{"id":7268,"date":"2022-09-28T01:46:11","date_gmt":"2022-09-28T01:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/cedins.org\/?p=7268"},"modified":"2022-09-28T01:48:47","modified_gmt":"2022-09-28T01:48:47","slug":"coyuntura-politica-el-imperativo-politico-de-hacer-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cedins.org\/index.php\/2022\/09\/28\/coyuntura-politica-el-imperativo-politico-de-hacer-justicia\/","title":{"rendered":"Coyuntura pol\u00edtica. El imperativo pol\u00edtico de hacer Justicia"},"content":{"rendered":"\n
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Foto: Madres de Soacha. Desde Abajo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por: Jos\u00e9 Benito Garz\u00f3n Montenegro CED\u2013INS <\/strong>

Son m\u00faltiples y diversos los desaf\u00edos que debe enfrentar el nuevo gobierno en Colombia, m\u00e1s all\u00e1 de la coyuntura, si busca ser coherente con su discurso de campa\u00f1a, as\u00ed como con su slogan de \u201ccambio por la vida\u201d. Uno de los desaf\u00edos m\u00e1s complejos, y de hondo calado, est\u00e1 referido a la administraci\u00f3n de justicia, pues si bien \u00e9sta no depende del poder ejecutivo y varias de las instancias judiciales contin\u00faan siendo dirigidas por alfiles pol\u00edticos de la ultraderecha colombiana, el actual gobierno cuenta con un amplio apoyo en el poder legislativo, lo que podr\u00eda significar una oportunidad para dar un importante paso que conlleve a la superaci\u00f3n de la impunidad, en especial la referida a los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, o sus aliados paramilitares, en los territorios a lo largo de la historia, y que se han intensificado en las recientes d\u00e9cadas.

El continuum<\/em> de las violaciones a los derechos humanos en Colombia por parte del Estado, y su correlato en la garant\u00eda de la impunidad, sigue estando en la base condicionada de la gobernabilidad. Al gobierno del presidente Petro se le impone una serie de retos que podr\u00edan resumirse y priorizarse en estos tres elementos b\u00e1sicos, los que a su vez posibilitar\u00edan avanzar en la consolidaci\u00f3n de una sociedad soberana y en convivencia: a) romper la l\u00f3gica que ha buscado naturalizar este tipo de pr\u00e1cticas criminales (violaciones a los derechos humanos e impunidad), las que por lo general se han ensa\u00f1ado en contra de los procesos organizativos de cu\u00f1o popular, y en contra de sus liderazgos; b) esclarecer la verdad de lo acontecido, que supere el mero asunto de la responsabilidad material, para que se sepa abiertamente los intereses y responsabilidades de quienes dan la orden y se benefician del dolor y la persecuci\u00f3n de las organizaciones, as\u00ed como de sus acumulados en los diferentes territorios; y c) brindar garant\u00edas para que nunca m\u00e1s se repitan este tipo de atrocidades en los territorios.

A continuaci\u00f3n, se esbozan algunos aspectos fundamentales de estos retos que debe afrontar el actual gobierno, en especial los relacionados con el anuncio gen\u00e9rico y ambiguo de \u201cpaz total\u201d.

Violaciones a los derechos humanos e impunidad <\/strong>

Si nos atenemos a la informaci\u00f3n referida para el a\u00f1o 2021 por el Banco de Datos del Cinep<\/a>, encontramos que se presentaron, por lo menos, 898 personas victimizadas por situaciones sociopol\u00edticas contra la poblaci\u00f3n civil ocurridos, especialmente, en los departamentos de Cauca, Valle, Huila, Antioquia y Norte de Santander, entre otros. Las formas de agresi\u00f3n m\u00e1s recurrentes fueron: asesinatos (387), amenazas (206), lesiones f\u00edsicas (179), raptos (40), amenazas (36), torturas (26), secuestro (20) y violencia sexual (4). Mientras que, en lo corrido del 2022, seg\u00fan Indepaz<\/a>, son 128 liderazgos sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia; y por lo menos 34 firmantes de acuerdo de paz\/excombatientes Farc asesinados durante este mismo a\u00f1o. Durante el primer semestre de 2022, seg\u00fan el Banco de Datos del Cinep, los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos en Colombia son: paramilitares (206), polic\u00eda nacional (148), fiscal\u00eda (81) y ej\u00e9rcito (53).

Sin detenernos en la minucia de los datos y su clasificaci\u00f3n, a todas luces asistimos a una situaci\u00f3n sumamente cr\u00edtica en materia de derechos humanos, la que se ha ensa\u00f1ado contra la poblaci\u00f3n que se moviliza y manifiesta, que mantiene como tendencia en las \u00faltimas d\u00e9cadas, y se traduce en el terrorismo ejercido contra el bloque popular. Al revisar, por ejemplo, la respuesta de las autoridades en los tres momentos m\u00e1s recientes de protesta social (21 de noviembre de 2019; 9 y 10 de septiembre de 2020; y del 28 de abril al mes de julio de 2021) se evidencia una estrategia de represi\u00f3n que se configurar\u00eda en un genocidio continuado contra las y los manifestantes, as\u00ed como en una comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad permanente y sistem\u00e1tica, en especial contra las y los j\u00f3venes. Dicha estrategia mantiene como correlato la persecuci\u00f3n, amenaza, amedrentamiento, judicializaci\u00f3n, desplazamiento, desaparici\u00f3n o asesinato de los liderazgos en los campos y ciudades en donde sus poblaciones se atreven a denunciar los proyectos de muerte y saqueo que les afectan en sus territorios. Para la comisi\u00f3n de dichos cr\u00edmenes, por lo general se acude a la alianza con los diferentes grupos paramilitares.

Todas estas actuaciones criminales se mantienen en la absoluta impunidad, pues en los pocos casos en lo que se ha dado apertura a una investigaci\u00f3n formal, \u00e9sta ha estado plagada de las tramoyas jur\u00eddicas que banalizan la administraci\u00f3n de justicia, tanto en su proceso, como en su definici\u00f3n. Son escasos los casos que logran avanzar en algo en t\u00e9rminos judiciales, por supuesto no exentos de la manipulaci\u00f3n del sistema jur\u00eddico a conveniencia de los perpetradores de los cr\u00edmenes, ni de la dilaci\u00f3n absurda promovida por funcionarios y operadores de la rama judicial, as\u00ed como por grupos de abogados al servicio de los responsables de dichos cr\u00edmenes.

Durante el primer mes y medio del nuevo gobierno, lastimosamente, esta realidad se ha mantenido. A la fecha no han cesado los asesinatos, desapariciones, amenazas, persecuciones y judicializaciones en contra de quienes nos manifestamos en favor de la vida y denunciamos cualquier tipo de agresi\u00f3n y violencia que se presenta en los territorios y sus poblaciones. Por lo que nos queda la pregunta \u00bfde qu\u00e9 manera la propuesta e implementaci\u00f3n de lo que ha denominado el presidente Petro como \u201cpaz total\u201d lograr\u00e1 detener este r\u00edo de sangre?

Esclarecer la verdad para hacer justicia <\/strong>

El actual ministro de Justicia, N\u00e9stor Osuna, se ha pronunciado a favor de los profundos cambios que requiere la administraci\u00f3n de justicia en Colombia. Incluso ha indicado que \u00e9sta debe virar de un aparato centrado en el castigo y en el encarcelamiento hacia un sistema de justicia restaurativa, basada en la b\u00fasqueda de la verdad y en la reconstrucci\u00f3n de los nexos sociales que en la mera punici\u00f3n o la venganza. Esta intenci\u00f3n, como discurso y horizonte de expectativa, suena bien, el asunto se complica al buscar aterrizarlo a las situaciones concretas que se padecen en los territorios tras la violaci\u00f3n de los derechos humanos y los cr\u00edmenes perpetrados por gentes del estado o terceros bajo su aquiescencia y connivencia.

En este sentido, las diferentes experiencias de transici\u00f3n pol\u00edtica dadas a finales del siglo XX en Am\u00e9rica Latina, as\u00ed como en otras partes del mundo, nos han ense\u00f1ado que el esclarecimiento de la verdad de los hechos atroces no debe estar desligada de las acciones de justicia, pero que, adem\u00e1s, esa verdad no puede ser consoladora y limitarse a la mera responsabilidad material, dejando de lado los intereses y las responsabilidades que persiguieron todos aquellos que, no solo dieron la orden, sino que se beneficiaron con la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad.

El pasado 28 de julio, el pa\u00eds asisti\u00f3, exceptuando el presidente de aquel entonces, a la presentaci\u00f3n p\u00fablica de los hallazgos de la Comisi\u00f3n de la Verdad, aquella que fue pactada en el proceso de negociaci\u00f3n entre el estado y la guerrilla de las Farc. Dicho informe ha despertado el rechazo de los sectores m\u00e1s recalcitrantes de la derecha, y la solidaridad de buena parte de la sociedad. Es indudable que estamos ante un hito hist\u00f3rico y que su legado permitir\u00e1 allanar el camino para la dignificaci\u00f3n de toda forma de vida. Con todo, el producto de dicha Comisi\u00f3n de la Verdad mantiene errores crasos, que se supondr\u00edan superados si se quisiera aprender de la historia, pues adem\u00e1s de las restricciones en el tiempo y presupuesto para su vigencia, del escaso n\u00famero y poca representatividad de los miembros que conformaron dicha Comisi\u00f3n, del inexistente acceso eficaz a la informaci\u00f3n de todas las fuentes del Estado, del limitado per\u00edodo contemplado de estudio, as\u00ed como de la descohesi\u00f3n entre verdad y aplicaci\u00f3n de justicia, se evidencian serias autolimitaciones en el trabajo de la Comisi\u00f3n de la Verdad, pues prefirieron no indicar la asociaci\u00f3n de l\u00f3gicas econ\u00f3micas y de modelos de desarrollo con la criminalizaci\u00f3n ejercida en contra de las comunidades, asimismo se limitan, en buena medida, a se\u00f1alar de forma gen\u00e9rica las autor\u00edas materiales, sin indicar la conexi\u00f3n con quienes se han beneficiado econ\u00f3mica y pol\u00edticamente de las din\u00e1micas de la guerra en Colombia.(1)

Como se advirti\u00f3, el actual ministro de justicia y el reci\u00e9n nombrado viceministro de Pol\u00edtica Criminal, Camilo Eduardo Uma\u00f1a Hern\u00e1ndez, hijo este \u00faltimo de nuestro querido y entra\u00f1able amigo Eduardo Uma\u00f1a Mendoza y nieto del gran maestro Uma\u00f1a Luna, no tienen una tarea f\u00e1cil a la hora de tramitar sus propuestas para superar los vergonzosos niveles de impunidad que campean en el pa\u00eds, m\u00e1s a\u00fan cuando se trata de cr\u00edmenes cometidos por agentes del estado o terceros que act\u00faan bajo su alianza. Por lo que nos queda la pregunta \u00bfqu\u00e9 lugar se le otorgar\u00e1 en la propuesta e implementaci\u00f3n de lo que ha denominado el presidente Petro como \u201cpaz total\u201d a la verdad, a la justicia y a la lucha contra la impunidad de los cr\u00edmenes de lesa humanidad?

Garant\u00edas para que nunca m\u00e1s se repitan semejantes atrocidades en los territorios<\/strong>

Al desentra\u00f1ar las l\u00f3gicas de la guerra que hemos padecido por d\u00e9cadas en Colombia se evidencia la existencia de causas estructurales. Dichas causas han sustentado las demandas de los grupos poblaciones que propenden por la vida digna para todas y todos, quienes se han organizado y manifestado en pro de una transformaci\u00f3n social, por lo que han sido objeto de represi\u00f3n tanto estatal como paraestatal; dicho tratamiento represivo ha alentado la conformaci\u00f3n de grupos armados que se sublevan contra la violencia econ\u00f3mica y pol\u00edtica que se ejerce hacia las poblaciones m\u00e1s empobrecidas en campos y ciudades, algunos de dichos grupos se han desmovilizado luego de un acuerdo negociado con los gobiernos de turno, por lo general a puerta cerrada hacia la sociedad, sin que ello implique transformaciones reales y concretas de las din\u00e1micas de muerte que siguen afectando las condiciones m\u00ednimas vitales de los sectores populares.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Contagio Radio<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En tal sentido, el imperativo pol\u00edtico de hacer justicia implica atender los problemas b\u00e1sicos y fundamentales que sustentan la vida en todas sus formas, as\u00ed como propiciar las condiciones para que las comunidades y poblaciones ejerzan de forma aut\u00f3noma su soberan\u00eda. Solo as\u00ed podr\u00edan indicarse que las causas que originaron el conflicto social y armado en Colombia tienen una posibilidad real que permita superarlas, pues la justicia no es la simple aplicaci\u00f3n de un sistema de categor\u00edas y de leyes sobre una suerte de individuos que se tratar\u00edan de integrar en un sistema m\u00e1s o menos regulado, es ante todo el principio que le brinda cohesi\u00f3n y posibilidades de futuro a cualquier sociedad. Sin la justicia, hablar de paz, de dignidad o de bien com\u00fan, es una mera ret\u00f3rica que banaliza el sentido de lo humano e irrespeta cualquier forma de vida.

As\u00ed mismo, las garant\u00edas de no repetici\u00f3n, que cuando son genuinas est\u00e1n ancladas al esclarecimiento de la verdad y al ejercicio eficaz de la justicia, deben contemplar las maneras de resarcir la consciencia lacerada de la humanidad, de las familias de las v\u00edctimas, sus organizaciones y sobrevivientes, para lo cual las pol\u00edticas de la memoria deben permear desde los centros educativos hasta las l\u00f3gicas art\u00edsticas y culturales, pasando por las programaciones que se ofertan en medios de comunicaci\u00f3n, todo ello para evitar el olvido amn\u00e9sico y la venganza. Por lo que nos queda la pregunta \u00bfqu\u00e9 lugar se le otorgar\u00e1 en la propuesta e implementaci\u00f3n de lo que ha denominado el presidente Petro como \u201cpaz total\u201d a las causas estructurales que han originado la guerra en Colombia? \u00bfQu\u00e9 har\u00e1 dicha pol\u00edtica para nunca m\u00e1s se repitan estas atrocidades?

A manera de cierre<\/strong>

Como se esboza en las cortas l\u00edneas que anteceden, detener y contener las diversas violaciones a los derechos humanos contras las comunidades; reformar la justicia que permita la superaci\u00f3n de la impunidad, es especial de los cr\u00edmenes de lesa humanidad; y garantizar que nuca m\u00e1s se repitan estas atrocidades contra el pueblo son, tal vez, los principales desaf\u00edos que debe afrontar el actual gobierno. Para ello cuenta con un acumulado pol\u00edtico, que si bien, no es est\u00e1tico y cohesionado, en general, concuerda con varios de estos postulados; pero sin desconocer la fragilidad de las alianzas y coaliciones con las fuerzas pol\u00edticas que se han declarado bancadas de gobierno o independientes, en una clara fractura provisional del bloque olig\u00e1rquico en el Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El imperativo pol\u00edtico de hacer Justicia esta permeado por una serie de retos enmarcado en los contextos territoriales que atraviesan las poblaciones empobrecidas en la actualidad. Contextos que deben comprenderse en el marco de su devenir hist\u00f3rico e intervenidos de forma pertinente con las comunidades que habitan los campos y ciudades, quienes son en \u00faltimas los que han soporta las diferentes din\u00e1micas de la violencia que se ha ejercido en su contra. Dicho imperativo, adem\u00e1s, debe contemplarse a la hora de detallar e implementar lo que se ha denominado por parte del actual gobierno como \u201cpaz total\u201d, frente a lo que hoy, desde las diferentes organizaciones sociales y las comunidades, tenemos m\u00e1s preguntas que certezas, sin que ello nos nuble la posibilidad de esperanza por un futuro inmediato en dignidad.<\/p>\n\n\n\n

(1) Habr\u00eda que a\u00f1adirle las salidas en falso de qui\u00e9n presidi\u00f3 dicha Comisi\u00f3n a la hora de sostener algunas de las afirmaciones contempladas en los prol\u00edficos tomos que componen el informe, as\u00ed como el intento permanente de equipar todas las agresiones y perpetradores como si se tratar\u00e1 de las mismas motivaciones, al punto de desligar el accionar paramilitar de la criminalidad agenciada por las fuerzas estatales.<\/em>
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