El Titanic de Santos
De la Locomotora al Titanic
Desde el inicio de su mandato el presidente Santos ha usado a la locomotora como la alegoría que define los propósitos de su gobierno. Esa imagen no es una casualidad; desde el siglo XIX la locomotora es el símbolo del progreso capitalista que penetra en los territorios para generar ganancias. La irrupción del tren refleja el fin de la vida tradicional que le abre paso a la tecnología y al dinero. Para un gobierno cuyo principal objetivo es la atracción de capital inversionista, la locomotora es una buena alegoría, especialmente porque la mayoría de la inversión extranjera que llega a nuestro país está enfocada a actividades que penetran en los territorios de campesinos, indígenas y afrodescendientes: la minería, los hidrocarburos, la infraestructura y los agronegocios.
Hace unos meses mi buen amigo José Antequera me recordó que otra buena alegoría del progreso capitalista es el Titanic, el barco de inmensas proporciones que pretendía cruzar el océano llevando lujos, riquezas y trabajadores. Esa inmensa nave es la alegoría del fracaso del progreso, pues el barco sucumbe al estrellarse con la naturaleza. La vanidad humana que construyó semejante aparato se vio humillada por un bloque de hielo que se le atravesó en el camino. Irónico. Una de las mayores muestras del progreso capitalista fue destruida por agua. El bloque de hielo que hundió al Titanic no era más que agua en estado sólido. El mismo líquido que se desvanece entre nuestros dedos puede acabar con un transatlántico cuando cambia de estado. Un iceberg es una buena alegoría para describir al movimiento popular.
Entre prebendas y privatizaciones
El gobierno Santos encontró en su reforma a la justicia su propio Titanic. Esta iniciativa buscaba dos objetivos. Por un lado, generar beneficios jurídicos para congresistas y magistrados. Para los primeros incluía mayores garantías jurídicas, entre ellas la doble instancia en sus procesos, eliminación de conflicto de intereses al discutir ciertos proyectos de ley, e incluso su juzgamiento por un órgano congestionado que no podría investigarles como es debido. Los magistrados, a su vez, se vieron beneficiados con la ampliación de su período. Así el gobierno nacional quería premiar a un congreso que ha sido obediente con la agenda legislativa y asegurarse el respaldo de una rama judicial que en un primer momento planteó reservas frente a la reforma. En suma, Santos buscaba consolidar la coalición de “Unidad Nacional” para ganar mayor gobernabilidad; las prebendas, que incluían buenas dosis de impunidad para los congresistas eran el mecanismo más adecuado.
En segundo lugar, la reforma insistía en la agenda privatizadora que ha rondado a la administración de justicia en las últimas tres décadas. Aludiendo a la necesidad de “descongestionar” la rama, la reforma pretendía trasladar funciones judiciales a abogados particulares y notarios, así como dar un andamiaje a los procedimientos de solución de conflictos en el marco de los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia.
Las fisuras en el barco de la “Unidad Nacional”
Y luego la historia conocida: el Titanic se hundió. Sabemos que la reforma llegó a los extremos en la conciliación, cuando se introdujeron los adefesios jurídicos que indignaron al país. Cuando esa indignación fue creciendo el gobierno intentó salvarse señalando la responsabilidad exclusiva del congreso. Los congresistas acudieron juiciosamente a hundir la reforma en sesiones extras, pero le cobraron al gobierno su falta de respaldo, no fue una casualidad que el Ministro del Interior recibiera silbidos de los representantes cuando les agradeció su obediencia.
No obstante, es claro que el gobierno también tiene responsabilidad política aunque haya querido lavarse las manos hundiendo la reforma. La actitud de los conciliadores no contravino al gobierno, más bien, ellos asumieron que tenían en sus manos la facultad de aprobar de leyes que les favorecieran. Como en las aventuras del buen soldado Švejk, se tomaron de manera literal las orientaciones del gobierno y terminaron por escandalizar al país.
El hundimiento de la reforma trae entonces dos consecuencias inmediatas. Los congresistas amenazan con abandonar la obediencia. Sienten que el gobierno los traicionó al dejarles la responsabilidad política de la reforma para salvar su prestigio. Así la coalición de Unidad Nacional muestra graves fisuras. Por otro lado, se evidencia una indignación nacional que afecta tanto al gobierno como al congreso. Las encuestas publicadas ayer revelan una caída en la popularidad del presidente Santos que solo puede compararse, dicen los expertos, con la impopularidad de Samper durante el proceso 8000. El gobierno buscó salvarse pero terminó hundiéndose junto a su frustrada reforma.
El fantasma de la excepcionalidad: adiós al derecho, bienvenida la política
Una pregunta sigue rondando el ambiente: al objetar la reforma ¿el gobierno respetó la institucionalidad y la constitución, o la violentó sin tapujos? La pregunta surge porque el presidente no tiene las facultades constitucionales para objetar una reforma constitucional y porque el hundimiento no podría hacerse en sesiones extras.
Quienes consideran que el gobierno violó la constitución consideran que el remedio es peor que la enfermedad, pues los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello lo que está permitido por la ley. Además, y esto es lo más preocupante, el presidente habría ganado facultades que reconcentran su poder. Como ha planteado Rodolfo Arango:
“Si las pretensiones inconstitucionales del presidente triunfan, los colombianos amaneceremos viviendo en un peor sistema político que el existente. El presidente habrá ganado una facultad constitucional más: la de oponerse a las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo. El régimen político presidencialista hará aún más poderoso al ya excesivamente poderoso presidente, algo parecido a un régimen monárquico, en franca contravía del régimen republicano, democrático y pluralista adoptado por la Constitución de 1991”.
Quienes justifican la actuación del gobierno acuden a razonamientos que desbordan el texto constitucional rozando con lo extrajurídico. Valga como ejemplo la tesis del siempre lúcido Rodrigo Uprimny:
“Junto con Miguel La Rota y José Espinosa… compartimos una regla interpretativa formulada alguna vez por uno de los mejores jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, según la cual, uno debe interpretar la Constitución de manera tal que evite convertirla en un “pacto suicida”. Por ello, si una interpretación de la Constitución conduce a resultados catastróficos, entonces es muy posible que esa interpretación sea jurídicamente incorrecta… Después de ese análisis, modifiqué mi primera reacción jurídica y considero que el Presidente puede objetar un acto legislativo.”
Pareciera que Arango y Uprimny, dos juristas serios y democráticos, están en absoluto desacuerdo. Pero si analizamos con más profundidad, los dos comparten un punto: la salida propuesta por el gobierno implica salirse del derecho. Arango considera que el gobierno violó la constitución, asumiendo la excepcionalidad jurídica. Uprimny considera que la actuación del gobierno es viable jurídicamente porque permitía evitar un “pacto suicida”, así que una interpretación jurídica amplia tiene sentido como salida excepcional a la crisis.
En resumen, los dos coinciden en caracterizar la decisión como un recurso propio de la excepcionalidad, es decir, la ven como una suspensión del derecho. Salvo que mientras uno de ellos censura esa salida, el otro la ve como una necesidad ante la crisis.
La suspensión del derecho explica la realidad de la coyuntura actual: cualquier salida a la crisis del gobierno Santos no pasa por los canales jurídicos, pasa por la cruda expresión de la política. Las tres salidas a la crisis no pasan por el derecho, pasan precisamente por su negación. Santos buscará agudizar la guerra para ganar la opinión pérdida. La ultraderecha encabezada por Uribe llama a una constituyente, retomando la propuesta del prófugo Restrepo. Un sector de los movimientos sociales ha planteado la revocatoria del congreso. ¿Cuál sería la salida más razonable?
La propuesta de revocatoria del Congreso muestra varias limitaciones: 1) Podría habilitar el escenario de Asamblea constituyente propuesta por la ultraderecha. 2) Limitaría la responsabilidad política al Congreso, cuando la responsabilidad es del régimen en su conjunto. 3) Haría responsables a los parlamentarios que no apoyaron la reforma, situación que generaría obstáculos para la unidad de la izquierda.
Una agenda para la izquierda
El panorama político colombiano muestra que hay tres sectores en antagonismo: El gobierno de Santos y la coalición de Unidad Nacional, la Ultraderecha encabezada por Uribe, articulada en un “Frente contra el terrorismo” que será lanzado en unas semanas, y la izquierda política en conjunto con los movimientos sociales, en un amplio espectro que agrupa a Progresistas, el Polo Democrático, un sector del Partido Verde, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos(1).
Cada uno de estos tres sectores mantiene antagonismos con los dos restantes, aunque se presenten reacomodos de segundo orden, como el ínfimo grupito llamado “Nueva Democracia” que se saldría del Polo para unirse a Uribe (de todo se ve en la viña del Señor), o la torpe alianza de la CGT con Santos al inicio de su gobierno. Pero lo cierto es que estos tres sectores están en antagonismo, y que la unidad de la izquierda aún muestra preocupantes bloqueos.
La mejor salida para la izquierda consiste en aprovechar la coyuntura de crisis política para profundizar posibilidades de unidad en un movimiento político amplio que agrupe a todos los sectores que no acompañan a Santos ni a Uribe. En ese sentido, la izquierda puede proponer una agenda amplia que reúna al menos tres puntos:
1) La defensa del territorio: contra la minería, los agronegocios, y todo tipo de despojo.
2) La defensa de los derechos sociales: una reforma a la salud, la defensa de la educación pública, un plan de vivienda basado en derechos y no en la caridad clientelista del Estado, trabajo digno y garantías sindicales, entre otros.
3) El juzgamiento de todos los delincuentes asociados al gobierno actual y al gobierno anterior, así como el juzgamiento de todos los violadores de los derechos humanos.
Esa agenda para la izquierda puede ser la base de los esfuerzos de unidad que ya se están tejiendo, así como la base programática de las movilizaciones sociales convocadas para el mes de octubre.
El Titanic va rumbo al colapso, la izquierda dispersa refleja el agua líquida que permite que siga flotando, pero su unidad puede generar un bloque de hielo que lleve al régimen al fondo del mar.
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Notas:
Alejandro Mantilla Quijano. Director del Instituto Nacional Sindical CEDINS.
(1) Por lo anterior, la realidad política actual no puede leerse con los viejos adagios de la “contradicción principal”. La buena dialéctica sigue escapando del simple juego de los opuestos. Es buena hora para volver a leer a Marx en El 18 brumario de Luis Napoleón.
