Tras el Revés de la Consulta Popular en Cajamarca.

Por: Equipo de Investigación sobre territorio y extractivismo. CED-INS.

El concejo del municipio de Cajamarca, Tolima, rechazó la solicitud que buscaba  realizar una consulta popular sobre la minería en este municipio. El hecho evidenció la ya señalada injerencia de la multinacional AngloGold Ashanti en los asuntos de gobierno que corresponden exclusivamente a la esfera de lo público.

 Respecto a esto, vale la pena hacer algunos comentarios:

Primero. A pesar de las ingentes sumas de dinero “invertidas” por la empresa en proyectos sociales, esta no ha podido comprar la voluntad del pueblo de Cajamarca. El dinero gastado por la AngloGold es de magnitudes equivalentes al presupuesto del municipio mismo (6 mil millones de pesos anuales). Cantidades nada despreciables que no cuentan con escrutinio público y que fácilmente pudieron ser combustible de hechos de corrupción.

Segundo. Este hecho evidencia, sin lugar a dudas, que no basta con los argumentos técnicos, económicos y ambientales que se han expuesto hasta la saciedad sobre la inconveniencia del proyecto. El problema es de índole político sobre quién toma las decisiones y a qué intereses representa. Hecho que da para pensar que el proyecto se ha gestado gracias a fenómenos de corrupción en las altas esferas del Estado a nivel nacional.

Tercero. El aparente agotamiento de las vías jurídicas que, curiosamente, han sido ignoradas pasando por alto la misma constitución colombiana, llama a la confrontación política por todas las vías posibles. Evidencia que la aplanadora minera de Santos no ofrece ninguna garantía jurídica a los pueblos que embiste.

Cuarto. En un momento en que el gobierno envía un mensaje de paz al pueblo colombiano, también está sembrando nuevos conflictos a lo largo y ancho del país. La minería es un factor de desplazamiento forzado por pérdida de medios de vida y por contaminación. No es coherente bajo ningún punto de vista que se estén negociando garantías a los grupos insurgentes, mientras que a pueblos y comunidades les son atropellados sus derechos sin ninguna consideración.

El proyecto minero La Colosa significa la profunda transformación de la cordillera central a medio plazo. La agenda de exploración de la empresa en la zona llega a las 200 mil hectáreas, equivalentes al tamaño del departamento del Quindío, y deja serias preocupaciones sobre las gravísimas repercusiones que tendrá para los colombianos en el futuro.