La derecha extractivista y terrateniente, a través de sus partidos políticos, viene impulsando agresivas contra reformas a la legislación ambiental y a los mecanismos de participación de las comunidades. Los proyectos y contra reformas se centran en la reglamentación a la consulta previa y a la consulta popular; y, en la modificación de los procesos de licenciamiento y permisos ambientales. El interés es claro: profundizar el modelo de apropiación de los bienes naturales del país con el objetivo de exportarlos de forma expedita.
Análisis de Freddy Díaz, del Equipo de Tierras CEDINS
