Zidres: desarrollo económico ni social, ni rural

Por Freddy Díaz – Equipo de Tierras CEDINS

La visión de “desarrollo rural” manejada por el gobierno, a pesar de las negociaciones con organizaciones campesinas en el marco de la Cumbre Agraria y de los diálogos y acuerdos con las Farc, mantiene los mismos principios de desposesión y acumulación privada.

Lo anterior se refleja claramente en la Ley 223 de 2015 que busca crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES-. De acuerdo al articulado estas zonas se deben ubicar en territorios donde hayan ciertas características socio-económicas, como que tengan baja densidad poblacional, altos índices de pobreza, estar aisladas de los centros urbanos, que sean carentes de infraestructura para el transporte y comercialización de productos, además de que allí sea difícil desarrollar Unidades de Producción Familiar. De acuerdo a Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, las regiones potenciales para las ZIDRES son La Guajira, Chocó, Norte de Santander, la Orinoquía y la Amazonía.(1)

Esta ley no es otra cosa que un intento más por legalizar la acumulación de baldíos superando el límite puesto por la UAF, esto con el fin de entregar grandes extensiones de tierras para proyectos agroindustriales de gran magnitud. Esto se hará tanto con tierras propias de los campesinos, como con baldíos, ante esto es necesario hacer ciertas aclaraciones.

Este ley no sale de la lógica que ha impulsado la política agraria de los últimos gobiernos de mostrar como improductivos a los campesinos; bajo esta dinámica el gobierno da la “oportunidad” de que estos últimos se asocien a empresas, y así se les vende la idea que gracias a las políticas gubernamentales se vuelven empresarios. Este artilugio sólo favorece a las empresas, porque al ser los campesinos parte de la sociedad, las empresas no tienen ningún tipo de responsabilidades sociales y/o laborales, pero si en dado caso el proyecto no funciona, los campesinos pueden perder el patrimonio con el que entraron a la sociedad, es decir, su tierra.

Pero eso no es todo, ante la posibilidad de que a quienes se les hayan adjudicado baldíos entreguen su propiedad para proyectos ZIDRES, no podrán ser beneficiarios de nuevas adjudicaciones de tierra durante 15 años; es decir que las familias campesinas que se han beneficiado de la entrega de tierras para su supervivencia prácticamente son empujados a una sociedad con más perjuicios que beneficios, ya que ante el fracaso del proyecto el mayor impacto lo vivirían los campesinos perdiendo su tierra, no podrían exigir tierra por años, mientras que a las agroindustrias se les dan todas las facilidades para obtenerla.

A propósito de esto último, quienes no cumplan con los lineamientos de la UPRA respecto a lo que se debe o no producir en las fincas y no quieran hacer parte de una sociedad, podrían sufrir la expropiación o  compra directa de estas, en otras palabras, se busca el medio por el que las tierras de las áreas destinadas a las ZIDRES de una u otra forma pasen a hacer parte de estas.

Otro punto de suma importancia, y en la misma vía de lo anterior es que las ZIDRES estarán cobijadas por la figura de Utilidad Pública e Interés Social, lo que implica que estas zonas estarán por encima de cualquier otra actividad, incluso la producción de alimentos o el cuidado del agua, tal como ha sucedido con la minería; así, la puerta para la desposesión de pequeñas propiedades permanece abierta. Además tendrán todas las facilidades necesarias para su desarrollo, por ejemplo el otorgamiento de créditos para los proyectos aprobados o incentivos para alianzas productivas, es decir que se continuarán financiando proyectos extractivos con recursos públicos.

En cuanto a los baldíos, a pesar de la alta concentración de la tierra en el país (2), y de los preocupantes resultados del más reciente censo agrario (Ver: Censo agrario interpretaciones selectivas)), el gobierno continúa con la idea de entregarlos. Como era de esperarse para las ZIDRES no será diferente, aunque esta vez los baldíos se entregarán por medio de arrendamientos o concesiones dependiendo de los ciclos de producción, supuestamente para no perder el control de éstos, pero, por ejemplo los ciclos de producción de la palma, el caucho y otros commodities son extremadamente largos, además la experiencia que ha dejado el sistema de concesión del sector minero-energético no es la más positiva; estas concesiones pueden extenderse durante décadas dejando nulos beneficios socio-económicos y ambientales para el país.

Un tema importante y que en un principio podría verse de manera positiva es que la ley en cuestión no permitirá la implementación de ZIDRES donde hayan Zonas de Reserva Campesina, Consejos Comunitarios y/o Cabildos Indígenas, pero esto implica algo muy preocupante y perjudicial para la búsqueda de paz territorial: aunque claramente no lo dice en la ley ni en ningún otro lugar, se detendrá la aprobación de estas figuras territoriales que buscan defender el territorio porque estas son un obstáculo para el modelo económico y territorial que impera en el país.

Todas estas medidas van en  contravía de la paz y la construcción de territorios y lo único que buscan es descampezinar el campo y entregarlo a grandes empresas nacionales y extranjeras, ignorando las demandas y las necesidades de quienes por años han producido alimentos en el país (3). La paz pasa por generar las condiciones necesarias para que quienes vivan en el campo puedan disfrutar de una vida digna.

NOTAS:

1. Las potenciales regiones para crear Zidres. Verdad Abierta. 2014.
2. De acuerdo al PNUD el índice de Gini para Colombia es de 0.85.
3. El 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. Revista Semana.2012

Fotografía: Oscar Paciencia en http://nuncamas.altervista.org/