ha minimizado las denuncias redunda en una vulnerabilidad de los liderazgos, en tanto desvía el diagnostico e impide tomar medidas acordes al nivel de riesgo manifestado.
No hay elementos suficientes que nos permitan afirmar categóricamente que existe un plan deliberado para incrementar la vulnerabilidad de los lideres sociales, pero lo cierto es que estas conductas han obstruido el esclarecimiento. La denuncia de que sectores del estado colombiano están al servicio de planes criminales se asume erróneamente como un ataque al establecimiento, y en esa medida se ha descartado, ocultado y evitado investigar esta hipótesis; este punto ciego ha permitido que grupos narcotraficantes y mafiosos permeen las estructuras estatales, instalándose cómodamente en un discurso de limites gaseosos, donde se confunde la defensa institucional y el encubrimiento criminal, siendo la dilación parte de la estrategia.
Este escrito es simplemente descriptivo respecto a las estructuras que han permitido el avance rampante del asesinato de lideres sociales. Una visión más allá del castigo, con animo de prospectiva, nos sugeriría que para detener efectivamente el asesinato de lideres sociales debemos traer luz sobre este punto ciego. Se requiere una comisión de investigación independiente de los poderes internos, que sea capaz de develar los hilos que se entretejen desde el sicario, hasta despachos, oficinas y cuarteles donde se determinan muchas de estas muertes.
