INDIGNADOS POR EL NUEVO FRAUDE DE LA REFORMA A LA SALUD
Las centrales sindicales, las federaciones, la Internacional de Servicios Públicos – ISP, las organizaciones sindicales del sector salud y de la seguridad social, las 69 organizaciones sociales, estudiantiles, académicas, de usuarios, de pacientes y políticas que conformamos la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud – ANSA – presentamos a la sociedad colombiana, a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, a los gobiernos nacional y territoriales y a la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana, nuestra voz de rechazo a la ley estatutaria en salud aprobada y al proyecto de ley ordinaria respaldado por el gobierno nacional.
La crisis del sistema de salud, que ya nadie niega, no es de regulación. Es de estructura. Cada vez es más claro que la voracidad de los intermediarios, que son los verdaderos dueños del negocio, lleva a la apropiación indebida de la mayor parte de los recursos que todos y todas aportamos.
Este negocio de la enfermedad fue instaurado en el marco de una visión de la sociedad, según la cual el motor del desarrollo es la iniciativa privada y la ganancia que de ella se deriva, de manera que el Estado sólo debe impulsar la acumulación de capital y subsidiar a los pobres. Este modelo, de corte neoliberal, ha dejado cientos de mil es de víctimas por la violación sistemática del derecho a la salud, a la dignidad humana y a la vida.
Hemos sido víctimas:
- Pacientes sometidos a toda suerte de barreras de acceso y a condiciones de pésima calidad de atención, llevados a la muerte, discapacidad y condiciones indignas de vida.
- Personas en situación de discapacidad sistemáticamente excluidas como resultado de la búsqueda de ganancia de los intermediarios del sistema, tanto EPS como prestadores de servicios sin escrúpulos.
- Comunidades pobres siempre tratadas indignamente como personas de segunda clase, porque deben demostrar ser pobres para recibir las limosnas llamadas subsidios.
- Trabajadores del sector salud sometidos a la esclavitud de la intermediación laboral y a la incertidumbre cotidiana de la inestabilidad, debido a la obsesiva disminución de costos para aumentar las ganancias de las empresas sin pensar en las personas.
- Comunidades enteras sometidas a la reaparición de enfermedades que habían sido controladas o prevenibles, como la tuberculosis, la malaria, el dengue, producto de las pésimas condiciones sanitarias y ambientales.
- Hospitales públicos obligados a sobrevivir sin ingresos, mientras los intermediarios, las EPS, se apropian de los dineros del sistema y los convierten en bienes y recursos de capital.
- Profesionales de la salud sin autonomía, obligados a violar su juramento hipocrático y decidir en función del menor gasto, más que en las necesidades de sus pacientes.
- Pensionados que deben cotizar más alto que ninguna otra población para recibir mala atención.
- Estudiantes y profesores universitarios sin escenarios para el aprendizaje y para la investigación en salud y con incertidumbre sobre su futuro sin derechos laborales.
- Usuarios engañados en la participación social, sin autonomía para decidir, ni organizarse, manipulados por la institucionalidad para contribuir contra su propia precariedad y degradación social.
- Población carcelaria sometida a todo tipo de vejámenes inhumanos, producto de la desatención en salud.
EL GRAN FRAUDE DE LA LEY ESTATUTARIA
Aunque en la ley aprobada se habla de la garantía del derecho fundamental a la salud, en el mismo texto y en las consecuencias prácticas, se limita drásticamente el contenido de este derecho a un plan de beneficios con exclusiones que definirá el Ministerio de Salud. De esta forma, ningún juez podrá aceptar el recurso de la tutela cuando se trate de exclusiones. Antes de interponer una tutela, los pacientes deberán presentar otros recursos como el de reposición y la acción de nulidad. Así, el Gobierno logró limitar la tutela como pretendía de tiempo atrás.
Todo lo excluido deberá ser pagado por las familias, según su capacidad de pago.
En el mismo sentido, la Ley Estatutaria se ató al principio de sostenibilidad fiscal que el gobierno logró aprobar en el Acto Legislativo N° 01 de 2011. Todo lo excluido no será financiado con recursos del Estado, sino por las familias, según el deber de la cofinanciación del servicio.
En contraste, el gobierno garantizó la permanencia de los intermediarios con ánimo de lucro en la administración de los recursos públicos de la salud y conservó un irrelevante control de precios de los medicamentos que escasamente toca a los grandes dueños de este negocio.
En síntesis, la ley estatutaria es un fraude a la población colombiana y una garantía de continuidad para los beneficiarios del negocio actual de la salud.
LOS ENGAÑOS DE LA LEY ORDINARIA
Aunque el Gobierno Nacional anunció un gran cambio estructural del sistema, la ponencia aprobada en primer debate del proyecto de ley ordinaria, sólo cambia de nombres para profundizar el modelo de la Ley 100 de 1993.
Las EPS se convertirán en Gestores de Servicios de Salud (GSS), más grandes y con más recursos para administrar los dos regímenes. El FOSYGA se convierte en un gran banco, empresa social y comercial del Estado, llamado “Salud Mía”. En este banco los GSS tendrán sus cuentas propias con el monto total de Unidades de Pago por Capitación (UPC) para la prestación de servicios individuales. Ellos serán los encargados de organizar las redes de servicios y autorizar el pago a los prestadores, propios o contratados, cada vez que llegue un afiliado a solicitar atención. Por lo tanto, seguirán las autorizaciones y las barreras de acceso, excepto en la atención inicial de urgencias, tal como existe hoy.
Los hospitales públicos quedarán dependiendo de las redes de servicios que organicen los GSS, desde la básica hasta la más alta complejidad y de las autorizaciones de pago ante Salud MIA, lo que a la postre llevará a profundizar la quiebra de la red pública hospitalaria.
En síntesis, aunque los gestores no reciban los recursos al comienzo de la operación, las utilidades finales seguirán dependiendo del menor gasto que hagan de sus cuentas de la UPC para prestar los servicios. Otro fraude a la población colombiana con el derecho fundamental a la salud.
BANQUETE CLIENTELISTA Y DE CORRUPCIÓN CON LOS DERECHOS LABORALES
La crisis fiscal, como lo manifiesta el señor Ministro de Salud y Protección Social, no la causa la formalización de los 250.000 empleos tercerizados, sino los más de 36 billones de pesos de deuda contingente que se tiene por contrato real.
Es evidente que el Gobierno le quiere pagar a los gamonales políticos, senadores y representantes, la votación de estas Leyes con los derechos mínimos de los trabajadores.
En la ponencia aprobada en primer debate del Proyecto de Ley Ordinaria se propone:
- La eliminación del periodo de los gerentes nombrados por concurso de méritos, regresando al libre nombramiento y remoción por parte de alcaldes y gobernadores.
- La clasificación de más de 250.000 trabajadores como “servidores de la salud”, de libre nombramiento y remoción, dejándolos a merced de los directorios políticos de los departamentos y municipios, convirtiendo los hospitales en fortines clientelistas y politiqueros.
- El traslado de los elementos corruptos del contrato de prestación de servicios al vínculo laboral, al establecer que el contrato es por período o por actividad a realizar, el cual se puede interrumpir anticipadamente por terminación de los contratos con los gestores.
- Eliminación de los trabajadores oficiales y, con ello, las pocas convenciones colectivas existentes. Esto restringe la carrera administrativa al 20% de personal y elimina totalmente la negociación colectiva para los servidores de la salud, pues al sacarlos del régimen de carrera administrativa y no tener ninguna estabilidad laboral, no tienen ningún acceso al derecho de negociación colectiva aceptado legalmente para todos los trabajadores y empleados públicos.
- La realización de una reforma constitucional mediante la cual se reduce al mínimo los fueros sindicales por entidad, favoreciendo la masacre laboral derivada de las reestructuraciones de los hospitales. Esto significará el despido de, por lo menos, 30 mil trabajadores que serán remplazados por otros que ingresan con la nueva clasificación y nomenclatura.
Antes de cualquier reforma, es imperativo recuperar los recursos fiscales y parafiscales, indebidamente apropiados por los intermediarios y devolverlos a las víctimas, especialmente a los hospitales públicos.
LA MOVILIZACIÓN ES LA ÚNICA SALIDA
Ante esta brutal arremetida contra el pueblo y los trabajadores por parte del Gobierno y sus amigos en el Congreso, convocamos a:
1. Pofundizar y ampliar la movilización y organización popular avanzando a niveles superiores de coordinación y de acción.
2. Participar del Encuentro Nacional Sindical y Popular el 18 de Julio de 2013, en Bogotá, donde se tomarán las decisiones sobre las acciones a realizar para la defensa del pleno derecho a la Salud y de los derechos laborales.
3. Desarrollar una Gran movilización por el derecho a la salud y de indignación nacional por el engaño al pueblo colombiano a través de la Ley Estatutaria de Salud y el Proyecto de Ley Ordinaria el 19 de Julio de 2013 en Bogotá y las ciudades capitales.
4. Preparar el Paro Nacional Sindical y Popular por la Salud y la Dignidad del pueblo colombiano y de los trabajadores de la salud.
Bogotá, julio 11 de 2013
