Nuestras multinacionales no nos representan.

“Nuestras empresas”. Durante la última década, hemos visto cómo en infinidad de ocasiones los gobernantes y los medios de comunicación se referían así a las grandes corporaciones españolas: “Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás”, decían desde el gobierno de Zapatero hace dos años. De este modo, el discurso oficial insistía en que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y, en él, “nuestras multinacionales” eran la principal fuente de riqueza para el país. Por eso, se argumentaba que había que defenderlas costara lo que costara, dando por hecho que su aumento de ingresos era el nuestro, y pareciendo así que todos y todas fuéramos accionistas de dichas compañías.

La crisis, lejos de acabar con esta idea, la ha reforzado aún más: ante la recesión económica que se vive en el Estado español, las multinacionales han decidido volcarse en otros mercados para poder seguir aumentando sus extraordinarios resultados, [1] para lo cual han contado con el apoyo de la acción exterior y las relaciones diplomáticas del ejecutivo español y de la casa real, perpetuando de esta manera el discurso de que los intereses de las empresas españolas coinciden con el interés general de la población.

Hoy, cada vez somos más conscientes de que estas grandes empresas son las que realmente deciden la vida diaria de la ciudadanía, incluso con una enorme capacidad para sostener o hacer caer gobiernos. La realidad se impone: llenamos el depósito del coche en surtidores de Repsol, gestionamos nuestros ahorros en los bancos Santander y BBVA, establecemos nuestras comunicaciones a través de Telefónica, disfrutamos de la electricidad y el agua caliente que nos suministran Gas Natural Fenosa o Iberdrola… Nuestras vidas transcurren bajo sus designios y los grandes partidos políticos, por supuesto, no se sustraen a ellos: son estas mismas corporaciones transnacionales las que sufragan las campañas electorales de los dos partidos mayoritarios, de ahí que, ante las reformas emprendidas por el gobierno, Emilio Botín se haya mostrado “contento de cómo están yendo las cosas” y de la “rapidez de las medidas”, que “son magníficas”, mientras Francisco González aseguraba, por el contrario, que “el pacto social es bueno pero no suficiente. Hay que sacrificarse y hacer del país un país de progreso”, decía el presidente del BBVA, que pedía también “una reforma laboral de verdad”.

Esta simbiosis entre la política y el mundo empresarial se nos ha hecho tan cotidiana que nos resulta familiar, incluso, que el presidente del gobierno, sea del partido que sea, realice muchos viajes al exterior acompañado por los máximos mandatarios de las transnacionales españolas. Y da cierta pereza constatar lo que parece obvio: que la finalidad no es defender un mundo más justo, equitativo y en paz, sino “hacer negocios”. Sólo hay que recordar, como ejemplo, los recientes viajes del presidente del gobierno a Qatar, Emiratos Árabes y China, o cómo José Bono, encabezando la delegación parlamentaria que hace unos meses viajó a Guinea Ecuatorial, le dijo a Teodoro Obiang que “es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa”. Eso por no hablar del apoyo de organizaciones vinculadas al expresidente Aznar a la falange santacruzeña para derrocar al gobierno legítimo de Evo Morales en Bolivia a favor de las transnacionales de los hidrocarburos, así como los abrazos de nuestros gobernantes y grandes empresarios a personajes como Gadafi, Mubarak, Putin y Uribe, sin olvidar el abandono del pueblo saharaui y las alabanzas de la mayoría de la clase política española, empezando por el rey, al dictador de Marruecos.

No puede extrañarnos, en este contexto, que las principales multinacionales españolas le hayan reservado un asiento en sus consejos de administración a aquellos altos representantes de la clase política que, en ejercicio de sus funciones, contribuyeron a adecuarles un marco legislativo apropiado. Así, hemos visto cómo la empresa eléctrica Endesa ha fichado al expresidente Aznar, mientras Gas Natural Fenosa ha hecho lo propio con Felipe González. Se hace realidad el paradigma de las puertas giratorias: los gobernantes que salen del ejecutivo después de cumplir el programa de reformas estructurales y privatizaciones de los servicios públicos para favorecer a las empresas transnacionales, tras haberlas saneado con el dinero de toda la ciudadanía y de defender sus negocios por todo el mundo, son después incorporados, en base a su “buen hacer”, como asesores y consejeros de las grandes compañías.

En un momento de crisis en nuestro país, donde se incrementan sin parar las cifras de paro, los servicios públicos suben sus tarifas y se deterioran día a día, la juventud se ve sin horizonte laboral, la inmigración es perseguida y la gente se queda en la calle por no poder pagar la hipoteca, podemos ver cómo las empresas transnacionales y los grandes ejecutivos aumentan escandalosamente sus beneficios. Las cifras son elocuentes: los altos directivos del Ibex-35 vieron cómo sus sueldos aumentaron en 2010 el 20% respecto al año anterior; los salarios declarados de estos “trabajadores” van desde los 10 millones de euros que ganaron Alfredo Sáenz (Banco Santander) y José Antonio Tazón (Amadeus), hasta los 5,3 millones que obtuvieron Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y Francisco González (BBVA), los 4,5 que ganó Antonio Brufau (Repsol) y los 4 millones que ingresó Emilio Botín. Al mismo tiempo, las empresas del Ibex ganaron un 22% más en 2010, Repsol YPF triplicó sus beneficios por la venta de activos y la subida del crudo, y Telefónica va a recortar el 20% de su plantilla en España tras anunciar que sus beneficios de este año han superado los 10.000 millones de euros y que pagará a sus accionistas un dividendo récord de 7.300 millones. Las cifras son tan elevadas que por obscenas se hacen increíbles.

Las compañías multinacionales también ha creado una provechosa hermandad con la alta jerarquía de la Iglesia católica. “Unos ganan dinero y otros compran el cielo”, que diría el otro: el papa Benedicto XVI recibió en julio del año pasado al arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, acompañado por los representantes de Telefónica, Abengoa, Sacyr Vallehermoso, Iberdrola y los bancos Santander y BBVA, todos ellos miembros de Madrid Vivo, una entidad conformada para financiar la visita del pontífice a España el próximo mes de agosto. Y junto a ello, las grandes corporaciones tienen operaciones en otros “paraísos”: 21 empresas del Ibex disponen de filiales en paraísos fiscales, llevándose la palma el Banco Santander (33 empresas radicadas en esos territorios), seguida por Repsol (13), Gas Natural (8) e Inditex (7).

Con todo ello, asistimos impávidos a un escenario en el que mientras el gobierno estatal y muchos gobiernos autonómicos dicen no tener dinero para fortalecer y ampliar los servicios básicos para la población, fomentar políticas de empleo, impulsar políticas de vivienda o pagar a las pequeñas empresas que están quebrando por impagos, sí lo tienen para inyectarlo a las entidades financieras.

Tras reunirse dos veces en cuatro meses con el ejecutivo español en el Palacio de la Moncloa, junto con el resto de la cúpula empresarial del país, Botín pronosticaba que 2011 “volverá a ser un año excelente”. Pero, seguramente, no entraba en sus planes el que, mediada la primavera, una multitud de hombres y mujeres tomara las calles y las plazas de todo el Estado español con una consigna: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Y tampoco imaginaría, suponemos, que él mismo iba a convertirse en el protagonista de muchas de las pancartas y carteles: “Tu botín, mi crisis”; “Lo llaman democracia y es Botín”. Así, con unos niveles de desempleo que no paran de crecer, un gobierno que prioriza los intereses de las grandes empresas sobre los de la ciudadanía y unos empresarios cuyas retribuciones han batido todos los récords en medio de la crisis económica, mucha gente se pregunta en voz alta: excelente, ¿para quién?

El caso es que, tal y como se ha puesto de manifiesto en las movilizaciones del 15-M, hemos de identificar con nombres y apellidos a los que manejan “los mercados”, a esas empresas transnacionales que nos exprimen y no nos dejan vivir, mientras sus altos ejecutivos comen en el Ritz, viajan en jets particulares, envían sus “pequeños salarios” a paraísos fiscales y almacenan más dinero del que podrían contar. Por eso, junto con las denuncias y las acciones frente a una democracia formal que “no nos representa”, vale la pena seguir recalcando la responsabilidad de los grandes empresarios en la creación y gestión de la crisis actual.

En este sentido, continuando con la senda iniciada con las ocupaciones de bancos y sedes de la patronal, así como con las actuaciones para parar los desahucios de aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca, proponemos que nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de a pie, convoquemos a la vuelta del verano una jornada de protesta contra las mayores multinacionales españolas. De este modo, proponemos realizar en todas las ciudades tres marchas: una sobre la sede de Telefónica, otra sobre la de Repsol y otra que llegue hasta la del Banco Santander, [2] movilizaciones con las que podamos seguir señalando que “nuestras multinacionales” y los gobiernos que las amparan no nos representan.

– Luis Nieto Pereira y Pedro Ramiro son Miembros de la Asociación Paz con Dignidad y del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=4064

NOTAS:

[1] Y a fe que lo han logrado: en la actualidad, los negocios en el extranjero le reportan al Banco Santander el 85% de sus ingresos, a Inditex el 70% y a Telefónica el 68%.

[2] Dependiendo de cada región y comunidad autónoma, podría optarse por hacer marchas hacia las sedes de otras empresas transnacionales españolas.