Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste.

 

 

“Ya lo ves, señor Nicetas -dijo Baudolino-, cuando no era presa de las tentaciones de este mundo, dedicaba mis noches a imaginar otros mundos. Un poco con la ayuda del vino, y un poco con la de la miel verde. No hay nada mejor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos, así pensaba yo entonces. Todavía no había entendido que, imaginando otros mundos, se acaba por cambiar también éste.” (Humberto Eco) 

 

 En muchas regiones del mundo, sobre todo en los países andinos Bolivia y Ecuador, uno de los puntos medulares del debate es el cuestionamiento al régimen de desarrollo imperante. Y en ese contexto aparecen diversas propuestas desde las mismas comunidades ancestrales, enriquecidas por las luchas de resistencia de las últimas décadas, orientadas a cambiar el rumbo de la historia.

 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, uno de los puntos medulares del debate fue el cuestionamiento al régimen de desarrollo imperante. La discusión avanzó hacia propuestas que recogen elementos planteados dentro y aún fuera del país. Allí, desde la visión de los marginados por la historia de los últimos 500 años, se planteó el Buen Vivir o Sumak Kausay (en kichwa) como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la Naturaleza [1], a partir del reconocimiento de los valores culturales existentes en el país y en el mundo. Con esta declaración, una Constitución “por primera toma un concepto de tradiciones indígenas como base para el ordenamiento y legitimación de la vida política”. Al asumir el Buen Vivir “el sentido de un objetivo general hacia el cual se orienta la vida económica, política, social y cultural”, se empezó a desmontar, “el poder colonial” (David Cortez). Una concepción que, además, desnuda los errores y las limitaciones de las diversas teorías del llamado desarrollo.

 

La pregunta que cabe en este punto es si será posible y realista intentar un desarrollo diferente dentro del capitalismo. Se entiende un desarrollo impulsado por la vigencia de los Derechos Humanos (políticos, sociales, culturales, económicos) y los Derechos de la Naturaleza, como base de una economía solidaria. ¿Seguirá siendo acaso el desarrollo un fantasma que nos continúe atormentando o una utopía que nos oriente? Es más, ¿será necesario superar el concepto de desarrollo y adentrarnos en una nueva época, en la del postdesarrollo?

 

La propuesta del Buen Vivir, que cuestiona el llamado desarrollo en tanto concepto holístico que supera el economicismo y que atraviesa transversalmente toda la Constitución ecuatoriana, fue motivo de diversas interpretaciones en la Asamblea Constituyente y en la sociedad. Recordemos que primó el desconocimiento e incluso el temor en ciertos sectores. Algunos asambleístas, contando con el eco perturbador de gran parte de una prensa mediocre e interesada en el fracaso de la Constituyente, acostumbrados a verdades indiscutibles, clamaban por concreciones definitivas. Para otros, el Buen Vivir, al que lo entendían ingenuamente como una despreocupada y hasta pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable. No faltaron algunos, temerosos de perder sus privilegios, que no dudaron en anticipar que con el Buen Vivir se proponía el retorno a la época de las cavernas. Inclusive algunos que alentaron con su voto este principio fundacional de la Constitución de Montecristi, al parecer no tenían clara la trascendencia de esta decisión… Y unos cuantos, opuestos desde una izquierda autista, se aferraron a tradicionales conceptos de cambio, en realidad huecos, carentes de trascendencia al no haber sido cristalizados en la práctica de las luchas sociales.

 

En las comunidades indígenas tradicionalmente no existía la concepción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior, tal como nos recuerda el indígena amazónico Carlos Viteri Gualinga. El ha confrontado los temas del llamado desarrollo con experiencias del Buen Vivir, recuperadas de experiencias concretas de algunas comunidades amazónicas especialmente. No hay aquella visión de un estado de subdesarrollo a ser superado. Y tampoco un estado de desarrollo a ser alcanzado. No existe, como en la visión occidental, esta dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Los pueblos indígenas tampoco tenían la concepción tradicional de pobreza asociada a la carencia de bienes materiales o de riqueza vinculada a su abundancia. El Buen Vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas ancestrales, que ha ido perdiendo terreno por efecto de las diversas prácticas y mensajes de la modernidad occidental. Su aporte, sin embargo, sin llegar a una equivocada idealización del modo de vida indígena, nos invita a asumir otros “saberes” y otras posibilidades.

 

La visión andina, empero, no es la única fuente de inspiración para impulsar el Buen Vivir. Desde círculos de la cultura occidental se levantan cada vez más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión indígena y viceversa. En el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad global del estilo de vida dominante. Además, el concepto del Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se sustenta también en algunos principios filosóficos universales: aristotélicos, marxistas, ecologistas, feministas, cooperativistas, humanistas…

 

Frente a los devastadores efectos de los cambios climáticos, se plantean transformaciones profundas para que la humanidad pueda escapar de los graves riesgos ecológicos y sociales en ciernes. El crecimiento material sin fin podría culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mayor recalentamiento de la atmósfera o el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua dulce y creciente contaminación, la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, la degradación de suelos o la propia desaparición de espacios de vida de las comunidades locales…

 

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada, tal como lo recomienda Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Por lo tanto, no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad. Incluso a escala global, la concepción del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de absorber todo lo producido, no ha conducido al desarrollo. Lo que se observa -como señala José María Tortosa, uno de los mayores sociólogos europeos-, es un “mal desarrollo” generalizado, inclusive en los países considerados como desarrollados.

 

Eso no es todo, a más de no obtener el bienestar material, se están afectando la seguridad, la libertad, la identidad de los seres humanos. Ese maldesarrollo, generado desde arriba, sea desde los gobiernos centrales y sus empresas transnacionales, o desde las élites dominantes a nivel nacional en los países empobrecidos, tan propio del sistema capitalista, implica entonces una situación de complejidades múltiples que no pueden ser explicadas a partir de versiones monocausales. Por ello está también en cuestión aquella clasificación de países desarrollados y subdesarrollados, tanto como el mismo concepto de desarrollo tradicional. Y, por cierto, aquella lógica del progreso entendida como la acumulación permanente de bienes materiales.

 

En esta línea de reflexión, sobre todo desde la vertiente ambiental, podríamos mencionar los reclamos de cambio en la lógica del desarrollo, cada vez más urgentes, de varios pensadores de gran valía, como fueron o son aún: Ernest Friedrich Schumacher, Nicholas Georgescu-Roegen, Iván Illich, Arnes Naess, Herman Daly, Vandana Shiva, José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier, Roberto Guimaraes, Eduardo Gudynas, entre otros. Sus cuestionamientos a las estrategias convencionales se nutren de una amplia gama de visiones, experiencias y propuestas extraídas de diversas partes del planeta, inclusive algunas desde la misma civilización occidental. Son conscientes, por lo demás, de los límites físicos existentes. Sus argumentos prioritarios son una invitación a no caer en la trampa de un concepto de “desarrollo sustentable” o “capitalismo verde” que no afecte la revalorización del capital. También alertan sobre los riesgos de una confianza desmedida en la ciencia, en la técnica. En definitiva, estos pensadores cuestionan la idea tradicional del progreso material acumulativo e indefinido, y para superarlo proponen nuevas formas de organización de la vida misma.

 

La búsqueda de estas nuevas formas de vida implica revitalizar la discusión política, ofuscada por la visión economicista sobre los fines y los medios. Al endiosar la actividad económica, particularmente al mercado, se han abandonado muchos instrumentos no económicos, indispensables para mejorar las condiciones de vida. La resolución de los problemas exige una aproximación multidisciplinaria.

 

Buen Vivir para todos, no “dolce vita” para pocos

 

De ninguna manera es aceptable un estilo de vida cómoda para grupos reducidos de la población del planeta, mientras el resto, una gran mayoría, sostiene los privilegios de aquel segmento privilegiado e incluso opresor. Esta es la realidad del régimen de desarrollo actual, una realidad propia del sistema capitalista.

 

El capitalismo ha demostrado una gran capacidad productiva. Ha podido dar lugar a progresos tecnológicos sustanciales y sin precedentes. Ha conseguido incluso reducir la pobreza en varios países. Sin embargo, produce también procesos sociales desiguales entre los países y dentro de ellos. Sí, se crea riqueza, pero son demasiadas las personas que no participan de sus beneficios.

 

Aquí cobra renovado vigor la propuesta de Amartya Sen, para quien el “poder de crear riqueza” equivaldría a la posibilidad de “ampliación de las capacidades” del ser humano. No cuentan tanto las riquezas o sea las cosas que las personas puedan producir durante sus vidas, sino lo que las cosas hacen por la vida de las personas. Según él, “el desarrollo debe preocuparse de lo que la gente puede o no hacer, es decir si pueden vivir más, escapar de la morbilidad evitable, estar bien alimentados, ser capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en tareas literarias y científicas, etc. En palabras de Marx, se trata de ‘sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias’”.

 

Lo que se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. Esto conduce, por cierto, a una redistribución de esas cosas acumuladas en pocas manos. Esta es, a no dudarlo, una visión que nos ayuda para la construcción del Buen Vivir.

 

Por este motivo resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el paradigma del desarrollo al menos tal y como es concebido en el mundo occidental. No sólo que este paradigma no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que está poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad. El Buen Vivir, entonces, tiene una trascendencia mayor a la sola satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes. En este contexto, desde la filosofía del Buen Vivir se precisa cuestionar el tradicional concepto de desarrollo sustentado en la visión clásica del progreso: La acumulación permanente de bienes materiales no tiene futuro. Desde esa perspectiva, al tan trillado desarrollo sustentable habría que aceptarlo a lo más como una etapa de tránsito hacia un paradigma distinto al capitalista, en el que serían intrínsecas las dimensiones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por supuesto la sustentabilidad ambiental.

 

El desarrollo, mejor digámoslo un renovado concepto de desarrollo, visto desde esta perspectiva -planteada por connotados tratadistas latinoamericanos Aníbal Quijano, Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Jürgen Schuldt, José Luís Coraggio, entre otros- implica la expansión de las potencialidades individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, como condición fundamental, cualquier persona ha de tener las mismas posibilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. El Estado corregirá las deficiencias del mercado y actuará como promotor del desarrollo, en los campos que sea necesario. Y si el desarrollo exige la equidad y la igualdad, éstas sólo serán posibles con democracia -no un simple ritual electoral- y con libertad de expresión, verdaderas garantías para la eficiencia económica y el logro del Buen Vivir, en tanto camino y en tanto objetivo.

 

El Buen Vivir, más que una declaración constitucional en Bolivia y Ecuador, se presenta, entonces, como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, digámoslo más claramente, una nueva forma de vida. El Buen Vivir constituye un paso cualitativo importante al pasar del desarrollo sustentable y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, mucho más rica en contenidos y por cierto más compleja.

 

Su realidad, entonces, no se refleja simplemente en una sumatoria de artículos constitucionales en donde se menciona el Buen Vivir. Inclusive es mucho más que la posibilidad de introducir cambios estructurales a partir del cumplimiento de los diferentes artículos constitucionales en donde se aborda expresamente o no el Buen Vivir. Esta propuesta, siempre que sea asumida activamente por la sociedad, en tanto recepta las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de amplios segmentos de la población, puede proyectarse con fuerza en los debates de transformación que se desarrollan en el mundo. Dicho en otros términos, la discusión sobre el Buen Vivir no puede circunscribirse a las realidades andinas.

 

El Buen Vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. En esencia busca construir una economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias soberanías como concepto central de la vida política del país y de la región.

 

Igualmente, con esta propuesta del Buen Vivir, al cuestionar los tradicionales conceptos del llamado desarrollo, se convoca a construir sistemas de indicadores propios. Estos nuevos indicadores constituyen una gran oportunidad no sólo para denunciar las limitaciones y falacias de los sistemas de indicadores dominantes, que recrean permanentemente nuevas inequidades e incertidumbres, sino que, al discutir metodologías para calcular de otra manera y con renovados contenidos otros índices de otro desarrollo (es decir, del Buen Vivir), se avanzará en el diseño de nuevas herramientas para intentar medir cuán lejos o cuán cerca estamos de la construcción democrática de sociedades democráticas y sustentables.

 

Con el Buen Vivir se pretende buscar opciones de vida digna y sustentable, que no representen la reedición caricaturizada del estilo de vida occidental y menos aún sostener estructuras signadas por una masiva inequidad social y ambiental. Mientras que, por otro lado, habrá que incorporar criterios de suficiencia antes que sostener la lógica de la eficiencia entendida como la acumulación material cada vez más acelerada (frente a la cual se rinde la democracia, como reconoce certeramente Boaventura de Sousa Santos).

 

Desde esa perspectiva, el Buen Vivir, en tanto nueva forma de vida en construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, propone incluso una nueva arquitectura conceptual. Es decir, se requieren conceptos, indicadores y herramientas propias, que permitan hacer realidad esa nueva forma de vida equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza.

 

En general en todos los espacios del convivir humano se precisa desbrozar la maleza de términos y conceptos manoseados y desvirtuados de su real contenido. Con la consolidación del capitalismo, cuando se produjo el divorcio entre economía y Naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la misma Naturaleza se les instrumentó como simples herramientas de producción. Eso se replica en el ámbito de las políticas sociales en donde se habla de usuarios e incluso de clientes de las mismas, eliminando la característica básica sobre la que deberían desarrollarse: la ciudadanía, con derechos y deberes, en un contexto colectivo. La lista de conceptos y palabras manipuladas es enorme. Eso nos conmina a recuperar incluso la soberanía conceptual, pues las palabras, para coincidir con el pensador uruguayo Gudynas, no pueden ser asumidas como inofensivas.

 

 

 

 

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza”- al decir de Gudynas-, no tiene futuro. Insistamos, los límites de estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso clásico son cada vez más notables y preocupantes. Los recursos naturales no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo. Y por cierto no se puede olvidar que lo humano se realiza (o debe realizarse) en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza.

 

Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto una construcción social, es decir término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la Naturaleza.

 

La visión dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la Naturaleza, incluso al definirla como Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, abrió la puerta para dominarla y manipularla. Sir Francis Bacon (1561 – 1626), célebre filósofo renacentista, conminaba a que “la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos…”.

 

Siglos después, Alejandro von Humboldt, en su histórico recorrido por tierras americanas, hace más de doscientos años, se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región. Cuentan que veía a sus habitantes como si fueran mendigos sentados sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas naturales no aprovechadas.

 

El mensaje de Humboldt encontró una interpretación práctica en el renombrado libro de David Ricardo (1772 – 1823), “Principios de Economía Política y Tributación”. Allí, él recomendaba que un país debía especializarse en la producción de aquellos bienes con ventajas comparativas o relativas, y adquirir de otro aquellos bienes en los que tuviese una desventaja comparativa. Según él, Inglaterra, en su ejemplo, debía especializarse en la producción de telas y Portugal en vino… Sobre esta base se construyó la base fundamental del comercio exterior, sin mencionar que se trataba de una imposición imperial.

 

Esta división del trabajo aparece en el acuerdo de Methuen[2] firmado en Lisboa el 27 de diciembre de 1703 entre Portugal e Inglaterra. En dicho acuerdo se establecía que los portugueses comprarían paños y productos textiles a Inglaterra y, como contrapartida, los británicos concederían trato de favor (exenciones tributarias, menos aranceles portuarios…) a los vinos procedentes de Portugal. Los ingleses se aseguraron para sus textiles, base de su naciente poderio industrial, el mercado de Portugal y sus colonias.

 

Conseguida la Independencia de España los países de América Latina siguieron exportando recursos naturales, es decir Naturaleza, pues esa había sido la especialización impuesta en la colonia. Y esta visión de dominación sobre la Naturaleza se mantiene vigente hasta hoy día en muchos sectores de la sociedad, sobre todo a nivel gubernamental, inclusive en los considerados como regímenes progresistas de la región. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ante los racionamientos de energía eléctrica provocados por el prolongado estiaje y la ausencia de respuestas oportunas, considerándolos como el producto de una adversidad ambiental, declaró públicamente en una de sus alocuciones sabatinas, que “si la Naturaleza con esta sequía se opone a la revolución ciudadana, lucharemos y juntos la venceremos, tengan la seguridad” (7 de noviembre 2009).

 

Incluso la ilusión del extractivismo, plasmado hace más de dos siglos por Alejandro von Humboldt, está vigente. El presidente Correa, en su informe a la nación, el 15 de enero del año 2009, para defender la Ley de Minería usó la misma metáfora que el connotado naturalista y geógrafo alemán:

 

“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro”. [3]

 

La Naturaleza fue y sigue transformada en recursos naturales e incluso en “capital natural” a ser explotado, domado y controlado. Cuando, en realidad, la Naturaleza hasta podría existir sin seres humanos…

 

Para empezar a enfrentar este añejo mensaje, sostenido en un divorcio profundo de la economía y la Naturaleza, hay que rescatar las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. Esta exige una nueva ética para organizar la vida misma. Se precisa reconocer los límites físicos del desarrollo convencional. Un paso clave esta dirección, los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas. El crecimiento económico es apenas un medio, no un fin.

 

Estos planteamientos ubican con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si realmente ésta pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la Naturaleza. En la Constitución ecuatoriana del año 2008, al reconocer los Derechos de la Naturaleza y sumarle el derecho a ser restaurada cuando ha sido destruida, se dio un paso sustantivo. Igualmente trascendente fue la incorporación del término Pacha Mama, como sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad.

 

Estos Derechos de la Naturaleza fueron y son vistos aún como un “galimatías conceptual”. A los conservadores del derecho (¿defensores de los privilegios de las oligarquías?), en esencia incapaces de entender los cambios en marcha, les resulta difícil comprender que el mundo está en movimiento permanente. A lo largo de la historia legal, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable.

 

La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una vez rechazadas por las autoridades por ser consideradas como un absurdo. Para abolir la esclavitud se requería que se reconozca “el derecho de tener derechos” y se requería también un esfuerzo político para cambiar aquellas leyes que negaban esos derechos.

 

La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, exige un esfuerzo político que reconozca a la Naturaleza como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que, como afirmaba Arnes Naess, el padre de la ecología profunda, “todos los seres vivos tienen el mismo valor”. Esta lucha de liberación es, ante todo, un esfuerzo político que empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones biofísicas de existencia.

 

Dotarle de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho, como recordaba ya en 1988 Jörg Leimbacher, jurista suizo. Lo central de los Derechos de la Naturaleza, de acuerdo al mismo Leimbacher, centra la atención en el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos. Un derecho que ya fue recogido por Italo Calvino en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Francesa, cuando el barón Cosimo Piovasco de Rondò, conocido como “el barón de los árboles”, propuso un “proyecto de Constitución para un ente estatal republicano con la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos de las mujeres, de los niños, de los animales domésticos y de los animales salvajes, incluyendo pájaros, peces e insectos, así como plantas, sean éstas árboles o legumbres y yerbas”. [4]

 

La tarea, al decir de Roberto Guimaraes es organizar la economía preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad del planeta. Gudynas es claro al respecto, hay que transitar del actual antropocentrismo al biocentrismo.

 

No será fácil cristalizar estas transformaciones. Sobre todo en la medida que éstas afectan los privilegios de los círculos de poder nacionales y transnacionales, que harán lo imposible para tratar de detener este proceso de cambios. Una situación que, lamentablemente, también se nutre de algunas acciones y decisiones del gobierno de Rafael Correa, quien alentó con entusiasmo el proceso constituyente y la ratificación popular de la Constitución de Montecristi. Su gobierno y su bloque parlamentario no inician aún la conformación de un Estado plurinacional y con la aprobación de algunas leyes, por ejemplo la ley de minería o la ley de soberanía alimentaria expedidas en el año 2009, en una suerte de contrarevolución legal, atentan contra varios de los principios constitucionales.

 

Este conflicto, aunque pueda sorprender a algunos, puede ser positivo para la sociedad, en tanto convoca a la acción organizada de amplios sectores de la misma. Aceptemos que los avances constitucionales fueron logrados por la lucha de diversas organizaciones sociales y que no son dádiva de ningún individuo. Entonces, como parte de la construcción colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y ambiental, es necesario construir nuevos espacios de libertad y romper todos los cercos que impiden su vigencia.

 

Por eso, en forma pionera a nivel mundial, en la nueva Constitución se ha establecido que la Naturaleza es sujeto de derechos. Esta definición enfrenta la actual crisis civilizatoria, cuando ya se ve la imposibilidad de continuar con el modelo industrialista y depredador basado en la lucha de los humanos contra la Naturaleza. No va más la identificación del bienestar y la riqueza como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimiento y consumo ilimitados. En este sentido es necesario reconocer que los instrumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no sirven. Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable lo existente.

 

Son conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, que pretenden convencer de que este patrón civilizatorio es natural e inevitable, como acertadamente afirma el venezolano Edgardo Lander.

 

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión constitucional. Y para lograrlo nada mejor que diferenciar los Derechos Humanos de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea Gudynas.

 

En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona. Se trata de una visión antropocéntrica. En los derechos políticos y sociales, es decir de primera y segunda generación, el Estado le reconoce a la ciudadanía esos derechos, como parte de una visión individualista e individualizadora de la ciudadanía. En los derechos económicos, culturales y ambientales, conocidos como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano y no contaminado. Se procura evitar la pobreza y el deterioro ambiental que impacta negativamente en la vida de las personas.

 

Los derechos de primera generación se enmarcan en la visión clásica de la justicia: imparcialidad ante la ley, garantías ciudadanas, etc. Para cristalizar los derechos económicos y sociales se da paso a la justicia re-distributiva o justicia social, orientada a resolver la pobreza.

 

Los derechos de tercera generación configuran, además, la justicia ambiental, que atiende sobre todo demandas de grupos pobres y marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de vida afectada por destrozos ambientales. En estos casos, cuando hay daños ambientales, los seres humanos pueden ser indemnizados, reparados y/o compensados.

 

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. La Naturaleza vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

 

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva Constitución ecuatoriana -no así en la boliviana- estos derechos aparecen en forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como también en tanto derechos para proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restaurar las áreas degradadas.

 

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como conjuntos, como redes de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza.

 

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanías son plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.[5]

 

De los Derechos de la Naturaleza se derivan decisiones trascendentales en la Constitución ecuatoriana. Uno clave tiene que ver con procesos de desmercantilización de la Naturaleza, como han sido la privatización del agua o la introducción de criterios mercantiles para comercializar los servicios ambientales.[6]

 

El agua, para mencionar un tema, es asumida como un derecho humano fundamental, que cierra la puerta a su privatización; en concreto se reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, en tanto constituye un elemento vital para la Naturaleza y para la existencia de los seres humanos; así la Constitución plantea prelaciones en el uso del agua: consumo humano, riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden.

 

La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del agua, que representa un ejercicio de protección a los millares de campesinos que viven de su trabajo, se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se plasma aquí la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico.

 

En suma, está en juego el Buen Vivir, base del Estado plurinacional e intercultural, relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Y estos derechos nos conminan a construir democráticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental.

 

 

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición constitucional se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria.

 

El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización; incluso el incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado. Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

 

El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad, tal como lo planteó Franz Hinkelammert. Se busca construir una sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

 

El mercado, tanto como el Estado, requieren una reconceptualización política, que conduzca a regulaciones adecuadas. El mercado es una relación social sujeta a las necesidades de los individuos y las colectividades, entendida como un espacio de intercambio de bienes y servicios en función de la sociedad y no sólo del capital. Es más, “el buen funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que la sociedad les asigna, exige que no sean completamente libres. Los mercados libres nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas de distinta naturaleza”. Sin un marco legal y social adecuado, “los mercados pueden ser totalmente inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social”, nos recuerda el economista español Luis de Sebastián.

 

De ninguna manera se puede creer que todo el sistema económico debe estar inmerso en la lógica dominante de mercado, pues hay otras muchas relaciones que se inspiran en otros principios de indudable importancia; por ejemplo, la solidaridad para el funcionamiento de la seguridad social o las prestaciones sociales, pero también en otros ámbitos como el de la alimentación o vivienda. Similar reflexión se podría hacer para la provisión de educación pública, defensa, transporte público, servicios de banca central y otras funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás, actúan movidos por el lucro.

 

Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamericano Karl Polanyi -“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”-, al mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como mecanismo de dominación. El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado, mientras que el mercado habrá de ser civilizado, lo que, en ambos casos, implica una creciente participación de la sociedad.[7]

 

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía hay que desarmar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. El éxito o el fracaso no es solo una cuestión de recursos físicos sino que depende decisivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de los habitantes del país. Existen sobradas razones para afirmar que un factor de estrangulamiento para asegurar una vida mejor, en un mundo mejor, para todos y todas, radica en la ausencia de políticas e instituciones[8] que permitan fortalecer e impulsar las capacidades humanas de cada una de las culturas existentes.

 

Está claro que no está en juego simplemente un proceso de acumulación material. Se precisan respuestas políticas que hagan posible un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos fundamentales (Derechos Humanos en términos amplios y Derechos de la Naturaleza), como base para una sociedad solidaria, en el marco de instituciones que aseguren la vida.

 

Las equidades como base del Buen Vivir

 

Las equidades, tanto como la igualdad y la libertad, así como la justicia social (productiva y distributiva), tanto como la ambiental están en la base del Buen Vivir (sumak kausay). Las equidades, basadas en la búsqueda de la “igualdad sustantiva” (István Mészáros), entonces, tendrían que venir como resultado de un proceso que reduzca dinámica y solidariamente las desigualdades e inequidades existentes.

 

Desde esta perspectiva, no simplemente se propicia la redistribución por la redistribución, sino que se propone transformar a la equidad socioeconómica en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador cultural de la sociedad. Las desigualdades y inequidades, no lo olvidemos, terminan por conculcar los derechos ciudadanos y por minar las bases de la democracia. Y esta limitación agudiza, a su vez, las inequidades y las desigualdades, en tanto éstas asoman en la base de la violación de los derechos.

 

Como se desprende de muchas experiencias históricas, ha sido necesario disponer de niveles de distribución de la renta y la riqueza nacionales mucho más equitativos para propiciar incluso la constitución de mercados dinámicos, que ayuden a impulsar el crecimiento económico; sin que con esto se esté asumiendo como un objetivo propiciar dicho crecimiento.

 

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada. Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Valga traer a colación la visión crítica del crecimiento económico que tiene Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1997. Para reforzar la necesidad de una visión más amplia, superadora de los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, él afirma: “que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo no provinieron de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino de un reconocimiento insuficiente de que ese proceso no es más que un medio para lograr otros fines. Esto no equivale a decir que el crecimiento carece de importancia. Al contrario, la puede tener, y muy grande, pero si la tiene se debe a que en el proceso de crecimiento se obtienen otros beneficios asociados a él. (…) No sólo ocurre que el crecimiento económico es más un medio que un fin; también sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente”.

 

En este punto, a partir de los cuestionamiento realizados por Sen al crecimiento, cabría incluso recuperar aquellas propuestas que propician el decrecimiento o del crecimiento estacionario, como las planteadas por Enrique Leff, Serge Latouche y otros tantos.[9] Son aleccionadoras las palabras de un partidario temprano del crecimiento “cero” como John Stuart Mill (1848), quien señaló: “confirmo que no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que aplastar, dar codazos y pisar los talones a quien va delante, característicos del tipo de sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para la especie humana… No veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de consumir cosas que producen poco o ningún placer, excepto como representativos de riqueza; sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de producción un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto de vista económico es una mejor distribución. (…) Entre tanto debe excusársenos a los que no aceptamos esta etapa muy primitiva del perfeccionamiento humano como el tipo definitivo del mismo, por ser escépticos con respecto a la clase de progreso económico que excita las congratulaciones de los políticos ordinarios: el aumento puro y simple de la producción y de la acumulación”.

 

Además, la experiencia nos muestra que no hay necesariamente una relación unívoca entre crecimiento y equidad, así como tampoco entre crecimiento y democracia. Un tema por demás oportuno y complejo. Muchas veces se ha pretendido legitimar los comportamientos de las dictaduras como espacios políticos propicios para acelerar el crecimiento económico.

 

De todas maneras, aún si sólo desearíamos potenciar el crecimiento económico como eje del desarrollo, no podemos aceptar aquel mensaje aparentemente cargado de lógica, que recomienda primero crear “la torta”, antes de repartirla. Repartirla, sin poseerla, sería aún más grave, afirman los neoliberales, puesto que, según su visión, se estaría distribuyendo pobreza. En lo económico, se persigue garantizar una tasa de rentabilidad mayor, que permita ahorrar lo suficiente para financiar nuevas inversiones, las que luego generarían un mayor producto que beneficiaría a la sociedad en su conjunto, a través de una mayor cantidad de empleo y de ingresos.

 

Detrás de la fuerza aparente de esta “teoría del pastelero” está toda una concepción política de la distribución de la renta y de la riqueza, que ha viabilizado un sistema casi institucionalizado que impide la distribución, incluso en períodos de crecimiento económico. El mayor crecimiento económico, por lo demás, no garantiza una redistribución del excedente. Por el contrario, los que más tienen son los que se disputan a dentelladas el excedente, dejando en el mejor de los casos migajas para los grupos marginados.

 

Esta separación entre producción y distribución secuencial, que ofrecen los “pasteleros” neoliberales, no es dable en los procesos económicos, que como tales están inseparablemente inmersos dentro de la trama social y ambiental. En éstos no hay dicha secuencia temporal. En los sistemas de producción no es posible generar riqueza sin que se produzca alguna forma de distribución de la misma, sea por la vía de las utilidades o de los salarios, de la renta o de las pensiones. Distribución que a su vez incide en las decisiones productivas. Lo que cuenta es cómo las condiciones de la producción y la distribución se potencian recíprocamente, no como pueden independizarse.

 

Pero sobre todo, no es posible seguir manteniendo el divorcio entre producción y Naturaleza; ésta tiene límites que comienzan ser peligrosamente superados… la vida del ser humano en el planeta está en riesgo, ya no cabe la menor duda al respecto.

 

La reducción sustantiva de la pobreza y la inequidad, el logro de crecientes grados de libertad y la vigencia de los derechos ciudadanos pasarían, entonces, por una redistribución a favor de los pobres y marginados, en detrimento de la excesiva concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Una opción que no implica propiciar la búsqueda de crecientes niveles de opulencia, para entonces provocar la redistribución. Por lo contrario hay que erradicar la pobreza y la opulencia, pues está última sólo explica por la existencia una masiva pobreza: “allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”, aseguraba el mismísimo Adam Smith en 1776.

 

La redistribución no es una tarea fácil. Quienes todo tienen, quieren más y no cederán fácilmente sus privilegios. Por lo tanto se requiere una acción política sostenida y estratégica para construir tantos espacios de poder contrahegemónico como sean necesarios. La conclusión es obvia, el Buen Vivir hay que construirlo desde todos los ámbitos estratégicos posibles, empezando por el nivel local, sin descuidar para nada el global.

 

Sin una sociedad mucho más igualitaria y equitativa es imposible que funcione a cabalidad la economía, incluso el mercado, y se construya la democracia. Sin equidades, tampoco se podrá corregir el actual rumbo de destrucción ambiental. La inequidad y la desigualdad sistemáticamente falsean y hasta frustran la propia libertad de elección, sea en el campo económico o aún en el político. Por ello es preciso reformular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos / las ciudadanas para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía; ciudadanos y ciudadanas en tanto individuos viviendo en comunidad, se entiende.

 

A modo de conclusión

 

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética, hay que incorporar elementos consustanciales a un verdadero proceso de transformaciones radicales, como son la igualdad, las diversas equidades, la libertad y la justicia social (productiva y distributiva), tanto como la ambiental, así como elementos morales, estéticos y espirituales. En otras palabras, los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa, dentro de un esfuerzo de democratización permanente de la sociedad, a partir de la construcción de ciudadanías sólidas.

 

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Todos estos derechos, para su cumplimiento, exigirán ajustes en la distribución de la riqueza y del ingreso, sin poner en riesgo el equilibro ambiental.

 

Todo esto nos conduce a recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de nuevas sociedades que buscan sistemáticamente la libertad, la igualdad y la equidad, así como la solidaridad en tanto elementos rectores del Buen Vivir.

 

Para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles. La responsabilidad es grande y compleja. Estamos ante el imperativo de construir democráticamente sociedades realmente democráticas, fortificadas en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practicantes de sus obligaciones, incluyentes, equitativas, justas y respetuosas de la vida. Sociedades en donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la Naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.

 

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*Alberto Acosta – Flacso Ecuador, Quito, Ecuador – Publicado por la UNAD de Colombia (Universidad Nacional Abierta y a distancia) Revista Sustentabilidad – Abril 2010