Pacific, otro caso sofisticado de acaparamiento de tierras con origen baldío en la Altillanura

Constancia del Senador Alberto Castilla

El fin de semana pasado denuncié en medios de comunicación un nuevo caso de acaparamiento de tierras con antecedente de baldío. Se trata de Major International Oil, empresa del grupo de Pacific E&P que mediante fiducias acumuló 24 predios, los cuales  suman 48 mil hectáreas de tierras en Puerto Gaitán, Meta. Se trata sin duda de uno de los casos de acumulación de tierras de reforma agraria más grandes conocidos hasta el momento.

 

En los Estados Financieros oficiales de Major se indica que “En 2008 la sucursal negoció la adquisición de predios ubicados en los municipios de Monterrey y Puerto Gaitán (…) Para la formalización de la transferencia de dominio se constituyen tres fideicomisos de administración”. En dichos Estados Financieros se mencionan 11 predios que suman 20 mil hectáreas, con los cuales se establecen fiducias mercantiles en favor de Major, convirtiéndose en el único beneficiario. Otros seis predios administrados por Fidupetrol aparecen a nombre de la misma compañía, según información de la Superintendencia Financiera. Adicional a ellos, hay cinco predios en la zona que suman 11.655 hectáreas, también relacionados con Major mediante diferentes figuras de transmisión de propiedad. En total, son 24 predios que alcanzan 48.663 hectáreas, lo cual supera en 27 veces la extensión de la Unidad Agrícola Familiar para la zona. Esta información la pondré a disposición de las autoridades competentes, el Incoder, la nueva Agencia de Tierras, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de que se investigue esta nueva forma de acumular tierras violando el tope de la UAF.

El de Pacific E&P constituye un nuevo caso de acumulación en la Altillanura, que se suma a los ya denunciados de Cargill, Riopaila, Manuelita, empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Poligrow, Mónica Semillas, entre otros. Todos estos han ideado diferentes figuras para controlar extensiones de tierra superiores a las permitidas por la Ley 160 de 1994. Estos modelos quedarán validados con el proyecto Zidres, que será discutido en la sesión de hoy. De aprobarse, el Senado estaría acomodando la legislación a los intereses de inversionistas particulares del agro, en detrimento de la soberanía alimentaria, la búsqueda de una distribución más equitativa de la propiedad rural y del fortalecimiento de la economía campesina.

14 de diciembre de 2015
ALBERTO CASTILLA SALAZAR
SENADOR
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO