Dos pueblos desaparecerían en un mes, por el apetito minero.
Entre 6 y 17 millones de pesos, dependiendo del avaluó catastral, está ofreciendo como indemnización la multinacional Drummond por la compra de sus casas a unas 20 familias de los caseríos El Platanal, en Becerril y Puente Platanal, en Codazzi, poblaciones que deben ser reubicadas en un mes por el avance de la explotación minera en el centro del Cesar.
Son tierras que han aguantado el impacto ambiental, con un subsuelo rico en yacimientos de carbón que, de acuerdo con los contratos de concesión, seguirán explotándose y desapareciendo todo vestigio de comunidad.
Sin embargo, para el gobernador Cristian Moreno los precios no compensan el sostenimiento, ni la estabilidad de estos hogares que, a la vuelta de algunos meses, no tendrían techo, ni condiciones óptimas para vivir, lo que derivaría en un problema social; lo contrario sucedería si las grandes empresas se preocuparan por reasentarlas con toda la logística para su subsistencia.
El Platanal y Puente Platanal son apenas dos de las 13 poblaciones que desaparecerán ante el crecimiento de la explotación carbonífera, cuyo operadores -compañías mineras- deben garantizar su salida, bien sea por vía de la indemnización o por el reasentamiento, según lo estableció el Ministerio de Ambiente y Vivienda.
No obstante, la multinacional está optando por comprar -lo que resulta más rápido y menos oneroso-, que crear un pueblo con infraestructura de servicios, colegios, hospitales, etc.
Aunque son dos los mecanismos, el gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, señaló que en caso de la Drummond no está procurando por el reasentamiento que significa instalar a la comunidad afectada hasta otros terrenos con garantías.
“Lo más fácil es comprarle las tierras a los poseedores en unas cantidades que en unos cuantos meses esas personas ya no tendrían como asegurar su subsistencia, lo que generaría en un plazo no muy largo un problema de corte social que deberán enfrentar los municipios y el Departamento”, señaló.
La mayoría de las familias son campesinos que trabajaban en fincas cuyos predios fueron comprados por las multinacionales quedando cesantes e instalándose en caseríos que formaron hace años y que ahora, por la explotación de las áreas concesionadas, deben salir para darle paso a las gigantescas maquinarias y operación de las minas, en un área cuyo impacto ambiental imposibilita su estancia en el lugar.
REQUERIMIENTO. A través de la Resolución 414 del 11 de marzo de 2008, el Ministerio de Ambiente y Vivienda requirió a la empresa Drummond para que dentro del proceso de reasentamiento cumpliera con obligaciones como que antes del inicio de la explotación de carbón iniciara el reasentamiento, reubicación y/o negociación directa con la parcelación en el caserío de El Platanal y la totalidad de los predios dentro del área de influencia puntual.
El programa de reasentamiento debe contemplar, como mínimo, la reposición del hábitat y el usufructo del territorio para todas las personas, familias, grupos o unidades culturales, cuya movilización obligue a abandonar su sitio de trabajo, de vivienda o ambos. Además plantea que debe incluir un Plan de Desarrollo Integral post reasentamiento.
Sin embargo, el asesor de despacho del gobierno del Cesar, Alberto Gutiérrez Pineda, señaló que la multinacional ha hecho solo ofertas económicas en dinero, más no se ha socializado lo del reasentamiento que es un proceso mucho más largo.
“En El Platanal y Puente Platanal la situación es que en un mes deberán estar saliendo los habitantes de unas 30 casas en esos caseríos y lo que entendemos, según las planillas, es que el ofrecimiento oscila entre seis y 17 millones de pesos por vivienda”, indicó el funcionario.
Extinción de Seis poblados
Además de El Platanal y Puente Platanal, en por lo menos un año tendrán que reubicarse los corregimientos El Hatillo y Plan Bonito, en el municipio de El Paso, y Boquerón, en La Jagua de Ibirico. Corresponde a Prodeco, Drummond, Vale y CNR, indemnizarlas o reasentarlas. El gobernador Cristian Moreno indicó que, a través del Congreso, se busca que las compañías mineras adopten un plan de reasentamiento de todas estas poblaciones que en unos 10 años deberán estar retiradas por la expansión de la explotación carbonífera, a fin de evitar un caos social y que se incrementen los niveles del desplazamiento.
