Por: Lisbet Montaña* y Pablo Solana**

La Zona de Reserva Campesina –ZRC– de Morales y Arenal, en el sur de Bolívar, es una de las seis formalmente reconocidas por el Estado colombiano. Los líderes y lideresas comunales de la región defienden la experiencia que ya lleva más de 15 años, aunque demandan instancias directas de diálogo. Cuando el Gobierno les dijo que el tema se resolvería en la Mesa de La Habana, respondieron: “La paz no se va a hacer sólo con los grupos armados, reclamamos la participación directa de la comunidad”.

Navegar el río Magdalena siempre resulta placentero, aunque sólo sea durante los cuarenta minutos que tarda la chalupa desde La Gloria, cerca de Aguachica –Cesar–, hasta Buenavista, el modesto puerto por el cual llegaremos a Arenal, la cabecera distrital del municipio que lleva el mismo nombre, en el Sur de Bolívar.

La navegación resulta placentera por el clima, los paisajes, el vuelo de las aves y el aire de río, aunque entristecedora por las historias que aún perduran: a este río, en este mismo tramo, fueron arrojados decenas de cuerpos tras la masacre de Simití, o la de San Pablo; entonces las aguas se tiñieron de rojo y entre los pobladores se expandió el temor de que los peces estuvieran contaminados “de tanto comer cadáveres”. Militares y paracos se ensañaron en los 90 especialmente con el campesinado del Sur de Bolívar; enfrentaron a las guerrillas y masacraron poblaciones para disputarles el territorio y garantizar la entrada de las multinacionales, que trajeron palma aceitera y pretendieron llevarse el oro de la serranía de San Lucas.

Entrando al pueblo de Arenal nos topamos con la más importante obra de infraestructura de los últimos años: 400 metros de asfalto en las principales calles. Apenas 400 metros, que alcanzan para circundar la alcaldía y un poco más. Después de la sede municipal, la referencia ineludible es la Cooperativa Multiactiva Comuarenal. Allí nos recibe Milena Quiroz Jiménez, una mujer de treintaitantos años, siempre sonriente. Es la representante legal de la cooperativa que, junto a la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Quebrada Honda –Asohonda–, lidera la Zona de Reserva Campesina en la región.

“Campesino vuelve al campo” es el lema de Comuarenal, que asocia a pequeños productores (en su mayoría afrodescendientes) vinculados a las actividades agrícolas, piscícolas y pecuarias en todo el municipio. Milena reparte su tiempo entre las obligaciones al frente de la cooperativa y sus tareas como referente de la ZRC.

 Veinte años de irrespeto estatal

 La ZRC de Morales y Arenal fue constituida en 1999 por medio de una resolución expedida por el entonces denominado Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). El objetivo, al igual que en las otras ZRC, pasa por delimitar una zona en la que se preserve el territorio y fomenten la economía y la identidad campesina. En este caso, la delimitación se extiende por la margen izquierda del río Magdalena, abarca 29.100 hectáreas que cubren de manera transversal una parte del municipio de Arenal y otra, hacia el sur, de su vecino Morales. Cerca de diez mil campesinos que viven de la producción agraria, pecuaria o de la pequeña minería artesanal habitan la región.

“Uno de los principios orientadores de las ZRC es regular la concentración de la tierra”, describe Milena. “En esta región hay quienes tienen más tierra de lo que establece la norma, pero aún no existe regulación precisa que lo evite. Eso debería lograrse si se cumpliera con la ZRC como establece la ley, que ya tiene 20 años. Además, el uso del suelo debería regularse, establecer qué cultivos deberían implementarse, para que no haya excesivo cultivo de palma, que tanto daño hace en la región, u otro tipo de monocultivos industriales que, si miramos el objeto para el cual fue creada la ZRC, no aplicarían dentro del objetivo de brindar garantías alimentarias para los campesinos de la zona”, explica la dirigente comunitaria.

La figura de ZRC es defendida por los campesinos que habitan las extensiones ya reconocidas y por quienes luchan para que se reconozcan formalmente otras tantas, establecidas “de hecho”. Aunque el Estado aceptó –y está obligado a respetar– oficialmente seis ZRC (además de la de Morales y Arenal, las de El Pato en El Caguán; Valle del Río Cimitarra en Antioquia y Sur de Bolívar; Bajo Cuembí en Putumayo; Calamar en Guaviare y Cabrera en Cundinamarca), la realidad hoy vivida en estos territorios dista de ser la que dispone la ley.

Describe nuevamente Milena que, “En estos 15 años (desde el reconocimiento oficial de la ZRC de Morales y Arenal) los cambios para las familias campesinas no han sido significativos. Cuando se crearon las ZRC se creó un Plan de Desarrollo Sostenible, que aquí lo tenemos pero que el gobierno nunca lo implementó. Es cierto que se han realizado algunos avances, pero de forma aislada, como titulación de baldíos, y unos proyectos de fortalecimiento para cosas puntuales, pero como tal el Plan de Desarrollo Sostenible aún no se ha implementado”.

La regulación del uso de la tierra, tanto en lo que refiere a la extensión de las propiedades como por el tipo de explotación que se realiza, es la principal preocupación en Morales y Arenal. En toda la región del Sur de Bolívar el monocultivo de palma aceitera se extiende como una plaga, por el beneficio que le otorga a algunos pequeños productores sembrar a pedido de multinacionales que sacan el mayor beneficio. “Esto no está regulado aún; si la ZRC no reglamenta estas cosas, difícilmente pueda hacerse el control sobre este tipo de actividad económica”, reclama la representante de Comuarenal.

“Desde las bases”

 Querer ser parte protagónica de los debates y las decisiones que influirán en su futuro lleva a los voceros de Morales y Arenal a mantener un fluido vínculo con instancias de diálogo regional y nacional con el gobierno. Para ello mantienen relación directa con el Incoder, participan de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, del Coordinador Nacional Agrario –CNA– y de la Cumbre Agraria.

La Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar recoge las distintas problemáticas de la región; en los últimos años logró tal representatividad que el Gobierno habilitó una instancia especial para el diálogo directo con los delegados del lugar. Teófilo Acuña, referente histórico de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar –Fedeagromisbol– es el vocero de la Comisión de Interlocución, y coincide con Milena: “La única garantía de que las empresas o multinacionales del carbón, el petróleo, el oro, no exploten el subsuelo en una ZRC, es la participación activa de la comunidad”. El dirigente regional, que a nivel nacional integra el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, señala otras limitaciones de las ZRC: “Cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quiso suspender en el 2003 las ZRC lo hizo, porque éstas se basan en la ley 160, que establece que un gobierno puede suspenderlas. Por eso para nosotros lo importante es la legitimidad que da la participación de la comunidad. Estamos discutiendo estas cuestiones en el marco de la agenda de la Cumbre Agraria”.

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es el proceso unitario más abarcador y estable de las organizaciones populares de Colombia en mucho tiempo. Esta coordinación nacional brinda un espacio muy valioso para la ZRC, donde encuentra un ámbito de confluencia con otras estructuras campesinas como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc.

Entre la ZRC de Morales y Arenal y Anzorc, que agrupa otras experiencias similares a nivel nacional, hay acuerdos pero también diferencias de enfoque. “Nosotros reconocemos que Anzorc tiene su propia dinámica, y aunque no coincidimos en algunos aspectos, respetamos eso”, explica Milena, y refiere al aval que esa entidad dio a la forma en que se trató el tema de las ZRC en La Habana, entre el gobierno nacional y las Farc. “En algún momento el Gobierno nos decía que ya teníamos la discusión del tema en la Mesa de La Habana y que por eso no podían adelantar conversaciones con nosotros. Les dijimos no, las comunidades no han sido parte de la construcción de la agenda de La Habana, por lo tanto las condiciones para construir la paz se van a dar a partir de la participación directa de la comunidad. Entonces pedimos que deslinden el proceso del Sur de Bolívar de lo que estuvieran hablando sobre ZRC sin nuestra participación, y que, en cambio los acuerdos se buscaran a través de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y el CNA”. Esto generó que Anzorc no cuente con la participación de la ZRC de Morales y Arenal.

Milena hace una pausa, desvía la mirada. Más tarde, fuera de micrófono, confiesa el motivo de su incomodidad: ¿cómo referir a esas diferencias de enfoque entre organizaciones campesinas sin herir susceptibilidades? Sana preocupación despejada del rostro de la mujer cuando retomó sus argumentos e insistió, con tono sereno y firme: “La paz no es sólo silenciar los fusiles, es construir condiciones para el goce efectivo de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos; en ese orden de ideas nosotros sí queremos la paz, pero una paz construida desde las bases”.

Esa paz, impulsada por un pueblo que insiste tercamente en ser el protagonista de su propio destino, es la que están peleando, y construyendo en la ZRC de Morales y Arenal.

Reservas Campesinas, Resguardos, Consejos Comunales, Zonas Agroalimentarias?

Sectores agrarios y campesinos, organizaciones indígenas y comunidades negras cuentan con distintas figuras jurídicas que respaldan sus demandas sobre el territorio. Esas figuras, en cada caso fruto de luchas históricas aún latentes, entran en conflicto entre sí. Las Zonas de Reserva Campesina, por caso, definen un territorio excluyente tanto para los Resguardos Indígenas como para los Consejos de las comunidades negras. “La ZRC delimita un área geográfica. Si está una ZRC, no puede existir en un mismo lugar un Consejo de comunidades negras. Ahí chocan las dos figuras”, explica Milena y pone como ejemplo lo que sucede en Morales y Arenal: “Aquí tenemos las dos figuras, la ZRC y también Consejos Comunales de las comunidades negras. Cuando avancemos en el proceso de titulación colectiva de la tierra, habrá que definir cuál es el área de la ZRC y cuál el área del Consejo Comunitario”. Eso implica una delimitación sobre un territorio hoy compartido. ¿No generaría un conflicto de intereses?, preguntamos. “No”, es la respuesta tajante de la referente de la ZRC, y agrega: “Aquí unos y otros hemos venido trabajando de manera articulada; lo importante será contar con una legislación propia propuesta por las mismas comunidades que garantice la mejor protección del territorio”.

En un intento por sobrevolar los tironeos de unos y otros sectores por el territorio, desde el Coordinador Nacional Agrario -CNA- se propone la figura de Zona Agroalimentaria. El proyecto cuenta ahora con un impulso institucional desde que el expresidente del CNA, el campesino del Catatumbo Alberto Castilla, alcanzó una curul en el Senado como parte de las listas del Polo Democrático Alternativo -PDA-.

Según Castilla, esta propuesta tiene como objetivo preservar “las regiones y áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran el fortalecimiento de la economía campesina, la regulación, limitación, redistribución y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios y terrenos rurales”.

Teófilo Acuña, dirigente de Sur de Bolívar y referente del CNA explica: “La figura de Zona Agroalimentaria que proponemos busca ser incluyente, ir más allá de las ya existentes. Proponemos que todo lo que esté dentro de una Zona Agroalimentaria quede allí y se preserve: el territorio, las organizaciones sociales y políticas, lo que tenga que ver con la cultura, lo ambiental. En vez de confrontar con otras figuras, las Zonas Agroalimentarias tienen que ayudar a potenciar a las demás experiencias étnicas o sectoriales”.

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* Educadora popular adscrita al Instituto Nacional Sindical – Cedins , www. Cedins.org
** Editor general de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, www.colombiainforma.info