Argentina: Empresas recuperadas y trabajo autogestionado

Pronto se cumplirán dos meses de la puesta en marcha de Flexointegral, cooperativa de trabajo limitada, nacida al amparo de la nueva Ley de Quiebras y de la lucha de los trabajadores gráficos que tras siete meses de pelea en la calle y en tribunales recuperaron la fuente de trabajo.

Diez años después de la crisis de 2001 y en un escenario político diferente, cuando nadie lo esperaba, Juan Proffen, propietario de Impresora Mediterránea S.A. vació la compañía, echó a los operarios sin pagarles un peso y bajó la persiana de una empresa que llevaba 50 años en el rubro.

Utilizando viejas recetas apostó a quebrar la voluntad de los empleados muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad.

“Mandaba emisarios a las casas de los trabajadores, los extorsionaba para que se fueran y, en un tiempo, seguramente, buscaría otras voluntades para tenerlos en negro y esperar que vaya el gremio y lo denuncie. Mientras, ganaban tiempo”, analiza Dante Hugo Ortiz, secretario adjunto de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC).

“Nosotros sentamos un precedente importante porque no debe haber ningún taller que hoy quiera hacer lo mismo. Y lo digo firmemente: nadie les podrá decir a los compañeros ‘cuidado que les va a pasar lo mismo que a Mediterránea’, ni azuzarlos con esto”, señala el dirigente de uno de los gremios que participaron en la recuperación de los diarios Comercio y Justicia y El Diario de Villa María. El otro fue el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

A días de cumplir dos meses de funcionamiento el presidente de la cooperativa, Javier González, evalúa que “estamos en un proceso de cambio. Es muy fuerte pasar de ser empleado a manejar nuestro propio rumbo. Y hay que hacer un aprendizaje bastante rápido porque la industria es muy competitiva y tenemos que ponernos a ese nivel para poder competir con las demás empresas”, afirma.

El tiro por la culata

Jamás pensaron que una empresa de esta envergadura tuviera problemas económicos. Porque, además, sabían que en general la rentabilidad empresaria era alta.

“En febrero de 2011 hicimos una reunión con el cuerpo de delegados para analizar cuál era la situación de la industria gráfica en Córdoba. Queríamos tener un parámetro para discutir paritarias en Buenos Aires y para ello la información que nos daban los compañeros era sumamente importante. Por ejemplo, en la ciudad de Leones cobraban 2000 pesos en horas extras y en Córdoba también. Por eso creemos que el ‘error empresario’ estaba inducido”, analiza Ortiz.

“Se tomaban los trabajos, los clientes abonaban un porcentaje y ese dinero no ingresaba nunca a la fábrica. No se compraban los materiales y los pedidos quedaban archivados. Cada vez había más trabajo y no podíamos hacer nada por falta de insumos”, recuerda Javier González, uno de los 17 trabajadores que de buenas a primeras quedaron en la calle.

Esas fueron las señales de alarma que el dueño de la empresa ensayaba en mayo de 2011. Luego vino el pago de haberes a cuentagotas. Y de inmediato las asambleas. “Primero se atrasaron 10 días hasta que pasaron dos meses y ahí decidimos no seguir trabajando por falta de pago”, cuenta González.

“En la semana nos daban 100 pesos y no nos alcanzaba ni para ir a trabajar”, agrega. Tras las medidas de fuerza, cuando fueron a trabajar, “había policías en la puerta y no nos dejaron entrar. Ahí empezó el conflicto real. Estuvimos así una semana y nos enteramos de que por las noches iban sacando cosas. Ahí decidimos con el gremio quedarnos en la entrada de la fabrica para impedirlo”, relata.

Ortiz cuenta cómo fue el proceso que los llevó a salvar la fuente de trabajo con los recursos legales existentes y la experiencia acumulada en la década pasada. “Empezamos a reclamar por la vía administrativa ante la Secretaria de Trabajo de la provincia que citó a la empresa. El gremio denuncia y demuestra la falta de pago de los salarios y de los aportes a la seguridad social, no tenía ART y tampoco proveía la ropa de trabajo”, detalla el dirigente.

La empresa fue convocada en reiteradas oportunidades y no concurría.

Pasar el invierno (en la vereda)

Tanto la autoridad laboral como el gremio intentaron por todos los medios que la compañía siga funcionando. “Nosotros no queríamos de ninguna manera hacer una cooperativa de trabajo, queríamos que la empresa siga porque sabíamos por los compañeros que era viable”, sostiene Ortiz. “Había trabajo, maquinaria, tenía una buena cartera de clientes pero la plata no aparecía. Cuando quedan todos despedidos, hacemos una toma pacífica en la vereda, sin ocupar el taller”, expresa.

Pasaron siete meses a la intemperie bajo un crudo invierno entibiado por el calor solidario de organizaciones sociales y sindicales y de los vecinos que nunca les negaron un termo de agua caliente para el mate.

Durante 2009 y 2010 la empresa había cancelado la deuda que tenía con la obra social con cheques que fueron rechazados sistemáticamente por falta de fondos. Entonces visualizaron que había que organizarse de otra manera.

La obra social, entonces, pide la quiebra por las razones explicitadas anteriormente y además presenta un acta certificada por un escribano público que da cuenta de la ausencia de administradores en el local que permanecía cerrado.

La quiebra es dictada el 10 de agosto de 2011 según consta en la sentencia. En tanto, los trabajadores se constituyeron como Cooperativa de Trabajo Flexointegral Limitada y solicitaron la aplicación del artículo 191 de la ley concursal vigente.

“La nueva Ley de Quiebras plantea que los trabajadores pueden hacerse cargo del taller y eso nos dio un empujón importante porque esta quiebra es fraudulenta. Sabemos que el dueño tiene la plata en algún lugar”, explica Ortiz.

“Sabíamos que era una complicación para los trabajadores que si bien conocen el manejo de la empresa también era un riesgo porque les podía ir mal. Pero, legalmente, era lo único que podíamos hacer para defender la fuente de trabajo y así lo hicimos”, agrega.

Resistieron de lunes a lunes durante siete meses sin que se resolviera la situación. Según los trabajadores la justicia dilataba los tiempos mediante prórrogas y a todo esto el empresario pretendía volver atrás con el conflicto cuando ya no era posible.

Javier González recuerda aquellos días en que despedidos y sindicalistas compartían la calle. “Muchas veces soportamos temperaturas bajo cero en la vereda y los vecinos nos llevaban café y sopa calientes. Un montón de gente nos ayudó, como Petete que nos daba la luz, el carnicero que nos regalaba o cobraba menos la carne, o el panadero que nos llevó pan criollo todos los días”, recuerda.

La familia también colaboró y mucho –expone- porque “por ahí surgía el mal humor, eran muchas horas afuera y no había dinero”, añade.
La previa había sido un conflicto con la empresa Pugliese que en marzo de 2011 pretendió vaciar la empresa. Pero pudo solucionarse mediante un acuerdo de partes. Los 12 trabajadores del lugar formaron la cooperativa y se quedaron con el taller que nunca dejó de funcionar y que recibieron como parte de pago por las indemnizaciones.

Manos a la obra

Paso a paso lograron que el síndico de la quiebra verificara que estaban en condiciones de poner en movimiento la empresa y que el juez Abril aplicara la ley. Al mismo tiempo y con el asesoramiento de un estudio contable se fueron preparando para el desafío.

En noviembre se movilizaron hasta la sede de tribunales y realizaron acciones de protesta y de difusión pública para llamar la atención del juzgado y de la sociedad y así lograr que se cumpla con le ley y se reanude la explotación comercial a través de la cooperativa.

En esa oportunidad el abogado Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, redactor de las modificaciones a la Ley de Quiebras, fue recibido por funcionarios judiciales.

“A partir del 16 de diciembre el juez Ernesto Abril nos habilitó para seguir trabajando”, afirma González, satisfecho porque luego de casi ocho meses lograban que se cumpla con la ley que establece que los trabajadores sigan trabajando en el establecimiento porque trabajar no es un delito sino un derecho.

A l filo de cumplir dos meses el presidente de la cooperativa evalúa como “muy positivo” lo hecho hasta ahora. “Podemos llevar un sueldo básico a nuestros hogares y lo estamos haciendo con nuestro esfuerzo”, sostiene. Y no es poco considerando que enero es un mes complicado. Hay que recuperar la clientela, pagar los gastos fijos y mantener la maquinaria.

Lo que vendrá

Estudios realizados y testimonios de los propios trabajadores de los cientos de empresas recuperadas en 2001 vienen señalando lo difícil que es adaptarse a la nueva realidad laboral donde no hay un patrón.

Siguen siendo trabajadores pero son cooperativistas – monotributistas y en ese sentido la relación con el sindicato es diferente. Sobre esta cuestión Ortiz explica que a partir de las luchas que dieron lugar a la recuperación de El Diario de Villa María y de Comercio y Justicia en Córdoba se modificó el estatuto sindical para contenerlos.

“No van a discutir paritarias pero cuentan con los servicios de la obra social y mantienen los vínculos con los demás trabajadores gráficos y con el sindicato. Participan de los campeonatos de fútbol y les llega toda la información a través de nuestra revista. Queremos que eso siga igual y la nueva relación se construirá con el tiempo”, reflexiona.

Cuando se produjo por fin la sentencia que habilitaba a la cooperativa, Hugo Ortiz recuerda que “ver a todos los trabajadores juntos poner en funcionamiento la empresa, me produjo emociones encontradas, pero reafirmaba lo que desde hacía meses pensaba: había que salvar la fuente de trabajo”.

Y agrega que “más allá de la lucha, como gremio valoramos el sentido de pertenencia porque no se buscaron salidas individuales”.
“Recuperamos nuestra fuente de trabajo. Podemos valernos por nosotros mismos y llevar el sustento diario a nuestras familias. Siempre vamos a valorar el apoyo incondicional del gremio y de muchísima gente”, concluye González.