Alcalde neoliberal provoca la emergencia sanitaria en Bogotá

Por: Equipo de Ciudad - Cedins

Durante los últimos días  la ciudad de Bogotá pasa por lo que se ha denominado desde la administración distrital crisis ambiental, debido a un improvisado  cambio en el sistema de recolección de basuras, que establece la desaparición de la empresa filial del Acueducto, Aguas de Bogotá, por supuestos incumplimientos en los requerimientos para entrar en la presente licitación. La crisis se genera, según la administración, porque el proceso de empalme se vio alterado por el cese de actividades de los trabajadores de la extinta Aguas de Bogotá; cese consecuencia del despido de 3.700 trabajadores de la empresa.

 Es evidente que esta situación si representa una emergencia sanitaria para la ciudad, pues es claro que  las ciudades arrojan varios cientos de toneladas diarias de basura,  y mucho más por tratarse de la ciudad colombiana con más habitantes. Entendiendo  que el mundo moderno está absolutamente atravesado por todo tipo de consumos, los desechos que se   arrojan  son enormes y en ese sentido el no contar con estrategias adecuadas  para su recolección genera una crisis ambiental sin proporciones, como lo ha manifestado la administración distrital.

Pero lo que  no es razonable es pretender que la causa de la crisis ambiental sea el cese legítimo de actividades de los trabajadores de Aguas de Bogotá, quienes protestan contra los despidos masivos e  ilegales por parte de la administración distrital.

Se debe garantizar el derecho de  los usuarios a un servicio de aseo y recolección, pero esto no puede hacerse  violentando los derechos laborales de los trabajadores del distrito.  Esta situación no genera solo una crisis ambiental sino social. Los despidos evidencian falta de coherencia con los propósitos de la administración  de ubicar a  Bogotá como la ciudad con menor tasa de desempleo del país, pero además de esto la falta de ocupación a la que se van a ver expuestos estos trabajadores impacta directamente en sus familias triplicando el número de afectados por estos despidos.

En este panorama, los sujetos directamente afectados vivieron a su manera la intención de entregarle a empresas privadas la recolección de una parte de las basuras, sumado a la ineptitud de un alcalde que debía asegurar con suficiente tiempo, por lo menos, la mano de obra que continuara realizando el trabajo de recolección de los residuos.

Por su parte, los y las trabajadoras de Aguas Bogotá quienes semana a semana recogieron con sus manos los restos de lo producido como desecho por millones de habitantes recibieron: gases lacrimógenos y una que otra intimidación de paramilitares arraigados en las zonas de las protestas; solicitudes “amables” y demagógicas de Peñalosa para que enviaran su hoja de vida para ser contratados por la nueva empresa privada y de paso, un golpe a su cotidianidad, pues el proyecto neoliberal de ciudad les recordó que los ingresos que antes recibieron por poner a disposición su fuerza de trabajo, ahora les empujaba a buscarlos por las viejas formas, no bien vistas y menos valoradas en la sociedad capitalina: delincuencia, mercado de drogas, ventas ambulantes, prostitución, ya que trabajo digno no hay.

Los chutes de basura de los complejos residenciales de estratos 2 y 3 se desbordaron y en los barrios populares, avenidas y casas tradicionales las basuras coparon el espacio. La percepción en los primeros días de la emergencia apelaba al sentido común de cualquier habitante: esto es responsabilidad del alcalde y de su ineptitud. En algunos barrios las vías de hecho también fueron producto del sentido común, pues si, el problema ya estaba generando que los niños y niñas usaran tapabocas y las moscas y zancudos aparecieran donde antes no eran vistos, las bolsas negras fueron ‘las llantas incendiadas’ en las vías de acceso a estos barrios, como forma para poner en cuestión a la administración de la ciudad y a los mismos habitantes, pues una cosa es sacar y desentenderse de la basura y otra que ésta permanezca en la esquina o en la puerta.  Sin embargo, este sentido común ahora mira hacia el pasado de lo ‘público nunca eficiente’, para justificar el proyecto de ciudad en el que lo público no funciona, idea que los medios de comunicación respaldan en su discurso.

El centro de la ciudad aún huele a lixiviado y sus peatones deben tener cuidado de no pisar charcos ocres y marrones de estos líquidos. Este sector de la ciudad es uno de los grandes generadores de desechos, por la cantidad de gente que alberga a diario. Allí se recogen tres veces diariamente las basuras, razón por la que, en ausencia de recolectores, se visibilizó aún más la emergencia sanitaria. Sin embargo, se demostró que nadie está apropiado de este territorio, nadie reviró. Los empleados que trabajan en este sector no se quejaron, tampoco las familias que disfrutan de ciclovía y Monserrate los domingos, pues salieron igual, pero con olores leves similares a cuando se derrumbó Doña Juana en 1997; y quizá a quienes mejor les fue, fue a los habitantes de calle, que pudieron escarbar con tiempo las bolsas y de paso encontrar que botamos mucha comida y que los profesionales de las entidades públicas y bancarias que trabajan y hacen fiestas en esta zona no saben separar lógicamente sus residuos, dejando evidencias de sus consumos.

Todo esto hace parte del proyecto de ciudad neoliberal cuya ética no repara en las implicaciones de las privatizaciones, ni del agotamiento del Botadero Doña Juana, sobre la salud de su entorno campesino y natural. Tampoco escucha las propuestas productivas para transformar la basura y contener la creciente urbanización. Es así como la ‘ciudadanía’ que no vive en el sur es simple usuaria que dispone sus residuos, y no conoce ni le no importa el desenlace de esta basura. Quizás en estos días, los malos olores generaron preguntas en los cerebros menos televidentes.  

La inevitabilidad de la derrota del sector público está presente en el discurso mediático y de la administración distrital, y refuerza la idea de que este debe someterse a las nuevas condiciones de competencia. En ese sentido, la responsabilidad de la ‘crisis sanitaria y ambiental’ tiende a caer en el paro de trabajadoras/es, pero el Estado y el gobierno no aceptan la suya en la crisis humanitaria generada por la pérdida de esos empleos luego de su decisión de no fortalecer sus propias empresas.

La contienda entre trabajadoras/es y gobierno distrital aliado del sector privado,  es también una contienda política, aprovechada en vísperas electorales y de agudización de conflictos sociales, y cuyo principal mensaje es: quien no acepte las soluciones impuestas en el manejo de basuras, ordenamiento territorial, o de garantía de la seguridad, no puede articularse al modelo.

Más que creernos el cuento de que todo se originó en el paro de los despedidos deberíamos estarnos preguntando ¿por qué desde la administración ha venido eliminando sistemáticamente las pocas empresas públicas que aún existen? ¿Por qué una ciudad con casi 10 millones de habitantes no tiene un sistema adecuado de recolección de basuras? Y ¿por qué si Bogotá tiene un recurso destinado dentro de las tarifas que pagamos todos los ciudadanos de acueducto  para el aseo de la ciudad este ahora debe ser  manejado por empresas privadas? La basura es un gran negocio, y de eso si sabe el alcalde.