Bogotá: entre el nuevo POT y la lucha de los condenados de siempre por el derecho a la ciudad
Equipo de Ciudad – Cedins
Desde finales de 2018 y en lo transcurrido del 2019, se sigue discutiendo y analizando la propuesta de nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT- que regirá a Bogotá durante los próximos 12 años. Los planteamientos y proyecciones de ese documento reafirman un modelo de ciudad para la competitividad global a costa de la precarización y control sobre las vidas de los pobladores empobrecidos.
Desde los enfoques de Loïc Wacquant y su obra “Los condenados de la ciudad: Gueto, periferias y estado”(1), encontramos que varias expresiones de segregación social en las ciudades de EEUU y Francia también están profundizándose para extensas poblaciones en ciudades como Bogotá. La propuesta de POT de Peñalosa, sumada a su gobierno mercantil y represivo, acentúa las malas condiciones de vida de los condenados de la ciudad por dos vías: el deterioro inducido de la estructura ecológica de la ciudad y la marginalidad avanzada creciente de las zonas y barrios de sectores populares.
En los documentos que soportan esa propuesta de POT(2) se evidencia el enfoque de ventajas comparativas, como fundamento del crecimiento económico de la ciudad a partir de la producción y circulación de bienes y servicios, principalmente en el marco de los sectores del turismo y la innovación. Además se retoma el objetivo ilusorio de la felicidad reflejada en la calidad de vida de la ciudadanía, que es uno de los pilares del plan de gobierno del actual alcalde. Este horizonte visto a la luz de la relación Clase-Estado-Espacio, deja ver que lo que se busca con Bogotá, es que el mercado del suelo sea el determinador del territorio urbano-rural. Éste último, como construcción social e histórica resultado de relaciones de poder sobre el espacio, es configurado por los intereses del Estado de beneficiar y propiciar la transformación urbana y el acondicionamiento para el cambio o la mezcla de usos, que en muchos casos implicará la expansión de la urbanización y la expulsión o la segregación de los sectores de la población que no puedan comprar-vivir en los territorios.
Estos sectores de la población son precisamente aquellos sujetos urbanos a los que Wacquant sitúa en la relación Clase-Estado-Espacio, como habitantes de la ciudad atravesados por múltiples segregaciones: de clase, raza y género, sobre los que impacta la marginalidad avanzada que se caracteriza por la pauperización de la vida (detrimento de los derechos sociales y económicos), la desproletarización (flexibilización laboral, precariedad salarial y desempleo de masas) y la estigmatización territorial asociada a las periferias urbanas que están descentralizadas por toda la ciudad y en las que las políticas sociales regulan a las poblaciones empobrecidas a través de medidas asistenciales y penitenciales.
Es así que el ordenamiento territorial, tal como está proyectado en el nuevo POT, terminará por profundizar la marginalidad avanzada pues las periferias están desconectadas funcionalmente de las actividades de turismo e innovación. En particular, los núcleos de actividad económica que se proyectan para Bogotá, coinciden para el caso del centro ampliado de Bogotá, con las áreas de desarrollo naranja en las que se mercantiliza la industria cultural y tecnológica (Centro tradicional y Chapinero). Así también, se duplicará la construcción de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), como excusa para expandir la urbanización, emprender agresivos proyectos de renovación urbana y de paso privilegiar al capital financiero para poder acceder a ellas.
Aunque desde nuestra visión no se trata de ser incluidos en ese proyecto de ciudad, ésta relegación territorial aunada con la presencia estatal asistencial y paraestatal criminal, impediría aún más la territoralización de las comunidades, la organización e identidad colectiva. Ello promovería un futuro deterioro social y urbano que, según el Estado, el mercado inmobiliario y el capital financiero como principales ordenadores del espacio urbano, solo podría solucionarse con una transformación-modernización urbana. De hecho, la tala de árboles que muchos ya califican como deforestación, para cambiar espacios con componentes naturales a espacios con elementos artificiales como canchas sintéticas o suelos hechos de caucho triturado, o la excusa de construcción de senderos peatonales en zonas como los cerros orientales y humedales para fomentar el turismo o recreación pasiva y activa, son muestra de actos detonantes que a mediano y largo plazo serían la excusa para urbanizar e ir desplazando a comunidades que históricamente han poblado de manera ecológica estos ecosistemas. Se ataca así, de manera estructural, el ambiente y bienes naturales del espacio urbano-rural.
Ahora bien, la forma de materializar estas transformaciones históricas se ha llevado a cabo en alianza con el aparato represivo policía y el Esmad, para imponer sus acciones de mal gobierno y como aparato que en vez de velar por la seguridad de los pobladores, que es el fin con el cual fue creado, ataca a las comunidades organizadas o no, cuando se manifiestan con acciones de protesta de vecinos de todas las edades, mujeres y hombres.
La impotencia de no lograr detener el ecocidio, el impedimento a trabajar, la limitación de la libre locomoción o la expropiación social del espacio público, se refleja en los rostros de los habitantes que ven cómo se les escapa la posibilidad de decisión sobre su territorio; de esta forma, y con la voraz y absurda implementación del código de policía, se percibe una crisis de legitimidad de la policía y de la institucionalidad estatal, que no alcanza a consolidarse en expresiones concretas de la ciudadanía. Los medios de comunicación muestran estas situaciones de abuso de poder como advertencias y lecciones a aprender de buen comportamiento del citadino o citadina: “es mejor no comer empanada en la calle, es mejor no montar patineta en la calle(3), ni ir al colegio en bicicleta(4), ni mirar mal a un policía(5)”. El control directo sobre los cuerpos y las vidas individuales se está generalizando en la ciudad y ello se suma a que los sistemas de vigilancia no son de único dominio del estado, y que la sensación de inseguridad social aumenta cada día.
Lo anterior neutraliza la indignación ciudadana sobre el actuar de la policía, y vuelve entonces la atención sobre la delincuencia, que los políticos aprovechan muy bien para instaurar la idea de que dicha inseguridad solo puede ser contenida por las fuerzas del orden. Bien lo expresan los hip-hopers Naimad B y Cazomizo en la canción Defensores del crimen, que son quienes aseguran el avance de modelo neoliberal de ciudad y el tratamiento de guerra a los condenados de la ciudad:
“tan solo por protestar o por pintar una pared,
y es así como se gana el salario cada mes,
reprimiendo, abusando, golpeando al que les da la gana,
y hasta en sus mismas tropas se prostituye su mafia,
podrán entrar a tu casa si quieren e incriminarte,
esto es dictadura aunque democracia la llamen
con tanta corrupción y el atropello que cometen,
no esperen que la gente algún día los respete”(6)
Sumado a esto, el enfoque económico en este modelo de ciudad que se fortalecería con el POT, en el que la ciudad marca (city marketing) empieza a privatizar el espacio público, el consumo cultural y también el costo de vida se incrementa, específicamente para la alimentación, los servicios públicos, el transporte y vivienda, lo que contribuye a la pauperización de la vida y la consecuente búsqueda de estrategias de sobrevivencia (rebusque) que predominantemente se lleva a cabo con arreglos individuales. De ahí que la “dispersión del precariado”, en la que los condenados de la ciudad habitan su territorialidad, sea el principal obstáculo para la construcción de una identidad colectiva, que posibilite las estrategias de vida y sobrevivencia colectivas organizadas.
Ante este panorama se encuentra la necesidad de construir o fortalecer las luchas por la apropiación social del espacio del espacio urbano y rural, luchas que no podrían forjarse si no se identifican y crean nuevas territorialidades que potencien el poder de las comunidades históricamente excluidas y segregadas, a través de sujetos urbanos que resistan, materialicen propuestas y den respuesta colectiva a las necesidades comunes y a las acciones de planeación urbana que hegemonizan el modelo de ciudad para la competitividad en la que, al igual que en el país, aumenta el desempleo a la vez que hay crecimiento económico.
Aunque el nuevo POT sea aprobado con “participación ciudadana” no vinculante, para consolidar el proyecto de ciudad neoliberal, desde nuestro punto de vista existe en el presente un factor que podría cohesionar luchas populares urbanas, este es la protección de la estructura y componentes ecológicos de la ciudad y la organización colectiva para la exigibilidad y la autodeterminación ante situaciones de marginalidad avanzada, lo que nos llevaría a construir lenguajes comunes, que deberían ser replicados en niveles simbólicos e ideológicos de los pobladores…para que no seamos más los condenados de la ciudad sino que sea esta la ciudad de nosotros y nosotras.
Notas:
(1) Wacquant, Loic. Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2007.
(2) http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/proyecto-de-acuerdo
(3) Imposición del código de policía por sentarse en la patineta en el espacio público https://www.facebook.com/SocialNiose/videos/2073897682687767/
(4) https://www.pulzo.com/nacion/policia-multo-estudiante-artes-por-cargar-bisturi-PP649366
(5) http://leyes.co/codigo_nacional_de_policia/171.htm
(6) https://naimadb.bandcamp.com/track/defensores-del-crimen-con-cazomizo
