Edgar Mojica: Decreto que legaliza la tercerización, incrementará la miseria

El 8 de abril el gobierno de Juan Manuel Santos expidió el Decreto 583 con el cual le da vía libre a todas las formas de tercerización laboral, afectando la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras y de la población en su conjunto. La tercerización laboral es una estrategia adoptada por los empresarios para eliminar costos y responsablidades laborales, que implica la precarización del trabajo. El Instituto Nacional Sindical entrevistó a Edgar Mojica V, Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para conversar sobre este nuevo golpe jurídico a la clase trabajadora.

Cedins: En un comunicado de la CUT afirman que el gobierno legaliza la tercerización laboral, ¿en que se basa esta afirmación?

Edgar Mojica: El mundo del trabajo ha venido sufriendo una serie de transformaciones que poco a poco eliminan derechos de los trabajadores, quizás la mas grave es el cambio del caracter de la relación laboral patrono-trabajador, pasando a una netamente comercial en la que se paga un dinero por la realización de una actividad. El gobierno nacional había anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo su intención de legalizar esa realidad laboral; con este decreto hace legal la tercerización, es decir una situación de violación de derechos, al manifestar que basta con cumplir y aparentemente respetar los derechos laborales individuales, es decir, que es suficiente con pagar un salario, así sea mínimo, y las cotizaciones basicas al sistema de seguridad social, sin tener en cuenta la existencia o no de un contrato, la estabilidad, los horarios, ni las condiciones de trabajo. Mucho menos se harán cumplir los derechos colectivos como los de sindicalización y negociación colectiva.

Cedins: ¿Que legislación y normatividad está violando el gobierno con la aprobación de estos decretos reglamentarios?

EM: La CUT en su comunicado público expuso los elementos legales por los cuales consideramos que el decreto viola la ley colombiana, dicho análisis lo compartimos y debe ser el desarrollo del sustento jurídico en los estrados judiciales, su alcance se expresa en el siguiente texto: “este decreto, absolutamente regresivo, es violatorio de la ley y de los reiterados fallos de la Corte Constitucional. La ley 1429 de 2010, en su artículo 63, muy claramente establece que el personal requerido en todo institución y/o empresa pública y/o privada, para el desarrollo de las actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación, que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales, consagrados en las normas laborales vigentes”. Es decir, está ley establece la obligatoriedad del contrato directo en labores misionales permanentes y con ello evitar la tercerización en esas labores.  Así como, la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009, determinó que toda labor permanente en el Estado, debe prestarse mediante una vinculación directa del trabajador a la planta de personal y no sólo en laborales misionales.

Cedins: ¿ Cuál es el impacto social y político de estas acciones legislativas? ¿Se verá afectado el derecho a sindicalización?

EM: Como el decreto en su aplicación afecta directamente las actividades misionales y permanentes, el mismo se convierte en un atentado contra dos derechos fundamentales el de sindicalización y negociación colectiva, que tienen su sustento en los Convenios 87 y 98 de la OIT. No Habiendo trabajadores directos se debilitan los sindicatos y no habrá población laboral a quienes aplicarles los derechos convencionales.

Socialmente las regiones se verán afectadas, pues el nivel de ingreso de sus trabajadores, así sea mano de obra calificada, disminuirá. Esto tiene un impacto directo en la adquisición de bienes y servicios, que terminan siendo el motor de economías locales. Todo esto en un contexto de crisis económica, con una inflación que ya se devoró el precario aumento salarial, significa que se incrementará la miseria.

Políticamente este decreto echa al piso los avances y acuerdos logrados para fortalecer las nóminas directas en el sector estatal, tanto en el orden nacional como local.

Cedins: La CUT afirma que han sido desconocidos nuevamente los escenarios de concertación ¿cómo quedan estos instrumentos? ¿Van a desaparecer?

EM: La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es un escenario tripartito en el que gobierno, empresarios y sindicatos discuten, argumentan y buscan acuerdos en temas relacionados con el mundo del trabajo. Este decreto jamás fue consultado, por lo menos con los sindicatos, es más, esta hecho a la medida de los empresarios que finalmente son los únicos beneficiados con su aplicación. Al no ser tenida en cuenta la CPCPSL se configura en otro elemento de inconstitucionalidad del decreto, toda vez que esta comisión tiene caracter constitucional.

El gobierno dice no compartir las vías de hecho, pero acude a ellas sin sonrojarse, utiliza su poder ejecutivo para por vía de hecho para arrebatar derechos a los trabajadores. Está seriamente cuestionada la credibilidad de este gobierno y la utilidad de los espacios de concertación.  

Cedins: ¿Cómo se explica que mieNtras el gobierno llamA a que se le apoye en los temas de paz, se arrecie con medidas como éstas contra el movimiento social y los trabajadores y trabajadoras?

EM: Lo primero es que la CUT en sus máximas instancias ha definido estar comprometida con respaldar la solución  politica como camino valido para resolver el conflicto armado. Pero la CUT ha manifestado que el conflicto social se debe resolver con el movimiento social. Por eso le presentó al gobierno Santos, junto a las otras centrales, una Agenda Laboral para un país en Paz, sin que hasta el momento este se haya dignado contestar dicha propuesta y menos negociarla. Por tal razon la CUT se sumó al Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz, como un posible escenario para que el movimiento social negocie con el gobierno estas agendas sociales.

Este gobierno ha insistido en gestos de Paz, pero esto se convierte en un ejercicio discursivo, pues sus actuaciones en el ejecutivo con este tipo de decretos son declaraciones de guerra. Adicional a lo anunciado insiste en presentar una nueva reforma tributaria, pensional y al sistema de salud. Todo en contra del pueblo colombiano.

Esperamos los trabajadores y trabajadoras que en la fase publica de los diálogos Gobierno-ELN, en el punto de participación y transformaciones todos estos elementos lesivos para los trabajadores sean discutidos y se acuerden mecanismos para transformar ese mundo del trabajo que cada vez más pauperiza a los trabajadores.

Cedins: ¿Qué medidas y acciones impulsará la CUT frente a esta situación?

EM: En el pliego último presentado por el Comando Unitario y la Coordinación de Movimientos Sociales, uno de los puntos centrales es el desmonte de la Tercerización. En ese sentido, la principal acción va ser la movilización social para acabar con este flagelo que arrebata derechos a los trabajadores. Desde ya llamamos a un 1 de mayo unitario y combativo; debemos ser millones de colombianos y colombianas los que nos tomemos las calles exigiendo respeto a nuestros derechos y por un trabajo digno. Todo esto encaminado a la preparación de ese gran Paro Cívico Nacional. Adicional a esto la CUT con su equipo jurídico estudia las posibles acciones legales, pero lo fundamental es la lucha social.