Consultas antimineras y cambio de modelo minero energético
Por: Freddy Díaz – CEDINS
Tras la firma de los acuerdos entre las Farc y el gobierno, y la expectativa del resultado de las conversaciones con el Eln, muchos de los territorios que antes estaban vetados para el capital tienen encima los ojos y las manos de empresarios nacionales y transnacionales en busca de nuevas regiones donde expandirse. Así ahora, más que antes, las comunidades se enfrentan a nuevos retos para defender los territorios donde históricamente han habitado, lo cual se debe hacer con todos los medios que se tenga al alcance.
La disputa por los bienes naturales se viene desarrollando tanto por vía de la movilización popular, como por el mecanismo de las consultas. Algunas de las regiones y municipios más agobiados por las industrias extractivas han ensayado con éxito esta iniciativa.
La siguiente tabla corresponde al porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de algunos departamentos donde históricamente se han desarrollado fuertes actividades extractivas, explotación de petróleo y carbón específicamente. Como se ve, los índices de estos departamentos superan el índice nacional con creces. En otras palabras, los beneficios económicos de la explotación no se ve reflejado en beneficios para la población, por el contrario, los problemas sociales son agudos.
Entendiendo esto, y dimensionando los impactos ambientales negativos de esta clase de actividades, desde el 2013 se viene gestando y fortaleciendo la dinámica de consultas populares para aceptar o no megaproyectos en los municipios del país (ver tabla 2); el primero de estos fue Piedras, en el Tolima, quien le dijo NO a la Anglogold Ashanti y su proyecto aurífero, luego de este pasaron entre otros, Tauramena, que se negó a la explotación petrolera, Cabrera blindándose contra proyectos mineros e hidroeléctricos, Cajamarca, tal vez la más sonada por la dimensión y las implicaciones del proyecto minero; luego siguieron Cumaral, Arbeláez y Pijao negándose a la explotación de petróleo y minería metálica respectivamente.
Cifras nada despreciables que permiten entrever hacia donde se está dirigiendo el interés de las comunidades y que permiten mostrar la baja legitimidad que tiene este proyecto económico en el país, proyecto que se ha impuesto desde los últimos años a pesar de las mayoritarias voces en contra y de los claros perjuicios y daños que genera.
Ahora bien, el problema, para el Estado y las empresas extractivas es que las consultas populares están funcionando y están siendo útiles para que las comunidades de las diferentes regiones del país participen, se expresen y defiendan su territorio. Angustiados por esta realidad, el gobierno busca reglamentarlas a través de una ley que está por presentar, lo que en otras palabras quiere decir, buscará limitar su uso y aplicación para que los denominados PINES continúen implementándose en el país. Una segunda situación corresponde al chantaje que se está orquestando desde diferentes esferas del gobierno, planteando que si los megaproyectos se siguen bloqueando, los impuestos en el país aumentarán, enfrascando nuevamente al país en una falsa dicotomía, extractivismo o pobreza.
Amilkar Acosta, exministro de minas y energía, hace señalamientos hacia quienes han promovido las consultas, y las entidades municipales que las han permitido, argumentando que no han propuesto actividades económicas que reemplacen los ingresos que no recibirá el Estado por dejar las actividades extractivas a un lado, comentario bastante desacertado por dos razones: una, el Estado no aprovechó los años de bonanza petrolera para diversificar la matriz productiva del país a través de la inversión de los recursos petroleros, y ahora se quiere endilgar esa responsabilidad a las comunidades; y dos, porque desconoce las alternativas económicas que construyen las comunidades en lo local, que aunque no responden a las necesidades económicas nacionales, sí les brinda alternativas concretas para reproducir sus formas de vida sin destruir su territorio. Los defensores del extractivismo, en su mayoría personas ligadas a las transnacionales, bien sea como funcionarios, abogados o socios, buscan quitar cualquier legitimidad a esta forma de participación popular y a quienes las impulsan; Germán Arce, Ministro de Minas, incluso se atrevió a decir que muchas de las consultas impulsadas hasta el momento se han basado en mentiras.
Pese a esto, 42 municipios a lo largo y ancho del país están impulsando estas herramientas decisorias buscando frenar proyectos minero-energéticos y de infraestructura, lo que luego, seguramente, revertirá en una mayor oleada de estos mecanismos para blindar los territorios.
Lo que se puede inferir de estas situaciones es que en pleno proceso de la implementación de los acuerdos entre las Farc y el Estado, que en el papel debería permitir mayor participación popular en la orientación de la política pública, el gobierno, aunque suene paradójico, se cierra a esta apertura democrática, lo que en el mediano plazo, sumado a los impactos negativos de los proyectos, profundizará los conflictos territoriales en el país.
Es fundamental entender las consultas populares como escenarios en disputa y expresión de múltiples contradicciones; recordar que en muchas zonas del país existe la minería de sobrevivencia, de la cual cientos de familias dependen económicamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues si por ejemplo, en municipios de Bolívar o Chocó, donde hay minería de oro desarrollada por las comunidades se pusiera en marcha una consulta antiminera, buscando proteger el territorio de proyectos a gran escala, también se prohibiría la pequeña minería, lo que generaría profundos problemas sociales. El debate y la búsqueda de salidas en clave transición productiva está a la orden del día.
En medio de esta situación, la consulta es una herramienta que se debe fortalecer, reconociendo que es supremamente útil para la defensa territorial, pero su aplicación debe tener en cuenta estas consideraciones; sin duda alguna la minería trae consigo profundos problemas, pero esta actividad no puede meterse toda en la misma bolsa, la pequeña minería ha sido parte esencial en la construcción cultural de muchas comunidades, y hasta que no se logre construir una alternativa económica real, para estas seguirá siendo casi una necesidad desarrollarla.
Un movimiento de las comunidades que impulsan las consultas es urgente, el cual, junto a comunidades de pequeña minería, trabajadores del sector y organizaciones sociales en general, puede sumar fuerza para seguir empujando el cambio de la matriz y del modelo minero energético nacional.
