Declaración final del Encuentro Nacional minero-energético
Declaración final, y acuerdo de acciones emanadas del encuentro minero energético nacional realizado en bogota durante los dias 16 y 17 de mayo del 2013, convocado por reclame, cut, uso, sintracarbon, rios vivos, y apoyado por congreso de los pueblos, pda, modep, cedetrabajo, corp. aury sara, cedins, colectivo soberania y naturaleza, minga, censat y otras organizaciones.
I ENCUENTRO NACIONAL MINERO-ENERGÉTICO Y III ENCUENTRO DE RECLAME
HACIA UNA NUEVA POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA
Bogotá, 16 y 17 de mayo de 2013
CONTEXTO
La idea de convertir a Colombia en una potencia minero energética, centrando su economía en la actividad extractiva, atenta contra la soberanía nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la vida.
La globalización neoliberal que ha facilitado la intervención del capital transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y la industria casi al borde de la extinción, ferió el patrimonio público especialmente en los renglones estratégicos de la economía, debilitó su capacidad regulatoria convirtiéndolo en un régimen antidemocrático, y privatizó los derechos de la población. La economía está pensada desde entonces al servicio del mercado extranjero y no de los intereses nacionales, ni en beneficio del pueblo colombiano.
De esta manera, el país perdió la soberanía sobre los bienes naturales y los alimentos, permitiendo que las empresas transnacionales llegaran hoy a controlar su uso, en función de los negocios mineros y energéticos, ahora facilitados también en los tratados de libre comercio. La institucionalidad fue suplantada por la “Responsabilidad Social Empresarial”, se vendieron las empresas públicas del sector, las que sobreviven lo hacen bajo la lógica neoliberal, se adaptaron normas ambientales, laborales y tributarias para generar “Confianza Inversionista”, se acomodaron a esos intereses las consultas previas y se criminalizaron las protestas en contra de tales medidas.
Hoy los colombianos y las colombianas no tenemos las condiciones necesarias para ejercer el poder ciudadano de participar, decidir, controlar y ajustar los procesos productivos en torno a la minería y la energía. Estamos limitados institucionalmente para incidir en las políticas que se trazan sobre estas actividades. No existen los espacios para replantear el modelo minero-energético que se impone. Todo en detrimento de la sostenibilidad ambiental de la nación, de la pequeña minería y tradicional, de los derechos de los trabajadores, de la permanencia en el territorio de las comunidades tradicionales, campesinas, pesqueras, afros e indígenas, y de las finanzas y los ingresos del país.
La única forma en que podremos salvar al país de la Locomotora Minero-Energética es fortaleciendo la más amplia unidad del pueblo colombiano, a través de la movilización social, en resistencia contra este modelo de desarrollo y avanzando en la construcción de una política alternativa. El debate de la política minero-energética debe vincular a la sociedad entera. Es necesario que todos los sectores críticos de este modelo, desde lo ambiental, lo étnico, lo cultural, los derechos, lo académico, lo productivo, lo político y lo laboral, nos involucremos en la definición de un futuro diferente para la nación.
LAS PROPUESTAS
La sociedad requiere de una explotación minero-energética necesaria. Esta actividad debe realizarse de acuerdo a los intereses de la nación, debe estar supeditada a la protección del patrimonio natural y las bases de la vida para las generaciones futuras, debe estar bajo el control de un Estado que actúe en coherencia con estos criterios. Las empresas estatales deben realizar directamente o a través de asociación las actividades de explotación minero-energética. En consecuencia, los términos de la inversión extranjera también tendrán que modificarse sustancialmente.
Una nueva política minero-energética requiere que el Estado recupere el control, fiscalización y dirección sobre la exploración, explotación y comercialización de sus recursos naturales no renovables, hoy en manos de las transnacionales minero-energéticas. Es necesario fortalecer las instituciones, la participación ciudadana y las empresas del Estado, que permitan recuperar y ejercer la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en los territorios, condición necesaria para el cambio del modelo energético.
Una nueva política debe orientarse a generar energía, materias primas y recursos de capital de manera racional, apoyando el desarrollo de la agricultura y la industria de la nación, la permanencia de las comunidades en el territorio y el reconocimiento de sus formas organizativas. Debe fortalecerse la investigación en ciencia y tecnología, y la recuperación de los saberes tradicionales, especialmente a través de universidades y centros de investigación públicos, e independientes de las transnacionales y sus gremios.
Una nueva política minero-energética debe considerar la crisis ambiental y humanitaria del planeta y, por lo tanto, tendrá en sus propósitos la búsqueda de fuentes alternativas y el rediseño de la matriz energética. Incluso debe plantear la delimitación de zonas donde no haya ningún tipo de explotación minero-energética y proteger reservas de minerales e hidrocarburos para generaciones futuras. Se debe suspender la explotación de petróleos no convencionales, hasta que no existan los suficientes estudios serios sobre el impacto ambiental y geológico y se aseguren técnicas que garanticen la explotación segura y muestren la conveniencia de su desarrollo para los intereses nacionales y regionales.
Debe suspenderse el otorgamiento de nuevos títulos y licencias ambientales a los proyectos transnacionales minero-energéticos y a cielo abierto. Se debe garantizar que ésta actividad se ejecute acorde a los intereses del país y existan garantías suficientes para la protección de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las comunidades. El Estado debe propiciar la revisión de los actuales contratos con este tipo de minería, revocando aquellos que sean contrarios a los intereses del país, y hacer efectivas las reversiones.
Los criterios generales de una nueva política minero-energética son:
1. El aumento de la renta y la compensación de los daños causados.
2. La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales.
3. La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
4. La defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
5. La defensa del territorio, la cultura y la organización social de las comunidades.
1. El aumento de la renta y la compensación de los daños causados:
El Estado, como principal inversionista de la actividad minero-energética al aportar como capital su recurso natural no renovable, debe ser el actor que perciba la porción más alta de la renta. El Estado debe eliminar las exenciones tributarias al capital extranjero y revivir nuevamente el impuesto a la remisión de las utilidades de este tipo de capital.
En este mismo sentido, con el objeto de promover el desarrollo de la industria nacional, deberá cobrarse un impuesto diferenciado dependiendo del grado de transformación que se le dé al mineral o al hidrocarburo. A mayor valor agregado de la materia prima menos impuesto, a menor valor agregado más impuesto.
Los recursos naturales no renovables son de la nación en el subsuelo y cuando se extraen de éste. Por eso la responsabilidad sobre su comercialización debe ser fundamentalmente del Estado.
El cobro de las regalías debe modificarse para que la participación de la nación aumente, considerando que estas se reciben en una sola ocasión. Se tendrán en cuenta, al menos, tres variables para el cobro de las regalías:
1. La variación en los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos, como una ganancia extraordinaria para el Estado cuando estén muy altos y una tasa mínima de retorno cuando estén muy bajos
2. El agotamiento del recurso, cobrando una regalía cada vez mayor en la medida en que las reservas disminuyan.
3. La facilidad en la extracción del recurso, determinado por la concentración del yacimiento, su ubicación y su posición geoestratégica con relación a los centros de consumo.
Las regalías deberán descentralizarse, beneficiando principalmente a las regiones productoras, que son –a su vez- las que soportan los mayores impactos ambientales, sociales, laborales y culturales. Sobre estos recursos deberá ejercerse un mayor control de parte de la sociedad civil.
Finalmente, una nueva política tendrá que tener en cuenta una contabilidad completa de la actividad minero-energética, que mida los beneficios pero también los costos ambientales, sociales y el costo de oportunidad con otras actividades, para definir si es conveniente para la nación. Esa nueva política debe analizar la posibilidad de no extraer los recursos, en la perspectiva de buscar un mayor beneficio hacia futuro.
2. La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales:
Una nueva política minero-energética debe considerar la huella ecológica, la huella hídrica, altos estándares de cumplimiento a las normas ambientales y estricto cumplimiento a la Constitución y a la legislación colombiana. Controles efectivos para evitar daños ambientales irreversibles y exigir fuertes compensaciones por los daños causados. Exigir pólizas de cumplimiento. Prohibiremos los mega proyectos minero-energéticos en páramos, en humedales, cuencas hidrográficas, ramsar, zonas de reserva y parques naturales nacionales y regionales, y zonas de seguridad y soberanía alimentaria. Hay que reconsiderar los proyectos que estén en zonas en proceso de desertización y exigir licencia ambiental para la exploración.
En lo referente a las represas, se debe adelantar un diagnóstico sobre los beneficios e impactos generados por las represas en Colombia, que permita viabilizar la toma de decisiones sobre nuevos proyectos y la deuda histórica con los afectados por los ya construidos y en proceso construcción. Condicionar la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos a la realización de estudios que muestren y prioricen las verdaderas necesidades energéticas del país, conducente a mejorar la calidad de vida de la población, colocando límites a la exportación de energía eléctrica y a las aspiraciones de máxima ganancia por parte de las empresas del sector eléctrico.
3. La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
Como aspecto fundamental para elaborar una nueva política minero-energética debe establecerse una diferencia entre la explotación artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Debe detenerse la criminalización y persecución a los mineros artesanales, pequeños y medianos. Debe haber exigencias ambientales, sociales, económicas y laborales para todas ellas, pero considerando su tamaño y capacidad económica.
Para no condenar a las explotaciones de menor escala al atraso tecnológico y permitir el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y laborales por parte de éste tipo de mineros, el Estado debe promover su asociación, prestar acompañamiento técnico y económico, a través de planes de capacitación, asistencia técnica y créditos.
4. La defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores:
El Estado debe definir una política laboral que respete los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. Un política laboral que incluya el respeto a la vida y derechos de los trabajadores del sector minero energético, incluidos los pequeños mineros, mineros tradicionales y mineros Artesanales, la superación del trabajo precarizado y tercerizado, que asegure a todos los trabajadores del sector minero energético, un trabajo digno.
Considerar la minería como una actividad de alto riesgo y que, por lo tanto, establezca condiciones de trabajo y garantías especiales para los trabajadores.
5. La defensa del territorio, la cultura y la organización social de las comunidades:
En lo referente a lo social, cultural y territorial, consideramos que una política pensada en la defensa del interés nacional, debe:
1. Proteger la permanencia en el territorio de las comunidades y defender su autodeterminación.
2. Oponerse al desplazamiento de la población.
3. Que las Fuerzas Armadas y de Policía defiendan la soberanía y los intereses de los pueblos, y no a las multinacionales.
4. Respetar y defender la cosmovisión de los pueblos indígenas y la identidad cultural de poblaciones campesinas y afros.
5. Garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de caracter decisorio, con consentimiento, libre, autónoma e informada y como requisito inequívoco para la adjudicación de títulos mineros o de explotación de hidrocarburos, tanto a comunidades indígenas y afros, como a campesinas y pescadoras.
6. Proteger e impulsar alternativas productivas, incluyendo la agricultura campesina y la pesca.
7. Plantearse la actividad minera en articulación con la agricultura y la industria y no en reemplazo de la misma.
8. Garantizar la competencia y autonomía de comunidades, Concejos y Asambleas para el ordenamiento del territorio.
Cumplir con lo anterior implica necesariamente una política diferente a la planteada bajo la lógica neoliberal que ha profundizado el gobierno de Juan Manuel Santos.
Todo lo anterior hace parte de una política minero-energética integral. En términos generales, debe tener criterios claros, de acuerdo con los intereses nacionales, sobre: dónde, cómo, cuánta y para qué se realiza la explotación minero-energética.
Con estos enunciados básicos, los asistentes al I Encuentro Nacional Minero-Energético y III Encuentro de Reclame manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la más amplia unidad del pueblo colombiano para frenar la Locomotora Minero-Energética, derrotar la concepción de “Colombia: País Minero” y avanzar en la consolidación de un movimiento social desde lo local, lo regional y lo nacional capaz de implementar una nueva política minero-energética. En este camino, convocamos a todos los sectores del país a que intercambiemos estas propuestas en un Congreso Nacional Minero y Energético.
En la construcción de este Encuentro y de las tareas planteadas, manifestamos nuestro saludo a los autores del libro “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, elaborado por la Contraloría General de la República, por considerarlo un material valioso y necesario en la defensa de los intereses de la nación.
Bogota mayo 17 de 2013
SE APRUEBA IGUALMENTE APOYAR LAS SIGUIENES ACCIONES:
ACCIONES NACIONALES : Hacia una política alternativa minero-energética
Encuentro de comunidades desplazadas por el cerrejón
Definir fecha (df)
Juicio Ético y político contra el despojo (Bogotá)
03, 04, 05 de agosto de 2013
Audiencia Pacific Rubiales (Meta)
13 de julio de 2013
Congreso minero-energética
(df)
Asamblea minero-energética
(df)
Paro de pequeños mineros
(df)
Foro minero-energético Sur occidente
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V Gran marcha carnaval en defensa de la vida
05 junio 2013
Jornada de Nacional minero-energética
1ª SEMANA OCTUBRE
Encuentro Regional de Paz. Cabrera Cundinamarca
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Paro minero nacional indefinido
17 de julio
Marcha nacional para frenar la locomotora minero-energética
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Encuentro de comunidades afectadas por la minería en los departamentos de la guajira cesar, Córdoba.
(df)
Foro biodiversidad VS mega minería
24 de mayo
Auditorio Cámara de comercio ( Ciudad Bolivar Antioquia)
Foro y plantón alternos a la feria minera en Medellín
La segunda semana de octubre
Marcha no a la minería ( Medellín)
31 de mayo
Foro minero-ambiental
Agosto
Pre. Audiencia Minera AGLO GOLD ASHANTI (Sur de Bolívar)
28 de junio 2013
Foro Académico sobre herramientas jurídicas contra la megamineria. Armenia Universidad del Quindío, auditorio ciencias básicas
31 de mayo
Marcha carnaval por la vida y el territorio ( Armenia ,Quindío)
05 de junio
Foro minero ( El Carmen de Chucuri, Santander)
20 de mayo
I Encuentro de sabedoras y sabedores
junio
Demanda nacional contra el decreto 934
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Apoyo a la campaña de moratoria minera
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Campaña nacional contra la Anglo gol Ashanti
(df)
ESTRATEGIAS
Estrategia de comunicación con énfasis en formación e información que permita afianzar lazos entre los trabajadores y comunidades para la opinión pública.
Ley orgánica de hidrocarburos
Consulta previa libre e informada y garantía al consentimiento libre e informado
Suspensión de la utilización de la exploración y explotación de petróleos no convencionales.
