El país atraviesa por una intensa oleada invernal que ha dejado a millones de colombianos y colombianas en las más desafortunadas condiciones, ante ello en necesario expresar la solidaridad y exigir al gobierno que adopte medidas de salvaguarda para las comunidades afectadas y políticas integrales de prevención, pues ante los desordenes climáticos estos fenómenos naturales continuaran golpeando nuestra geografía.Los cien primeros días del gobierno de la “Unidad Nacional” han contado con una pomposa difusión mediática en la que se pretende hacer ver los aparentes y notables éxitos de la política de la prosperidad democrática y como si no fueran suficientes la lista de “aciertos” y adulaciones al gobierno, las tradicionales firmas encuestadoras que miden la opinión y percepción de la ciudadanía sobre distintos temas de interés, ubican al presidente Santos como un mandatario que goza del 90% de legitimidad y popularidad entre los colombianos y colombianas de distintas áreas geográficas del país, otro de los resultados que arrojan las encuestas que causa especial interés, es la apreciación de distancia entre Santos y su predecesor con respecto a la orientación política con la que el nuevo presidente conduce las riendas del Estado, situación ventajosa para éste, pues ante el pavoroso escándalo de persecución, espionaje e interceptación ilegal a las comunicaciones de dirigentes políticos de la oposición y magistrados de las altas cortes en el que se encuentra involucrado directamente Uribe, se le suma la búsqueda desesperada de asilo político en distintos países a sus más leales escuderos como el ya ampliamente conocido caso de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, sin duda estas circunstancias dejan al ex – presidente como un amigo poco deseable en las circunstancias actuales.
Los hechos parecen hacer perder de vista una situación irrebatible, Santos no sería hoy presidente de la República sin el impulso y el acumulado heredado y endosado por Uribe, si Santos representara un proyecto político distinto no habría tenido la venia de la casa de Nariño y de los factores globales del poder: Estados Unidos, principalmente y otro personaje ostentaría la dignidad de ser el Jefe de Estado. La discusión aún no acabada sobre cambio o continuidad entre los dos gobiernos ha permitido hacer un seguimiento a las ejecutorias del gobierno actual para constatar que hay de herencia del gobierno Uribe y expresiones de distancia, para tal fin, el ambicioso paquete legislativo presentado al Congreso de la República proporciona mayor claridad para comprender el modelo de desarrollo y sociedad que se pretende configurar en el país.
Con el cierre del actual periodo legislativo, el gobierno nacional se propuso acelerar la aprobación de los proyectos que constituyen la columna vertebral para la ejecución de su programa de gobierno, dichos proyectos conforman un escenario político incierto para el futuro del país en materia económica, social y política, veamos una breve síntesis de tres de los más relevantes:
1. Proyecto de Acto Legislativo N° 013 de 2010. “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”
Esta reforma constitucional modifica el régimen de regalías, creando 3 fondos (Fondo de Ahorro y Estabilización Regional, de Inversión Regional y de ahorro pensional territorial) que constituirán el Sistema Nacional de Regalías, dichos recursos serán administrados por el gobierno nacional y el Banco de la República con el objeto, según el gobierno nacional, de otorgarle eficacia a la distribución de los recursos bajo criterios de equidad regional, social e inter-generacional. El Ministerio de Minas y Energía proyecta para los próximos 10 años un recaudo por concepto de regalías aproximadamente de cien billones de pesos, cifra que se calcula con base en una “bonanza minera”, que ha significado desde el 2002 para la economía nacional una modificación en la vocación económica y la estructura productiva del país, que tendrá mayores consecuencias e impactos negativos en materia ambiental, de empleabilidad y tejido social para los próximos años. El país experimenta un registro de IED al 12 de noviembre de 2010 de 8.030 millones de dólares, de los cuales el 84%, es decir 6.990 millones de dólares son destinados a minería e hidrocarburos. No es posible dejar de hacer mención a las billonarias exenciones tributarias de las cuales gozan estas empresas multinacionales y consorcios privados, y como si no fuera suficiente, los contratos de estabilidad jurídica les aseguran las mismas reglas de juego durante veinte años. Sin duda el país requiere una profunda reforma al Régimen de Regalías y compensaciones que debe pasar por un estudio de la apropiación de la Renta Petrolera y las utilidades netas de estas empresas para proporcionar al país una distribución que compense los costos de la extracción de estos recursos escasos.
Esta reforma constitucional traerá como consecuencia una recentralización del poder en el ejecutivo, que cercena el principio de la descentralización política y administrativa consignada en la Constitución, asegura, además, condiciones de estabilidad a multinacionales y consorcios privados para la IED; provocará un colapso a las economías locales cuyos proyectos de desarrollo son financiados con recursos de las regalías directas giradas a municipios y departamentos; un hecho grave de resaltar es la puesta en marcha de un escenario de economías de enclave minero al mando de multinacionales, en un país mega-diverso y con estratégicas reservas hídricas, ello conducirá a la profundización de conflictos socio-ambientales que ya son hoy parte del paisaje del en varias regiones del país.
Las protestas y reparos al acto legislativo no se han hecho esperar, distintos sectores sociales y políticos cuestionan el fondo del proyecto y reclaman al gobierno una legislación con principios de soberanía, autonomía y que proteja el interés nacional por encima de los designios de los mercados globales. La confianza inversionista soporte del gobierno Uribe se prolonga ahora en el gobierno de la “concertación” y la Unidad Nacional con un ingrediente adicional del recetario neoliberal, la minería una de las locomotoras del plan de desarrollo, pasa de ser un sector poco privilegiado por los economistas de gobiernos anteriores a ser el motor del desarrollo de las próximas décadas.
2. Proyecto de Acto legislativo N° 016 de 2010 de Cámara. “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” y 3. Proyecto de Ley N° 112 de 2010 Cámara, “Por medio del cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones”
Al examinar el paquete legislativo de la Unidad Nacional se identifican iniciativas que perjudican importantes franjas de la población, sectores de la economía y variados intereses sociales, pero estos dos proyectos representan la mezquindad de una clase dirigente capaz de arrebatarle a los colombianos y colombianas humildes de la nación el acceso a derechos básicos por cumplir con metas impuestas por organismos supranacionales: ser mas competitivos, brindar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, movilidad en la propiedad, y otras son las variables que el gobierno nacional toma en cuenta para presentar una reforma constitucional y una ley que impongan restricciones al gasto público social.
El acto legislativo reforma tres artículos de la constitución, 334, 339 y 346, el primero somete a toda la estructura del Estado al principio de la Sostenibilidad Fiscal, “es deber de todas las ramas y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva” Art. 334, y los dos artículos siguientes hacen mención al ajuste del Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto Anual de Gastos de la Nación al mismo principio.
El proyecto de ley 112 adopta la formula de la regla fiscal, que es una ecuación económica elaborada desde el Banco Mundial para que los Estados adopten políticas de ajuste con el propósito de dar cumplimiento, fundamentalmente, a los compromisos de la deuda y proyectar economías estables, sin externalidades negativas que afecten la inversión; esta regla pone barreras constitucionales y legales al gasto social, mientras a través de las grandes exenciones tributarias y contratos de estabilidad jurídica le entrega prerrogativas al gran capital y empresarios amigos.
Una consideración necesaria a estos proyectos debe abordarse desde la perspectiva de sus consecuencias, en un país con altos índices de pobreza, precario acceso a derechos como salud, empleo y otros contemplados en los derechos económicos, sociales y culturales, un conflicto social y armado, y crisis humanitaria el gobierno bajo su criterio e intereses, determinará las prioridades del gasto, sin contar con la sujeción de la rama judicial a la que miles de colombianas y colombianos han acudido para lograr atención en salud y que para el ejecutivo ha significado un abuso de este instrumento de participación: la tutela por parte de la ciudadanía.
Estos proyectos continuaran su trámite legislativo en marzo, período en el que la ciudadanía debe informarse de los impactos y consecuencias de esta nueva orientación política en materia económica, y territorial del país. Nuestro partido en el 2011 debe liderar una pedagogía nacional que le explique a la ciudadanía el fondo de estos proyectos que desde el congreso la bancada ha sabido increpar acertadamente, una metodología que supere la discusión exclusiva del parlamento y se convierta en tema de opinión y reflexión de todos y todas. El Polo Democrático Alternativo, las organizaciones y sectores sociales deben hacer causa común con las distintas expresiones sociales y políticas que manifiesten desacuerdos con estos proyectos, hay Alcaldes, concejales y representantes que se han mostrado críticos de proyectos como el de regalías, sectores del partido liberal han cuestionado la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal y gremios que consideran inapropiados estos cambios para la sociedad en general.
