Marie-Christine Seguin[1]
18 y el 21 de septiembre, «acto I»
La movilización arrancó en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia de París, por iniciativa de los propios estudiantes. En pocos días se extendió a Île-de-France y luego a Marsella, Lille, Rennes, Estrasburgo, Lyon y Burdeos. El movimiento no es manifestación de una «crisis de la juventud», ni un problema de orden público, como sostiene el discurso gubernamental, sino la expresión escolar de la contradicción entre las necesidades sociales y la lógica del capital, que subordina la educación pública a la austeridad y al rearme. Las reivindicaciones son materiales: sustitución de los profesores ausentes, aulas menos masificadas, edificios en buen estado y el fin del proceso de la plataforma Parcoursup: uno de los principales detonantes de masivas huelgas y protestas estudiantiles en Francia[2] y de la reforma Blanquer-Mathiot[3]. El gobierno, en cambio, mantiene los recortes de personal, con 1.500 puestos docentes menos en 2026, para construir el gran mercado que exige la Unión Europea y adaptar la formación a las necesidades de los monopolios.
El 29 de septiembre coincidiendo con la jornada de movilización de la función pública, se contabilizaban unas 410 acciones en liceos.
El 1 de octubre se hablaba de unas 900 acciones y cerca de 400 centros bloqueados o perturbados, y la Unión Estudiantil contaba 29 universidades parcialmente bloqueadas, frente a las seis del primer día contra la reforma de las pensiones. Ese día, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló de «una violencia desenfrenada» y de más de 300 policías y gendarmes heridos, y el ministro de Educación, Édouard Geffray, contabilizó 65 miembros del personal heridos, entre ellos 40 directores.
2 de octubre, «acto II»
El Ministerio del Interior, Laurent Nuñez, cifró en 1.027 los liceos afectados. Ese mismo día los ministros recibieron a los representantes liceístas y propusieron una plataforma de consulta y jornadas de debate en los centros. Édouard Geffray, Ministro de la Educación, recibió a sindicatos, asociaciones liceístas, padres y representantes del Consejo Nacional de la Vida Liceísta. Las organizaciones salieron decepcionadas por la ausencia de medidas concretas y decidieron continuar. Mediapart[4] publicó, ese día, testimonios de liceístas que denunciaban violencias y humillaciones policiales en comisaría.
La consulta ha sido rechazada por las organizaciones de la izquierda del PCF, de LO (Lutte ouvrière), del NPA -Nuevo Partido Anticapitalista-, de Révolution permanente, del PRCF (Polo de Renacimiento Comunista en Francia) y de la OCF (Organización Comunista de Francia, marxista-leninista, fundada en 2026 a raíz de su ruptura con el PRCF), con un argumento de clase: «quien aplica la porra no puede presentarse como mediador», y quien priva a los estudiantes de clases no puede pretender educarles para el debate. La vieron como una maniobra de recuperación política que pone el tiempo escolar al servicio de la comunicación gubernamental, y llamaron al profesorado a no organizarla y a apoyar el derecho de los jóvenes a celebrar sus propias asambleas. También se reprochó a las direcciones sindicales que el llamamiento del 6 de octubre se detuviera a las puertas del sistema educativo, mientras los salarios sufren la inflación. Pidieron una huelga interprofesional por la indexación de los salarios a los precios, el bloqueo del precio de la energía y la tributación de los beneficios de guerra. La consigna opone el dinero para enseñar y curar, al dinero para bombardear, y vincula la crisis escolar con la economía de guerra y con la política belicista y depredadora de la UE y de la OTAN.
6 de octubre, «acto III»
Se realiza una manifestación nacional a la que se sumó la intersindical de la educación (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud y Solidaires), incluso mediante la huelga, es donde las cifras divergen más. Los organismos de izquierda hablaron de «medio millón» de manifestantes. El Ministerio del Interior, Laurent Nuñez, contó 266.000 y las organizaciones liceístas y estudiantiles, 450.000. La misma divergencia aparece en la represión. Se denuncian al menos 215 menores heridos, más de 6.000 detenciones de menores y casos de mutilación por armas “no letales”, entre ellos un joven de 15 años mutilado por una granada en la ciudad de Lens, que ha motivado una investigación de la IGPN. El gobierno solo reconoce 488 detenciones y 43 agentes heridos para esa jornada, y subraya sobre todo los heridos entre policías y personal escolar. Según la AFP, había ya más de un centenar de heridos entre estudiantes y personal en la primera semana de octubre. Las cifras de las organizaciones políticas no coinciden con ninguna cifra oficial disponible.
Sin embargo, el propio Ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el 7 de octubre la suspensión provisional de las granadas aturdidoras en las manifestaciones liceístas, una concesión parcial que no zanja la cuestión de las armas “no letales” denunciada por los organismos de izquierda.
Ese mismo 7 de octubre, la Unión Estudiantil cifraba en al menos 80 los campus bloqueados. Tras reunir a varios ministros en el Elíseo, el primer ministro Lecornu se dirigió al país sin anunciar ninguna medida concreta y remitió a «finales de octubre» las primeras decisiones. Acusó además a La France insoumise de Mélenchon y a la «ultraizquierda»: PCF, Lutte ouvrière, NPA, PRCF y la OCF.
El Primer Ministro, Sebastien Lecornu, aceleró el proyecto de ley «quien rompe, paga», un recurso al discurso de la «violencia urbana» a pocos meses de las presidenciales.
8 de octubre, «acto IV»
El Snes-FSU, la CGT, FO y Sud convocaron huelga y manifestaciones, con reivindicaciones propias: anulación de las supresiones de empleo en la secundaria en el presupuesto de 2027, recontratación de contractuales y medidas salariales. La mayoría de los centros reabrió, aunque persistieron bloqueos y hubo manifestaciones en París, Nantes, Lyon, Rennes, Marsella y La Reunión, y concentraciones ante las prefecturas de Île-de-France contra las «violencias policiales». Geffray recibió de nuevo a las tres principales asociaciones liceístas junto al ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste. Las organizaciones juzgaron insuficiente un calendario que aplaza las respuestas más allá de la plataforma Agora[5], abierta hasta el 23 de octubre. A 10 de octubre, el movimiento había logrado concesiones simbólicas: la consulta, la suspensión de las granadas aturdidoras, la recepción por los ministros, pero ningún compromiso presupuestario.
Recordamos que en 1998-1999 y en 2006 los gobiernos ganaron tiempo con promesas vagas, consultas y jugando con el calendario de las vacaciones escolares.
17 de octubre: de la memoria anticolonial al desbordamiento social
El 17 de octubre de 1961, la policía francesa ahogó en el Sena a centenares de argelinos que se manifestaban pacíficamente contra un toque de queda racista y por la liberación de su país. Nunca juzgada, la represión violenta de los manifestantes se convirtió en norma.
Sábado 17 de octubre de 2026, «acto V»
Cargado de memoria, este día se convirtió en una jornada de acción nacional. La convocatoria nació en las redes sociales, donde circulaba desde finales de agosto, bajo la fórmula de «convergencia de luchas». Los liceístas y estudiantes fueron quienes más la difundieron: la Unión Sindical Liceísta reclama la supresión de Parcoursup y 10.000 millones de euros para los liceos. Ningún sindicato la había convocado oficialmente, y algunos mensajes la presentaban como un retorno de los «chalecos amarillos» contra el encarecimiento de los carburantes que en aquel entonces dio origen al movimiento.
En las calles, los lemas dominantes fueron el rechazo al fascismo, el rechazo a la violencia policial y la destitución del presidente Macron.
Se levantaron cuatro gritos en todo el país: “ACAB” (all cops are bastards), “Siamo tutti antifascisti”, eslogan en contra del RN y de todas las facciones de extrema derecha, “Macron! On est là, on est là! Même si tu ne veux pas, nous on est là!” (Macron aquí estamos, aunque no lo quieras, aquí estamos): eslogan retomado de los chalecos amarillos y “¡Macron destitución!”
La afluencia superó con creces las previsiones.
Según las autoridades, se manifestaron 550.000 personas en toda Francia, 110.000 solo en París; según los organizadores, 800.000. Hubo cortejos en decenas de ciudades, y en la capital las columnas se dividieron y convergieron hacia el Elíseo, Matignon y los Campos Elíseos, zonas que la prefectura había declarado prohibidas. Por la tarde, las fuerzas de seguridad fueron desbordadas y pidiendo refuerzos solicitados desde numerosas ciudades. Los disturbios se extendieron por varias ciudades.
En Marsella fue asaltado el ayuntamiento que dio lugar a una reunión de crisis en la alcaldía; la prefectura registró 99 detenciones en custodia y 118 miembros de las fuerzas del orden heridos.
En Limoges, el ayuntamiento fue incendiado y desde las redes sociales se habla de un ataque de bandera falsa, porque el edificio no era cualquiera construcción que pudiera prender fuego de manera rápida y fácil.
En Burdeos fue atacada la residencia de Sophie Brocas, la delegada del gobierno[6], pagando el costo de su pésima gestión de los incendios del verano pasado en la provincia de Aquitania (Burdeos);
En Lyon, fue incendiado la oficina de turismo.
En París, hubo saqueos en Saint-Lazare, Châtelet-Les Halles, la plaza de la República y los Campos Elíseos, y 25 personas fueron detenidas por los destrozos en la sede del canal televisivo de derecha CNews. Se registraron además tensiones en Toulouse, Rennes, Estrasburgo, Grenoble y Niza, bloqueos de vías de circulación y, según el ministro del Interior, incidentes en numerosas otras localidades.
Las cifras divergen: Laurent Nuñez, habló primero de 1.800 detenciones y el balance consolidado a las 7:47 pm las elevó a 2.397; solo en París hubo 855 detenciones el sábado y 557 personas seguían bajo custodia el domingo, entre ellas 151 menores. El ministerio contabiliza 997 heridos entre las fuerzas de seguridad, siete de ellos graves. Del lado de los manifestantes, en Mulhouse una adolescente de 17 años perdió un ojo y la fiscalía remitió el caso a la IGPN. La Federación del Comercio y la Distribución cifra en 1.500 los comercios afectados, con un coste de «varios cientos de millones de euros».
Para el lunes 19 de octubre, Sébastien Lecornu, Primer Ministro, reunió una célula interministerial de crisis; Serge Papin (Ministro de los PYMES, artesanía etc) convoca a las federaciones del comercio, la banca y los seguros; la Asociación de Alcaldes de Francia llama a concentraciones ante los ayuntamientos; la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, propone una comisión de investigación sobre las violencias y la estrategia de mantenimiento del orden. La derecha de Bruno Retailleau (ex Ministro del Interior, actual presidente del partido derechista francés Les Républicains (LR)) exige el estado de excepción, mientras Marine Tondelier (del partido de los Ecologistas) reclama la dimisión del Ministro del Interior, Laurent Nuñez.
En la tarde del domingo 18 de octubre, Emmanuel Macron se dirigió a los franceses, hablando de una situación de extrema gravedad y atribuyó los saqueos e incendios a «facciosos procedentes de grupúsculos de ultraizquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes». Prometió que «quienes han destruido deben pagar, quienes han saqueado deben reembolsar». Anunció una célula de crisis dirigida por el primer ministro a partir del lunes 19 de octubre para ayudar a los comerciantes y junto con los alcaldes prohibir concentraciones. Mientras tanto, viajó a los países del Golfo por el suministro energético, vinculando como siempre el alza de los carburantes al conflicto en el golfo Pérsico. Recordó que se ocupará de la juventud y de la educación en los próximos días. Dijo oír una «angustia profunda» en los liceos y universidades, ligada a las condiciones de vida y de estudio, a la orientación y al porvenir; evocó la plataforma gubernamental (más de 100.000 contribuciones) y anunció una nueva fase de concertación con alumnos, estudiantes, profesores, patronal, sindicatos, colectividades y parlamentarios, que el primer ministro reunirá en los próximos días. Situó además el debate en el calendario electoral diciendo que Francia: «merece unas bellas elecciones presidenciales dentro de seis meses».
Sábado 24 de octubre, «acto VI»
El movimiento no se detiene, por el contrario se radicaliza y fortalece. A pesar de la militarización policial una nueva jornada de protesta se llevó a cabo, reuniendo en París más de 100.000 personas. También hubo manifestaciones en Lyon, Burdeos y Nantes.
2.700 personas fueron detenidas y se multiplican las lesiones oculares entre los jóvenes.
Las consignas ya no solo reivindican el derecho a la educación, sino que se enfocan al derecho a la protesta, el antifascismo y la renuncia de Macron.
Sigue la escena
El contraste ha sido elocuente: En seis semanas de movimiento, el poder ha respondido con consultas, plataformas y calendarios, y ahora con una nueva concertación, pero sin un solo compromiso presupuestario sobre los puestos docentes, Parcoursup, la baja de los precios de la gasolina y la alza de los salarios. La suspensión de las granadas aturdidoras y la plataforma Agora siguen siendo las únicas concesiones. Pero simultáneamente, la represión policial crece. La cuestión de fondo permanece y la cólera de la calle, la de los liceístas y la de los trabajadores sigue organizándose y se entrevé que se convertirá en una lucha sostenida y unida, en lugar de dejarse encerrar en la palabrería de la concertación de un gobierno que ha elegido declarar la guerra contra su pueblo.
[1] Profesora ICT.
[2] Desde su implementación en 2018 (en reemplazo del antiguo sistema llamado APB), Parcoursup ha sido objeto de intensos debates políticos y sociales por: 1. Opacidad del algoritmo: Aunque se conocen los criterios generales, los criterios específicos que usa cada universidad para puntuar a los estudiantes son secretos; 2. Ansiedad y estrés: al no ordenar las preferencias desde el principio, el proceso de asignación se vuelve muy lento. Muchos estudiantes pasan semanas o meses en listas de espera; 3. Desigualdad territorial y de centros: el algoritmo y los centros suelen valorar más el prestigio del instituto de origen que las notas del propio estudiante; 4. Falta de plazas reales: Parcoursup funciona como una herramienta de “selección encubierta” para gestionar la falta de presupuesto y plazas en la universidad pública.
[3] La Ley Blanquer, denominada oficialmente como la Ley para una Escuela de la Confianza (promulgada en 2019 bajo la gestión del entonces ministro de Educación Jean-Michel Blanquer y basada en el informe del politólogo Pierre Mathiot en 2018), generó una fuerte oposición entre sindicatos, profesores y asociaciones de padres. El problema central de la reforma del bachillerato y del instituto en Francia radicó en la eliminación de las matemáticas del tronco común obligatorio, lo que generó un fuerte retroceso educativo. Los principales problemas y críticas que motivaron las protestas se estructuran en los siguientes puntos: 1. Pérdida de libertad de expresión para los docentes (El “deber de reserva”). La comunidad educativa denunció una “cláusula de mordaza” diseñada para silenciar las críticas de los maestros hacia las reformas del gobierno bajo la amenaza de sanciones disciplinarias. 2. La ley redujo la edad de escolarización obligatoria de los 6 a los 3 años. Aunque la gran mayoría de los niños franceses de esa edad ya asistían a centros preescolares al volverse una obligación legal, los ayuntamientos se vieron obligados por ley a financiar también las escuelas privadas bajo contrato que ofrecen este nivel. Los críticos acusaron a la ley de desviar fondos públicos hacia el sector privado; 3. La reestructuración del bachillerato eliminó las ramas tradicionales (ciencias, letras, economía) por un sistema de especialidades optativas que provocó que los centros escolares más pequeños o de zonas desfavorecidas no pudieron ofrecer la misma variedad de materias optativas que los liceos de grandes centros urbanos; 4. Creación de los macrocentros “EPLEI”; la ley abrió la puerta a la creación de los Establecimientos Públicos Locales de Enseñanza Internacional (EPLEI), que fusionan escuelas primarias y secundarias bajo una misma dirección general. Los sindicatos criticaron que este modelo buscaba eliminar puestos de directores de escuelas pequeñas y deshumanizar la gestión educativa local en favor de una visión más administrativa y centralizada.
[4] Periódico digital francés de información general y de investigación, fundado en 2007 (y lanzado en 2008) por un grupo de periodistas liderado por Edwy Plenel.
[5] La plataforma y aplicación móvil Agora del gobierno francés fue lanzada el 28 de septiembre de 2023. Fue impulsada y creada por el Ministerio de la Renovación Democrática, liderado por el portavoz del gobierno Olivier Véran, bajo el mandato de la primera ministra Élisabeth Borne. El desarrollo técnico se realizó en colaboración con la Dirección Interministerial de la Transformación Pública (DITP) a través del programa Beta.gouv. Las principales críticas hacia la plataforma Agora se centra en la falta de transparencia en la moderación, sospechas de manipulación política y su uso como una herramienta de distracción o lavado de imagen frente a las protestas. Varias preguntas formuladas por los ciudadanos, que contaban con un alto nivel de apoyo y votos, “desaparecieron” misteriosamente de la plataforma poco antes de que cerraran las votaciones. El Ministerio argumentó en algunas ocasiones que las preguntas se retiraban por no adecuarse al tema de la semana, pero los diputados y usuarios criticaron fuertemente la falta de reglas claras y la opacidad en la trazabilidad de los algoritmos de moderación.
[6] La delegada Sophie Brocas que dirige y coordina los servicios y la Administración General en el territorio provincial de la Gironde (Burdeos) enfrentó fuertes críticas por su gestión de los incendios en los pasados meses de junio, julio y agosto de 2026 y de su rechazo de las iniciativas ciudadanas y locales (como la orden dada a los agricultores que acudieron espontáneamente con cubas de agua de abandonar las zonas de intervención por motivos de coordinación, lo que fue percibido como desprecio y un freno operativo), así que por la gestión global de la crisis y de las comunicaciones de evacuación. La situación institucional tomó un giro adicional el 17 de octubre de 2026 cuando, al margen de las manifestaciones y tensiones en Burdeos, su residencia oficial fue blanco de ataques.
