El despojo y el orden social en Colombia
A propósito del Juicio Ético que se inicia mañana debemos recordar que el despojo ha marcado la historia de la sociedad colombiana a tal grado que el robo de recursos ha sido un mecanismo primordial de regulación de la economía y la sociedad. La colonización española fue un gran proyecto de despojo y tras la independencia el despojó no se detuvo, simplemente se transformó, enalteciendo a la gran hacienda como la base del poder político y militar.
A finales del siglo XIX, la colonización de los territorios nacionales y la evangelización de los indígenas que allí habitaban marcaron otra etapa de desposesión para los pueblos de esas regiones. El robo del canal de Panamá, las plantaciones de la United Fruit o los enclaves de la Tropical Oil Company, marcaron una nueva era marcada por la entrada del capital foráneo que combinó la explotación intensiva de los trabajadores, con la violencia y la persecución al naciente movimiento sindical para facilitar el abusivo aprovechamiento de los recursos naturales de la nación para el enriquecimiento de extranjeros.
En la segunda mitad del siglo XX, especialmente en las últimas décadas, el desplazamiento forzado reorganizó el territorio y la disposición de la propiedad de la tierra afectando, principalmente, a las familias campesinas, y a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La principal causa del desplazamiento ha sido el despojo de tierras, favoreciendo la expansión de proyectos agroindustriales, el desarrollo de planes minero-energéticos y el control del suelo para el narcotráfico. El desplazamiento no ha sido un daño colateral del conflicto, sino un objetivo principalmente del paramilitarismo, y de los empresarios del campo legales e ilegales que han impulsado el modelo de la “acumulación por desposesión” a gran escala.
El carácter colonial de la economía colombiana encajó con el establecimiento de una democracia restringida donde aquello que no controla el clientelismo se reprime con el terrorismo de Estado. A partir de los años 80 esta tendencia, lejos de revertirse, se profundizó con la apertura económica y la entrada en vigor del neoliberalismo. Esta regulación económica se ha reconfigurado con la promoción de las actividades extractivas que han abierto oportunidades para los inversionistas foráneos que buscan inversiones seguras en minería, agronegocios, hidrocarburos y otros bienes de la naturaleza para paliar el vaivén de la economía capitalista en crisis, y para controlar recursos estratégicos en un contexto de crisis energética y crisis ambiental evidenciada con el cambio climático.
El crecimiento de la inversión extranjera en Colombia tiende a enfocarse en el sector rural, pero su propósito no es solo el obtener ganancias en las regiones, además busca convertir en mercancías a los territorios y a los ecosistemas. La cuestión no radica simplemente en ganar dinero explotando los territorios, también se buscan nuevas alternativas de inversión convirtiendo en mercancías los bienes comunes de los pueblos o poniéndole un precio a aquellos recursos que no deberían ser comprados o vendidos.
Las recientes denuncias en torno a las empresas Riopaila Castilla, el grupo Merhav de Israel, Mónica Semillas y empresas petroleras y mineras que han violado la ley para apropiarse de decenas de miles de hectáreas, son una expresión de esta nueva etapa de despojo que está dispuesta a vulnerar la propia legislación de los Estados para controlar amplias franjas de territorio y sus recursos.
Nuestra época está marcada por la combinación de tres tipos de despojo: El despojo violento que le arrebata sus tierras a las comunidades se combina con el despojo de los derechos de los trabajadores y con la privatización de los bienes comunes y naturales.
La combinación de todas las formas de despojo marca la manera como se organiza buena parte de la economía y la sociedad, no es una falla del sistema actual, sino la base de su configuración.
