El plan contra las y los trabajadores: igualar a la baja
Por: Santiago Salinas
La auténtica riqueza de toda nación viene de sus trabajadores y trabajadoras: pocas veces se redistribuye apropiadamente, la mayoría es riqueza usurpada. Sin embargo, el trabajador tiene la potencia para labrar un futuro prospero o de miseria, según las decisiones que sobre él recaigan, las que decida aceptar y las que decida rechazar.
Así pues, es el mundo del trabajo sensible como pocos a la política. Alrededor de él, en tanto promisorio y lleno de posibilidades, se dan cita menesterosas ambiciones, ansiosas de sacar con el esfuerzo ajeno una tajada de cualquier cosa que brille. El trabajo no está desconectado de otros asuntos, las decisiones que le atañen no solo impactan directamente en la producción y los salarios; éstos a su vez se reflejan en el bienestar de la población. En esta tensión entre lo que recibimos por el trabajo y a lo que podemos acceder con el fruto de la labor se teje la noción de vida digna.
En este escenario vemos aparecer el Plan Nacional de Desarrollo, la herramienta normativa que presenta cada presidente desde que se expidió la Constitución del 91 al Congreso de la República, buscando una base normativa para soportar sus decisiones más importantes durante los cuatro años que dura cada mandato, si no hay reelección. Para entrar súbitamente en materia, el actual plan 2018-2022 recorta subsidios a la población por un valor cercano a los 5 billones de pesos, esto se traduce en que quienes consumen los servicios subsidiados que por lo general se ubican en la capa más pobre de nuestra inequitativa sociedad, deberán responder por 5 billones de pesos, distribuidos entre servicios públicos, combustibles, energía, salud, entre otros.
La reducción de los subsidios implica a su vez que deberán destinar una porción mayor de su salario para acceder a los mismos bienes que accedían antes. Es decir, serán más pobres una vez sea sancionada esta ley; sería un despropósito afirmar que la lógica que alienta este plan constituye un evento inédito o una presencia extraña, pues el plan recoge en su discusión un gran número de artículos que fueron propuestos por el gobierno anterior frente al cual, el actual partido de gobierno presumía hacer oposición y que en suma, resultaron ser idénticos en su desprecio por las garantías laborales: Santismo y Uribismo son harina del mismo costal.
La continuidad de estas políticas se ve reflejada de forma dolorosa en la continua y aguda precarización laboral, sumado al desmonte de subsidios plantea un artículo presentado como “piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo” que de forma práctica implica un incentivo perverso a la pérdida de garantías, pues permite inflar artificiosamente cifras de empleo, al mismo tiempo que permite a los empleadores disminuir el monto de los aportes a la seguridad social, evadiendo la formalización laboral como meta. Al ceñirnos al tenor literal del artículo la amenaza sobre el trabajo formal se hace latente.
El artículo 197 de piso de “protección” está dirigido a aquellas personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, los cuales deberán vincularse al Piso de Protección Social integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS.
En estos casos el empleador o el contratante asume completamente el aporte equivalente al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. Incluye además el artículo una lánguida prohibición de maniobras fraudulentas que desmejora las condiciones de los trabajadores que están vinculados y, finalmente, una vez finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, el ahorrador tendrá derecho a elegir si recibe la anualidad vitalicia de miseria o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente.
El artículo constituye la síntesis de la precarización: pagos y pensiones inferiores al salario mínimo en un escenario de mercado estrecho con desempleo creciente, hacen un clima ideal para el desmonte de cualquier garantía que se perciba como prebenda. El desempleo presiona de forma material a los trabajadores a aceptar cualquier condición que se le imponga, a cambio de conservar el trabajo: el hambre azota.
Es el paso a paso del desmantelamiento del trabajo formal, un incentivo al despido masivo y la contratación por horas, haciendo un quiebre de ley a la prohibición de una pensión por debajo del mínimo. Es un fraude de ley que incorpora un régimen de seguridad social paralelo, un régimen especial de miseria. Paradójicamente los regímenes especiales fueron prohibidos a través del acto legislativo 01 de 2005, el primer acto del primer gobierno Uribe, que irónicamente sacó del ordenamiento todos los regímenes pensionales especiales que brindaban mejores garantías.
El plan que se ha urdido en contra de las y los trabajadores privilegia el gran capital, al sector extractivista multinacional, al tiempo que golpea a los trabajadores en sus garantías; favorece los fondos de pensiones privados, al tiempo que niega la pensión digna a los trabajadores; aumenta la carga de los servicios públicos, mientras cobija la corrupción y el desfalco que dejaron los administradores extranjeros; concentra la riqueza, fruto del trabajo y empobrece a los trabajadores.
Pareciera mucho ruido por solo un artículo en el PND, no obstante es la piedra angular de una contra reforma laboral que avanza campante con la certeza de la domesticación del movimiento sindical y el fetichismo de las buenas maneras, que han dado alas para los ánimos que instigan estas propuestas -ahora leyes-, se atrevan descaradamente a la explotación desvergonzada en nombre de la modernización del mundo del trabajo, a sabiendas de que no hay quien salte, que las marchas duraran un solo día y que con la conocida andanada de represión y terror, pasarán meses antes de decir algo más. Los 29 sindicalistas asesinados en 2018 son un recordatorio de quién manda en el reino del capital.
No hay solución mágica o instantánea, incluso no existe solución netamente jurídica que permita dar esta pelea, las bases de una reforma de mayor calado han sido sentadas y su alcance dependerá de la resistencia que se le oponga. Cada ventaja que se concede al capital termina en detrimento del mundo del trabajo, lo que perdemos en garantías se convierte en lucro, en exceso del otro lado de la ecuación.
Postdata: Estos días sesiona el VII Congreso de la CUT, valiosa oportunidad para tomar fuerza y rectificar caminos que permitan al mundo del trabajo sacudirse de sus taras y obstáculos. Ojalá el reto sea asumido por la dirigencia obrera y se retome el proyecto emancipador y liberador de la clase que vive del trabajo.
